A diferencia de las PASO argentinas esta instancia es solo obligatoria para los partidos políticos, no para los electores. La participación no sobrepasa jamás el 40 % del total de habilitados, lo cual la transforma en una elección peculiar, donde los pesos de los aparatos juegan un rol muy grande. La Corte Electoral –a diferencia de octubre– no garantiza la presencia de las hojas de votación en los circuitos, lo que obliga a los partidos a una movilización extraordinaria.
Los observadores coinciden en que la actual es una campaña anodina, sin debates ni propuestas. La búsqueda de los golpes de efecto que los distintos candidatos ensayan en las redes sociales marca la pauta. Sin embargo, al menos dos hechos rompen con esta inercia: por un lado, la situación económica que se deteriora, frente a la cual sobresalen los reclamos de las cámaras empresariales (devaluación y subsidios) y, en menor medida, también huelgas y movilizaciones ante cierres de empresas. Las posturas del empresariado “están teñidas por el enojo que les provoca el fenómeno del ‘atraso cambiario’”, informa el semanario Búsqueda -vinculado al capital financiero-. El otro asunto que recrudeció estos días es el de la inseguridad, donde distintos hechos de sangre dejaron un tendal de muertos, en episodios a todas luces vinculados al narcotráfico y al ajuste de cuentas entre clanes que rivalizan por el control de diferentes barrios.
El presidente de la Unión de Exportadores dijo al mismo semanario que “Nadie duda de que la gran mayoría del sector empresarial es de la coalición y de que este gobierno sabe que la gran mayoría, aunque le hayan roto el traste (sic), los va a volver a votar” (30/5).
Los reclamos empresariales por el “dólar bajo” han sido recogidos por el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien aparece con más probabilidades de quedarse con la presidencia el próximo periodo si finalmente derrota a su oponente en la interna, la exintendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien es respaldada por los partidos Comunista y Socialista. En un discurso enteramente patronal, Orsi manifestó su solidaridad con quienes se han visto afectados por el atraso cambiario, que según él representa una pérdida de 1500 millones de dólares “que no han ingresado al país”. El apoyo a un pedido de devaluación de la moneda (y por tanto de licuación de los salarios) coloca a este candidato del mujiquismo como una suerte de Sergio Massa, la expresión más conservadora del bloque pretendidamente progresista. De hecho, tras él se encolumna toda una constelación de exdirigentes (ediles y diputados) proveniente de los partidos blanco y colorado, que hicieron su conversión en distintos momentos de la gestión de Orsi al frente de la Intendencia del departamento de Canelones (el segundo después de Montevideo).
La descomposición social en los barrios, donde los homicidios vinculados con el narcotráfico han ido en escalada, desnuda el fracaso del gobierno derechista de Lacalle Pou, quien accedió al gobierno precisamente con un discurso represivo en que alegaba tener la solución para este mal. La respuesta del conjunto de los candidatos, tanto del FA como desde blancos y colorados, con distinto grado y estilo, apuntan a una mayor represión y a la exaltación de los medios técnicos para una mayor regimentación social. Algunos candidatos soliviantados han vuelto a colocar el eje en sacar los militares a la calle para “combatir la inseguridad”, justo cuando se acaban de reconocer los restos de una militante desaparecida durante la última dictadura, lo que constituye una provocación infame. Carolina Cosse, la otra candidata del FA, una tecnócrata encumbrada por el PCU, expresó que “A la Policía no la podemos dejar sola, porque cuando el Estado se retira de los territorios, entonces toda la responsabilidad de mantener la seguridad pasa a ser de un solo actor”. Cosse es presentada por algunos sectores como la expresión para consagrar un giro a la izquierda del FA. En octubre, cuando aún era la intendenta de Montevideo, recibió a la embajadora del Estado de Israel, en plena masacre de la población de Gaza.
Unidad Popular y el PT
El Partido de los Trabajadores estableció un acuerdo con la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha. UP es una coalición de organizaciones desprendidas del Frente Amplio, poco después del inicio de su primer gobierno. La UP agrupa a varias organizaciones, siendo la de mayor desarrollo el Movimiento 26 de marzo, una corriente escindida hace décadas de los Tupamaros. La UP no rompe con el planteo de frente policlasista o de alianza con la burguesía “nacional”, sino que lo ratifica bajo la idea de que el Frente Amplio actual traicionó sus postulados fundacionales, reivindicando entonces el “FA del 71”. En definitiva, defienden una política de colaboración de clases (“frentes populares”), en nombre de las etapas que hay que recorrer antes de plantearse la lucha por el socialismo, aunque el propio Frente Amplio es una demostración patente del fracaso de esa estrategia. La UP no es en sí un “frente popular”, ya que no existen “aliados burgueses” en su seno, pero su aspiración es encontrar alguna fracción nacionalista que encabece un proceso de enfrentamiento al imperialismo.
