Cuando el gobierno de Macri declaró la quiebra de la Argentina (llamándole reperfilamiento) aseguró que nunca hubiera querido llegar a ese punto. Lo cierto es que el macrismo ha venido aplicando junto a los gobernadores un feroz ajuste contra los trabajadores, lo cual no le alcanzó para evitar un nuevo default pero sí para sumir a 14 millones de personas en la pobreza.
El panorama es desolador: 46,8% de los menores de 14 años en la pobreza y al 14,5% de los chicos habiendo pasado hambre en el último año, según el Indec. Otro relevamiento, de la Universidad Católica Argentina, asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores escolares o populares.
En este cuadro, el Triunvirato Cayetano insistió en estos días con el reclamo al gobierno que decrete una Emergencia Alimentaria y Nutricional. El planteo ganó un amplio lugar en los diarios y la televisión luego de haber logrado unificar detrás de sí, además del Triunvirato, a la CGT, a la Iglesia, a los gobernadores y a los intendentes bonaerenses peronistas, a legisladores de la oposición, a la UIA y hasta Lavagna
Dique de contención
¿En qué consiste la Emergencia Alimentaria? En realidad, a lo que se reduce el planteo es a facultar al gobierno de Macri para que pueda redirigir partidas presupuestarias hacia la compra de alimentos para comedores y asistencia social. A su vez, apunta a crear un Consejo de la Economía Popular.
No hace falta, sin embargo ninguna ley para satisfacer los reclamos. Ya rige la ley de Emergencia Social aprobada en 2016 –por iniciativa del Movimiento Evita y la CTEP-, que contempla las mismas cuestiones y ha demostrado su carácter inocuo.
El problema no reside en la ausencia de una norma legal. El Poder Ejecutivo tiene todos los resortes y facultades en sus manos para responder a las demandas. Estamos frente a una maniobra dilatoria y distraccionista para sacar de la calle al movimiento piquetero que acaba de ganar nuevamente las calles. El acampe de 30.000 piqueteros que conmovió la vida política nacional fue con tres recamos concretos: apertura de los planes de empleo, duplicación del monto de los mismos y una ampliación y aumento de las partidas de los comedores y ayuda alimentaria y social.
Todas estas demandas podrían ser resueltas a través de un decreto del gobierno. Condicionar la satisfacción de las demandas a la redistribución de partidas- que es el eje del proyecto de emergencia- es una trampa pues los recursos no tienen por qué quedar atados a un presupuesto mutilado en función del déficit cero establecido con el FMI. No es la vara que se viene utilizando el gobierno con los reclamos de la clase capitalista. El estado acaba de devolver 2300 millones de dólares a los bancos en momentos que el país está en default y de otorgar un subsidio a las petroleras en compensación por el congelamiento de las naftas sin proceder a ninguna reasignación departidas.
El gobierno de Macri ha aceptado el tratamiento de la emergencia propuesta por el Triunvirato, con el argumento de que la iniciativa puede ayudar a “descomprimir la situación”. El argumento, viniendo del propio gobierno, nos exime de comentarios: refuerza que estamos ante una cortina de humo. Importa señalar que lo que está en discusión se circunscribe a la cuestión alimentaria. La apertura de los planes y el aumento de los mismos han quedado excluidos de la agenda.
Este operativo incluye a las direcciones sindicales La CGT se reúne con Carolina Stanley para meter la cola ante la creciente lucha del movimiento piquetero independiente. En momentos en que irrumpe el movimiento piquetero y se desarrollan luchas tenaces por el salario y contra los despidos y cierres de fábrica, esta movida le viene como anillo al dedo a la CGT como pantalla para disimular la tregua que sostiene pese al mazazo a los salarios que significó la mega devaluación del peso. La intención de la CGT es una “urgente respuesta institucional” por afuera del movimiento de desocupados que lucha, y restringida sólo a la cuestión alimentaria, cuando uno de los temas vitales del reclamo es la apertura de los planes sociales ante la enorme cantidad de nuevos desocupados.
El conclave tendrá lugar apenas días después de que la ministra de Bienestar Social se negase a recibir a una delegación del Polo Obrero y el frente de lucha cuando 30.000 piqueteros cortaban la 9 de Julio.
En esta movida ya tenemos un ensayo del pacto social que es el que alientan los Fernández , que es armar, con el concurso de la burocracia sindical y la cámaras empresarias , un dique de contención a los reclamos populares empezando por los salarios , suspendiendo la vigencia de las paritarias y avanzando en la flexibilización laboral y reforma jubilatoria, que es la agenda que reclama el FMI y el gran capital.
Llamamos a enfrentar esta maniobra distraccionista. A continuar con la movilización y ganar las calles hasta la satisfacción del pliego de reclamos planteado. La gran lucha en la que está empeñado el movimiento piquetero es un peldaño en la batalla por romper la tregua e impulsar un paro activo de 36 horas y un congreso de bases de trabajadores ocupados y desocupados para poner en pie de lucha al conjunto del movimiento obrero y discutir un programa de salida a la crisis nacional.
Ante la sesión especial, nuestra diputada Romina Del Pla denunciará el operativo, reivindicará el plan del lucha del Polo Obrero y las organizaciones hermanas e impulsará en contraposición la satisfacción inmediata de las reivindicaciones para las cuales la bancada tiene presentados numerosos proyectos: prohibición de despidos, duplicación del monto de los planes sociales, salario y jubilación mínimas al nivel de la canasta alimentaria básica, entre otros.
Pablo Heller y Iván Hirsch
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