La liberación de un integrante del cartel Guerreros Unidos, detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, preanuncia una cascada de liberaciones de otros involucrados y redobla un operativo de impunidad de los responsables.
Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, era un nexo entre la cúpula de la organización criminal y sus integrantes en la localidad de Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes a fines de septiembre de 2014. El cartel de Guerreros Unidos habría estado involucrado, junto a la policía municipal y el poder político local, en los crímenes y desapariciones de aquellas jornadas.
Lo que ocurre es que todo el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Decenas de imputados hicieron confesiones bajo tortura de las que posteriormente se retractaron, entre ellos Astudillo. Es por ese motivo que el juez ha decidido dejarlo en libertad y ordenaría, por motivos análogos, la libertad de otros detenidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, buscando detener un extraordinario proceso de movilizaciones por la aparición con vida de los 43, había montado la teoría del asesinato de los jóvenes en un basurero de la localidad próxima de Cocula, tras su secuestro por parte de los grupos narcos y la policía municipal. En función de esa “verdad histórica”, que omitía la investigación de la policía federal y del Ejército (integrantes del Batallón 27 de Iguala se cruzaron con los estudiantes durante la noche fatídica de las desapariciones), se embarró la investigación.
Las irregularidades del proceso fueron tan grandes que el año pasado un tribunal recomendó la creación de una Comisión de la Verdad, que fue puesta en pie por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un intento de cooptación del movimiento de lucha.
Aunque muchas de las pruebas contra Astudillo estaban viciadas de nulidad, los familiares y las organizaciones de Derechos Humanos señalan que la justicia omitió otras, legítimas, que involucran al cartel y el poder político local en una operación de tráfico de drogas a Estados Unidos. Esas pruebas, que forman parte de un proceso paralelo iniciado por un fiscal norteamericano, permitirían conectar estos hechos con las desapariciones.
Los familiares y los organismos de Derechos Humanos han denunciado el operativo de impunidad en marcha. Y exigen al gobierno de López Obrador que dé respuestas, toda vez que la nueva fiscalía general no ha aportado nuevas pruebas a la causa.
Los familiares, que supieron poner al Estado en el centro de sus denuncias, mantienen ciertas expectativas en López Obrador, pero al mismo tiempo una política de emplazamiento.
Los intentos de cooptación del primer mandatario encuentran el límite de su propia política frente a la desintegración del país, que pone en el centro de acción a las mismas fuerzas armadas que están asociadas al crimen organizado.
Esta desintegración no se detiene. La puesta en pie de la Guardia Nacional no ha traído una disminución en los crímenes y desapariciones en los municipios en que opera desde el mes de julio. En cambio, ha sido utilizada para la persecución de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, según denuncia la organización Families Belong Together. “Resulta lamentable que la Guardia Nacional haya llegado a Baja California sólo a hostigar a los migrantes. No vemos que persigan y capturen a los criminales. La inseguridad pública prevalece, siguen las matanzas, levantones, feminicidios, asesinatos atroces”, sostiene su directora (Proceso, 7/9).
A casi cinco años de la desaparición de los 43 normalistas, no hay condenados por los hechos. El narcoestado mexicano que los desapareció se autoencubre y busca impunidad. No es de las entrañas descompuestas de ese Estado de donde saldrá la justicia y el fin de las masacres y desapariciones que están asolando al país.
Por el esclarecimiento de las desapariciones y el castigo a todos los culpables materiales y políticos.
Gustavo Montenegro
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