Mientras ingresamos al último mes de la campaña electoral, la bancarrota económica se agudiza en todos los planos. La caída de las reservas de las últimas semanas ha batido todos los récords. En agosto, por ejemplo, la fuga de capitales alcanzó los 6.000 millones de dólares, siendo la más alta de toda la historia nacional. En setiembre continúa una tendencia similar. Esto explica por qué, a pesar del default selectivo y las medidas de cepo cambiario, el gobierno no cuenta con los dólares para cumplir los compromisos que tiene hasta el fin de su mandato. Las reservas netas del Banco Central rondan en la actualidad unos 13.500 millones de dólares, contra compromisos, para este año, que superan los 14.500 millones. Sin embargo, éstos podrían crecer si aumentase la compra diaria de divisas. La previsión en el corto plazo es que el gobierno deberá aplicar mayores restricciones, tanto en la venta de dólares como en el pago de la deuda.
El impacto del default afecta al conjunto de la economía. El gobierno ha tomado medidas que restringen el pago de la deuda de los grupos capitalistas y también de las provincias. Aunque le vende los dólares para cubrir sus compromisos, no autoriza el giro de los mismos al exterior para no afectar más las golpeadísimas reservas. Están en juego también las divisas para afrontar las importaciones. Como ya ocurriera con la etapa final del gobierno kirchnerista, los precios de la economía empiezan a regirse por el tipo de cambio que surge del llamado mercado con liquid (el precio que se paga para comprar dólares mediante títulos públicos o acciones). Esto agrava el salto inflacionario de un modo evidente. Ya en agosto la inflación mayorista fue del 11,4%, lo que anticipa un traslado a los precios minoristas enorme. Además, como la recesión afectó la recaudación impositiva, el gobierno ha vuelto a recurrir a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Se ha incumplido el compromiso de no ampliar la base monetaria. Esta ha crecido un 2,5%, echando leña a la fogata inflacionaria.
El cóctel explosivo de la combinación de la devaluación con esta emisión ha llevado a varios economistas a advertir que estamos ante el potencial estallido de una hiperinflación. Desde estas páginas informamos hace algunas semanas que esta alternativa era bien vista por un sector de los economistas que rodean a Alberto Fernández, que consideraban que una hiper serviría para desvalorizar aún más los salarios y jubilaciones, así como también licuar el pasivo explosivo del Banco Central -el 1,3 billón de Leliq al 80% de tasa de interés anual. Este sector se reclama defensor de un modelo basado en un “dólar muy alto”, que llevaría en las actuales condiciones a un “rodrigazo” contra los trabajadores.
FMI
Ante la incapacidad de enfrentar los vencimientos de los pocos meses que le quedan en el gobierno, Macri tomó la medida desesperada de ir a Estados Unidos a reunirse personalmente con el FMI. Sin embargo la respuesta que recibió fue la esperada: los 5.400 millones no serán enviados en las próximas semanas. El FMI se reserva esa carta para negociar con Alberto Fernández los términos de la renegociación de la deuda que se anticipa generalizada, y las medidas económicas y políticas de su futuro gobierno. Argentina se ha transformado en una colonia financiera y en un escenario de disputa internacional de las principales potencias. Las renegociaciones y los default desatan peleas de rapiña entre los especuladores internacionales por acaparar un nuevo negociado a costa de la nación.
Mientras un sector de los economistas que rodea a Alberto Fernández señaló que estaba dispuesto a echar mano a los yuanes chinos para financiarse, otro sector salió a rechazarlo, defendiendo un mayor alineamiento con Estados Unidos. Lo cierto, sin embargo, es que el propio Alberto Fernández viene desarrollando negociaciones personales con los principales bancos internacionales y fondos de inversión para llevar adelante una renegociación de la deuda. Ambito Financiero detalla que estas reuniones, que incluyeron entrevistas con los fondos Templeton y BlackRock que hicieron grandes negocios con la dupla Macri-Caputo, se remontan a los meses de marzo-abril, cuando todavía no había sido ungido candidato por Cristina Fernández. ¿Sería lícito deducir que fue por estas relaciones aceitadas con los buitres internacionales que Alberto Fernández se ganó la cabeza de la fórmula presidencial del peronismo-kirchnerismo? Dos más dos, por el momento, siguen siendo cuatro. En esas reuniones, y en otras realizadas en las últimas semanas luego de las Paso, los mismos bancos que protagonizaron el endeudamiento serial bajo el macrismo son los que acercan ahora sus “planes” para refinanciar una deuda que saben impagable. Esos planes, claro, se hacen a su medida: una renegociación sin quita de capital, con mayores plazos de pago y por lo tanto de intereses. En la propuesta armada por los acreedores se contempla que el Congreso no participe de la decisión, porque no habría emisión de deuda nueva sino solo un cambio de plazos de la ya emitida por el macrismo. En momentos de caída de la tasa de interés internacional, como expresión de la recesión mundial y el retroceso de la tasa de beneficio, una renegociación de este tipo sería un extraordinario negociado para los bancos y fondos de inversión que saquearon al país bajo el macrismo.
