Una colosal manifestación en defensa de la sanidad pública y contra los planes de destrucción de este servicio por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sacudió el domingo 13 de noviembre a Madrid. Más de 500.000 personas convocadas por asociaciones de barrios y pueblos de la comunidad, por sindicatos y asociaciones profesionales, protagonizaron una de las protestas sociales más concurridas que se recuerdan en la capital. La consecuencia inmediata de esta movilización ha sido que la Consejería de Sanidad se vio obligada a iniciar la negociación con el Comité de Huelga de los médicos y sanitarios, algo que había rechazado el viernes 11. Si la convocatoria ha calado de esta forma es porque la población y los trabajadores del sector de sanidad se han hartado de sufrir las consecuencias de unos planes destinados a ceder la prestación de la atención médica y sanitaria de forma creciente a centros privados. Es esta política la que retacea recursos y contrataciones de médicos y sanitarios en general.
Díaz Ayuso representa la línea dura del Partido Popular en una batalla por sustituir como baluarte de la derecha al partido Vox. Una disputa por el liderazgo en la capital del Estado español de las fuerzas de la derecha. Díaz Ayuso además supone una presión sobre el propio partido por sus éxitos electorales que aprovecha para amenazar a la conducción nacional ejercida por el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo tras una fuerte crisis en el interior del PP. Esta posición se refleja en la defensa a ultranza de sus planes de privatización de la sanidad pública, al desprecio de los defensores de la sanidad pública, y la acusación de que hay una conspiración comunista que promueve la lucha de los profesionales de la salud. Una argumentación que la va a deteriorar políticamente de forma inevitable. No en vano la manifestación coreó de forma reiterada la consigna de ¡Ayuso dimisión!
La manifestación del 13 N supone en este sentido no solo un desmentido en los hechos a sus palabras. Es una demostración en acto de la forma en la que se debe combatir al progreso de la derecha: la lucha. El instrumento de la huelga. La independencia política de los trabajadores. La supremacía de la calle sobre las negociaciones a puerta cerrada. El respeto de las direcciones sindicales a la iniciativa de un Comité de Huelga sobre la evolución de un movimiento de fuerza. La necesidad de adoptar las decisiones de lucha en asambleas por centro de trabajo. La esterilidad de las rogativas a parlamentarios y la presentación de peticiones al Congreso.
La movilización supone un apoyo decisivo de la población de Madrid a la lucha de los sanitarios.
Los médicos han declarado una huelga indefinida en las urgencias extra hospitalarias reabiertas de forma precaria el 7 de noviembre. La falta de profesionales y de recursos ha llevado a la saturación de pacientes con listas de espera a plazos intolerables. AMYTS, el sindicato de médicos de los servicios públicos, ha decretado además una huelga indeterminada en los centros de atención primaria a partir del 21 de noviembre.
Explotación y medidas de fuerza
La presión sobre médicos, enfermeras y técnicos, les lleva a ver 60 pacientes al día en una jornada de trabajo de seis horas mientras los pacientes esperan meses a que se les realicen pruebas impostergables. La liquidación de las zonas de atención primaria y la libre elección de centros ha determinado además que se deriven pacientes a los centros públicos con gestión privada a cargo de grandes multinacionales como el grupo alemán Fresenius. Esta es una política premeditada de largos años para desmantelar la sanidad pública que ha desamparado a los trabajadores de Madrid. Se trata de privatizar la sanidad y dejar a los trabajadores en un sistema sanitario de misericordia, sin recursos y sin plantilla profesional suficiente.
Es el fermento en la base de la sociedad y de los trabajadores del sector sanitario lo que ha provocado este verdadero estallido. El sindicato médico y los de los sanitarios se han enfrentado a la Consejería de Sanidad de Madrid de forma sistemática por los ritmos de trabajo y el deterioro de los servicios, pero en los últimos dos meses la presión para la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cerrados durante la pandemia, ha conducido a un plan de reapertura que los denomina Puntos de Atención Continuada.
Éstos debían pasar de 38 a 17. La resistencia de todo el espectro de los trabajadores de la sanidad pública obligó a la Comunidad de Madrid a ofrecer la reapertura de 39 centros, pero sólo 17 de ellos dotados de médicos. Al mismo tiempo el Servicio de Atención Rural en esta comunidad, también esquilmado de recursos humanos durante la pandemia, abriría 49 centro de los cuales 29 no tendrían médico. En la negociación con la Consejería de Sanidad los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT, SATSE y CSIT UNIÓN PROFESIONAL que habían aceptado una propuesta vergonzante de la Comunidad de Madrid debieron retractarse y aceptar la decisión de convocar a la huelga de médicos y sanitarios. En la reunión del 11 de noviembre con la Consejería de Sanidad el sindicato de médicos AMYTS exigió que se negociara con el comité de huelga que dirige este movimiento de fuerza, propuesta que entonces fue rechazada y hoy se ha hecho realidad.
