El Tribunal Oral Federal Número 7, encargado de la causa “Cuadernos”, aprobó como prueba las confesiones de 73 empresarios y exfuncionarios involucrados, aunque su validez se terminará de definir en el juicio oral. La lista de empresarios que ofrecieron comprar su impunidad –muchos de los cuales ya confesaron que pagaron sobornos a cambio de reducir sus penas- incluye, solo para citar algunos, a Sergio Taselli del sector energético, el grupo Roggio, Ángel Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Enrique Pescarmona del grupo Impsa, Héctor Alberto Zabaleta ex de Techint (Paolo Roca fue sobreseído), Jorge Balan y Jorge Neira del grupo Electroingeniería, el financista Ernesto Clarens, y el ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain. A lo largo de las investigaciones se abrieron causas por coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y operaciones de lavado de activos. Estos capitalistas conocidos popularmente como la “patria contratista” han echado mano a diversas maniobras judiciales para conseguir impunidad siempre en condición de libertad; afirmaron que en realidad fueron víctimas de supuestos aprietes de funcionarios; aceptaron la condición de “imputados-colaboradores”; dijeron que no pagaron “sobornos” sino “aportes electorales”; y ahora, en vísperas de que comience el juicio, pasaron directamente a querer comprar su impunidad. Ex funcionarios de CFK, quien está procesada también como “jefa de la asociación ilícita”, tambien solicitaron llegar a un acuerdo económico como el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario Hugo Larraburu.
La defensa de los empresarios alegó que de esta forma se reduciría el juicio que tiene previsto durar años, por la cantidad de implicados (174) y toda la evidencia a considerar en una sola audiencia semanal virtual. Recientemente, la Gendarmería confirmo mediante un peritaje que los cuadernos fueron efectivamente escritos por el chofer Oscar Centeno, salvo algunas pocas sobreescrituras. Centeno esta tambien imputado en la causa (en carácter de protegido) y fue quien en estos apuntes recabó datos detallados sobre los pagos de las coimas, que serían luego confesados por los empresarios. Sin embargo, Centeno no tiene por supuesto la alternativa de llegar a un acuerdo económico que, en caso de aceptarse, lo dejaría en el absurdo de ser uno de los imputados por delitos de parte de quienes ya serían eximidos de toda culpa y cargo.
Al rechazo de la fiscalía podría continuarle una nueva contrapropuesta con una cifra superior, que en principio se había atenido de parte de los empresarios a los montos confesados por el pago de sobornos y no por los “daños” que estos generaron. La “reparación integral” no es admisión de culpa, sino que supone reparar un daño que se atribuye haber realizado, extinguiendo toda acción penal. Existe una controversia sobre si, ante el rechazo de la fiscalía, el Tribunal puede o no hacer lugar a esta propuesta de los empresarios. Todos los antecedentes en casos de corrupción y delitos graves en los que se quiso hacer uso de la “reparación integral” fueron negativos.
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Galpern, rechazaron la solicitud de los empresarios porque implicaría “mercantilizar la corrupción” algo que, sin embargo, no escaparía a las afirmaciones de Milei respecto a mercantilizar órganos, niños, en definitiva, a atribuirle al mercado bondades máximas de justicia. A pesar de ser la causa más grande de corrupción de la historia del país, a Milei no le ha merecido ni una sola consideración en sus encendidos discursos contra los “choreos” de la “casta” (“que se afanaron”). Sucede que el desarrollo de la Causa de los Cuadernos comienza a ser un espejo para las propias causas y el porvenir judicial que acumula su propio séquito gubernamental: Libra, Agencia Discapacidad, Fentanilo, OSPERA.
La causa de los “cuadernos” se ha convertido en una quimera para el conjunto del regimen politico capitalista argentino. Parido de una guerra económica internacional por el control de las obras públicas y servicios estatales, ha puesto en el banquillo de los acusados a la clase social que dirige este país, claro que en dependencia absoluta del capital financiero internacional que promovió en definitiva estas acusaciones para acaparar nuevos cotos económicos y financieros. La impunidad que ha reinado a la fecha para esta clase social, incluyendo su participación en los crímenes de la dictadura genocida, en caso de ser nuevamente garantizado comportaría al mismo tiempo una evidencia manifiesta de la descomposición institucional de todo el regimen y de la caricatura de una “republica” que dice gobernar bajo representación popular.
Emiliano Fabris
17/09/2025
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