Se dice que la idea de una “reconciliación nacional” aparece por primera vez en el año 1956, justamente con la llegada de Nikita Kruschev al poder, el Informe sobre los crímenes de Stalin, el desastre para el ideal socialista que significó la represión de la revolución húngara de octubre de 1956, dos páginas determinantes en la crisis general del estalinismo…Mientras que Kruschev comienza a hablar de “coexistencia pacífica”, en el ámbito de la izquierda militante clandestina, ya primordialmente comunista con alguien como Semprún proveniente de una de las rancias familias conservadoras más reputadas del país, se empieza a hablar de este tema que ilustrará voluntariosamente para el cine el militante del PCE más ilustre del interior, Juan Antonio Bardem con “La venganza” (España, 1959), que a pesar de resultar masacrada por la censura llega a figurar entre las películas escogidas por Hollywood entre las mejores en lengua, aunque finalmente ganó merecidamente “Mon oncle” de Jacques Tati, todo un honor.
Es una propuesta de proyecto político. Es muy importante esa propuesta en una época en la que el régimen, la dictadura, está diciendo que hay españoles de dos tipos: vencedores y vencidos y seguirá diciéndolo hasta 1977, cuando todavía diarios como el ABC hablaba de los enemigos de fuera (URSS sobre todo) y de dentro: los comunistas con matices. No aparecen voces en la clandestinidad para cuestionarla, ni tan siquiera en los primeros desbordamientos críticos del PCE. Entre otras cosas porque el exilio republicano está muy pendiente de las nuevas generaciones que, en su mayor parte, proviene de familias “vencedoras”, un concepto que por lo demás, también merece una consideración crítica dado que en la base social de los militares sublevados el gran argumento no es otro que el terror. Es una generación diferente, la misma que permitirá “saltar” de la resistencia numantina a una oposición capa de llevar la protesta a las fábricas y a las calles como se percibe en otra importante película de Bardem: “Muerte de un ciclista” (España, 1956)
Es un momento en el que desde el rechazo del régimen, a nadie se le va a preguntar dónde estaba en 1936. En aquel momento los hijos de unos y de otros estaban juntos en las grandes movilizaciones estudiantiles. El régimen resultaba un anacronismo en la Europa que empieza a respirar de otra manera, cuando la revolución cubana provoca el entusiasmo entre la gente trabajadora (en Andalucía quizás especialmente), la memoria antifascista comienza a ganar batallas, sobre todo en Alemania, y los vientos comenzaran a soplar en otra dirección. Este ambiente internacional de esperanza comienza a contradecir la prepotencia de un régimen al que los “jóvenes leones” comienza a dudar sí será tan seguro como parecía garantizar una victoria tan devastadora como la del 39, renovaba con los parabienes del imperialismo anglosajón inspirado por la autoridad de Churchill.
El hilo de la historia nos remite a marzo de 1938, cuando como consecuencia de la derrota republicana en la batalla de Teruel y la caída del frente de Aragón, se produce una importante crisis en el gobierno del Frente Popular, principalmente a causa del derrotismo de Indalecio Prieto, ministro de Defensa, y del propio Azaña, ambos consideraban que la guerra estaba ya pérdida. Prieto es cesado el día 6 de abril y su cartera asumida por Juan Negrín, presidente del Gobierno. El 15 de abril las tropas sublevadas ocupan Vinaroz quedando la zona republicana dividida en dos e iniciándose por el ejército franquista la ofensiva de Levante. Coincidiendo con el 1º de Mayo, el doctor Negrín hace pública una declaración programática, que se popularizó como “los trece puntos de Negrín”. La declaración persigue tres finalidades, en primer lugar se trataba de prestigiar la imagen y unidad de la República ante la opinión internacional, a continuación se redefinían los objetivos de guerra y por último se lanzaba a los golpistas una propuesta de discusión para una paz negociada. Una propuesta de paz que de ninguna de las maneras tenía carácter de rendición, a diferencia de la finalidad de las pretensiones de la coalición liderada coronel Casado en el mes de noviembre que contó con apoyos tan reconocidos como el del socialista moderado Julián Besteiro y del jefe militar anarquista Cipriano Mera, todos en oposición al creciente poder que el PCE ya plenamente estalinizado estaba imponiendo en la República. Está coalición tachada de “derrotista” y “golpista”, enfatiza en el mismo término reconciliador
Es entonces cuando llega la declaración de Negrín, los famosos “13 puntos” que vienen a decir: “El Gobierno de la Unión Nacional (del Frente Popular que se presenta como resistencia a una ocupación fascista), que cuenta con la confianza de todos los Partidos y Organizaciones sindicales de la España leal, que ostenta la representación de cuantos ciudadanos españoles están sometidos a la legalidad constitucional, declara solemnemente, para conocimiento de sus compatriotas y noticia del mundo, que sus fines de guerra son:
1º. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. Una España totalmente libre de toda injerencia extranjera, sea cual sea su carácter y origen; con su territorio peninsular e insular y sus posesiones intactas y a salvo de cualquier tentativa de desmembración, enajenación o hipoteca, conservando las zonas del Protectorado asignadas a España por los convenios internacionales, mientras estos convenios no sean modificados con su intervención y asentimiento. Consciente de los deberes anejos a su tradición y a su Historia, España estrechará con los demás países los vínculos que imponen una común raíz del sentido de universalidad que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo.
