50 años de La Naranja Mecánica: 1, 2, ultraviolento

La cara del joven protagonista, con una sonrisa socarrona y perversa, es mostrada en un primer plano, que se va abriendo. De fondo suena la sombría “Música para el funeral de la Reina María”, de Henry Purcell. La escena nos muestra entonces a cuatro adolescentes, vestidos con algo parecido a un conjunto para jugar cricket, sentados en un bar. El lugar, el ambiente, la iluminación, todo es tétrico. La voz del joven comienza a relatarnos en nadsat, su argot que mezcla el lunfardo inglés con el ruso: “Era yo, o sea Alex y mis tres drugos (amigos), que son Pete, Georgie y Dim. Y nos sentábamos en la fuente de leche de Korova tratando de decidir qué hacer aquella noche. La fuente de leche Korova vendía Leche-Plus (con droga). Pone a uno ´perfilocortante´ y listo para algo de la vieja ultraviolencia”. A partir de esta intro, hay que prepaparse para ver una de las películas más polémicas, magistrales e importantes de la historia, “A Clockwork Orange” o “La Naranja Mecánica”, que está cumpliendo 50 años. 

 Un poco de ultraviolencia 

La Naranja Mecánica -basada en el libro homónimo de Anthony Burgess, publicado en 1962- fue llevada a la pantalla grande por Stanley Kubrick, considerado uno de los genios del cine, realizador de otras grandes películas como “2001: Odisea al Espacio” y “El Resplandor”. Kubrick fue responsable de la producción, guion y dirección del film.

 Al momento de su estreno, La Naranja Mecánica generó revuelo por su tratamiento de la violencia, su temática fuerte y su satírica denuncia contra la ley y el orden. La película está ambientado en un futuro distópico, pero cercano, en una Inglaterra derruida y decadente. Alex y sus amigos son un producto de esta decadencia: unos jóvenes lúmpenes, que gastan su tiempo en golpear ancianos, pelearse con otras pandillas y cometer todo tipo de fechorías. Kubrick, un obsesivo de la simetría, del detallismo y del perfeccionismo, organiza esa violencia descarnada como una danza, con una banda de sonido compuesta de piezas clásicas, especialmente de Beethoven, músico por el que Alex muestra una total devoción, combinando versiones originales con las interpretaciones para sintetizadores a cargo de Wendy Carlos.

 La Naranja Mecánica es, en gran medida, una denuncia de la Inglaterra en los años 60s, de sus jóvenes arrastrados siempre a los bordes del imperio. Diversas instituciones y personalidades podridas, corruptas y crueles del estado capitalista descompuesto son mostradas a lo largo de la película, desde el “asistente social” que viene a ´corregir´ a Alex hasta la policía, la curia y los políticos.

 Tratamiento Ludovico 

Alex comete un asesinato y es condenado a 14 años de prisión. Pero se gana la confianza del cura de la prisión luego de dos años y logra convencerlo de que quiere dejar su vieja vida de lado y redimirse. Hace su aparición el primer ministro, estupendamente retratado como un político liberal, conservador, demagogo que trae ideas “innovadoras” para hacer frente a la delincuencia y la barbarie que, claramente, traerán más barbarie. Y, con tal de salir de la cárcel, Alex acepta someterse al “Tratamiento Ludovico”, una terapia de aversión y condicionamiento conductual que anula la elección consciente del individuo. Se institucionaliza, de este modo, la violencia atroz de la cual se quiere supuestamente “rehabilitar” al protagonista: sentado, drogado, sin poder moverse o dejar de mirar, se le hacen visionar imágenes de durísima violencia, violaciones, etcétera. Alex es llevado al extremo de la tortura psicológica y el tratamiento da resultado: no acepta ninguna agresión ni puede llevarla a cabo o defenderse, no puede tocar a una mujer, es decir, es convertido en una especie de ente que no puede decidir. La psiquiatría es utilizada de forma totalmente cruel por el estado que no tiene ninguna intención de realmente terminar con la violencia, ya que es parte de la naturaleza misma del régimen. El “nuevo Alex”, mostrado por el primer ministro como trofeo y éxito de su política, es ahora una víctima del sistema. 

 Y así lo sufrirá: sus padres no lo aceptan, sus antiguas víctimas toman venganza contra él y sus viejos amigos, aquellos lúmpenes desquiciados con los que compartía andanzas, ahora son policías. Así “reforma” también el estado capitalista a esos “seres deplorables”: los convierte en máquinas desclasadas al servicio del poder. Ambos se desquitan con Alex, al punto de llevarlo casi hasta la muerte. 

 Alex se refugia en la casa de un escritor progresista que lo reconoce como el ´conejillo de Indias´ del Método Ludovico. Este reúne a otros intelectuales para que conozcan al pobre joven. Pero finalmente, el escritor se da cuenta de que Alex fue su victimario y también se toma la revancha. El “humanista bienintencionado”, finalmente, recurre a la “justicia por mano propia”. Nadie se salva en esta cinta de la sátira feroz. 

 Todo sigue igual de bien 

Alex está en el hospital. Sus padres le piden perdón. Ahora es un pobre joven con el cual el régimen se equivocó: el primer ministro va a verlo, le pide disculpas y le ofrece un cargo si apoya su candidatura, ya que todo el escándalo suscitado por el método Ludovico lo hizo quedar mal con la opinión pública. Alex acepta y docenas de fotógrafos sacan fotos de ambos dándose la mano amigablemente. El gobierno coopta al viejo delincuente, convirtiéndolo en un ejemplo para la juventud, método más antiguo que el estado mismo. “Estoy curado”, piensa Alex, mientras visualiza una fantasía lasciva con una mujer. Es el mismo sádico violento que al principio de la película.

 50 años de vigencia 

La Naranja Mecánica es una película que se inscribe en la mejor tradición de la ciencia ficción distópica de la literatura inglesa, junto a obras como “Un mundo feliz” (Aldous Huxley, 1932) y “1984” (George Orwell, 1949), que indagan en la enajenación del ser humano dentro de un sistema de opresión y violencia. En Argentina, su estreno se postergó hasta 1985, debido a la censura que atravesó a las dictaduras de Lanusse a Videla, pasando por el gobierno de Perón-Perón. 

 A 50 años de su estreno, La Naranja Mecánica continúa siendo una película potente, una obra de perfección pop, que interpela a todas las instituciones del régimen. Lo que Kubrick llamó “una sátira social, un cuento de hadas sobre la justicia y el castigo y un mito psicológico” se convirtió en una obra maestra que nos recuerda, aún hoy, que tenemos que modificar el mundo de raíz para acabar con la ultraviolencia capitalista. 

 Matias Melta

 03/06/2021

No confundir el reclamo de vacunas con la estafa política de quienes lo promueven

El pico de contagios y muertes en los lugares de trabajo han forzado a la burocracia de los sindicatos a abrir el pico para referirse a la salud. Durante catorce meses no encontró la oportunidad de hacerlo, amparada en el verso de los protocolos que se habrían establecido en los lugares de trabajo. La burocracia sindical, sin emplear el término, fue la primera en acomodarse a la “presencialidad segura”, para no incomodar a las patronales. Abrió una ruta que emprenderían más tarde una cepa variada de izquierdistas. En esta línea, los funcionarios sindicales miraron para otro lado, siempre que pudieron, cuando se obligaba a concurrir al trabajo al personal de riesgo o a omitirse cuando era despedido. En el caso de la Sanidad, nunca atendieron a la necesidad de una reducción de las horas de trabajo del personal de salud y de la incorporación y entrenamiento de personal adicional – ni hablemos de lo que se ha hecho con los sueldos. 

 La burocracia no atendió nunca tampoco a la cuestión de las vacunas, ni siquiera de parte de aquellos que, como los Moyano, ocupan altos cargos en la Internacional del Transporte. Ni se interesó por los contratos de provisión de vacunas que firmaba el gobierno, como el caso de AstraZeneca, un triángulo que prometía inocular a toda América Latina bajo la batuta del billonario mexicano Carlos Slim – dueño, de paso, de Claro, que enseguida entró en litigio con el gobierno cuando se congelaron tarifas de la telecomunicación. 

 Ahora, en marítimos, petroleros y otros sindicatos, la burocracia reclama un plan de vacunación para su rama de actividad. La ‘lucha’ por la vacunación se libra en forma dispersa y autoreferencial, en función de un interés particular. De repente, la burocracia declara “esencial” lo que durante año y medio impuso que fuera “no esencial”. Pero no lo hace para suspender la actividad, al menos hasta que refluya la “segunda ola”, sino para todo lo contrario, para que los trabajadores le sigan poniendo el cuerpo al virus. La consigna “vacunas para mí” opera como taparrabos para seguir dándole manija a la presencialidad laboral, y para enfrentar a los trabajadores entre los más o menos “esenciales”. Seguramente, el ‘petrolero’ Guillermo Pereyra, considera a los obreros de los yacimientos más imprescindibles que aquellos que fabrican bio combustibles a partir de la caña, lo que sería una réplica del enfrentamiento entre esas dos patronales acerca del corte de la nafta con etanol. 

 El gobierno ha aprovechado bien la política de “descuido” de la salud por parte de la burocracia. Con la premisa falsa de que "en los lugares de trabajo no hay contagios porque allí se opera con protocolos" (ni los hay en la escuela o el transporte, o sea que el virus sería imaginario), el Gobierno exceptuó del último confinamiento a la industria textil de alta costura hasta las fábricas de caramelos, pasando por las estaciones de peajes, es decir a ‘tutti quanti’ que labure para un patrón (que supervisa por vía digital, ni hablar de los accionistas, que se han recluido en sus mansiones). Esto explica, de nuevo, porqué aún en el peor momento de la pandemia, se impuso el retorno al trabajo de los trabajadores de riesgo, con solo una dosis de la vacuna. 

 El reclamo de los sindicatos de la CGT para que sus afiliados sean priorizados en los planes de vacunación, apunta a seguir manteniendo las fábricas abiertas, por lo pronto hasta que lleguen esas vacunas; que haya cantidad suficiente para un porcentaje elevado; y se implemente y concluya el plan de vacunación. Hasta entonces, contagiarse y morir, para que la acumulación de capital no se detenga. La vacunación, según los científicos, no protege de inmediato – requiere dos dosis. Pero incluso en este caso es necesario verificar en la práctica que la inmunidad sanitaria de la población ha progresado. Sólo llegado a este punto se puede empezar a discutir la apertura condicionada de la economía. En una palabra, la demagogia vacunatoria de la burocracia es una cortina de humo para mantener desprotegida a la clase obrera. Chile ha vacunado al 50% de la población, con la famosa Pfizer, y se encuentra en una ‘tercera ola’ de contagios y muertes. Invocar las vacunas para mantener todo abierto es una canallada. Las vacunas son la salida sanitaria última de esta pesadilla del Covid. La salida social sólo puede ser revolucionaria, porque el capitalismo está condenado a producir peores pestes, mientras destruye la salud pública a favor de la privada. 

