A partir del 1° de julio entrará en vigencia el nuevo DNU presidencial que establece un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país. Solo se permitirá el regreso de argentinos que se encuentren en el exterior dado que las fronteras permanecen cerradas para el turismo internacional. Se trata de una medida que pretende aletargar la llegada de la variante Delta, más contagiosa, y, de este modo «ganar tiempo» para avanzar en la aplicación de las segundas dosis de la vacuna. Sin embargo, se toma de manera aislada sin un plan integral que permita reducir el impacto de la inminente tercera ola.
Si bien amerita ejercer un mayor control sanitario en torno al arribo de personas al territorio nacional, producto de los rebrotes que se están produciendo en los distintos lugares del mundo debido a la variante Delta, la resolución oficial presenta un alto grado de improvisación. En primer lugar, no hay claridad sobre cuáles van a ser los centros de aislamiento para aquellos pasajeros cuyo testeo dé positivo. El gobierno provincial de Kicillof, presuroso de desligarse de toda responsabilidad, ya aclaró que cada quien se pagará su propio hotel donde deberá estar aislado durante cuatro días, puesto que las instalaciones que funcionaban en Tecnópolis el año pasado para alojar personas en esa situación han sido desmanteladas. Sin embargo, no puntualizó si ya existen hoteles disponibles para cumplir esa función. El gobierno porteño, por su parte, no precisó cómo se llevará adelante el aislamiento.
Por otra parte, las disposiciones alrededor del cupo de pasajeros, los testeos al arribar y los días de aislamiento solo contemplan a quienes ingresan por los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y a través de Buquebús. En los pasos fronterizos terrestres, donde solo está permitida la entrada de personas por motivos comerciales, no está previsto operativo sanitario alguno. Allí el único requisito es presentar un PCR negativo, el cual tiene vigencia durante siete días, de modo que es imposible detectar aquellos casos donde el contagio se produjo en ese lapso de tiempo. Esto, sin mencionar que en Argentina existen al menos 840 pasos ilegales hacia los países limítrofes, como la frontera fluvial del Río Bermejo en el límite con Bolivia, donde lógicamente no se lleva adelante ninguna política destinada a mitigar la propagación del virus.
La orientación de ajuste en el terreno de la salud, consagrada por medio de los votos favorables del Frente de Todos y Juntos por el Cambio al Presupuesto 2021, es la principal traba para que exista un abordaje adecuado de la tercera ola, que, para empezar, «le pisa los talones» a un ritmo de vacunación donde tan solo 3.992.864 habitantes recibieron ambas dosis, es decir, apenas el 8,72% de la población.
Lo anterior obedece a que, por un lado, el gobierno resguardó los intereses de las farmacéuticas, las cuales incumplieron en la entrega de vacunas sin recibir a cambio ninguna penalidad, y, por otro, a una logística deficiente en la inoculación como lo demuestra la existencia de 4.089.794 disponibles que aún no fueron aplicadas. Sin ir más lejos, hubo días enteros como el 16, 25 y 28 de junio donde la campaña de vacunación se detuvo por completo en todo el país, y ni una sola dosis fue aplicada. Evidentemente, el gobierno no destina los recursos necesarios como para dar lugar a un cronograma de vacunación más ágil.
Lo mismo ocurre con los testeos. El índice de positividad local fue del 24,7% en el día de ayer, cuando lo recomendado por la OMS es mantenerlo por debajo del 10% y eso se logra realizando más hisopados. Algunos expertos recomiendan que de acuerdo al número de habitantes y el porcentaje de positividad que viene habiendo, deberíamos estar realizando 300 mil testeos diarios, mientras que en la actualidad no se realizan más de 75 mil. Desde que comenzó la pandemia, en Argentina nunca se implementó correctamente la estrategia de testear a todos los casos sospechosos, aislarlos, rastrear los contactos estrechos y aislarlos también. Esto significó un «ahorro de dinero» para el Estado y las patronales, quienes debieran ser los responsables de costear las pruebas PCR. Es decir, se avecina una nueva ola de Covid y sin la cantidad acorde de testeos estamos a ciegas para combatirla.
Por otra parte, no se robusteció el sistema de salud para cuando azote la variante Delta. El número de UTIs y de respiradores disponibles no se ha modificado a pesar de que hay provincias donde la ocupación de camas supera el 80%. A su vez, no hubo ninguna recomposición salarial para el personal de salud, quienes además trabajan bajo un régimen de informalidad laboral como lo indica el informe reciente de la Sati, el cual revela que la mitad de los médicos de terapia intensiva son monotributistas.
En ese sentido, el cierre de fronteras es insuficiente cuando asistimos a un vaciamiento sanitario que nos expone a las peores consecuencias del virus. De esa forma solo se logrará retrasar la llegada de una cepa más rigurosa, pero no se conseguirá atenuar sus efectos. Como dijimos, la oposición derechista, que ahora se embandera con el reclamo de los 45.000 argentinos que viajaron al exterior y verán reprogramado su regreso, es cómplice del ajuste que lleva adelante la gestión de Alberto Fernández en el sistema de salud, ya que ambos bloques patronales votaron una reducción presupuestaria del 9% en el Congreso.
Necesitamos de manera urgente la triplicación del presupuesto de salud en función de garantizar los testeos suficientes, un adecuado ritmo de vacunación, ampliación de camas de terapia intensiva y de respiradores y atender a todos los reclamos laborales del personal de salud. Es fundamental la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores para poner todos los recursos disponibles al servicio de combatir el recrudecimiento de la pandemia. Avanzar en una producción nacional de vacunas, poniendo a disposición toda la capacidad técnica y científica del país, es un aspecto de primer orden para garantizar dosis para todos y reducir el contagio y la mortalidad. Este plan debe ser financiado por medio de romper con el FMI, repudiar el conjunto de la deuda usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. Sin estas medidas estamos a la intemperie ante la llegada de la tercera ola.
Sofía Hart
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