Esta semana congeló fondos federales por más de mil millones de dólares a la de Universidad de Cornell (Nueva York) y 790 millones de dólares a la de Northwestern (Chicago) que se suman a Columbia, Pensilvania, Harvard (por 9.000 millones de dólares), Princeton y Brown. La extorsión es efectiva: esos fondos son la fuente de financiamiento más importante para las instituciones de élite. Hay otras 60 universidades amenazadas.
Pérfidamente, Trump y el lobby sionista acusan a los rectorados de no proteger a los estudiantes judíos ante las movilizaciones “antisemitas” de apoyo a Palestina, soslayando que las enormes manifestaciones, que se repitieron en cientos de centros de estudios fueron codirigidas por organizaciones y estudiantes judíos que se oponen a la limpieza étnica en Gaza. Y que los acampes fueron agredidos por patotas proisraelíes tanto de judíos sionistas como de la derecha evangélica, protegidos por la policía.
La cruzada de Trump es integral; no pretende solo amedrentar a quienes critican la complicidad de Estados Unidos con la masacre en Gaza sino extinguir contenidos científicos o que develen las múltiples opresiones del régimen social.
Sancionaron a Princeton por financiar programas sobre el cambio climático, a Pensilvania por incluir estudiantes transgénero en un programa de deporte y a Brown por negarse a suprimir sus programas de diversidad.
Las direcciones universitarias, en general cercanas al Partido Demócrata, han capitulado inútilmente frente a la barbarie gubernamental, que no les da tregua. Aunque Columbia permitió que se instalara la policía en el campus, expulsó a estudiantes extranjeros y locales, aceptó la intromisión de profesores proisraelíes en los departamentos académicos, el gobierno declaró que la agachada no era suficiente y no restituirá el dinero.
Cuatro rectoras –“presidentas”- que acataron todas las indicaciones del lobby sionista debieron renunciar. Otras autoridades y numerosos profesores han sido despedidos u obligados a renunciar ante el acoso. El gobierno logró que tanto Columbia como Harvard intervinieran las áreas de estudios de Medio Oriente. Harvard había destituido a dos directores de su Centro de Estudios de Oriente Medio, pero no apaciguó al gobierno (FT 4/4). El 28 de marzo, la Facultad de Derecho de Yale despidió a una prestigiosa acádemica, Helyeh Doutaghi, sin permitirle defenderse siquiera de las calumnias elaboradas por la inteligencia artificial de un bot prosionista. Algunos profesores se han expatriado a Canadá.
Más de 80 universidades informaron que el gobierno revocó de forma unilateral -algo totalmente ilegal- las visas de cientos de estudiantes extranjeros. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que son más de 300 y que serán deportados. A menudo sin previo aviso ni posibilidad de apelación, por el único delito de denunciar el genocidio. A algunos se les revocó la visa con la excusa de que tenían multas de tráfico. Una docena de estudiantes e investigadores fueron secuestrados por policías de inmigración enmascarados en plena calle o en los campus ante la complicidad de las autoridades (BBC 10/4). Los expertos en inmigración afirman que los estudiantes con visa tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses en virtud de la Primera Enmienda, y que, históricamente, ha sido raro que los estudiantes sean deportados por actos de expresión política (ídem).
“A ningún presidente se le debería permitir establecer una prueba de fuego ideológica y excluir o expulsar de nuestro país a personas con las que no está de acuerdo”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado. Las expulsiones se suman a campañas de acoso contra quienes se movilizaron por Palestina. La caza de brujas -el doxxing- implica la publicación en las redes de los datos personales, de los de la familia, expandidos por robots o por fascistas. Hay que tener en cuenta que el hostigamiento no empezó con Trump: apenas comenzaron las movilizaciones propalestinas grupos sionistas aficharon los campus y subieron a las redes fotos y datos de estudiantes y profesores acusándolos de terroristas y antisemitas. El gobierno de Biden y las autoridades universitarias cerraron filas con ellos.
Camionetas con la imagen de la rectora de Harvard, Claudine Gay, y el lema “incapaz para el cargo”, recorrieron mañana y noche las calles de Cambridge (Massachusetts) y se apostaron frente a su domicilio. Otro tanto ocurrió con la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill (El País 7/4). Con total impunidad.