 La sanata no termina sin embargo aquí. El reclamo de la vacunación requiere lucha, no verso. ¿Dónde está el plan de lucha por las vacunas? Si la CGT quisiera en realidad vacunas, habría llamado a paros escalonados – no para este u otro sindicatos, sino para toda la clase obrera, ni tampoco solo para la clase obrera, sino para todo el pueblo que vive de su trabajo. ¡Pero de eso no habla, como tampoco lo hacen otros imitadores en la izquierda, que también reclaman vacunas, mientras los trabajadores se siguen exponiendo al contagio y la muerte! El que reclama algo, tiene que establecer los métodos para alcanzarlo. El plan oficial de vacunación se extiende a 2022, si queremos vacunas ahora e necesaria una rebelión popular por esas vacunas. 

 El tema de las vacunas es parte, por otro lado, de una política de imposiciones de las potencias imperialistas, y de una lucha entre las grandes potencias, por el otro, para monopolizar el mercado mundial y establecer un mayor control político internacional. El gobierno de los Fernández oculta las presiones y enjuagues en las tratativas por las vacunas, incluida la que ejerce, quién lo duda, el FMI, en plena controversia con Argentina. Lo ocurrido con el contrato con AstraZeneca es contundente: el gobierno Biden bloqueó el abastecimiento de insumos para producir en México la materia prima que entregó Argentina. Luego secuestró en Estados Unidos el stock que fue enviado allí para su elaboración final. La competencia entre las yanquis Pfizer, Moderna y Jansen, y la británica AstraZeneca es conocida en todo el mundo. Si la burocracia quisiera en serio las vacunas habría dispuesto un plan de lucha nacional e internacional – que es precisamente lo que hay que hacer. Pero la burocracia huye espantada de esta perspectiva, por eso propone autorizar a las patronales a comprar las vacunas en las casas matrices en el exterior para vacunar a “sus” obreros en Argentina. Es lo que ha planteado el burócrata Guillermo Pereryra, del Petróleo. Esto no implica solamente entregar a los pulpos el control político de Argentina – es también una torpeza, porque ningún vacunado está seguro cuando la mayoría no ha sido vacunada, porque es blanco de antiguas y nuevas cepas. Charlatanería ‘sindical’. La clase obrera no puede caer en particularismos corporativos, porque en tal caso deja de perder su principal fuerza, diríamos la única real y consistente, que es convertirse en representante universal de los explotadores y oprimidos. La Legislatura porteña acaba de votar la autorización para que Larreta compre vacunas con el Tesoro de la Ciudad, sin que hubiera ningún voto en contra, y cuatro abstenciones. La burocracia sindical le dice a los trabajadores, y no sólo se lo dice ella, que la defensa del salario pasa por ir a laburar en pandemia. Para proteger el salario y el empleo, no queda otra que ir a contagiarse a las fábricas, sean o no esenciales, esperando las vacunas o la carroza. Los salarios reales, entretanto, han caído en picada – cortesía de la burocracia sindical. 

 El desenlace del paro de los once sindicatos marítimos y fluviales para reclamar vacunas deja algunas lecciones. La muerte de cuatro trabajadores de la pesca en una semana, la virulenta expansión de contagios en los barcos, la violación de los protocolos, habían desatado una enorme presión de los obreros sobre los sindicatos. Los once sindicatos marítimos-fluviales llamaron unitariamente a la huelga, en reclamo de ser inscriptos como prioritarios en la vacunación. Bastó eso para que el Ministerio los inscribiera en el listado oficial. La burocracia levantó raudamente la huelga, para que los trabajadores vuelvan a los barcos y a los contagios. El ministerio se sacó de encima una huelga poderosa por medio de un gambito kirchnerista. En resumen, no hay que esperar a la vacuna; hay que luchar por ella; debe ser para todo el mundo del trabajo; es necesario un plan de luchas; mientras tanto se debe suspender la presencialidad laboral en tareas que nos son esenciales. Desmantelamos el montaje falaz de la burocracia, pero no nos dirigimos a ella sino a tantos otros que piensan, hablan y actúan como ella. 

 Como militantes obreros y socialistas que somos, no convertimos nuestros planteos en recetas, ni mucho menos en ultimátums. Repudiamos las recetas políticas y los ultmátums políticos. La clase obrera internacional enfrenta una lucha difícil – tenemos una lúcida conciencia de ello. Pero a la clase obrera hay que decirle las cosas como son. Porque todo el problema reside en eso, en que vea las cosas como son, y saque de ello conclusiones colectivas. Lo que denunciamos en este artículo es la estafa política. 

 Pablo Busch 

 04/06/2021

Los que abren la "economía" y las escuelas postergan derechos

Sin grietas entre el oficialismo y el macrismo, el Senado refrendó la postergación de las elecciones nacionales. El argumento “sanitario” de esta sanción se encuentra desmentido por la política de apertura y presencialismo que ambos bloques promueven allí donde les toca gobernar. Las fábricas y el gran comercio permanecen abiertos, más allá de los cierres ‘intermitentes’ y de los contagios masivos en los lugares de trabajo. Detrás de este aperturismo, está la presión inocultable de las grandes patronales y de la Iglesia. En resumidas cuentas, los que cierran las urnas por razones epidemiológicas mantienen abierta la actividad económica a pesar de esas mismas razones. 

 Pero entonces, ¿por qué corren las elecciones? El único propósito es postergar la necesaria deliberación política que debería tener lugar acerca de la responsabilidad que les cabe a unos y otros -oficialistas y macristas- en el desastre sanitario y social que atraviesa la Argentina. Además de continuar con la política aperturista, esperan que el paso del tiempo -y la incierta llegada de vacunas- diluya la actual conmoción política y sanitaria que recorre al país. En función de estas especulaciones, kirchneristas y macristas han coincidido en manipular el cronograma electoral. 

 Esta manipulación se lleva adelante bajo la consigna de que la emergencia de la pandemia debe apartar a “la política”. Pero la cuestión de la pandemia es esencialmente política, es decir, involucra a la gestión política del Estado y a su orientación social, que pasa por el rescate del capital a costa de las masas. Tomemos un ejemplo: a sabiendas de que se venía la “segunda ola”, el presupuesto 2021 –votado por este mismo Congreso que maniobra con las elecciones- no contempló recursos para atender la emergencia sanitaria. 

 La política oficial no está dictada por las necesidades de la pandemia, sino por el FMI y los fondos internacionales.

 De cara a esta realidad, ¿no resulta un acto “esencial” el pronunciamiento de los trabajadores y la ciudadanía frente a la crisis social y sanitaria? 

 Al tiempo que denunciamos estas manipulaciones políticas, llamamos a deliberar y organizar una lucha por las reivindicaciones sociales y sanitarias urgentes de la hora. 

Marcelo Ramal

 04/06/2021

Raúl: Una vida dedicada a la Revolución y a Cuba

El cumpleaños 90 de Raúl y las noticias de este 3 de junio

La democracia burguesa

La cuarta transformación contra la aritmética del engaño

 Las condiciones concretas de la democracia burguesa (realmente existente en México) no las elegimos nosotros, no se nos consultó por el modelo, la temporalidad ni la dinámica objetiva con que esa democracia burguesa debería desarrollarse en las mínimas condiciones de pulcritud que la cordura social exigiría. Por esa razón ni se la respeta ni se la referencia como un logro colectivo, principalmente porque no es producto de una vida democrática interna capaz de parir instituciones con expresiones de voluntad colectiva sana, realmente participativa, o como espacio político con dinámica realmente honesta y sentido de las necesidades sociales, en la tarea de esculpir la historia, de dirigir las instituciones, de mandar obedeciendo y de cumplir, en tiempo y forma, los objetivos para los cuales debería funcionar la democracia y deberían operan los mandatarios. “No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno, como el caballo: es revolución, pero es democrática. Es un freno conservador. El otro concepto es liberador, es como un disparo, como un caballo sin freno: democracia revolucionaria, democracia para la revolución. La democracia revolucionaria debe ser necesariamente una democracia fuerte, una democracia poderosa; debe llenarse cada día de mayor fuerza, poder; no puede ser una democracia debilucha, lánguida, insulsa, ingenua…” Hugo Chávez. 

 Cada voto es un hecho histórico. Es la identidad cívica de las personas, su información o desinformación. Sus anhelos, temores o su ignorancia política. En el voto se plasma la Historia individual y colectiva. Los votos no deben ser festín de mapaches ni chantaje de anulaciones. Y es que la democracia burguesa es una emboscada contra la voluntad de los pueblos y contra la capacidad de decisión organizada que es lo único que, realmente, puede construir un programa de transformación integral para una sociedad que respete a la diversidad y a la multiplicidad de las voluntades en la tensión de la lucha de clases y en la resolución del conflicto capital-trabajo. En estas condiciones la democracia burguesa, con su carácter de emboscada, va quedando al desnudo y va mostrando su ningún interés por respetar la voluntad democrática de los pueblos. Para demostrar cómo la tensión interna de las clases, se perfila en la definición de formas diferentes del poder colectivo por encima del poder individualista y por tanto del poder económico. 

 Es patético que la autoridad electoral no sea elegida por su propio pueblo, desde las bases. Que no tenga el pueblo un proceso de escrutinio permanente y que no tenga un modelo de revocación en todos los mandatos cuando ocurren episodios de traición, de defraudación o de engaño a las bases que, objetivamente, deberían ser las electoras supremas del poder electoral. Y no es mucho pedir que, además, el poder electoral sea ratificado permanentemente en virtud de la dinámica misma de los procesos, en los muy diversos niveles, que deberían incluir también a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que, por cierto, en todas sus escalas no tienen por qué prescindir de la voluntad democrática de los electores y mucho menos su escrutinio minucioso sobre el comportamiento en cada una de las esferas del aparato burocrático o de cualquier organización en sus expresiones más diversas. En eso queda claro que, la democracia en las concepciones burguesas, no representa en casi ninguno de sus aspectos la dinámica y la problemática de una sociedad en la que desde la industria, la academia, las ciencias, las artes, las tecnologías… en suma en todas las áreas de su desarrollo cotidiano en todos los campos de las fuerzas productivas; exige fortaleza democrática, exige procesos electorales permanentes, transparentes y austeros para constituir realmente una identidad democrática de nuevo género hasta hoy, desconocida absolutamente en México y en buena parte del planeta. 

 Pero lo “ideal” por si solo no resuelve lo concreto. Lo deseable no resuelve lo realizable (Sánchez Vázquez). En materia de “democracia” pisamos, históricamente, un territorio ajeno… si no es que enemigo. Nos obligan a “participar” con sus leyes, sus autoridades, sus matemáticas y sus resultados. Hacemos lo que podemos en condiciones totalmente asimétricas, con procesos electorales insuficientemente informados, candidatos insuficientemente validados y formados, sepultados con promesas impúdicas e impunes, con marabuntas de propagandas insufribles y modos infernales pagados con dinero del pueblo. Una obscenidad monstruosa. 

