Pero no hay recursos para hacerle frente a ese vencimiento ni tampoco al del Club de París, ni a los de los organismos financieros internacionales, que se concentran entre febrero y marzo. El Banco Central está quebrado. Las reservas líquidas se han agotado. El gobierno espera que la liquidación de la cosecha le aporte los dólares para hacer frente y renegociar algunos de esos compromisos, lo cual no sería factible sin el acuerdo firmado. El superávit de la balanza comercial (por el aumento de los precios de la soja y el trigo, y por la reducción de las importaciones) desaparecerá por los pagos de la deuda y la fuga de capitales, como sucedió con los 14 mil millones de dólares de superávit de 2021.
A pesar de su carácter leonino, de que no se tomó ninguno de los reclamos del gobierno de los Fernández (Estados Unidos acaba de rechazar la eliminación de las sobretasas que constituyen lisa y llanamente usura), la firma del acuerdo no parece correr peligro. Sería anunciado por Alberto Fernández el 1° de marzo en la inauguración de las sesiones legislativas y, contrarreloj, debe ser aprobado por ambas cámaras antes del 22. En estos días, la atención está concentrada en qué harán los bloques en el Congreso.
Una crisis política que se agrava
Todo el arco patronal ha reclamado que se apruebe. El embajador norteamericano, Marc Stanley, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta para garantizar el apoyo de la derecha, que Juntos por el Cambio ya había confirmado, aunque dice esperar a ver la letra chica.
El problema central parece estar colocado en el bloque oficialista. Las declaraciones del presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, de que quiere ver la letra chica primero, sonó como un mensaje de CFK de que no apoyaría el acuerdo; sin embargo, parece ser una movida para que la cámara de ingreso del proyecto de ratificación del acuerdo sea Diputados y no Senadores.
En Diputados, en los últimos días, el renunciante Máximo Kirchner reunió a su tropa y le dijo que no “hicieran olas”, anticipando una abstención (mucho menos el voto en contra), que hay una negociación abierta con el gobierno para ver cómo se distribuye el ajuste.
Todo indicaría que, chisporroteos mediante, el acuerdo va a ser aprobado por el Congreso. De todas maneras, los tiempos son cortos y agudizan las maniobras.
Sin embargo, no debe menospreciarse la crisis que ha desatado el acuerdo anunciado por Fernández. Las resistencias de quienes están de acuerdo en la necesidad de firmarlo parten de las evidencias de que se trata de un “salvavidas” de plomo y tratan de no quedar pegados a las consecuencias del mismo.
En la reciente reunión de las empresas yanquis en la Argentina con el embajador de ese país, luego de apoyar la negociación con el FMI, se quejaron por el cepo. La sequía de dólares no se va a resolver pateando los vencimientos (a un costo enorme), que es lo que se terminó acordando; no está planteada la entrada de capitales, en gran parte por la crisis internacional y sobre todo la de Estados Unidos con la suba de la tasa de interés en ese país.
La industria se queja por el cepo porque no puede comprar insumos en el exterior lo que paraliza la producción, pero también se ve afectada por el alza de la tasa de interés y la eliminación (o recorte) de los subsidios, que son parte de la letra no tan chica.
La pretensión de la oposición de que no se aumenten los impuestos (a los capitalistas, porque a los trabajadores sí se los aumentan) choca con la necesidad de achicar el déficit fiscal, que es una parte sustancial del reclamo del Fondo.
Con en este resumido rosario de quejas de los grupos capitalistas se puede caracterizar que la aprobación del acuerdo por parte del Congreso no implicará un fortalecimiento del gobierno, ni del albertismo y el massimo (los que más cinchan por él) dentro de la coalición oficial. Solo se pasará a otra etapa de la crisis en la que los reclamos de cada facción capitalista adquirirán mayor voltaje. En concreto, la crisis política puede pegar un salto.
Contra el acuerdo, contra el ajuste
La multitudinaria movilización piquetera de este martes 15 (precedida por las multitudinarias marchas del 11 de diciembre y el 8 de febrero pasados) frente al anuncio -entre otras cuestiones, de que se congelarán los planes sociales- anticipa que la aplicación de los acuerdos y de la “letra chica” provoca la más temida de las reacciones: la intervención de los trabajadores. No es para menos, el ajuste que impone acordar el pago de la deuda ha sublevado a media América Latina en los últimos tres años.
Para los trabajadores la “letra chica” ya está en marcha. Los anuncios de los aumentos del transporte, del combustible y de los servicios esenciales (luz, gas, agua, telefonía, salud) terminan echando nafta a la inflación que en enero alcanzó el 3,9% (con un 4,9% para los alimentos), cuando aún el efecto de los tarifazos no se hizo sentir.
Las políticas adoptada por el gobierno en combinación con el FMI (quita de subsidios, devaluación) son un acicate para el aumento del costo de vida, que los índices reflejan parcialmente. La inflación es el ajuste vía la depredación de los ingresos de los trabajadores. Y esto es deliberado, como lo confirma la pretensión del gobierno de un techo del 40% a los aumentos salariales, cuando ningún pronóstico de inflación para el año baja del 55%.
La reducción del déficit fiscal en un 40% que impone el acuerdo con el Fondo planteará además un ataque directo. Esto es lo que está planteado con los planes sociales, pero sucederá con los trabajadores del Estado y con las jubilaciones.
Las peleas dentro del oficialismo o con la oposición esconden que todos están aplicando el ajuste y que quieren ir por más.
En ello reside la importancia de redoblar la organización contra el acuerdo y contra el ajuste en curso, que son parte de un mismo paquete.
Impulsemos una gran campaña con la deliberación más amplia de los trabajadores para ir por la defensa del salario y las jubilaciones, de los puestos de trabajo, de la asistencia social. Para rechazar el saqueo y la entrega de los recursos naturales. Para repudiar el pago de la deuda usuraria y exigir la nacionalización de la banca, de la energía y del comercio exterior.
La campaña, con la agitación y la movilización, va preparando las condiciones para que al momento en que las consecuencias directas del pacto se hagan sentir con toda su magnitud se establezca una salida de los trabajadores.
Eduardo Salas
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