El acuerdo que finalmente se concreta para comparecer en forma conjunta a las elecciones refleja estas divergencias al enumerar una serie de reivindicaciones obreras y populares que no establecen el sujeto encargado de ejecutarlas. Quedó instalada una diferencia estratégica que será el centro del debate en la izquierda en el próximo período.
Dicho esto, para el Partido de los Trabajadores esta alianza –que ya habíamos propuesto en el pasado– tenía como condición tener las manos libres para agitar nuestro propio programa y el planteamiento estratégico de la lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. El acuerdo electoral constituye un paso adelante, ya que atenúa la competencia entre varias opciones a la izquierda del FA y facilita el acercamiento con sectores que se alejan del frente centroizquierdista, integrado completamente al régimen. Una encuesta reciente señalaba que un 61 % de la población creía que el próximo presidente de Uruguay será del Frente Amplio y muy probablemente Yamandú Orsi, pero nadie espera ningún cambio sustancial ni suscita ninguna movilización extraordinaria o de cualquier otra clase. Esto vale para los explotados y también para la burguesía; según un sondeo realizado entre altos representantes y gerentes de empresas, si bien las preferencias se inclinan hacia la continuidad de la actual coalición de gobierno, una derrota de esta no produce ninguna alarma entre los explotadores.
El PT finalmente se presentará en diez de los diecinueve departamentos, con la lista 1917, nuestro número de lista histórico, bajo el sublema “POR UN GOBIERNO DE TRABAJADORES”. Para alcanzar este objetivo reunimos en apenas tres semanas la voluntad de 300 compañeros y compañeras, para conformar la lista de “convencionales” hacia las internas (ya que las internas eligen al candidato presidencial, pero también una “Convención” en cada lema electoral). No se trata simplemente de firmar un aval, constituye un consentimiento para aparecer públicamente como candidato. La 1917 es la más representativa de este acuerdo, en el sentido de que incluye no solamente a destacados militantes identificados con el PT, sino también a compañeros independientes, militantes sindicales, estudiantiles, sociales. Varios de ellos con papeles de dirección en el movimiento obrero o estudiantil. Activistas que están siendo judicializados por motorizar diferentes luchas. Esta campaña ha estrechado vínculos con nuestro partido y acercado nuevos sectores, incluido el debate con sectores que usualmente se niegan a intervenir en las elecciones. Refleja no solamente el respeto que tienen hacia el PT, sino también hasta cierto punto muestran el impacto positivo que ha tenido el acuerdo electoral y en particular la agitación de los planteamientos levantados.
El acuerdo “Unidad Popular – Frente de Trabajadores” realizó una agitación política, a través de volantes y varios actos, en repudio al genocidio del pueblo palestino por el Estado sionista, y también desenvuelve una campaña por el plebiscito constitucional que se votará en octubre para restablecer la edad de retiro en 60 años, eliminar el sistema de jubilación privada de las AFAP y aumentar las pasividades más bajas, equiparándolas al salario mínimo nacional. El PT y UP-FT son parte de las organizaciones que conquistaron más de 430.000 firmas para promover esta consulta popular, venciendo los obstáculos y presiones que venían sobre todo de la dirección del Frente Amplio y las direcciones burocráticas de los sindicatos.
La fórmula presidencial de UP-FT, que integra nuestra compañera Andrea Revuelta como candidata a vicepresidente, es la única que se ha pronunciado a favor del plebiscito y milita por su triunfo. Se trata de una cuestión política relevante, dado que el FA está dominado por fracciones burguesas y pequeñoburguesas que defienden la continuidad de las AFAP (es decir, el negocio de los banqueros sobre los ahorros forzosos de los trabajadores) y la política del FMI del pago de la deuda externa y el subsidio al gran capital.
Todo indica que no existe un gran interés popular en las internas del 30 de junio. Estas no dirimen nada, apenas cuál es el candidato que aplicará la política del FMI y el ajuste contra la clase obrera, sea bajo una continuidad de la derecha o por un recambio centroizquierdista. La campaña de la UP-FT y en particular de la lista 1917 plantea en cambio una oportunidad para un reagrupamiento político de izquierda, pero no de una izquierda integrada al régimen político, sino una que organice y represente a la clase obrera y los luchadores. Por el triunfo del plebiscito de los trabajadores y para construir una izquierda que luche, es que convocamos a votar la lista 1917 en estas “internas”, preparando la campaña de octubre y las luchas por venir.
Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
05/06/2024
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