 En esas condiciones nos toca “participar” de la democracia burguesa. Y en eso no hay justicia. En tanto no se logre derrotar una modelo económico, armado hasta los dientes para usurpar el salario de la clase trabajadora, un sistema de dominación intelectual que ha monopolizado armas de guerra ideológica, que descarga su virulencia inhumana contra los pueblos originarios, los campesinos, los obreros y en general la clase trabajadora, con impuestos, corrupción, desamparo, insuficiencia de viviendas, escuelas, medicamentos… insuficiencia de dignidad en todos los rincones de la vida colectiva; mientras esas condiciones de desigualdad imperen, no hay posibilidad alguna para una democracia verdaderamente sana. Hacemos lo que podemos. Con errores, con contradicciones, con todo género de limitaciones para poder expresar el hartazgo y la indignación de aquellos que todavía anhelas una vida digna. Es decir, una mayoría inmensa. Es fácil perderse en el bosque de palabrerío leguleyo, en las miles de trampas y engañifas de los partidos políticos mercantiles y traidores. No es fácil saber qué se vota, cuando los votos no son respetados y ni contabilizados bajo la mirada honesta de una democracia confiable. Es fácil sentirse defraudado, y muy fácil sentirse traicionado, en un clima de política electoral que, siendo sólo una parte de la democracia, parece eclipsar todo con suciedad burocrática, desparramada por todas partes.

 Hacemos lo que podemos para transformar una realidad compleja y algo de lo que sí podemos, aún yendo lenta y minuto a minuto, la Revolución de las Conciencias. Pero hay que hacer mucho más. Organizarse, intervenir, cambiarlo todo desde la filosofía de la democracia hasta las metodologías para garantizarla. Desde la explicación detallada y consensuada, hasta la transparencia del financiamiento integral de todas sus tareas e instituciones. No tolerar excusas ni concesiones, está en juego la vida colectiva igualitaria y está en juego el porvenir que no acepta más las marrullerías históricas de los gendarmes represores del poder democrático de las sociedades. En eso, es imperativo empeñarse apasionadamente, no porque sea suficiente, no porque sea milagroso sino porque es “deseable, posible y realizable”. 

 Dr. Fernando Buen Abad Domínguez. Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Detrás de la cortina del novelón Pfizer

El novelón entre Pfizer y el gobierno de los Fernández está a punto de concluir, como es costumbre por estos pagos. De acuerdo a las últimas informaciones, el Congreso modificará la ley que aprobara casi por unanimidad el año pasado, para que el estado nacional se haga cargo de las consecuencias penales por las “negligencias” que pudiera cometer el pulpo en cuestión – la mayor de las grandes farmacéuticas internacionales. Los inimputables que se sientan en el Congreso, ahora responsabilizan a la diputada Moreau por haber introducido esa cláusula en la ley, olvidando que nadie puede justificar un acto punible, en este caso de carácter político, alegando la propia torpeza. Enseguida la emprenden contra Alberto Fernández por no haber vetado la ley en forma parcial, un reclamo indigno de parte de quienes la votaron. La llamada vacuna de Pfizer fue elaborada en realidad por la alemana BionTech, propiedad de un matrimonio de científicos turcos. La novedad de la vacuna, que introduce el código genético de una proteína viral que activa el sistema inmunológico al ser reconocido por las células, habilita en el futuro la producción de vacunas contra el cáncer y otras enfermedades de tratamiento difícil. 

 La indemnidad que reclama Pfizer no se completa con la modificación de la ley votada por fernandecinos y macristas. El pulpo exigió además una garantía inembargable a cargo del estado – reservas internacionales depositadas en el extranjero o bienes equivalentes. La certidumbre de este planteo la ha ofrecido nada menos que Jair Messias Bolsonaro, quien rechazó el reclamo de Pfizer con su típico lenguaje de desclasado. El brasileño no se desdijo de esto cuando pegó el volantazo y firmó el acuerdo con la norteamericana. Cuando los imbéciles de la llamada oposición alegan, en su favor, que toda América Latina arregló con Pfizer, salvo Argentina, no desmienten por eso que la farmacéutica haya impuesto sus condiciones leoninas a gobiernos menos o más serviles que el nuestro. Es cierto, desde un punto de vista capitalista, que los monopolios se ponen más pesados con aquellos países que bordean el default – en el caso argentino el impago al Club de París, los de la provincia de Buenos Aires y otras, o eventualmente con el FMI. El novelón se cerrará con una ley Pfizer, precisamente, por la dependencia de Argentina del FMI. La vacuna en cuestión es la más cara de las que se encuentran en circulación, y podría encarecerse más si se verifica su mayor eficacia respecto a la competencia. Pfizer informó ganancias anuales por u$s35 mil millones. La extorsión económica y política de las farmacéuticas en general y de Pfizer en particular fue puesta en evidencia por el denunciador menos esperado – ´Juan Domingo´ Biden. De otro modo no se explica que hubiera reclamado la suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas. El planteo fue rechazado por las farmacéuticas sin excepción, incluida la dirección del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La intención de Biden no era por cierto regalar nada, sino negociar el producto básico con las productoras de vacunas de diferentes países para que elijan elaborar el principio básico de Estados Unidos. Rusia y especialmente China se han adelantado en este propósito, como ocurre en Brasil, donde el Instituto Butantan produce la Coronavac. Aunque el derecho de propiedad que se ha registrado como patente es un monopolio privado, la verdad de la milanesa es que tanto desde el punto de vista científico como económico es propiedad pública. Por un lado, porque todas las investigaciones virológicas a futuro son realizadas por el Estado, ya que el capital privado no las juzga rentables. Por el otro, porque la producción del principio básico por los laboratorios ha sido financiada por medio de subsidios y de compras anticipadas. El ciento por ciento de los países ya han pagado por vacunas que aun no han recibido. Trump financió a Moderna con u$s2 mil millones y con compras anticipadas, al igual que lo hizo con Pfizer. 

 El caso de AstraZeneca, la otra parte del novelón nacional, ha dejado al desnudo una vasta operación económica criminal. El artífice de la propuesta de unir a mAbxcience, del argentino Hugo Sigman, y el laboratorio mexicano Liomont, ha desaparecido de la escena. Es el billonario Carlos Slim, que dijo que aseguraba el financiamiento de la operación que abastecería de vacunas a toda América Latina que hoy Alberto Fernández dice haber pagado con dinero del Tesoro argentino. Pero la materia prima enviada a México fue secuestrada por Estados Unidos, que bloqueó la exportación de los numerosos insumos que requiere la producción final de la vacuna. Este bloqueo confirma que la suspensión de la propiedad intelectual propuesta por Biden no podía tener ningún efecto práctico si no era a través de producciones en el exterior controladas por sus compañías. Ante la imposibilidad de completar la producción en México, Liomont envió centenares de miles de dosis de AstraZeneca a Estados Unidos, donde no tuvo el visto bueno de la autoridad de control hasta hace una semana. El motivo de tamaño atropello, con una vacuna autorizada en Gran Bretaña, se explica por los intereses de Pfizer y Moderna.

 La compra adelantada de vacunas a estados soberanos ha provocado algunos ´sinsabores´. Fue cuando Italia, primero, y la Unión Europea, más tarde, lanzaron una amenaza judicial contra AstraZeneca por incumplimiento de contrato – las vacunas no llegaban, acaparadas en el Reino Unido. Es lo que ocurre con la misma Pfizer en América Latina, donde ha enviado vacunas en dosis homeopáticas a Chile, mientras los sinvergüenzas de nuestro lado de los Andes la ponen como ejemplo. De acuerdo a lo que ha venido ocurriendo, Argentina no podría demandar a Pfizer en un caso similar. Para un país sometido a la amenaza de default, semejante inhibición de derechos equivale a admitir un bloqueo sanitario. 

 Los gobiernos que, por supuesto, “supimos conseguir”, lejos de llevar una corona de glorias, como alega el himno, se han adaptado a todas estas extorsiones, al precio del mayor nivel de contagios y muertes en el mundo -Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay- sin hablar de Venezuela o Nicaragua. La dependencia y la sumisión no compró vacunas, no compró insumos para producirlas, como la ´libertad económica´ no mejoró el empleo, los salarios, las jubilaciones – todo lo contrario. 

 Un gobierno de trabajadores hubiera seguido otro camino. Hubiera impulsado, con su autoridad política, una movilización internacional por la nacionalización y el control obrero de todo el Big Pharma. Hubiera convocado a los países afectados a unir los recursos científicos para producir una vacuna propia – Butantan, Malbrán, Cuba. Hubiera desarrollado una fuerte política de distanciamiento social, que en muchos países capitalistas fue suficiente para cortar la circulación del virus, acompañada de testeos y seguimientos de contagios. La condición para esto es una planificación y racionamiento de recursos, bajo la dirección de los trabajadores. Se trata poner fin al despilfarro de la anarquía de mercado y concentrar los recursos industriales en la producción de las prioridades para la salud y la vida. 

 Las leyes ´correctivas´ que se aprestan a votar los partidos de la unión nacional con el FMI, no resolverá la cuestión de las vacunas, porque hay un mercado demandado y una oferta que especula con las carencias y que se disputa un mercado mundial gigantesco por un período indeterminado. Las leyes de este régimen político sólo pueden empeorar la situación actual. Es necesaria una acción histórica independiente de las masas. 

 Jorge Altamira 

 03/06/2021

Una “gran coalición” inviable en versión sionista

La fragilidad irremediable de un estado históricamente artificial. 

 La oposición llegó a un acuerdo “contrarreloj” para formar gobierno desplazando a Netanyahu que estuvo 12 años en el poder. Es una coalición entre 8 partidos de derecha, izquierda y centro, junto a un partido árabe islámico, ligada a los Hermanos Musulmanes y a Erdogan. De no haberse conformado un nuevo gobierno, se hubiera ido a nuevas elecciones, en medio de una enorme crisis política nacional e internacional. Sin embargo, la coalición de “salvación nacional” es tan inestable que muchos se preguntan si durará algunos meses (NYT, 2/6). Otros imaginan que no conseguirá la ratificación parlamentaria debido a deserciones súbitas. 

 La coalición que desplazó a Netanyahu cuenta con 61 diputados de extrema derecha, dos de ‘centro’ y dos de centroizquierda. El partido árabe apoya con sus cuatro votos decisivos. “Las enconadas disputas sobre el reparto de ministerios han forzado la prolongación de las negociaciones al límite” (El País, 2/6). Lapid informó que el futuro de Cisjordania quedó “fuera del acuedo“, en vista de que la derecha de la coaiición representa los intereses de los colonos. Bennett y Lapid rotarán la jefatura de gobierno desde el segundo año. Antiguo aliado de Netanyahu, Bennett “es descrito como más de derecha que el primer ministro” (NYT, 2/6).

 La demanda que debe enfrentar el nuevo gobierno de coalición es la ‘reconstrucción’ de Gaza, que el gobierno de Biden ha planteado como imprescindible para desalojar a Hamas y levantar el bajo perfil de la Autoridad Palestina. Esta ‘reconstrucción’, junto a la del acuerdo nuclear con Irán, sería usada para organizar una coalición internacional con la Unión Europea, para contener un flanco de crisis frente a Rusia y a China. 