En una renegociación de este tipo el papel del FMI seguirá siendo clave para velar por la defensa de los usureros internacionales. Para asegurar la posibilidad de un repago de la deuda se prevé avanzar en un ajuste en regla. Esto va de la mano, probablemente, de una nueva devaluación. La pretensión de Alberto Fernández es que este paquete empiece a aplicarse en la transición, una vez culminadas las elecciones de octubre, de modo que el trabajo sucio sea asumido por el macrismo en retirada El ganador de las Paso fue claro en ese sentido cuando se declaró defensor de un superávit fiscal y comercial. Para el primero se impondrían nuevas medidas de restricción de gasto del Estado, empezando por el más importante, que es el de las jubilaciones. Para el segundo, los planes de Alberto Fernández pasan por Vaca Muerta, la megaminería y los agronegocios. Es lo que reclaman, también, la liga de gobernadores peronistas que responden a las megamineras y los monopolios petroleros y del gas. Por lo pronto, Manzur acaba de hacer una gira por Estados Unidos para dar garantías en ese sentido. Una política de este tipo significará una mayor primarización de la economía nacional, es decir, del atraso y la dependencia. En la historia reciente los monopolios petroleros fueron claves para transformar a los movimientos nacionalistas en agentes del imperialismo. La experiencia de Kadafi en Libia, por ejemplo, sigue siendo ilustrativa en ese sentido.
El alineamiento con Estados Unidos tendría, además, demandas políticas concretas. Clarín las detalla con precisión: autorización para que la CIA opere en la Triple Frontera, intervención de la DEA en Argentina y una condena concreta a Venezuela. La última ya está en marcha. Recordemos que Massa reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela y luego de ello fue premiado con la cabeza de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Las otras dos demandas también implicarían “volver al kirchnerismo de Néstor”, que siempre se caracterizó por un alineamiento con el imperialismo yanqui en materia de cuestiones de seguridad.
La clase obrera
Estos planes que se están cocinando como trastienda de la campaña electoral sólo pueden avanzar en tanto se refuerce una ofensiva contra la clase obrera. Para ello el peronismo-kirchnerismo anunció la puesta en pie de un “pacto social” que tendría como pilares a la CGT y a la UIA. Los primeros pasos en ese dirección se dieron ya en Tucumán hace solo días, auspiciado por Manzur, antes de su viaje por yanquilandia. El “pacto social” debutaría con un congelamiento salarial al menos por seis meses, que tendría como contraparte un congelamiento de los precios. Pero como sucede en estos casos, los capitalistas se anticipan y aumentan los productos antes de que entre vigencia el pacto, mientras los trabajadores llegan con sus salarios congelados. El bono anunciado en estos días es un recurso para viabilizar ese congelamiento. A pesar de que se trata de una cifra miserable de 5.000 pesos por única vez, los capitalistas han dicho que muchos no lo podrán pagar. Presuroso, el gobierno ya los habría autorizado a fraccionarlo en 5 cuotas, con lo cual llegaría hasta febrero con 1.000 mensuales. De más está decir que no alcanza ni por asomo a cubrir lo perdido por la inflación, y que incluso deja afuera a los obreros rurales, a las trabajadoras domésticas, a los municipales y empleados públicos provinciales, además que los docentes y no docentes de las universidades nacionales.
Un problema que enfrenta Alberto Fernández es que la burocracia sindical que debe viabilizar el pacto social está fuertemente desprestigiada ante los trabajadores, por su entrega histórica y la más reciente ante el macrismo. Los anuncios de una reunificación de la CGT apuntan a un rescate de esta burocracia, sobre todo de su ala más colaboracionista, mediante un pacto con el moyanismo e incluso con la CTA, que podría dar por cancelada su experiencia de central alternativa y unificarse con los gordos defensores del unicato. Lo que anticipa este movimiento es el pasaje al pejotismo de sus representantes políticos, sea los Lozano y De Gennaro, como otras alas del centroizquierdismo.
Ante esta situación cobra un valor mayor las iniciativas que ha tomado el Plenario Sindical Combativo de reunirse en un encuentro nacional, votar un programa y un plan de acción. Por esta vía no solo se enfrenta al gobierno de Macri y la ofensiva capitalista sino también a los dos pactos que se vienen: al llamado “pacto social” y al “pacto con los fondos buitre”. No resulta casual la calificación de “sedición” contra los cortes y la movilización de ocupados y desocupados del 24 por parte del ministro Garavano. Va en el mismo sentido que el pedido de represión a la izquierda de Bonafini: la unidad nacional empieza a mostrarse en su faceta represiva. La clave de lo que se viene se jugará en el escenario de la lucha de clases y dependerá de la capacidad de la vanguardia obrera y la izquierda revolucionaria de movilizar a las masas contra el intento de descargar al crisis sobre sus espaldas.
La campaña electoral del Frente de Izquierda-Unidad también tiene ese propósito estratégico. Una votación creciente de sus listas y la conquista de una mayor representación de diputados y legisladores será de gran utilidad para colaborar con la acción independiente y extraparlamentaria de los trabajadores. El programa del FIT-U que plantea que la crisis la paguen los capitalistas, el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema bancario, la reapertura de las paritarias, la prohibición de los despidos y suspensiones y la satisfacción de los reclamos inmediatos del movimiento piquetero tienen un valor preparatorio importante. Con estos planteos llamamos a concurrir a todo el activismo obrero y popular al acto del FIT del próximo 5 de octubre en el Obelisco, que será replicado en todo el país.
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