Los gobiernos de Argentina y Paraguay se encuentran sumergidos en un conflicto diplomático desatado por el cobro de un peaje en un tramo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, establecido por el gobierno argentino desde enero de 2023.
Los funcionarios argentinos alegan la realización de inversiones en mantenimiento, dragado y balizamiento por alrededor de 70 millones de dólares (es el número que indicó el ministro de Transporte, Diego Giuliano) en los últimos trece años, y entienden que llegó la hora del reembolso. Se habilitó, por tanto, una tarifa en el tramo Santa Fe norte, que es muy circulado por barcazas de origen guaraní.
El Estado paraguayo se opuso al establecimiento del peaje, al que considera una medida unilateral, y logró sumar a Brasil, Bolivia y Uruguay a una nota de rechazo. Además, a modo de contragolpe, decidió quedarse con una parte del excedente energético de Yacyretá que hasta ahora vendía a la Argentina. Con esta última decisión, se superpusieron dos conflictos, el de la Hidrovía y el de las deudas cruzadas por la represa binacional.
Yacyretá es un complejo hidroeléctrico conjunto en la frontera, que empezó a construirse en los ’80 y se finalizó en los ’90, con financiación del Estado argentino. Fue bautizado por el expresidente argentino Carlos Menem como el “monumento a la corrupción”, debido a opacos manejos que lo llevaron de los 1.500 millones de dólares presupuestados originalmente a un costo total de más de 10 mil millones de dólares.
El acuerdo por Yacyretá establece que la mitad de la energía producida corresponde a cada Estado, pero, como Paraguay no necesita toda su parte, vende una porción del excedente a Argentina y Brasil.
Paraguay reclama a la Argentina una deuda de 150 millones de dólares por la energía no paga. El gobierno argentino, por su parte, viene retaceando los desembolsos porque le reprocha a Paraguay que está discriminando a la Argentina, cobrándole un precio superior que a Brasil (26 dólares el MHw, contra 18 dólares el MHw, respectivamente, según las fuentes locales –La Política Online, 18/9).
A su vez, el ministro y candidato Sergio Massa sacó a relucir la deuda que Paraguay tendría en concepto de la construcción de Yacyretá por parte de la Argentina. En 2017, por un acuerdo entre los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Cartes, Asunción reconoció una deuda de 4 mil millones de dólares.
La energía paraguaya no se vende a buen precio. Por el tratado de Itaipú de 1973, firmado por las dictaduras de Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Medici, Brasil se ha quedado con el 90% de la producción energética de esa represa binacional, comprando a muy bajo precio el excedente energético que no usa Paraguay. Se estima que “el precio irrisorio que paga Brasil a Paraguay por consumir su parte de energía significó una pérdida de 75,4 mil millones de dólares desde que comenzó a operar Itaipú. Es la suma que hubiera acumulado si Brasil pagaba a precio de mercado” (Clarín, 2/8/19). La venta a precios menores a los de mercado, se alega, es para cancelar deuda por la puesta en pie de la obra. En 2009, Asunción y Brasilia acordaron una triplicación del pago.
En el caso de Yacyretá, los precios ya mencionados que pagan Brasil y Argentina a Asunción pueden compararse con los entre 60 y 100 dólares por MHw que Uruguay pagó este año a Brasil por importaciones energéticas (Ambito Financiero, 17/4).
Intereses patronales
El enfrentamiento bilateral entre Paraguay y Argentina es ajeno a los intereses de los trabajadores de ambos países. El gobierno de Santiago Peña salió en defensa de las patronales paraguayas, que no quieren pagar el canon en la vía fluvial.
El gobierno argentino defiende la realización de obras que favorecen, principalmente, la competitividad de la oligarquía nativa y las multinacionales agroexportadoras, en una zona en que además operan una gran cantidad de puertos privados.
Las inversiones en dragado de las últimas décadas han servido, por ejemplo, para acercar los buques a la carga. “Eso abarató los costos y fue una revolución para el producto agropecuario nacional” (El Economista, 1/6).
Como telón de fondo, aparece la cuestión del control de la codiciada Hidrovía. Estados Unidos quiere alejar a toda costa a empresas chinas de una potencial concesión. Transitoriamente, está a cargo del Estado argentino, tras el vencimiento de un contrato con la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, en 2021. En el mes de mayo, los embajadores de Bélgica y Estados Unidos visitaron las dragas que la firma belga tiene en Corrientes, en lo que fue interpretado como un mensaje a la Casa Rosada (ídem).
El gobierno argentino se jacta de haber estatizado la vía fluvial, que fue entregada a manos privadas por el menemismo, en 1995, pero en realidad solo controla la administración, ya que sigue subcontratando a los belgas para el dragado, y a Emepa para el balizamiento (ídem).
Los trabajadores argentinos y paraguayos no se deben dejar arrastrar en esta pelea entre las patronales y gobiernos de sus respectivos países.
Gustavo Montenegro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario