En el conurbano una masa de 230.000 personas se sumó al millón y medio de indigentes. En la Ciudad de Buenos Aires, la indigencia se duplicó de 68.000 a 118.000 personas. Con un bolsón de pobreza anclado en la zona sur de la ciudad y en la región metropolitana, donde todos los indicadores se derrumban por debajo de la media.
Paradigmáticamente, la mejora de la actividad económica ha sido el motor de esta dinámica. El pasaje del 10,4% de la población por debajo del índice de indigencia tiene el trasfondo de la brecha entre salarios y canasta básica de alimentos. El crecimiento del trabajo no registrado, incluso sumando las ayudas sociales, coloca a amplias franjas de la población bajo la pobreza extrema. La canasta alimentaria se estima en $53.000 mientras que el salario mínimo se ubica en $47.800. Las changas y planes sociales ya no alcanzan, no para salir de la pobreza, sino incluso de la indigencia. Las jubilaciones, con su último aumento, llegarán a $50.000 para la mínima -el 70% de los jubilados-, colocando al conjunto de los jubilados también en la indigencia.
Pero el hundimiento es mayor. En el último semestre en el AMBA los ingresos de las familias trabajadoras aumentaron un 25%, pero la línea de indigencia subió un 33,4%. Acelerándose en julio y agosto con un 6,3% y un 7,1% respectivamente y con tendencia a continuar en estos niveles. La oleada de empleo basura en la que se para la actual reactivación es señalada frecuentemente como la responsable de esta situación en la base de la pirámide salarial. Los sub-ocupados (personas que necesitarían trabajar más horas) pasaron de 590.000 a 710.000 en el último trimestre.
Con despidos, suspensiones, turnos americanos y contratos basura, las patronales recurren a todo el arsenal de flexibilización que les permite la actual legislación laboral para embolsar ganancias como no lo hacían desde hacía años. Esto explica que casi el 40% de empleo asalariado actual sea no registrado. En el caso que el trabajador logre pasar a estar en blanco eso no significa dejar de ser indigente y menos aún pobre – en el último trimestre, una nueva franja de trabajadores registrados cayó por debajo del piso mínimo.
En este marco Cristina Kirchner pide más “intervención del Estado” y “seguridad alimentaria” en una serie de tuits de respaldo a la gestión de Sergio Massa, repitiendo la muletilla nac&pop contra los “formadores de precios del sector alimentario”. Pero es el gobierno y el Estado el que acordó con el FMI el ajuste de salarios por vía inflación de la moneda, ahora firme en el 7% mensual.
¿Qué seguridad alimentaria puede brindar el ministro Juan Zabaleta? Se encuentra al borde de la renuncia, de un lado, jaqueado por la situación social, del otro, enredado en una interna con La Cámpora en su pago chico, la intendencia de Hurlingham. La realidad de los comedores populares es que los alimentos fueron recortados y la variedad disminuida a 6 productos, varios de ellos inútiles para realizar una olla de comida. Todo el andamiaje de asistencia social del Estado está en disolución, también vía inflación. Lo muestran las pocas partidas presupuestarias aprobadas por el Ministro de Economía, que no llegan a cumplir con los compromisos preestablecidos.
En este cuadro la burocracia sindical sólo asoma la cabeza para conspirar contra los trabajadores.
La lucha de los trabajadores por la reapertura de paritarias y por la indexación de sus salarios se abre paso, también los estudiantes secundarios por viandas y condiciones edilicias, los docentes y los trabajadores de la salud. Hoy la canasta familiar en $200.000 y el brutal trecho de ingresos para conseguirla coloca la necesidad de una gran convocatoria conjunta en la perspectiva de la huelga general.
Leonardo Perna
02/10/2022
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