El gobierno de Milei anuncio la cancelación definitiva de la inconclusa obra del soterramiento del Tren Sarmiento anunciada hace 17 años, prevista a culminar en 36 meses y de la cual solamente se completó un 25 % del total del tramo del túnel bajo tierra previsto de 32,6 kilómetros. Lo poco construido quedará sellado con cemento ambos extremos del túnel, en donde quedará además enterrada una gigantesca máquina tuneladora de 125 metros de largo, comprada en su momento para llevar a cabo la obra. En total, se calcula que fueron gastados 420 millones de dólares que quedaran petrificados en un túnel inconcluso cuyo fin era descomprimir el transito urbano a lo largo de la traza del tren.
El fracaso de la obra representa sin duda alguna la debacle de todos los partidos patronales de esos años, incluyendo al propio Milei, cuya administración se vanagloria de detectar maniobras fraudulentas en todas las partidas de gastos sociales a las cuales recorta sistemáticamente, pero no le ha destinado ni una palabra a este gigantesco desfalco que involucra una vez más a la “patria contratista”, la misma que aguarda el inicio de la causa de corrupción de los “cuadernos de Centeno”.
Una breve cronología de uno de los mayores fraudes de la gestión capitalista
En el año 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la obra es adjudicada a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por la brasileña Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina IECSA (en ese entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri). En el 2011 llegaría la tuneladora al país que, sin embargo, comenzaría a funcionar recién en el 2016, bajo el gobierno de Macri para luego volver a detenerse luego de estallar las causas de corrupción de Odebrecht en Brasil conocidas como “Lava Jato” y por la crisis financiera internacional del 2018. Por aquel entonces, el préstamo del FMI imponía como condiciones el famoso “déficit fiscal 0”. Las empresas Odebrecht y Comsa se retiran de la UTE, mientras que Calcaterra vende IECSA que pasa a ser SACDE en manos de Marcelo Midlin, otro exponente de la “patria contratista”. A pesar de una notable ralentización en la obra, se siguieron efectuando pagos millonarios a las contratistas. Con Alberto Fernández, la obra permaneció completamente paralizada continuando con los lineamientos de recorte del FMI, y el mismo camino ha tomado Milei, quien ha decidido simplemente oficializar bajo el lema de su enemistad con la obra pública lo que ya era un hecho hace años: que el soterramiento no se culminará.
De todo este monumental desfalco, a diferencia de lo sucedido con el Lava Jato en Brasil, no hay una causa judicial firme. Graciela Ocaña realizó una primera denuncia en el 2016 por presuntas coimas en la obra y como derivación del Lava Jato de Brasil. Desde la adjudicación durante el gobierno de CFK, según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se detectaron múltiples irregularidades en los pliegos licitatorios. Por su parte, en el 2018 Macri renegoció los valores del contrato que generarían luego una investigación judicial por presuntamente favorecer a su primo Calcaterra, quien espera como procesado en otra causa de corrupción, la de los Cuadernos, en la cual se presenta como “arrepentido” llegando a afirmar que los pagos que efectuó a funcionarios del gobierno kirchnerista (registrados en esos cuadernos) eran “aportes de campaña electoral”.
Conclusiones
El corto túnel y la inactiva tuneladora –denominada tristemente como ‘Argentina’-, a pesar de estar sellados bajo tierra, serán un recuerdo permanente del despilfarro y la corruptela que involucran a los diferentes partidos capitalistas, representantes de la “patria contratista” la cual ella misma en realidad forma parte de toda una clase social que parasita al Estado y el presupuesto público, como también lo es la oligarquía agraria o los bancos y fondos financieros. No es solo desidia, es una orientación social definida que no puede sobrevivir sin apelar a los sobornos, los sobreprecios y las disputas comerciales y militares abiertas. Al mismo tiempo, es un monumento a la impunidad judicial, cuando abundan fallos contra los derechos previsionales, laborales y democráticos. Mientras tanto, el caos urbano que generan los 60 pasos a nivel y calles cerradas seguirán perjudicando cotidianamente a miles de trabajadores.
Solo un gobierno de los trabajadores llevará adelante la obra pública que se necesita en el transporte y los barrios porque estará bajo el control y seguimiento de los propios afectados.
Emiliano Fabris
16/08/2025
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