“Operativo Roca”: el gobierno autoriza a los militares a detener civiles

Las “reglas de empeñamiento” son órdenes que reciben las tropas militares cuando son movilizadas. Según información difundida en las últimas horas, las “reglas de empeñamiento” que recibieron los soldados enviados a la frontera norte del país para participar del “Operativo Roca”, de carácter “reservado”, incluyen la autorización a detener civiles en caso de flagrancia. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la Policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”. Con esta falacia, Petri pretende cubrirse por enviar militares a realizar tareas policiales a la frontera norte del páis. Antes de que alguien lo cuestionara, Petri salió a atajarse con un posteo en X: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", postuló desafiante. Como fuente de autoridad, citó nada menos que la militarización de la frontera con México dispuesta por Trump: “Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, por que (sic) acá algunos se escandalizan?", se pregunta Petri. Cabe agregar, Trump también proclamó pretensiones anexionistas, lanzó un programa arancelario equivalente a una declaración de guerra contra el mundo y encabeza ofensiva belicista – si algo ha hecho el convicto magnate estadounidense es ´escandalizar´ a la humanidad.

 Con la excusa de “combatir al narcotráfico” y el contrabando, el gobierno dispuso una movilización extraordinaria de personal militar a las zonas de Jujuy y Salta. Aspira a a haber alcanzado el paso de 10 mil efectivos hasta fin de año. La militarización de la frontera norte tiene un inegable propósito represivo. Es una de las regiones más empobrecidas del país, pero que alojan, entre otros, algunas de las amyores reservas de litio del continente. La presencia militar, hasta ahora, no ha mostrado ninguna eficacia en la lucha contra la penetración de la droga; los narcos, en cambio, sí han demostrado una gran capacidad de penetración en el aparato represivo. La Gendarmería -la fuerza militarizada creada, precisamente, con el objetivo de patrullar las fronteras- y las policías provinciales han sido puestos sistemáticamente en la picota por su complicidad y participación en el tráfico de estupefacientes. Los especialistas en la materia, por otro lado, insisten en que el ingreso de la droga al país se realiza a través de avionetas o embarcaciones, su principal vía de salida son los puertos del río Paraná -en manos de concesionarios privados- y los beneficios son lavados a través del negocio inmobilario y el juego y acaban en el sistema bancario. En el norte de Salta, los operativos militares ´contra el narcotráfico´ detonaron una rebelión de bagayeros y la represión se cobró un muerto. 

 Las objeciones de la oposición y pseudo oposición patronal no denuncia el andamiaje represivo sino la falta de garantías a los militares. Se cita abusivamente la Ley de Defensa de la Democracia -que deja un amplio margen para el despliegue de fuerzas armadas- para invocar la necesidad de su reforma, con el propósito, justamente, de habilitar la injerencia militar en materia de seguridad interior. “Una resolución ministerial, como en este caso, no es suficiente para modificar el texto de una ley, si ella determina algunas prescripciones, por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, señaló Horacio Jaunarena, exministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, y agregó: “Creo que uno de los puntos de modificación legal del plexo normativo, debe ser terminar con la concepción de dividir las funciones de las FF.AA y de Seguridad” (Clarín, 28/4). Ricardo López Murphy, quien ocupó el cargo en el gobierno de la Alianza, los militares “no tienen protección jurídica suficiente” para realizar tareas policíacas (ídem). Del otro lado de la ´grieta´, el exministro K, Agustín Rossi, Petri empuja “al personal miliatr a actuar fuera de la ley”. Durante su gestión, se puso en marcha el operativo “Escudo Norte”, como se llamó este mismo despligue -aunque con menor cantidad de efectivos- por los gobiernos kirchneristas, luego continuado por el gobierno de Macri. Los medios militares, por su parte, coinciden en atacar a la supuesta ´desprotección jurídica´ a la que se verían expuestos y agregan quejas por la razones estratégicas (“¿Qué hipótesis de conflicto enfrenta la Argentina?”) y hasta salariales (Zona Militar, 28/4)

 Si en algo coinciden los representantes de los partidos patronales es en el anhelo de ´recuperar´ a las fuerzas armadas para la vida política del país y garantizarse su respaldo como reaseguro frente a la crisis y levantamientos populares. 

 Jacyn

 28/04/2025