La universidad pública de Nueva York (CUNY) canceló a finales de febrero la contratación de dos profesores de estudios palestinos. La propia gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, adoptó la decisión. “La retórica de odio bajo cualquiera de sus formas no tiene lugar en CUNY”, declaró.
Los estudiantes y profesores judíos antisionistas también son perseguidos. Es el caso de Callen, estudiante de doctorado y profesora adjunta, que fue víctima directa de doxxing desde finales de octubre de 2023. Aunque es judía la amenazaron de muerte y la despidieron de CUNY [la universidad pública de Nueva York] después de una campaña de uno de los grupos más activos en el hostigamiento, Canary Missionun. “El cisma en la comunidad judía entre defensores y detractores de la ofensiva militar israelí es cada vez más agudo”, opina El País.
“La persecución generalizada de estudiantes y profesores por pronunciarse sobre los derechos humanos de los palestinos no se parece a nada que hayamos visto hasta ahora”, dice a El País un antiguo profesor de Columbia, amparado en el anonimato.
“Los estudiantes han sido repetidamente señalados en público, acusados de antisemitas, atacados físicamente, llevados ante audiencias disciplinarias secretas, arrestados y ahora amenazados con la detención y la deportación, todo por pedir el fin de los asesinatos masivos en Gaza”, añade.
La persecución es una política de Estado. Rubio anunció en marzo que estaban rastrillando las publicaciones online de estudiantes con una herramienta de inteligencia artificial. También utilizan programas de reconocimiento facial para detectar la participación en las protestas del año pasado, las más importantes desde las que sacudieron al país contra la guerra de Vietnam.
Gregg Roman, director del Middle East Forum (MEF), admite que su organización identificó a Badar Khan Suri, ciudadano indio que estudiaba y daba clases en la Universidad de Georgetown, y fue detenido a finales de marzo. Un artículo del MEF expuso antes su presunto delito: su esposa es hija de un supuesto dirigente de Hamás ya fallecido.
Middle East Forum no solo se propone “documentar a los académicos que encubren el extremismo y dan legitimidad a la retórica antiisraelí o pro-Hamás”, explica Roman, sino “mantener la integridad académica en los estudios sobre Oriente Próximo, defender las normas de la erudición y garantizar que no se promuevan ideologías extremistas en las aulas”. Más claro, agua.
Isaac Kamola, director del Centro para la Defensa de la Libertad Académica de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) denuncia los estragos que esta campaña inquisitorial está teniendo en los campus: “La detención, deportación ilegal, cancelación de visas y denegación de entrada a estudiantes y profesores constituyen una amenaza existencial para la libertad académica y es un mensaje claro de que el gobierno federal utilizará toda su fuerza, sin controles ni contrapesos, para castigar a estudiantes y académicos a los que considera enemigos del Estado, a menudo debido a su discurso propalestino”.
La campaña de terror del gobierno ha tenido un impacto pero no logra doblegar a los estudiantes, movilizados de costa a costa en defensa de sus compañeros y profesores expulsados y encarcelados.
Esta semana, estudiantes de Princeton se movilizaron tratando de impedir una charla, y después la interrumpieron, del ex primer ministro israelí Naftali Bennett, acusándolo de cometer crímenes de guerra en Gaza y de matar a 60.000 palestinos.
El martes pasado, distintos sindicatos docentes demandaron al gobierno porque consideran anticonstitucional la persecución a estudiantes extranjeros. La demanda, presentada en el tribunal de distrito de Massachussets, denuncia no solo el amedrentamiento de la comunidad estudiantil por la detención y deportación automática de alumnos y profesores que simpatizan con la causa palestina. También el hecho de que la persecución priva a los estadounidenses de su derecho a relacionarse con compañeros nacidos en el extranjero y a conocer sus puntos de vista. Es decir, una política que no sólo persigue la libertad de opinión, sino también la de formarse la propia a partir de opiniones ajenas. Entre los firmantes está el prestigioso Instituto Knight de Columbia —que no representa a las autoridades—, la Asociación Estadounidense de Profesores y la Asociación de Estudios de Oriente Medio.
En el otro lado del mundo, soldados de la ocupación israelí irrumpieron en el campus de la Universidad de Jerusalén, en la localidad de Abu Dis para evitar una marcha en solidaridad con Gaza. Dispararon bombas contra los estudiantes, obligándolos a evacuar la universidad en medio del caos. No pudieron impedir la movilización.
Olga Cristóbal
10/04/2025
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