 La incorporación del partido islámico al Gobierno fue precisamente promovida por Netanyahu en las pasadas elecciones, al alentar al partido de Mansur a romper con la Lista Conjunta (una coalición de fuerzas de la minoría de origen palestino) y prometerle ayudas para su comunidad a cambio de su apoyo en la Kneset (ídem). 

 La caída de Netanyahu y la emergencia de una coalición inviable, refleja el impasse histórico de un Estado que se funda en el arsenal militar y el respaldo del imperialismo mundial. La crisis mundial desatada hace década y media, agravada por la crisis humanitaria que ha producido la pandemia, ha servido al estallido de todas las contradicciones de ese estado, incluídas nuevas rebeliones populares, pero esta vez de carácter internacional y al interior de Israel. No es por accidente que Netanyahu caracterizara esta combinación explosiva como el principio de una guerra civil, dentro de un estado que suponía asentarse en la unidad monolítica de la ‘etnia’. Estamos ante otro episodio en que la reivindicación identitaria subre los embates de la decadencia del capitalismo y la agudización internacional de la lucha de clases.

 El desarrollo de la crisis del estado sionista reivindica las consignas históricas de la IV Internacional, a favor del derecho al retorno del pueblo palestino desplazado, la formación de una República Palestina única, laica y socialista para todos sus habitantes y la constitución de una Federación de estados socialistas del Medio Oriente.

 Emiliano Monge 

 03/06/2021

Con o sin acuerdo, el ajuste del FMI ya está en marcha

La respuesta que recibió en su gira europea Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán de los jefes de Estado de varios países del viejo continente fue unánime e inequívoca: para poder renegociar los pagos con el Club de París y evitar que Argentina entre en default es necesario que primero se arribe a algún tipo de acuerdo con el FMI. Lo mismo le repitió a Alberto Fernández la alemana Angela Merkel, en una conversación telefónica realizada en los últimos días. Alemania es el principal acreedor de Argentina dentro del Club de París. Japón, el segundo acreedor en importancia, directamente rechazó postergar el cobro de sus deudas, alegando que China, su principal competidor en el Pacífico, recibe otro tratamiento por parte del gobierno argentino. Como puede verse, la cuestión no se reduce exclusiva ni principalmente al pago como tal, sino al alineamiento de Argentina en la política internacional. Los Estados imperialistas no realizan concesiones gratuitas o graciosas.

 Para el gobierno argentino, la respuesta recibida implica un revés, porque contraría sus planes de arribar a un acuerdo con el FMI luego de las elecciones de setiembre-noviembre y no antes. Fue lo que en persona le fue a implorar Alberto Fernández a la titular del FMI Kristalina Georgieva, pero ahora sabemos que sin suerte. Es más, las recientes reuniones entre los funcionarios del gobierno y los técnicos fondomonetaristas fueron caratuladas por el FMI solo como “conversaciones”, dejando expresamente claro que una apertura formal de las negociaciones debe hacerse sobre la base de la aplicación del conocido artículo IV, que supone una revisión integral de la política económica y el cumplimiento de metas específicas. 

 Ajuste nacional y popular 

Para despejar cualquier duda, en la gira europea el gobierno le rindió cuentas a los acreedores, mostrando que ya está aplicando un ajuste de características brutales. Es lo que surge nítidamente de un análisis de la situación fiscal de 2021. Si el Presupuesto de este año ya preveía un ajuste, borrando toda reminiscencia de partidas para atender la pandemia, la aplicación real de ese presupuesto es todavía más beneficiosa para los acreedores. Debe tenerse en cuenta que el Presupuesto de este año, a pesar de que incorporaba una inflación del 29%, preveía que los gastos nominales serían un 14% inferiores a los del 2020. Sin embargo, esta reducción fue superada en la práctica con creces, como lo prueba el hecho de que en el primer cuatrimestre el déficit insumido representa solo el 12% del total previsto para el año.

 La razón de semejante ajuste fiscal, que supera por lejos las previsiones ortodoxas más exigentes, se explica por el hecho de que los gastos aumentaron muy por debajo de los ingresos del Estado. Por el lado de los gastos, el incremento fue del 33%; en cambio, por el lado de los ingresos, el aumento fue de un 65%. Este crecimiento de los ingresos tiene básicamente dos componentes: 1) la inflación, que hace aumentar la recaudación de impuestos sobre los precios finales; 2) los impuestos sobre las exportaciones, que reflejan el aumento de los precios internacionales de los alimentos, algo que finalmente también repercute sobre los precios internos. 

 Pero mientras esto ocurre por el lado de los ingresos, en cambio, los gastos del Estado suben muy por debajo. Dentro de estos gastos se destacan los salarios de los trabajadores del propio Estado, cuya paritaria del 35% en cuotas está muy por debajo de la inflación real prevista para el año y las jubilaciones que también han quedado debajo del aumento de los precios. A esto debe agregarse que los gastos referidos a la pandemia, como ser el IFE o los bonos para los trabajadores de la salud, o fueron eliminados por completo o restituidos de un modo devaluado -el bono a los trabajadores de salud el año pasado ascendió a 20.000 pesos; este año, inflación mediante superior al 40%, ese bono se redujo a 19.500 pesos. 

 Lucha de buitres

 Sectores de derecha celebran este ajuste pero advierten que para que sea sustentable en el tiempo es necesario que la desvalorización de los gastos vaya acompañada de “reformas estructurales”. Con ese eufemismo se refieren a la necesidad de eliminar los subsidios a los servicios públicos, empezando por la energía, reducir el plantel de empleados públicos y avanzar en una reforma previsional que reduzca aún más las jubilaciones, partiendo de afectar a los trabajadores que no reúnen la cantidad de años de aportes necesarios. 

 En ese sentido, el gobierno acaba de aplicar una “reforma estructural” importante reclamada por el FMI. La modificación del sistema de financiamiento del Estado, reemplazando progresivamente las leliq por títulos de deuda del Tesoro, era una demanda realizada por los técnicos del Fondo. Detrás de la medida hay un claro sentido ajustador: las leliq eran una forma de financiamiento del Estado y del gobierno por parte del Banco Central, valiéndose de su capacidad de emisión. Al ser reemplazado por títulos del Tesoro, ahora ese financiamiento adquiere la forma de un incremento directo de la deuda pública, para cuyo pago el gobierno deberá recurrir a las ya conocidas medidas de reducción del gasto social o lograr financiamiento en el mercado local o internacional. Los bancos no han visto la decisión con simpatía, pues las leliq eran un negocio redondo, que les permitían embolsar intereses cuantiosos sin riesgo, ya que el acreedor tenía el respaldo de ser el órgano emisor de billetes. Pero para colocadores de deuda y bancos de inversión se abre un negocio más que interesante, que promete nuevas comisiones. Los que se verán sí amenazados serán los ahorristas, cuyos depósitos pasarán a depender de títulos de deuda emitidos por un Estado insolvente. Esto porque parte del efectivo mínimo para garantizar esos depósitos, llamado encaje, no estará en dinero contante y sonante sino en bonos -o sea, papeles sujetos a la desvalorización del mercado financiero. El peligro de un nuevo plan Bonex, o sea una confiscación de los depósitos, ha crecido notablemente.

 A la luz de este ajuste brutal, el gobierno tiene razón en sentir que recibe un trato injusto por parte de los acreedores al no admitir una postergación de los pagos y obligarlo a beber la cicuta del FMI en las vísperas de la campaña electoral, o peor aún, en el transcurso de ella; aunque esto tuviera que ser inscripto en una “carta de intención”, mecanismo histórico del FMI antes del acuerdo a sus ajustes leoninos. Incluso el gobierno puede esgrimir a su favor que ese ajuste lo está llevando adelante sin producir rebeliones populares, como la que sacude Colombia en estos días y la que está empezando a dar sus primeros pasos en Brasil, o la que vemos mantenerse firmemente en Chile y que ha llevado a la dura derrota del derechista Sebastián Piñera. Hasta Jaime Durán Barba acaba de confesar que si este ajuste lo hubiese hecho Macri, su gobierno habría durado un suspiro. Sin embargo, el gobierno comprueba a cada paso que lo que reclama el gran capital no es solo un ajuste sino un alineamiento internacional más claro con las potencias imperialistas. Todo el barullo armado en torno de las vacunas de Pfizer y más aún la campaña internacional por haber votado una resolución en la ONU para investigar si Israel y Hamas cometieron violaciones a los derechos humanos así lo demuestra. La resolución, que replica la nefasta teoría de los dos demonios para Medio Oriente, ha sido muy mal recibida porque para el imperialismo el único demonio es el pueblo palestino. 

 Argentina y América Latina

 El gobierno explorará hasta el final la posibilidad de que el FMI, es decir Estados Unidos y las principales potencias, se avengan a un compromiso precario para patear los vencimientos de deuda y postergar un nuevo acuerdo. De ese logro depende entre otras cosas la suerte del ministro Guzmán. El principal capital del gobierno es vender cara su capacidad de contención de las masas, que de todos modos ya está siendo puesta es cuestión por distintas luchas de importancia que recorren el país, incluso ahora con paros por las paritarias o su reapertura en grandes gremios del movimiento obrero como Alimentación, Refinerías Petroleras, bancarios o los nuevos movimientos de base contra la paritaria estatal. Por delante tendrá que enfrentar el hecho de que la inflación ya ha dejado viejas a las paritarias firmadas a principios de año, planteándose en varios sindicatos el reclamo de nuevos aumentos. 

 Si el gobierno no lograse un acuerdo inmediato con el FMI se vería ante la disyuntiva de ir a un default o improvisar un pacto en los términos que suele exigir el Fondo. Pero si lo lograse, eso no es suficiente para librarlo del alcance de la crisis social que recorre el país, que tiene como expresión más lacerante el salto en las cifras de pobreza e indigencia. Es justamente esa crisis social el combustible que alimenta las grandes movilizaciones de masas en América Latina y también los desplazamientos políticos de fondo que estamos viendo en los países de la región. El triunfo de las listas de sectores independientes identificados con la rebelión popular en Chile en las elecciones para la Asamblea Constituyente, y a su modo la elección que disputa Castillo en Perú, son todas expresiones de un impacto de esta crisis social y política en la subjetividad de los pueblos.

 La ilusión de que Argentina está blindada contra esas tendencias de fondo es mera ilusión. La palabra final, en cualquier caso, aún no ha sido dicha. Lo que es sí es seguro es que las posibilidades que tiene la izquierda son extraordinarias. Nuestra propuesta de que el Frente de Izquierda-Unidad convoque un congreso de masas, abierto a toda la militancia obrera y popular que lucha en la Argentina sobre la base de un programa y una estrategia definida, apunta a desarrollar estas tendencias de fondo. Es por eso que reiteramos nuestra propuesta y llamamos a abrir un debate para ver la mejor forma de concretarlo. 

 Gabriel Solano

Reinaldo Ortega, fotógrafo de las luchas (y de la luna llena)

Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza por la muerte del fotógrafo Reinaldo Ortega. Un luchador, un artista, un documentalista de las realidades más duras, y de las también duras peleas de lxs trabajadorxs para revertirlas. También esos mensajes reflejan un profundo cariño a quien fue durante largos años un compañero amante de la vida, la risa, la camaradería en las buenas y en las malas, y la solidaridad como actitud constante. Siempre con una cámara en la mano. 