2º. Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que lo han invadido, así como de aquellos elementos que han acudido a España desde julio de 1936, con el pretexto de una colaboración técnica, que intervienen o intentan dominar en provecho propio la vida jurídica y económica española.
3º. República popular, representada por un Estado vigoroso, que se asiente sobre principios de pura democracia, que ejerza su acción a través de un Gobierno dotado de la plena autoridad, que confiera el voto ciudadano, emitido por sufragio universal, y sea el símbolo de un Poder ejecutivo firme, dependiente en todo tiempo de las directrices y designios que marque el pueblo español.
4º. La estructuración jurídica y social de la República será obra de la voluntad nacional, libremente expresada mediante un plebiscito que tendrá lugar tan pronto termine la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones, y asegure a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia.
5º. Respecto de las libertades regionales, sin menoscabo de la unidad española; protección y fomento del desarrollo de la personalidad de los distintos pueblos que integran España, como la imponen un derecho y un hecho histórico que, lejos de significar una disgregación de la nación, constituyen la mejor soldadura entre los elementos que la integran.
6º. El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y social, la libertad de conciencia y asegurará el libre ejercicio de las creencias y prácticas religiosas.
7º. El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida, dentro de los límites que impongan el supremo interés nacional y la protección a los elementos productores. Sin merma de la iniciativa individual, impedirá la acumulación de riqueza que pueda conducir a la explotación del ciudadano y sojuzgue a la colectividad, desvirtuando la acción centralizadora del Estado en la vida económica y social. A este fin, cuidará del desarrollo de la pequeña propiedad y garantizará el patrimonio familiar, y se estimularán todas las medidas que le lleven a un mejoramiento económico, moral y racial de las clases productoras. La propiedad y los intereses legítimos de los extranjeros que no hayan ayudado a la rebelión serán respetados, y se examinarán con miras a la indemnización que corresponda, los perjuicios involuntariamente causados en el curso de la guerra. Para el estudio de estos daños, el Gobierno de la República creó ya la Comisión de Reclamaciones extranjeras.
8º. Profunda reforma agraria, que liquide a la vieja aristocrática propiedad semifeudal, que, al carecer de sentido humano, nacional y económico, ha sido siempre el mayor obstáculo para el desarrollo de las grandes posibilidades del país. Asiento de la nueva España sobre una amplia y sólida democracia campesina, dueña de la tierra que trabaja.
9º. El Estado garantizará los derechos del trabajador a través de una legislación social avanzada, de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y de la economía española.
10º. Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento cultural, físico y moral de los españoles.
11º. El Ejército español, al servicio de la nación misma, estará libre de toda hegemonía, dependencia o Partido, y el pueblo ha de ver en él el instrumento seguro para la defensa de sus libertades y de su independencia.
12º. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuencia a la guerra como instrumento de política nacional. España, fiel a los pactos y a los tratados, apoyará la política simbolizada en la Sociedad de Naciones, que ha de presidir siempre sus normas. Ratifica y mantiene los derechos propios del Estado español y reclama como potencia mediterránea un puesto en el concierto de las naciones, dispuesta siempre a colaborar en el afianzamiento de la seguridad colectiva y de la defensa general del país. Para contribuir de una manera eficaz a esta política, España desarrollará e intensificará todas sus posibilidades de defensa.
13º. Amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la intensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Después de una lucha cruenta como la que ensangrienta a nuestra tierra, en la que han resurgido las viejas virtudes del heroísmo y de la idealidad de la raza, cometerá un delito de alta traición a los destinos de nuestra patria aquel que no reprima y ahogue toda idea de venganza y represalia en aras de una acción común de sacrificios y trabajo que en el provenir de España estamos obligados a realizar todos sus hijos”.
