**Estatización de la deuda **
El “intercambio de monedas” (swap) de 20.000 millones de u$s anunciado en estas horas es una línea de crédito de alcances difusos y atado a cláusulas confidenciales. Los técnicos del Banco Central aclararon que el “swap” no puede ser adicionado a las reservas internacionales, porque sus recursos serán desembolsados “por tramos” y deberán ser puntualmente activados por el Tesoro norteamericano. En un reportaje, Milei reveló que podrían usarse para pagar los vencimientos de deuda previstos para el 2026 -confirma lo que anticipamos en estas páginas acerca de la “estatización de la deuda pública”, lo que constituye un rescate, no a la Argentina, sino a los fondos internacionales acreedores. Semejante anuncio, sin embargo, no sirvió para remontar la cotización de los bonos argentinos, que siguieron a la baja. Que el porvenir de la deuda argentina esté en manos de la pandilla de financistas que rodea a Trump, con él incluido, no parece ser un indicador de “solvencia”. El swap, para muchos observadores, sólo debería consistir en un dinero “detrás de la vidriera” (intocable), que facilite una refinanciación privada de la deuda. Lo que exige el capital internacional para ello es que Argentina ofrezca activos en garantía, por un lado, y la “genuina acumulación de reservas”, o sea, una devaluación, por el otro.
El acuerdo comercial
Los diarios han informado, antes del swap, sobre la letra chica del acuerdo comercial que, en simultáneo, discuten los funcionarios de Milei y Trump. Aunque el periodismo no lo ha asociado, ese acuerdo está en directa relación con el swap. La “liberalización” comercial reduciría aranceles para algunos de los productos actualmente exportados al norte -petróleo, productos químicos, además de la ampliación de la cuota de carne a los frigoríficos locales-, pero dejará afuera al aluminio y al acero, a los que Trump les ha impuesto recientemente elevados aranceles. Trump aspira, además, a que Argentina sea “el principal abastecedor de litio y cobre de Estados Unidos” (Clarin, 20.10), cuando las principales inversiones en Argentina corresponden hoy a empresas de China. En el acuerdo, ocupa un lugar crucial la legislación de patentes. El gobierno Trump exige que Argentina derogue los “obstáculos” al patentamiento de “nuevas” especialidades, en referencia a medicamentos con patente vencida, pero que prolongan artificialmente la vigencia de sus derechos de propiedad introduciendo un cambio cosmético en su fórmula. La concesión de esta prerrogativa a los laboratorios extranjeros ha puesto en pie de guerra contra el Gobierno a la industria farmacéutica local (ver Francisco Olivera en “La Nación” del 18.10). La recolonización económica planteada por el swap y el acuerdo comercial ha agravado la deliberación de la burguesía en torno del rumbo del régimen libertario.
**Lucha política **
Estas peleas se cruzan con las intrigas en curso en torno del “armado” político del gobierno después de las elecciones del domingo 26. Santiago Caputo, a quien se daba por defenestrado algunas semanas atrás, ahora suena para integrar el gabinete con cargo oficial y trabajo en blanco. Su nombramiento pondría de manifiesto la influencia decisiva de la camarilla fascistoide y de negocios en torno de Trump, la “Convención Conservadora” (CPAC), Marco Rubio, el valijero Scaturicce y los fondos de cobertura asociados a esa banda. Esta camarilla reclamaría también el desplazamiento del canciller Werthein y el monopolio de las relaciones exteriores para los agentes directos de Trump. Santiago Caputo reunió a tres semioficialistas -Pichetto, Ritondo y De Loredo- con un enviado del gobierno yanqui, para mostrarle a este las “posibilidades de un gobierno de coalición” poselectoral. Pero la reunión mostró más bien lo contrario, o sea, las crisis y choques políticos que precederán a cualquier intento de cogobierno. Un ladero de Pichetto, Nicolás Massot, rechazó asistir al encuentro con dos argumentos sugestivos: el primero, que el acuerdo con Estados Unidos no sería “entre dos Estados” sino “entre dos amigos” (Clarín, 20.10). Desconfía de Milei, pero también de Trump-Bessent, que están en medio de un volcán de crisis políticas y rebeliones estaduales en su país. En segundo lugar, afirmó que no quería contribuir “a que prospere la actual política cambiaria del gobierno” (id). El parlamentarismo semioficialista, con fuertes vínculos con el capital agroexportador, condiciona cualquier acuerdo posterior al 26-10 a una devaluación en regla y teme que Milei-Caputo se sirvan de la asistencia financiera yanqui para resistir ese rumbo. La devaluación también divide a la burguesía, que tiene a una fracción con fuertes deudas en dólares. Por cuerda separada y en línea con lo que reclama el Departamento de Estado, los representantes parlamentarios de Milei-Caputo recibieron la orden de sacar por ley el presupuesto 2026, algo que requerirá concesiones económicas a los gobernadores y a los lobbys capitalistas que ellos representan. Milei, por las dudas, tiene su plan B: al ser interrogado sobre lo que considera una “buena elección”, dijo que aspira al “tercio del Congreso para defender los vetos” (y, decimos nosotros, bloquear un juicio político). Pero Milei ha perdido toda autoridad para gobernar por decretazos. El pronóstico, para después del 26, es más que “reservado”. A este gobierno en desintegración, hay que hacerle morder el polvo de una acción histórica independiente de los trabajadores.
Marcelo Ramal
20/10/2025
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