 Nacido en Tarija, Bolivia, donde de niño supo admirar la lucha minera contra la explotación y por una perspectiva socialista, Reinaldo emigró a Buenos Aires en plena dictadura militar. Con el inicio del proceso de reinstauración democrática, viviendo en una pensión en el barrio de Once, adhirió al Partido Obrero, que llevaba como candidato a presidente al “Goyo” Flores, líder del Cordobazo y de una clase obrera de la que Reinaldo siempre se sintió parte. Ya desde ese entonces, en el año 1983, Reinaldo, con sus escasos ahorros obtenidos en changas y su incipiente oficio de mecánico, comenzó una actividad que nunca abandonaría: la fotografía. Y su principal motivación fue desde ese inicio el registro de las luchas, de las movilizaciones, de las situaciones en las cuales las personas no solamente sufrían, sino que peleaban por cambiar las cosas. 

 Con los años Rei fue organizándose en sus tareas laborales (en las últimas décadas fue mecánico de camiones, una exigente especialidad), para hacerle cada vez más lugar a su pasión como fotógrafo. Así pudo garantizar una constante cobertura de las actividades del Frente de Artistas del Borda; de las crecientes luchas de los pueblos originarios (de los que él era orgulloso integrante), y particularmente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, orientadas por sus queridas Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen. No había jueves que Reinaldo no estuviera en la Plaza de Mayo, registrando cada lucha que se expresara en la Ronda, con Norita y Mirta como amorosas convocantes. 

 En 2017 integró, como parte del colectivo audiovisual El Cine por Asalto, el equipo de producción y realización del film documental “Una historia de Madres”, sobre los cuarenta años de lucha de las madres de detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, con eje en aquellas que nunca transaron con el poder de turno ni se abrazaron con un genocida como César Milani. 

 Las luchas por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, las movilizaciones criminalmente reprimidas en defensa de las jubilaciones, así como la situación de los pueblos originarios en el Noreste argentino, tuvieron a Reinaldo Ortega como testigo y denunciante, ganando un prestigio que no lo dan los títulos universitarios sino el compromiso y la calidad humana, y la valentía de poner el cuerpo en las situaciones difíciles. 

 Siempre consecuente, Reinaldo puso el cuerpo para cubrir las luchas en la pandemia. En Guernica, donde registró la situación de la toma y también la actividad solidaria del Partido Obrero Tendencia (y su Polo Obrero), organización a la que adhería. En las luchas contra la megaminería. En los recordatorios mensuales del asesinato de Rafael Nahuel por parte de las huestes de Patricia Bullrich… Y ocurrió que hace un mes nos enteramos de que se había contagiado de covid. Nuestro Reinaldo. 

 Su muerte sorprendió dolorosamente a miles que lo conocíamos y que por eso lo queríamos, Quizás estamos acostumbrados a pensar que las personas sanas y fuertes no mueren, que las personas que ríen y aman la vida, y que son tan queridas como nadie más que Reinaldo puede serlo… están tan lejos de la muerte que ésta nunca podría alcanzarlas. Pero no. 

 Entre tantas luchas, Reinaldo se hacía tiempo para mirar al cielo y dedicar su mirada a la Luna. Más precisamente a la luna llena. La fotografiaba casi obsesivamente, en sus distintos estados, con sus detalles esquivos, sus cráteres, sus colores y sus sombras. Era la mirada de quien no se conforma con retratar las tragedias del capitalismo. La mirada de quien sabe que hay que mirar más allá. 

 Hasta la victoria siempre amigo Reinaldo, compañero de todas las luchas. 

 Esta vez la luna va a salir por vos. 

 Reinaldo Ernesto Thuta

 02/06/2021

Nuevo pico de Covid-19 en las villas y barrios de CABA

La política criminal que comparten el gobierno nacional y el de la Capital Federal. 

 En medio del descalabro sanitario que afecta al conjunto del país, se identificó un marcado aumento de casos en las barriadas de la Capital Federal, donde se agravan las dificultades en el acceso a una vivienda digna, al agua y elementos de higiene, y el cumplimiento del famoso “quedate en casa” que el gobierno tanto reclama pero para lo cual no pone los recursos necesarios. 

 Ya en la primera ola estos sectores populares estuvieron en el centro de los contagios con 300 positivos diarios. Tanto el gobierno nacional como el de la CABA intentaron esconder la responsabilidad de su gestión en el desastre sanitario, prometiendo que iban a concentrar sus esfuerzos en los barrios ya que “ahora sabían donde estaba localizado el virus”. Ahora asistimos a la demostración de que en un año ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad han invertido para evitar una reedición de esta situación, resultado de la hoja de ruta de ajuste exigida por el FMI. 

 El aumento de casos se puede ver fácilmente en la alta positividad, que como en el resto del país alcanza un 34%, lo cual está 10 puntos arriba del promedio en la Ciudad de Buenos Aires. En algunos lugares, como Villa Lugano, alcanza hasta un 51%. Este registro parcial, aunque no sea de la misma gravedad que en mayo del 2020, es un adelanto de la catástrofe que se puede desatar si no se toman medidas de cuidado de la población. 

 Lo que se expone primordialmente es que no hay una política sanitaria que contemple la situación de los sectores más empobrecidos, quienes en su gran mayoría obtienen sus ingresos del trabajo precario e informal y no tienen la posibilidad de cumplir un aislamiento -como el determinado por el gobierno 10 días atrás- sin arriesgar sus economías familiares y su supervivencia.

 La precarización ha ido en aumento tras los centenares de miles de despidos durante la cuarentena del año pasado. La eliminación del IFE y el recorte de la ayuda social va a su vez de la mano de la desvalorización de los salarios, los aumentos en las tarifas y la inflación del 42% en un año terminaron por obligar a muchísimos sectores a asistir a trabajos donde los protocolos de bioseguridad brillan por su ausencia. En este sentido, viene en ascenso la lucha de las organizaciones sociales como el Polo Obrero que exigen trabajo genuino, un seguro al parado del $40.000 mensuales, y rechazan el abandono de los comedores, con la clara consigna «con hambre no hay cuarentena». 

 Las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las villas y barrios precarios son un factor fundamental. Mientras los gobiernos hacen eje en la “responsabilidad individual” de la población, poniendo el foco en los cuidados personales, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos, ninguna respuesta ha dado a la crisis habitacional. Todo lo contrario: permitió la liberación de los precios de los alquileres. Incluso lejos de la promesa del gobierno nacional de una inversión de $900.000 millones hecha en diciembre de 2020, recortó un 20% los fondos destinados a la obra pública. 

 El hacinamiento de las viviendas es el caldo de cultivo de toda clase de enfermedades respiratorias, desde asma y broncoespasmo hasta cualquier tipo de virus, incluido el Covid-19. El problema también radica en que no se pusieron en marcha dispositivos como la designación de hoteles ante la imposibilidad de aislar a los infectados en sus propios hogares; una política criminal que parte de la reducción en el presupuesto para combatir la pandemia. Esto convierte rápidamente a todos los convivientes en positivos y consecuentemente eleva la tasa de positividad mencionada. Como si no fuera suficiente, se realizan solamente 600 test diarios, cuando la población en los asentamientos era de cerca de 400.000 personas en 2020. 

 Lo que está de fondo es que el acceso a la salud para los barrios más carenciados de la Ciudad es, cuanto menos, muy limitado. No solo es difícil el acceso a los dispositivos propios de la pandemia como el Detectar, sino también a las cuestiones más elementales como el agua potable; ni siquiera se garantiza lo mínimo para el correcto lavado de manos, un pilar de los cuidados sanitarios. En mayo del año pasado sufrieron dos semanas de corte de agua en la Villa 31, que le costó la vida a Ramona Medina y tantas otras personas, además de que se elevaron estrepitosamente los contagios. 

 A su vez, el colapso de los hospitales públicos de CABA hace que haya un mayor acercamiento a los Cesac, pero en ellos faltan insumos básicos. En el Cesac N°3 de Villa Lugano, donde la positividad supera 50%, faltan barbijos y solo hay dos pediatras por semana. 

 Una prueba más de los problemas en el acceso a la salud son las enfermedades prevalentes no tratadas o descompensadas, que pueden convertirse en un factor de riesgo para quienes se contagian de Covid-19. La diabetes, las condiciones cardiovasculares y respiratorias prevalentes y la obesidad son particularmente graves si no se hace un chequeo todos los años o aparecen problemas para conseguir la medicación. El frío, además, acentúa las enfermedades respiratorias. Recién esta semana la Ciudad habilitó la vacunación, que hasta ahora ha sido a cuentagotas, para personas de 18 a 44 años con comorbilidades; pero la falta de conectividad es una traba real para el empadronamiento de la población, a lo que suman los problemas en la logística, como la falta de vacunatorios en el sur de CABA. Quienes nos gobiernan actúan en términos presupuestarios como si la pandemia no existiera. En esto no hay grieta, ya que el ajuste en el presupuesto nacional de salud del 10% ha sido acompañado por Larreta en cada instancia. 

 Mientras los casos siguen aumentando, cada vez se pone más de manifiesto la importante de la lucha por el aumento del presupuesto de salud, la garantía de las condiciones mínimas de higiene, la puesta en marcha de una gran campaña de vacunación bajo control de los profesionales de la salud, y un plan de viviendas populares accesibles a las familias trabajadores para terminar con el hacinamiento y la degradación de las condiciones de vida. A esto se deben sumar los reclamos de las organizaciones sociales por un seguro al parado, el aumento en la ayuda social y el trabajo genuino. Para garantizar el acceso a la salud de toda la población es necesaria la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados contra los gobiernos hambreadores y ajustadores resposables del desastre sanitario. 

 Lucía Cope

Brasil: las movilizaciones desafían a Bolsonaro

Lula-Cardoso arman una red de seguridad. 

 Este fin de semana, decenas de miles de personas se movilizaron en Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Se estima que fue la convocatoria más numerosa desde las manifestaciones educativas de 2019, antes de la pandemia. El llamado partió de los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, donde hay movimientos sociales, organizaciones obreras, estudiantiles y grupos políticos afines al PT. 

 El malestar popular con el gobierno viene creciendo al calor de la catástrofe sanitaria y social. La pandemia, que el mandatario bautizó peyorativamente como una “gripecita”, ya ha dejado más de 460 mil muertos, una cifra solo superada por Estados Unidos. La tasa de mortalidad por millón de habitantes era hasta la semana pasada la más alta de América del Sur (Infobae, 20/5). Ya hemos abordado en artículos anteriores crisis como la del estado de Amazonas, donde faltaba el oxígeno para los pacientes y estos se agolpaban en los pasillos de hospitales saturados. La vacunación, en tanto, avanza lentamente (solo el 21% de la población tiene al menos una dosis). 

 Pese a todo esto, Bolsonaro mantiene su línea anti-cuarentena e incluso ha recurrido a la justicia contra aquellos estados que han impulsado (módicas) medidas de aislamiento. Como parte de esta desidia criminal, que antepone los intereses empresarios a la salud de la población, se inscribe la aceptación de la realización de la Copa América en el país (que por estas horas quedó en duda). 