Los “13 puntos” se entregaron a todos los partidos y organizaciones. Únicamente la Federación Anarquista Ibérica (FAI) declaró que aceptaba el documento como un hecho forzoso. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) apoyó los 13 puntos bajo la óptica de que los mismos “dejaban campo abierto para las realizaciones de avanzada”. En el pleno del comité Central de Partido Comunista, celebrado en Madrid los días 23, 24 y 25, Dolores Ibarruri expuso los puntos principales de un informe, todos relacionados con la resistencia que resaltaba lo que para ellos era la principal idea, la independencia nacional, lo que para el PSOE significaba la iniciativa de Negrin como el punto final al radicalismo, “ni anarquismos, ni marxismos, ni republicanismos integrales”.
Con la confianza que les daba la superioridad militar y sus sentimientos despiadados, el documento de Negrín fue tratado con absoluto desprecio. A partir de ese momento, los comunistas junto a Negrín se convertirían en la fuerza fundamental de la resistencia numantina, con la pretensión estratégica de confluir con una guerra mundial que se avizoraba, pero en la que los Aliados no asumirán el pacto con la URSS hasta la victoria de Stalingrado que permitía vislumbrar el final del Eje, y no una guerra limitada a la ocupación alemana de la URSS tal como había acariciado en un primer momento. En España, Franco no tardaría en lograr una rendición sin condiciones que dio lugar a una represión ilimitada que fue denominada en el exterior como “Terror Blanco” (White Terror). Una represión violenta y física, niños robados, represión administrativa, educativa, religiosa, lingüística, económica, laboral, política, cultural….que no se detuvo hasta 1975, y en la que tomaron parte políticos oficialistas que, desbordados por la creciente irrupción obrera y popular se vieron obligados a maniobrar. De ahí el cambio del proyecto Arias a la “audacia” del gobierno Suárez, el mismo que en 1981 ya aparecía como reflejo de unas conquistas a las que se tenía que poner límites. Así, a las medidas de la Ley de Amnistía que fueron presentadas como unilateralmente favorables para la oposición encarcelada, resultaba en realidad una amnistía para los responsables del terrorismo de Estado.
A partir de 1978, la propuesta de “reconciliación nacional” deja de ser un proyecto político a conseguir. Se le estima como ya alcanzado para pasar a ser una ideología del régimen del 78 que lo único que pretende es volver a imponer el silencio o sea, que no se hable del “Gran Terror”, de sus consecuencias y de sus responsables.
La máxima expresión de la reconciliación es el Parlamento y, en menor medida, la Constitución, como figura que lo borra todo, incluyendo las exigencias de los poderes fácticos que siguieron funcionando, ahora como una “nomenclatura” puesta al día y en la que la izquierda (o sea el PSOE), podía ganar unas elecciones, pero siempre que se olvidara del programa que lo llevó al poder como expresión de una mayoría absoluta opuesta al continuismo, una mayoría que castigó a Alianza Popular como expresión política del régimen franquista. A partir del 78, sin embargo, la reconciliación deja de ser un proyecto político concreto de empezar de nuevo para pasar a ser una ideología establecida que lo único que pretende es volver a imponer el silencio sobre el pasado, dándole la vuelta a su contenido real. Ahora resultaba que el silencio se convertía en la única manera de evitar que se repitiera el conflicto entre las “dos Españas”. Desde este punto de mira se entiende que no “hay que hurgar en las viejas heridas”, que lo importante es “mirar hacia delante”, de manera que las consecuencia de una guerra de conquista y aniquilación sigan su curso.
Será desde este ángulo de mira que no te permite señalar el origen de una monarquía que se erige como garante de las familias del viejo y nuevo régimen, que más de 100.000 republicanos sigan en las cunetas algo que no sucede ni en la tan citada Camboya donde los “desaparecidos” ni son de un solo bando ni son tabú. Lo que las denuncias contra uno de los torturadores más significados de antaño, Billy el Niño pudiera premiado en plena democracia “por los servicios prestados”, que se le invite a “inocentes” fiestas policiales, que los cómplices de Tejero no hayan recibido ni un tirón de oreja…La permanencia de la impunidad re-victimiza constantemente a los perdedores que sufrieron vejaciones sin cuentos de sus derechos, y lo siguen haciendo en un ambiente en el que la apología del franquismo goce de impunidad en tanto que el concepto de “víctimas” sea establecida exclusivamente a las plataformas gubernamentales que de esta manera le dan la vuelta a la historia con todos sus medios y complicidades.
Que nadie lo dude: la lucha contra la grosera e insultante impunidad del franquismo y de sus herederos es una de las batallas más importantes de nuestro tiempo por la libertad y contra el fascismo. Debe ser un objetivo central de todo movimiento democrático.
Pepe Gutiérrez-Álvarez
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