Hay que mantener las huelgas hasta la victoria
Es decisivo recalcar que la huelga está en pié, y que el 21 se inicia la de los Centros de Atención Primaria. Por lo tanto ninguna decisión se debe tomar a espaldas del Comité de Huelga. En la medida que la Consejería de Sanidad ha llamado a retomar las negociaciones, respetar la autonomía del Comité de Huelga es fundamental. Pero esto no quita el hecho que el propio Comité de Huelga no debe retroceder en la negociación pues esto lo alejaría de las necesidades de la población. El triunfo de este movimiento de fuerza puede suponer una seria derrota a la política de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid con consecuencias nacionales porque esta lucha no está limitada a Madrid. Hay conflictos por el abandono de la sanidad pública en Valencia y Baleares donde no gobierna el PP sino una coalición “progresista” entre PSOE y otras corrientes en el primer caso, y del PSOE en el segundo. Pero la misma batalla está planteada en Cantabria, Andalucía o Aragón. Por lo tanto la reacción popular en la capital va a reforzar la lucha en todo el Estado. Algunas corrientes, tanto en plataformas sociales como organizaciones políticas, señalan que la manifestación es importante, pero como siguen en pie la Ley 15/1997 y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad que legalizan las privatizaciones nada cambiará. Esta forma de razonar es un verdadero desprecio al movimiento de fuerza y a la lucha de la población trabajadora en su intento de frenar a Díaz Ayuso. Es responsabilidad de las corrientes que militan en el seno de este movimiento introducir la lucha por la derogación de la Ley y de los artículos lesivos de la Ley de Sanidad y dar una extensión coordinada a nivel nacional a los movimientos de fuerza en diversas comunidades autónomas. Contra la dispersión, por un comando único nacional de lucha por la defensa de la sanidad pública. Por una huelga general y un comité de huelga nacional. La huelga de los centros de atención primaria en Cantabria se inició el 6 de noviembre. Requiere tanto apoyo como la lucha en Madrid.
La cuestión del gobierno de Madrid
Mientras tanto la exigencia de dimisión de Díaz Ayuso pone sobre el tapete la cuestión del gobierno de la Comunidad. Nuestra posición es que la movilización popular debe expulsar a la presidenta de la Comunidad pero no para que la sustituya una componenda de partidos, sino para que la Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad Autónoma de Madrid sea sustituida por una Asamblea Popular de Trabajadores y Trabajadoras con candidatos elegidos en asambleas de barrios y pueblos de la Comunidad. El sistema sanitario tiene que quedar bajo el control de los trabajadores de la salud que deben tomar las decisiones organizativas en cada hospital y en cada centro de atención primaria y en los centros de urgencias extra hospitalarios. Se debe abrir de inmediato el proceso de contratación de los médicos y sanitarios que sean necesarios.
Es en esta estrategia que se debe exigir la derogación de los instrumentos legales que permiten las privatizaciones. Introducir en la lucha de los sanitarios la necesidad de tomar esta reivindicación porque sin ella no se consolidarán los triunfos de hoy y mañana. El andamiaje jurídico aprobado bajo el gobierno del popular José María Aznar en 1997 y la Ley General de Sanidad no ha sido derogado por los gobiernos socialistas que la han utilizado a mansalva en las comunidades que han gobernado. Ni siquiera ahora, con un gobierno que aduce que es el “más progresista en la historia de España” se ha insinuado siquiera esta posibilidad. Los socialistas y sus socios de coalición, Unidas Podemos, son cómplices de hecho del proceso de privatización. Tampoco se ha cuestionado la Ley de Medicamentos que deja en manos de los laboratorios qué medicinas van a producir sin tener en cuenta las necesidades reales del país. Solo se fabrican los medicamentos que resultan rentables a los laboratorios en cada momento. Dentro del bloque parlamentario de apoyo a la coalición de Gobierno también se oculta esta situación, Catalunya bajo gobiernos nacionalistas ha sido vanguardia en materia de privatización sanitaria.
Esta es la hora de la lucha en Madrid y el resto de España por la defensa de la sanidad pública. Consolidar la sanidad pública requiere la derogación de la Ley 15/1997 y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Pleno apoyo a la lucha de los trabajadores del sector de la salud.
Grupo Independencia Obrera
17/11/2022
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