 Al mismo tiempo, el desempleo trepó al 14,7% en el primer trimestre de este año. El 40% de los trabajadores está en la informalidad. Y hay un crecimiento de la inseguridad alimentaria, que según algunos periodistas abarca ya a más de la mitad de la población (La Nación, 23/4). 

 Esto ayuda a entender la caída en la popularidad del excapitán de navío, cuyo nivel de aprobación -según una encuesta de Datafolha- ha caído al 24%, en tanto que su intención de voto para las presidenciales del año próximo es de apenas 23% (lejos de Lula, quien va primero en los sondeos y lo derrotaría también en un eventual ballotage). Inclusive, la mitad de la población cree que debe ser removido inmediatamente del cargo (ídem, 31/5). 

 El año pasado, la instrumentación de planes de asistencia social le habían permitido a Bolsonaro mitigar la crisis alimentaria e incluso mejorar un poco su imagen, aun en los estados del nordeste. Pero este año, como fruto de las políticas de ajuste fiscal, la ayuda de emergencia fue reducida a menos de la mitad (a 250 reales) y cayó el número de beneficiarios, además de que solo se extenderá por cuatro meses, contando desde abril (El País de Uruguay, 5/4). 

 Es un escenario de gran tensión social. Las marchas del fin de semana le disputan la calle al gobierno, que llevó a cabo movilizaciones propias, más pequeñas, a lo largo de este mes, incluyendo la participación del presidente en desfiles motorizados. El gobierno no renuncia a sus planes privatistas (Diputados acaba de aprobar el comienzo de un proceso de privatización de Eletrobras) ni a las bravuconadas golpistas, ya que cada tanto amenaza con sacar el Ejército a las calles, pero se encuentra fuertemente golpeado y viene incluso de un choque con los excomandantes de las fuerzas armadas, que renunciaron en disconformidad con la designación de Walter Braga Netto como ministro de defensa. 

 El significado del encuentro Lula-Cardoso 

La oposición trabaja, por un lado, para lograr un relevo político de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Por otro, para evitar una caída previa, desordenada, del gobierno. 

 Una expresión clara de esto es el almuerzo del 12 de mayo entre Lula y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, privatizador serial en los 90 y presidente honorario del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). Este último ya había señalado a los medios que en caso de un ballotage entre Lula y Bolsonaro votaría por el referente del PT. Ahora, dijo que “quien no tiene perro, caza con un gato” (La Nación, 22/5). FHC es consciente de que su partido tiene pocas chances de terciar en la confrontación electoral y que la principal carta de recambio hoy es Lula, quien ya cumplió un rol clave como factor de contención del proletariado brasileño, el más importante de América Latina, en la primera década de este siglo. Pero además, el sociólogo dijo que el almuerzo buscaba “ayudar a distensionar” (ídem) el cuadro político actual. Se busca crear una red de seguridad institucional que evite una mayor desestabilización política (todavía hay un largo trecho por recorrer hasta octubre del año próximo) y que prevenga una irrupción popular masiva, en una región marcada por levantamientos populares (Chile, Colombia, Paraguay). 

 Visto desde el otro lado de la mesa, el almuerzo es también una expresión de moderación de Lula, quien nuevamente busca mostrarse como un hombre de confianza ante la burguesía. Hay quienes especulan incluso con que elija como compañero de fórmula a un hombre de los mercados, repitiendo la experiencia que lo llevó a adoptar como candidato a vice en 2002 a José Alencar (ídem). Lula toma nota del malestar que anida en sectores de la burguesía brasileña con Bolsonaro. A mediados de marzo, un grupo de economistas y empresarios -incluyendo a dos directivos del Banco Itaú- publicó una carta con críticas a la gestión sanitaria del gobierno, en la que señalan también que “’la recesión’ del momento no se superará ‘mientras la pandemia no sea controlada por la acción competente del gobierno federal’” (El País, 21/3). Es decir, estos cartistas ven que el desastre pandémico agudiza la crisis económica y reclaman un cambio de orientación -claro que con la hipocresía de omitir su propia responsabilidad en el mantenimiento de la economía abierta a toda costa, a pesar del virus. 

 Mientras se producen todas estas negociaciones políticas, en el Senado se ha puesto en funcionamiento una comisión de investigación del Covid-19, que si bien no tiene ninguna pretensión de desplazar ni imputar a Bolsonaro, sirve para ir desgastándolo políticamente de cara al 2022.

 La línea del jefe del PT es un frente amplio sin límites a la derecha, incluyendo a sectores que participaron del golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Las centrales sindicales son tributarias de este operativo, lo mismo que la dirección del Psol (uno de sus dirigentes, Marcelo Freixo, tuiteó sus felicitaciones a Cardoso y Lula por su “gesto de grandeza y responsabilidad con el país” -ídem, 21/5). 

 En oposición a esta línea, es necesario redoblar la movilización y avanzar en un plan de lucha por las reivindicaciones más sentidas (centralización del sistema de salud, triplicación presupuestaria, ayuda de emergencia de 600 reales, prohibición de despidos, seguro al desocupado, etc.) y para echar ahora a Bolsonaro-Mourao y todo el régimen de explotación. 

 Gustavo Montenegro

India: un nuevo capítulo de la rebelión campesina

Seis meses de una gesta histórica. 

 En medio de una jornada que ha sido bautizada con el nombre de “Black Day” -en alusión a las privatistas y anti campesinas leyes del primer ministro indio Narendra Modi-, miles de campesinos indios han protagonizado este miércoles 26 de abril una nueva ola de acciones de lucha contra el gobierno nacional, en coincidencia con los primeros seis meses de rebelión. Así, los agricultores han recordado de manera práctica el inicio de su gesta, que se dio al compás de un paro general que involucró a cerca de 250 millones de personas y unió a agricultores y obreros en un rechazo al paquete de reformas anti populares de Modi.

 El accionar campesino ha desquiciado al gobierno y a la clase capitalista en su conjunto; la maquinaria estatal toda ha venido siendo utilizada para desactivar, o al menos alivianar, la algidez del proceso de lucha en curso; sin embargo, esta iniciativa, desarrollada con métodos en extremo reaccionarios –militarización de la vía pública, represión violenta, intervención de la Corte Suprema, entre otras- ha fracasado estrepitosamente. 

 Los agricultores rechazan la introducción de los pulpos del agronegocio en el mercado de cosechas campesinas, lo que conduciría a la fijación de precios por parte de estos, eliminando de hecho el precio sostén que el Estado garantiza a los agricultores; dicha ley fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema como producto de la lucha. El gobierno, hasta el momento, permanece negado a derogar el paquete ajustador y se encuentra apostando a un desgaste, sin privarse incluso de llevar a cabo una intensa campaña difamatoria en la cual acusa a los campesinos de ser un factor de agudizamiento de la catástrofe sanitaria que impera en el país. 

 La medida de lucha última, convocada por el Samyukt Kisan Morcha (SKM), un organismo que nuclea a alrededor de 40 organizaciones campesinas, concentró su mayor fuerza en los estados de Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Rajasthan. Ha contado con la participación, asimismo, del Sindicato de Servicios Técnicos, de la Federación de Empleados del PSEB (ingenieros eléctricos) y de trabajadores abogados (The Tribune, 27/5). En varios lugares del país los manifestantes izaron banderas negras y quemaron efigies de elementos pertenecientes al Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de gobierno. Fiel a su reaccionarismo, Modi desplegó a sus tropas policiales, lo que terminó con choques entre las fuerzas sociales en algunos puntos de convocatoria. Los campesinos han exigido al gobierno que reabra las conversaciones entre ambas partes, paralizadas desde enero, de lo contrario intensificarán las protestas; como se ve, a pesar del grave cuadro pandémico en el que la clique gobernante ha sumergido al país, la lucha campesina no cesa. 

 El marasmo social y sanitario reinante ha afectado de forma muy aguda a las zonas rurales, cuyo territorio alberga a casi dos tercios de los 1.370 millones de habitantes del país, en las que las instalaciones de atención médica están sumamente deterioradas o no existen. El sistema de salud en estas regiones se caracteriza por la falta crónica de personal –y la súper explotación laboral-, la carencia, en muchos casos, de suministro eléctrico o agua, y una cantidad famélica de camas –en el distrito rural de Normada, por ejemplo, para una población de casi 600.000 habitantes hasta principios de abril existía únicamente un hospital Covid-19 con 100 camas. 

 Las tasas de inoculación, por otra parte, son harto bajas, hasta el lunes solo el 11,1 por ciento de la población total ha recibido la primera dosis de la vacuna. Al 14 de mayo, la mitad de las dosis se habían suministrado, a comparación de los distritos urbanos, en áreas semi-rurales, y apenas un tercio en áreas rurales. 

 La clase obrera, en escena 

Modi ha llevado a las masas a padecer penurias mayúsculas; cientos de campesinos se han suicidado o se encuentran endeudados con prestamistas usureros, y la tasa de desempleo está en el pico más alto después de cuatro meses, con más de siete millones de puestos de trabajo perdidos solo en el mes de abril. Estamos ante un gobierno ferozmente anti obrero y pro imperialista, que en vez de orientar los recursos del fisco en función de los intereses de las mayorías populares, ha avanzado en una política de rescate de la industria y de la banca –reforma laboral, inflación, recortes salariales, entre muchos otros- y ha venido reforzando el carácter pretoriano del Estado, no solo para proteger su frente interno y derrotar a las masas, sino también para posicionarse mejor en el marco de las crecientes tensiones y choques bélicos que tienen lugar en la región, especialmente con China. 

 Frente a la catástrofe sanitaria, se han desenvuelto recientemente diversas luchas obreras, fundamentalmente contra el aperturismo económico y el ataque de las patronales. En el sureño estado de Tamil Nadu, los trabajadores de Hyundai Motors conquistaron el parate de una producción no esencial que dejó sin vida a diez obreros producto del coronavirus. Por otro lado, en la misma región, los trabajadores de MRF Tires LTD (manufactura) han ido a la huelga por el cierre inmediato de las plantas luego de que ocurriera lo mismo. Más de 300 obreros de Caparo India (autopartista) siguieron de igual forma esa hoja de ruta. Miles de trabajadores de la salud precarizados, en el estado de Karnataka, fueron a la lucha contra la falta de equipos de protección personal (EPP) y por el pago de salarios adeudados. 

 Sin embargo, las principales centrales sindicales mantienen aisladas las luchas y en los hechos tributan políticamente al Partido del Congreso (CNI), la fuerza histórica del nacionalismo burgués indio, bloqueando la posibilidad de una medida de conjunto, hacia la huelga general. 

 Los campesinos han demostrado una valentía inusitada. Su unión con la combativa clase obrera india puede derrotar el ajuste de Modi. 

 Nazareno Kotzev

Lukashenko, el secuestro de un avión y la disputa sobre Bielorrusia

Se reabre la crisis internacional alrededor de la ex república soviética.

