El asesinato en La Matanza del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, desató una conmoción entre los colectiveros. Ya había ocurrido otro tanto hace cinco años, cuando Leandro Alcaraz, conductor de la misma empresa, murió en un episodio similar de inseguridad.
Hartos de exponer su vida arriba de las unidades, y de la falta de una respuesta por parte los distintos gobiernos, choferes de distintas formaciones de la zona Oeste declararon el paro -al que se sumaron también otras líneas- e iniciaron un piquete en la General Paz. La llegada al lugar del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, uno de los responsables de las promesas incumplidas, encendió la furia. El resultado es conocido: Berni fue golpeado y debió ser sacado del lugar por la Policía de la Ciudad.
El gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio, lo mismo que los “libertarios”, solo atinan a proponer un mayor despliegue de móviles y efectivos policiales. Pero el problema de la inseguridad, como lo muestra la situación de Rosario, parte precisamente de la connivencia entre las fuerzas de seguridad y el delito. Son esas fuerzas las que liberan las zonas y organizan las bandas.
Una salida al drama de la inseguridad, que golpea cotidianamente a la clase trabajadora y la población en los barrios, debe partir de un desmantelamiento de ese aparato, como plantea Pablo Giachello en su artículo sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
La izquierda no debe guardar silencio ante el debate sobre la inseguridad, como si fuera un problema ajeno; debe intervenir con un planteo propio, para evitar que la crisis sea capitalizada por la derecha con sus políticas de “bala” y “mano dura”.
Antes que dar una solución al urgente reclamo de los choferes, Berni denunció en la justicia a los trabajadores. Dos choferes de la empresa Almafuerte fueron detenidos. Un paro logró su liberación el mismo día, pero la causa continúa abierta.
Así como a los choferes de Almafuerte, los gobiernos están atacando otras expresiones de la protesta social. Después de las detenciones de Martín Rodríguez y Lorena Torres, referentes del Polo Obrero mendocino, ahora es el gobierno de Córdoba, liderado por Juan Schiaretti, el que avanza en imputaciones contra referentes de la Unidad Piquetera que estuvieron al frente de la última jornada de movilizaciones en la provincia mediterránea por trabajo genuino y contra el recorte en los planes Potenciar Trabajo, que la ministra de desarrollo social, Victoria Tolosa Paz, instrumenta para hacer buena letra ante el FMI.
La movilización en Córdoba fue parte de una jornada nacional, que en lugares como Salta, incluyó el reclamo ante problemas perentorios como el aumento en los casos de dengue. Otros sectores también salen a la lucha, como la Conadu Histórica, que se prepara para una semana de paro en reclamo de la reapertura de la paritaria. La inflación (que según el Relevamiento de Expectativas del Banco Central volvería a superar el 100% anual) hace estragos en el bolsillo de los trabajadores.
Los estatales paran el 12, mientras los químicos de Synthon de Santa Fe fueron a la huelga ante un despido.
El gobierno, mientras tanto, sigue el libreto del Fondo, que volvió a reclamar una profundización de las medidas de ajuste. Y el ministro Sergio Massa volvió a favorecer a las patronales rurales con la reedición del dólar agro.
Hay que terminar con esta situación. Fuera los políticos capitalistas. Por un gobierno de los trabajadores y la izquierda.
Gustavo Montenegro
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