El lunes por la madrugada, agentes de la Guardia Civil del Estado Español detuvieron ilegítimamente a nueve activistas por la independencia de Catalunya, militantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), en el marco de una serie de redadas en varias localidades catalanas y una fuerte campaña mediática. Con acusaciones falsas y pruebas plantadas, el gobierno busca crear un clima represivo y de amedrentamiento.
Utilizando la Ley Antiterrorista y violando la presunción de inocencia, el ente a cargo del operativo, la Audiencia Nacional Española (“heredada” del aparato represivo franquista) cercena los derechos democráticos de los detenidos y de la población catalana.
Las detenciones ilegítimas tienen un carácter político. El juzgado enarbola supuestas acciones terroristas en el marco del juicio al “procés”, la querella a los líderes del proceso independentista de 2017, cuya sentencia se espera para las próximas semanas. Estamos frente a un intento del Estado para condicionar el desenvolvimiento de los acontecimientos. Estas medidas represivas apuntan a desactivar nuevas luchas, en el marco en el cual se comienza a dar un cambio en las movilizaciones callejeras: menos multitudinarias que en el pasado, pero también más radicalizadas y con mayor peso de las organizaciones de izquierdas.
En Catalunya, miles se movilizaron, en diferentes localidades, por la libertad de los detenidos. La libertad de los presos políticos injustamente encarcelados y la lucha por la plena autodeterminación de los pueblos es una tarea de todos los socialistas.
Luciano Arienti
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