 Con el argumento (luego demostrado falso) de una amenaza de bomba adjudicada al grupo militante palestino Hamas, el gobierno de Alexander Lukashenko ordenó, a través de un avión de caza, el desvío y aterrizaje de un avión comercial de la compañía Ryanair que se encontraba sobrevolando el espacio aéreo bielorruso. En el vuelo en cuestión, que debía unir Grecia con Lituania, viajaba el periodista y bloguero Roman Protasevich, un opositor al régimen bielorruso que fue detenido con el avión ya en Minsk y que enfrenta cargos por “extremismo” que lo llevarían a 15 años de prisión. Este verdadero secuestro de un avión comercial, con pocos precedentes, volvió a azuzar la crisis política que se urde, involucrando a distintas potencias, alrededor de los destinos de la ex república soviética. 

 El escenario bielorruso, luego de la irrupción popular

 La situación política bielorrusa viene determinada por el estallido popular desenvuelto desde agosto de 2020 contra el fraude electoral que volvió a consagrar a Lukashenko como presidente, cargo que ocupa desde 1994. La comprensión de la estafa que se estaba operando volcó a las masas a la calle, con movilizaciones de cientos de miles que se transformaron en las más importantes de la historia nacional. Como rasgo distintivo, la clase obrera intervino con sus métodos, paralizando cientos de fábricas y lugares de trabajo que constituyen el nervio de la economía del país. La rebelión condensó el rechazo al régimen autoritario y de poder personal, que se caracteriza por la persecución a la oposición y la violación de derechos democráticos elementales, pero también reunió el descontento ante el empeoramiento de la situación económica y frente al descalabro sanitario fruto del negacionismo que se practicaba desde las esferas gubernamentales. 

 En contradicción con su composición social, a la cabeza del movimiento se encontraba una coalición política, liderada por Svetlana Tijanóvskaya, cuya orientación consistía en remover a Lukashenko para erigir un gobierno alineado con la Unión Europea y Estados Unidos, que buscara un mayor ascendiente del capital imperialista en la escena nacional. Los límites de la oposición, que pugnaba por una intervención extranjera, junto con el apoyo brindado por Putin, lograron la permanencia de Lukashenko en el poder a pesar de la pérdida de apoyo popular. 

 A la vez, el régimen desarrolló una represión furiosa. Se cuentan más de 30 mil detenidos, muchos de ellos torturados, así como decenas de muertos y/o desaparecidos. La detención de Protasevich forma parte de la persecución sistemática a la prensa y a los creadores de contenido ligados a la oposición o que mostraban el accionar represivo. Recientemente, el gobierno cerró el canal de internet tut.by, el más visto por la población. Como consecuencia de la conjunción de estos elementos, el proceso de movilizaciones amainó, lo que no fue excusa para que cesara la persecución hacia los opositores al gobierno. 

 La disputa sobre los ex estados obreros 

Rápidamente, la Unión Europea (UE) anunció sanciones contra el régimen de Lukashenko empezando por el impedimento para operar a la aerolínea nacional, así como indicando a las compañías aéreas del continente la obligatoriedad de no transitar el espacio aéreo bielorruso. Otras medidas incluyen la profundización de las sanciones económicas tanto contra dirigentes gubernamentales, como contra empresas. Al mismo tiempo, en un chantaje público, la cabeza de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que se encuentran a disposición del país europeo oriental ayudas por 3 mil millones de euros siempre y cuando se desarrolle una “transición democrática”. Estados Unidos, por su parte, también anunció sanciones en el mismo sentido. 

 La preocupación por la persecución a la oposición política en Bielorrusia por parte del imperialismo es un acto de gigantesca hipocresía. El mismo Putin, en un mitin con Lukashenko, recordó el episodio en el que se le impidió al avión del presidente boliviano Evo Morales transitar el espacio aéreo europeo, forzándolo a aterrizar en Austria, por la sospecha de que se encontraría a bordo Julian Assange – otro preso político, capturado violando toda normativa mientras guardaba asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. Entre la multitud de atropellos que cometen los estados imperialistas podría mencionarse también la libertad con la que contaban los aviones estadounidenses para llevar detenidos a la prisión (en realidad un campo de torturas) de Guantánamo. De lo que se trata, para las potencias occidentales, es proceder a una colonización completa de la economía de Bielorrusia y del conjunto del espacio que ocuparan los ex estados obreros. En ese proceso de colonización se da una disputa por un lado con otros competidores (China), pero también con la burocracia gobernante que busca ordenar la restauración capitalista en sus propios términos. En Bielorrusia más del 50% del PBI proviene de sectores bajo control estatal, así como el 75% de la producción industrial. 

 Putin, por su parte, procedió a reunirse con Lukashenko y a brindarle su apoyo en esta crisis. Para el mandamás ruso se trata de coronar una orientación consistente en volver a colocar al país vecino completamente bajo su órbita, luego de que desde Minsk se hubiera desarrollado en los últimos años un coqueteo con occidente, buscando hacer de pivot entre Rusia y la OTAN. La rebelión popular volvió a obligar a Lukashenko a recostarse sobre el Kremlin, que incluso ofreció efectivos policiales para reprimir las manifestaciones. Rusia busca poner límites a la ofensiva política que se desenvuelve en sus fronteras a través de la puesta en pie de regímenes o gobiernos pro OTAN, como en Ucrania. En estos días, desde Moscú se están está entregando al gobierno de Lukashenko un préstamo de 500 millones de dólares que servirá para aceitar las relaciones entre ambos regímenes. 

 Contra dos bloques reaccionarios, una oposición obrera 

Este devenir de los acontecimientos deja planteada a las claras la naturaleza de los bloques que se disputan Bielorrusia. La clase obrera debe advertir que en el momento en el que los trabajadores estaban protagonizando la rebelión, las medidas de la UE se limitaron a formalidades diplomáticas y económicas que no desestabilizaron al régimen y vuelven a la carga ahora que pasó el punto álgido, por el momento, de la intervención popular. No quieren que se de una derrota del gobierno a manos de un movimiento obrero y popular, sino que buscan una transición en sus términos. Putin, por su parte, pretende anudar el destino del país al servicio de una clique y una aristocracia restauracionista que busca sostenerse mediante métodos policiales. Una renovada intervención obrera en la crisis debe darse bajo el norte de la independencia política.

 Leandro Morgan

EE.UU.: Seis mil millones de dólares para “recuperar la hegemonía”

El presidente estadounidense Joe Biden declaró su objetivo de recuperar el liderazgo internacional, revertir el aislacionismo de su antecesor Donald Trump, restaurar alianzas internacionales y fortalecer la diplomacia para el cual dispuso un presupuesto federal de seis mil millones de dólares, elevando inversiones en infraestructura, educación y combate al cambio climático. 

 El gobierno elevó de manera sustancial el gasto en diplomacia, asistencia económica y de seguridad, en partidas destinadas a varios países, incluidos México y Centroamérica, dotando al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) con 58 mil 500 millones de dólares, lo que supone un incremento de más de 10 por ciento del actual y 50 por ciento más de lo presupuestado por Trump para el año fiscal 2022. 

 Entre los fondos propuestos se incluyen 861 millones de dólares en asistencia a países centroamericanos para abordar las causas de origen de la migración hacia la frontera estadounidense, lo que sería la primera entrega de los cuatro mil millones en total a lo largo de cuatro años que se dedicarían a ese esfuerzo.

 Los fondos propuestos bajo el llamado Fondo de Apoyo Económico (ESF) para el hemisferio occidental suman 455.3 millones, incluyendo recursos destinados a Venezuela para “fortalecer diversos actores democráticos para organizar internamente, ampliar la coalición democrática… defender principios democráticos y promover el bienestar de los venezolanos”. Amén.

 La propuesta hace énfasis en enfrentar lo que llama la influencia maligna de China y Rusia. De hecho, incluye algo que se llama Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la RPC (la República Popular China). 

 Parte del esfuerzo contra esas influencias malignas se realiza a través de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales –agencia federal independiente cuya misión es informar, comunicar y conectar a personas alrededor del mundo en apoyo a la libertad y democracia. Está compuesta por dos entidades: La Voz de América y la Oficina para Transmisión de Cuba, y cuatro agencias no federales que incluyen a Radio Free Europe.

 Anhtony Blinken, secretario de Estado, declaró que estos fondos beneficiarán a los estadounidenses al mejorar las condiciones de salud ante la pandemia, abordar el cambio climático, ayudar a responder a las causas de fondo de la migración irregular desde Centroamérica, pero sobre todo reafirmar el liderazgo estadounidense en la promoción de la democracia y contrarrestar el creciente autoritarismo.

 Asimismo, añadió, que los fondos son “para ofrecer liderazgo humanitario internacional y enfrentar la competencia directa de naciones que no comparten nuestros valores de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. Nuestra seguridad nacional depende no sólo del poder de nuestras fuerzas armadas, sino también de nuestra habilidad para conducir de manera efectiva la diplomacia y el desarrollo”, dijo Blinken. 

 La iniciativa fue en parte propuesta por el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el cual el gobierno de Biden está discutiendo formas de colaboración dentro de esta iniciativa –tema al centro de la próxima visita de la vicepresidenta, Kamala Harris, a México el mes próximo. 

 Los fondos para México y otras partes del hemisferio occidental se administran por diversos programas e incluyen los destinados al combate del narcotráfico, capacitación militar, iniciativas de seguridad incluyendo la migración y para enfrentar a amenazas por fuerzas malignas, las que no fueron identificadas, pero tienen que ver con China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, entre otros países “malignos”. 

 Según las propuestas, 570,4 millones se destinarán a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer sistemas de justicia criminal incluyendo el combate a las drogas sintéticas fabricadas en México. De este total, se proponen 64 millones para México, bajo la oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de Ley (Incle) del Departamento de Estado., para el año fiscal 2022 (en 2020 era de 100 millones). 

 Un total de 14.1 millones se destinará a América Latina, a través del programa de Educación y Capacitación Militar Internacional dedicado a fortalecer las alianzas militares y coaliciones internacionales imprescindibles para los objetivos estadounidenses de seguridad. 

 México, Colombia, Panamá y los del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador) son los focos prioritarios de este plan de Biden-Harris. La Usaid propone 660 millones de dólares para el hemisferio occidental. La propuesta de gasto del Departamento de Estado también incluye una aporte al National Endowment for Democracy (NED) por 300 millones, parte de lo cual se distribuye entre los agentes pro-estadounidenses en América Latina. 

 Pero para evitar que Venezuela se estabilice y siga desarrollando su «diplomacia de paz con justicia social», en alianzas con China y Rusia, surgen los lobbies financiados por Washington, como el de Amnistía Internacional, que protestó porque el gobierno argentino decidió retirarse de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente constitucional venezolana Nicolás Maduro por gobiernos conservadores, autopromocionados como «defensores de los derechos humanos».

 Las sanciones impuestas por Estados Unidos, en nombre de la democracia, han provocado la pérdida de más de 116.000 millones de dólares a Venezuela. En entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg, Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center de Washington dijo que “la administración de Biden se siente incómoda con la severidad de la política de sanciones” a Venezuela. Apenas un reconocimiento al pese a los cientos de millones de dólares invertidos. 

