Según lo planteado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), se ha reportado un aumento dramático de incendios de lo que va del año en la Amazonía desde el 1 de Enero al 1 de Septiembre del 2019 en comparación al año pasado. Es así como en Brasil se han reportado 91.891 incendios (aumento del 67%), mientras que en Bolivia se han reportado 20.266 incendios forestales (aumento del 76%).
En lo que respecta a datos sobre tazas de desforestación del año pasado, tanto Brasil (1.347.123 hectáreas) como Bolivia (154.448 hectáreas) lideran la lista de los países con más cantidad de bosques tropicales que se han perdido a nivel mundial, lo cual si no se le pone freno, las catástrofes socioambientales serán cada vez más insostenibles para todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos.
De ahí que la discusión sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía, esté centrada en el actuar tanto del gobierno de Brasil como de Bolivia, en los cuales a ambos se les responsabiliza por la ampliación de la frontera ganadera y agroindustrial en los territorios amazónicos para la exportación de carne y soya, en donde tienen a China como su principal comprador a nivel mundial.
Es así, como en el caso de Jair Bolsonaro, con un discurso abiertamente racista y negacionista de la crisis socioambiental actual, fue capaz de salirse del Acuerdo de Paris, cerrar las secretarías de Cambio Climático, cerrar la Agencia Nacional del Agua y desmantelar los organismos de protección a pueblos indígenas. Además se le ha cuestionado por liberar 262 agrotóxicos y beneficiar a grandes empresas ganaderas como JBS.
Por otro lado, en el caso de Evo Morales, con un discurso pachamamista pero neoextractivista en la práctica, se le cuestiona por emitir el Decreto Supremo 3973, el cual no hace más que legalizar los desmontes para incrementar la frontera agrícola y las quemas en los departamento de Beni y Santa Cruz. Asimismo, se le cuestiona por acordar con corporaciones extractivas, como lo son Bayer-Monsanto, Singenta, Cargill, lo que incrementará los cultivos transgénicos como nunca antes había pasado en el país. Ante esto, que los incendios en Chiquitanía tengan relación justamente con esas políticas.
Lo paradójico de todo esto, es que un país como Bolivia, el cual a nivel constitucional plantea la defensa de la Madre Tierra, entendida ésta como sujeta de derechos, tenga a un presidente que apela a una defensa similar a Bolsonaro con lo ocurrido con los incendios, planteando la idea de una intervención conspirativa desde ONGs ambientalistas para desestabilizar su gobierno, reproduciendo así ambos un discurso nacionalista, aferrado a una idea de soberanía territorial estatal proveniente de la lógica militar.
Por otra parte, el gobierno francés de Emanuel Macron, a través de un discurso globalista liberal, muestra preocupación con la Amazonía, mientras que por otro lado aún mantiene una colonia en Guayana, la cual también está siendo amenazada por el extractivismo de compañías mineras, la desforestación y por los incendios. El caso del Proyecto Minero Montaña de Oro, detenido por ahora, es un buen ejemplo de cómo el extractivismo permea las fronteras nacionales.
Por lo mismo, la discusión entre nacionalistas frente a globalistas, sean estos de izquierda o de derecha, conservadores o progresistas, solo invisibiliza la crisis socioambiental actual. Por eso que la idea de DesBolsonarizar la Amazonía lo que busca es poner en el centro del debate a las múltiples organizaciones ecoterritoriales que se están generando en la región de manera autónoma y transfronteriza, las cuales hace rato están planteando alternativas sustentables desde el ecofeminismo, la permacultura, la agroecología, el decrecimiento, entre muchas otras.
Es el caso de lo realizado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que agrupa a organizaciones de los nueve países que la componen, y que es un buen ejemplo de cómo anteponer plurinacionalmente la defensa y el cuidado de los ecosistemas por sobre intereses estatales y privados.
Una de esas organizaciones, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), ha convocado a la “X Marcha de las naciones indígenas contra las leyes y decreto que destruyen nuestra casa grande”, la cual partirá el 16 de septiembre, de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, hacia la sede de Gobierno de aquel país.
Andrés Kogan Valderramaes sociólogo y editor del Observatorio Plurinacional de Aguas
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