Por otro lado, y lamentablemente, no faltan antecedentes. En cuanto a los tiroteos, en la Argentina ha habido casos. En Carmen de Patagones, en el 2004, en el Instituto “Islas Malvinas”, un joven de quince años abrió fuego contra sus compañeros, dejando cinco heridos y tres muertos. En 2000, en una escuela de Rafael Calzada, un estudiante de diecinueve años mató a un compañero, e hirió a otro, con un arma de fuego. En 1997, en otra escuela de Buenos Aires, un chico de catorce años mató a otro de un disparo, con el arma de su padre gendarme. Todos fueron hechos sorprendentes desde la idea de que eso sólo ocurre en la sociedad norteamericana, donde la masacre de Columbine llevó a Michael Moore a acercarse al problema con su afamado documental. En la gran mayoría de esas explosiones, la motivación está vinculada con el bullyng o acoso escolar previo, donde la víctima desata su frustración y su ira a tiros, en clave de venganza, llevando la violencia preexistente a una apoteosis.
Pero la emergencia de casos que escapan al uso de armas de fuego y que se desarrollan como una “mera” expansión de violencia de unos alumnos hacia otros, muestra que estamos también ante casos de aquel bullyng, exacerbado, y de una violencia juvenil que se expresa eventualmente en el ámbito escolar, como se ha expresado, por ejemplo, en el universo del “boliche” y de “la noche”, en el caso de los rugbiers asesinos de Villa Gesell. En la medida en que estos destellos de violencia derivan en la delincuencia juvenil, las únicas respuestas de las autoridades son más patrulleros (y gatillo fácil) y la remanida baja en la edad de imputabilidad.
Ahora bien. Como docentes con una posición política clasista (quien suscribe es un trabajador de la educación en la provincia de Buenos Aires) no nos interesa hacer una lectura “sociológica” de este grave problema, sino señalar, desde un punto de vista político, algunas aristas.
Lo primero que hay para decir es que los ataques de estudiantes contra otros estudiantes replican en cierta medida otros tipos de violencia dentro de las escuelas, como los ataques de padres hacia maestras o profesores (como reverberación de otras violencias previas o concomitantes). Por otra parte, la escuela es un crisol que refracta las problemáticas que afectan a las familias de estudiantes y docentes.
En el contexto inmediato estalla la crisis de ingresos bajo una inflación que no se detiene pese a los dichos oficiales: los precios son agobiantes respecto de los salarios derrumbados y prácticamente congelados. Ello a la par de límites fenomenales para miles de familias trabajadoras, como puede ser el acceso vedado a la vivienda propia. A todo lo cual hay que sumar una crisis de infraestructura en el plano, por ejemplo, de la salud en todas sus ramas, especialmente la que atiende un aspecto sensible para la misma crisis: la integridad emocional. Los centros distritales de atención a la salud mental colapsados por la demanda, en la salud pública; así como los recortes en la educación especial en el ámbito de la escuela pública, son dos de los aspectos más visibles –y no menos violentos– de la crisis general.
Estas importantes dimensiones de la vida social, la educación y la salud, se ven entonces gravemente afectadas en su funcionamiento, e incluso, en el sentido mismo de su existencia. Así, el sentido de desarrollo social vinculado a la escuela ha sido torpedeado por los Estados de todos los gobiernos desde hace décadas, y el sentido hallado en las escuelas por las perforaciones de la crisis del 2001, el de la “contención”, se encuentra hoy en un agudo entredicho, como asimismo la índole de contención social propia del ámbito de la salud pública.
Por supuesto esta ruina no amanece con el mileísmo ni es de generación espontánea, ni debe ser considerada una especie de “acaecimiento” inexplicable o una “evolución natural” propia de “las cosas”. Es el efecto concreto de políticas concretas desarrolladas por los sucesivos gobiernos y sus coexistentes Estados nacionales y provinciales. Kicillof, verbigracia, no puede culpar a Milei de los vacíos de su administración, no sólo porque gobierna la provincia más rica de la Argentina, sino porque su espacio político ha sido hegemónico en ese distrito electoral por treinta y ocho años desde la caída de la dictadura cívico/militar. Si es que de verdad podemos descontar los cuatro años en que Vidal fue gobernadora, y no considerar que el peronismo cogobernó con el macrismo puesto que este era minoría en la Legislatura provincial (replicando con ello la situación nacional, donde el justicialismo le votó ciento diez leyes a Macri). Hoy, la ecuación es la contraria: el justicialismo es mayoría en la provincia, y sin embargo (y por ello mismo) funciona como la cinta de transporte del ajuste nacional en la provincia de Buenos Aires.
La gigantesca crisis política y económica que a su vez afecta al capitalismo mundial, y que se expresa, por ejemplo, en la guerra en Europa (con ribetes mundiales), en el genocidio que el Estado sionista realiza en Gaza, en el hervor neofascista a ambos lados del Atlántico, degrada las relaciones (sociales, económicas, familiares, etcétera) en todos lados, por los vasos comunicantes, entre otros, de los ajustes locales (nacionales y provinciales). Así, aquella “política concreta” a que nos referíamos en un párrafo anterior, tampoco es “arbitraria” o “antojadiza”. Es decir que sus efectos “ruinosos” no son una consecuencia “indeseada” de una política, por caso, “malograda”. Se busca, por ejemplo, la “ruina” en la educación, para finalmente privatizarla, y en el camino sacarle el mayor jugo posible a los trabajadores por los mismos dos pesos. En Santa Fe, Pullaro ya ha logrado (por el momento) imponer la reforma previsional para los docentes. En la Educación de Buenos Aires, la tormenta de ataques entre los que podemos citar la miseria salarial, el intento de meter la “esencialidad” en la educación (es decir, la abolición del derecho a huelga) y la reforma (anti) educativa en secundaria, muestra que la motosierra en las manos de Kicillof tiene un funcionamiento feroz y más violento que el implícito en las emergencias de episodios entre estudiantes, en la medida en que es políticamente consciente y detenta el monopolio de la fuerza del Estado. Otro tanto ocurre en la salud, con recursos recortados o vaciados, y los salarios de médicos, enfermeros y auxiliares por el piso. Y el ataque se multiplica en los hogares de los trabajadores en general.
Así como la lucha por los jubilados debe articularse también en la lucha por las condiciones laborales de los trabajadores en actividad, la lucha contra la ruina social debe articularse en esa misma lucha por las mismas condiciones de vida. Y visto que las dirigencias sindicales están embarcadas -cada vez con menos disimulo- en los proyectos políticos de los representantes de la burguesía, como los Milei, los Pullaro, los Kicillof y compañía, los trabajadores de las comunidades educativas debemos organizarnos en autoconvocatorias, con la mayor conciencia política posible, para ir por la conquista de todas nuestras reivindicaciones, incluida la de un gobierno propio.
Ceferino Cruz
08/04/2025
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