 Estados Unidos ya avanzó en el desmembramiento de los organismos de integración y cooperación interamericanos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Este choque también se manifiesta dentro del Mercosur, donde fuerzas conservadoras presionan por la ratificación del tratado de libre comercio con Europa, la flexibilización del bloque que significaría su práctica desaparición, la ratificación de la exclusión de Venezuela. 

 Los fondos que maneja Washington tienen que ver también con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presidente, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, en su primer viaje a América Latina, prometió en Quito al nuevo presidente, ex banquero Guillermo Lasso, más de mil millones de dólares este año.

 El capitalismo trata de reajustarse 

 Esta nueva etapa del gobierno demócrata estadounidense del reajuste del capitalismo quiere formatear el conflicto de clases en el mundo, con una política de pinzas: aplastar las disidencias o cooptarlas en la vieja teoría de la zanahoria y el garrote. El uno por ciento de la humanidad que maneja el mundo va reajustando, al ritmo de las nuevas tecnologías, las técnicas de control y represión.

 Para extender su hegemonía y control a nivel mundial, Washington insufla nueva dinámica a su vasta red diplomático-consular, los centros de inteligencia, las bases militares en alta mar ubicadas en los cinco continentes, las oficinas de enlace que actúan dentro de las embajadas, los think tanks, agencias de seguridad federales que controlan las políticas y eventuales amenazas a la “seguridad de EEUU” pese a estar a miles de kilómetros, las fundaciones y oenegés que, en definitiva, son herramientas más el desplazamiento castrense. 

 La revista estadounidense Newsweek reveló que durante la última década –durante los gobiernos de Barack Obama y Trump- el Pentágono construyó un ejército paralelo de 60.000 civiles y militares (principalmente fuerzas especiales y contratistas), que operan encubiertos y dibujan su principal labor en los países de América Latina, uno de los grandes escenarios de guerras de nuevo tipo, en especial revueltas contra el conflicto de clases.

 Es un ejército paralelo de especialistas en inteligencia, lingüistas, expertos en guerrilla digital, piratería informática y manipulación de medios, con un presupuesto de 900 millones de dólares para licitaciones y contratos adjudicados a más de un centenar de empresas privadas que respaldan su actividad tanto en términos militares como mediáticos, para las campañas mercenarias contra los gobiernos que desean ver subyugados. 

 No se debe olvidar que el presupuesto militar de los EEUU representa el 39% de todos los del planeta y el año pasado alcanzó los 778.000 millones de dólares, tres veces el de China (252.000 millones de dólares). 

 Hoy pareciera que se da un cambio de careta: los militares del Comando Sur pasan a segundo lugar, detrás de los políticos del departamento de Estado, para imponer las mismas políticas. En América Latina y el Caribe, a la crisis estructural del capitalismo se ha sumado ahora la pandemia, que deja un tsunami de hambre y desempleo masivos. Mientras, en Colombia, Paraguay, Chile, por ejemplo, vuelven las desapariciones forzadas de los jóvenes manifestantes, las torturas, el uso de paramilitares disfrazados de civiles, ante el silencio de los gobiernos, de los medios masivos de comunicación y también de las organizaciones internacionales. 

 El verso de la «lucha contra el terrorismo» ha sido útil para mantener el perverso festival de las «sanciones». Nada nuevo: hay continuidad con las políticas del ultramontano Donadl Trump (y antes de Barack Obama), entre ellas 243 medidas coercitivas impuestas a Cuba, que sufre desde hace casi 60 años un bloqueo económico unilateral en Washington. Pasan demócratas y republicanos, el bloqueo permanece y las pérdidas cubanas suman 144 mil millones de dólares 

 Desde hace 19 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba cada año una resolución condenando y pidiendo el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba. La votación se repetirá el 23 de junio y seguramente, Biden impondrá su doctrina de los hechos consumados, o sea el de desautorizar las decisiones de la ONU para seguir con su política de destrucción de pueblos que no se someten a sus intereses, llámense, Cuba, Venezuela o Palestina. 

 «Plomo, plomo, para defender a la gente de bien», escriben la derecha y ultraderecha en Colombia, incitando a las masacres de jóvenes manifestantes que ponen su vidas en riesgo en busca de un futuro que hoy se les niega, a quienes definen como «terroristas» porque impiden el libre flujo de sus ganancias (no de la economía9 con sus barricadas. 

 En Paraguay, el asesinato de dos niñas se presentó como una acción antiterrorista contra la guerrilla del Ejército del Pueblo, y donde una jovencita de quince años, hija de presos políticos, Lichita, sigue desaparecida, después de una represión militar. En Perú, con el pretexto del «regreso del terrorismo senderista» montan masacres e intentan compactar a toda la derecha, y evitar la victoria de Pedro Castillo, el líder de los maestros.

 Es claro el apoyo de EEUU a la destrucción de la democracia social en nuestra región. En Brasil, con la farsa de la Operación Lava Jato y al asunción al poder del partido militar, en Bolivia con el golpe contra el presidente Evo Morales (con la destacada ayuda de la Organización de Estados Americanos), con el apoyo al banquero Guillermo Lasso en Ecuador para finalizar la tarea de Lenin Morano en la demolición de las políticas progresistas (y no alineadas con EEUU) del gobierno de Rafael Correa 

 Pero quizá la destrucción de Venezuela y la imposición del imaginario colectivo que el mal mayor de la región era ese país caribeño y el peligro que conllevaba la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez y que, además, allí todos se morían de hambre.

 La presencia de los golpistas venezolanos en EEUU y Europa dejó en evidencia de que el bloqueo y las sanciones a Venezuela solo sirvieron para el enriquecimiento de la banda de ladrones que representaba el (hoy caído en desgracia) “presidente interino” Juan Guaidó y sus patrocinantes de los poderes fácticos estadounidense y europeo, y la codena a pasar hambre de millones de venezolanos.

 El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejército de milicias de seguridad privada, centros de control de satélites, centros de investigación, medios de comunicación y periodistas alquilados y/o contratados, es crucial para mantener la prisa sobre América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China y de Rusia en el continente. 

 Aram Aharonian | 01/06/2021

 Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

Las mujeres de Palestina

Hija del general Mattiyahu Peled, quien después de la guerra de los seis días (1967) protestó contra la política de asentamientos y colonización de Tel Aviv en Palestina, la filóloga, traductora y pacifista israelí Nurit Peled Elhanan (Jerusalén, 1949) perdió a su propia hija de 14 años en un atentado suicida palestino (1997). 

 Invitada por el Parlamento Europeo con motivo del Día de la Mujer, Nurit manifestó: “El llamado mundo libre tiene miedo del útero musulmán […]. La verdadera amenaza son el imperialismo estadunidense, la indiferencia y la complicidad europeas, y el régimen israelí racista y cruel” (8/3/05).

 Añadió: “La violencia local infligida a las mujeres palestinas por el gobierno de Israel y el ejército israelí se ha extendido a todo el planeta […]. Es una violencia que casi nunca se aborda y que la mayoría de la gente en Europa y en Estados Unidos excusan con la boca pequeña”. Los temas de estudio de Nurit versan sobre el racismo en el sistema educativo israelí, con libros de texto dirigidos principalmente contra los palestinos. 

 Nurit responsabilizó a la opresión israelí sobre los palestinos, como causante indirecta de la muerte de su hija. Y en agosto de 2014, en entrevista con el periódico español Público, citó las palabras de Haneen Asharawi, miembro del Consejo Legislativo Palestino: Somos el único pueblo del planeta al que se le exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras Israel es el único país que llama a defenderse de sus víctimas. 

 En sintonía, la profesora de lingüística Tanya Reinhardt (Haifa 1943-Nueva York 2007), de quien Noam Chomsky expresó que su activismo no se limitaba a las palabras, sino también a la defensa de la integridad moral de la propia sociedad israelí.

 “Para controlar Cisjordania –escribió Tanya– Israel debe controlar totalmente la franja de Gaza, convertida en una cárcel totalmente hermética, aislada del mundo […]. Para muchos palestinos, los primitivos cohetes Quassam son una respuesta a la guerra que Israel les ha declarado […]. La respuesta más lógica que Hamas propone desde hace tiempo es el alto al fuego total.”

 Sin embargo, la opinión más elocuente de una ocupación que ha cumplido 73 años, sólo podía venir de sus propias entrañas. Me refiero a Shulamit Aloni (Tel Aviv, 1928), militante del movimiento sionista-socialista Hashomer Hatzair en su juventud, comando del Palmaj (unidad de élite del ejército sionista en la guerra de 1948) y ministro de Cultura durante el gobierno de Isaac Rabin (1974-77) hasta que renunció por disentir con la unión Estado-religión. En una extensa entrevista concedida en abril de 2004 al periódico Yediot Aharonot (literal: Últimas Noticias, publicado en hebreo), y el de mayor circulación en Israel desde 1970, Shulami expresó:

 “En este país hay gente que dice ‘no quiero saber, no leo los periódicos’ […]. Nosotros no aceptamos que los alemanes dijeran ‘no sabíamos’. Eso nos enfureció. Ellos sencillamente no querían saber. Estaban detrás de su führer y admiraban a su ejército. Entre nosotros pasa lo mismo. La gente no sabe y no quiere saber”.

 Sigue: “Sí, saben que han de ser patriotas. ¿Y hay algo más patriótico que una guerra? Dicen: ‘Dios vendrá en nuestra ayuda’. Pero en el cinturón de los soldados nazis estaba escrito: ‘Dios está con nosotros’. Reina aquí una histeria patriótica y la gente ya no dice nada”. 

 Otro pasaje: Me horroriza nuestro desplome moral. Me horroriza nuestra arrogancia y la facilidad con la que matamos y asesinamos a palestinos. No puedo hallar descanso cuando veo el muro que estamos levantando. Robamos la tierra a gentes que viven en este lugar desde hace siglos y nos persuadimos de que somos nosotros las víctimas. 

 Más: “Somos violentos, nos mentimos a nosotros mismos, nuestra exaltación de la fuerza nos está minando. Nos consideramos una democracia cuando se domina a 3 millones de personas que no tienen voz […]. Somos responsables de la sangre judía derramada […]. Ellos ejercen el terror y nosotros se lo devolvemos-centuplicado”.

 Shulamit remata: “En este país, el Estado no tiene su ejército, sino que es el ejército el que tiene su Estado […]. La guerra actual no es una guerra de supervivencia, sino una guerra colonial […]. Yo me considero patriota, y ser patriota significa protestar contra la depravación moral que nos invade”. Shulami fue condecorada en 2000 con el Premio Israel por sus contribuciones a la sociedad y a su funeral, en 2014, acudieron miles de israelíes. 

 Nurid, Tanya, Shulami. Apenas tres de las muchas mujeres que en el supuesto Estado judío empiezan a preguntarse si deben sentir orgullo frente al cadáver de sus hijos. O si en algún libro sagrado, la ética judía perdona que vuelvan a casa con la frente en alto, luego del litúrgico asesinato de niños, ancianos y mujeres palestinos. 

La Jornada, miércoles 26 de mayo de 2021