domingo, mayo 30, 2021
Cuba denunció que las sanciones de EEUU le impiden fabricar vacunas suficientes
Dos de elles, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado
Cuba, que está desarrollando sus propias vacunas contra el coronavirus, denunció que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos le imposibilita fabricar suficientes dosis para su población, lo que retrasa su campaña de inmunización.
"Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro", dijo Yuri Valdés, director adjunto del gubernamental Instituto Finlay de Vacunas, durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que los legisladores llamaron a parlamentarios del mundo a sumarse al reclamo de que cesen las sanciones y el embargo, impuesto hace 60 años por Estados Unidos.
La insuficiencia de dosis "no es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados", explicó el científico ante legisladores de su país y otras personalidades internacionales que participaron de la sesión de manera virtual, según la agencia de noticias AFP.
Si el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden "a lo mejor no tiene tiempo de revisar toda la política con Cuba, ésta que tiene que ver con todos los cubanos que están ingresados (en hospitales por Covid), con los cubanos que estamos vacunando" debe ser revisada, pidió Valdés.
"Hay que emplazar al Gobierno de Estados Unidos, decir, está bien, no lo revises todo pero revisa eso, ocúpate, tu puedes ser la diferencia entre fallecidos y no fallecidos", enfatizó.
Desarrollo propio
Cuba cuenta con cinco candidatos a vacuna de desarrollo propio. Dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado, por parte de las autoridades sanitarias del país, prevista para junio.
La isla caribeña reportó 933 decesos y 138.899 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Pero ante el creciente número de contagios registrados en los últimos meses, el Gobierno emprendió una campaña de vacunación en poblaciones de riesgo con esos inmunizantes en desarrollo hace dos semanas, y tiene previsto vacunar al 70 por ciento de la población para agosto.
Durante el Gobierno del republicano Donald Trump, Washington impuso cerca de 250 sanciones contra Cuba, que Biden ha dejado intactas.
"Estados Unidos reforzó la agresión a Cuba en el marco de la Covid-19", denunció el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, Alberto Núñez.
Organizaciones solidarias con Cuba en Estados Unidos, Chile, España, Italia y otros países se organizaron para conseguir 20 millones de jeringas para poder vacunar a la población de 11,2 millones.
Además, una entidad gubernamental suiza y la ONG MediCuba Europa otorgaron en abril un financiamiento urgente de 600.000 dólares para la adquisición de jeringas.
Publicado en telam.com, 28/05
sábado, mayo 29, 2021
El nuevo paquete de medidas anunciado por Biden
Los anuncios de Biden, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, llamaron la atención de la prensa internacional, quien puso de relieve que nos encontrábamos ante la agenda más ambiciosa en la historia moderna de Estados Unidos. Hay quienes señalan que hay que remontarse al primer mandato de Franklin Roosevelt en 1933, cuando impulsó su New Deal contra la gran Depresión, para encontrar algo tan osado y abarcador.
Los anuncios de Biden comprenden millonarios paquetes dirigidos a fomentar el empleo y de ayuda económica a los sectores más postergados de la población norteamericana.
Dichos anuncios son inseparables del cuadro de situación que se registra en Estados Unidos. Un retrato de lo que está pasando lo brindó el propio Biden en su discurso, quien no escatimó palabras al referirse al escenario actual: “La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión.
El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil”. El panorama descripto es suficientemente elocuente sobre la catástrofe que hoy sacude a Estados Unidos y que se extiende a todos los planos: económico, sanitario y social y, agreguemos, político. Es un síntoma inconfundible de la decadencia histórica y el derrumbe de la primera potencia capitalista, confirmando que el epicentro de la crisis mundial capitalista y de la pandemia está concentrado en el propio suelo norteamericano. Ambos factores combinados han provocado estragos en la población, en especial en la más vulnerable, y es lo que está en la base de la rebelión popular que tuvo lugar el año pasado y que conmovió los cimientos del régimen político, los partidos y sus instituciones. La rebelión no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona a la propia gestión demócrata. La pobreza, la marginalidad y la falta de perspectivas, en especial en la juventud, han ido alimentando un creciente estado de insatisfacción, descontento, que ha terminado transformándose en ira social y quedó exteriorizado en el estallido el año pasado.
Planes de estímulo
Consciente de este escenario, Biden utilizó su discurso para presentar a los congresistas dos programas de ayuda económica. El llamado «Plan de Familias Estadounidenses», una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares, que comprende ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos), dispone que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años, mejora el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos y otorga licencia familiar y médica a sectores de bajos recursos. El programa incluye hasta 2025 un crédito tributario por hijos, que se amplió durante la pandemia y que los demócratas esperan mantener como un programa gubernamental permanente.
Un segundo programa consiste en el llamado «Plan de Empleo Estadounidense», que iría unido al aumento de la producción industrial e inversión en infraestructura en Estados Unidos. Según el mandatario, su proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras «más eficientes» desde el punto de vista energético y sustentable en el plano ambiental.
El programa, para el que pidió también un aumento del salario mínimo a 15 dólares, también aboga porque los estadounidenses compren productos locales y que las empresas locales que produzcan bienes lo hagan en Estados Unidos (una suerte del compre nacional, que rigió en distintos momentos en Argentina).
Reforma tributaria
Biden plantea una reforma tributaria para financiar estos paquetes. Hay quienes han resaltado un cambio radical en la materia, pero lo cierto es que solo ha revertido apenas parcialmente la reducción impositiva impuesta por Trump.
El proyecto demócrata eleva la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28 por ciento (revirtiendo solo la mitad del recorte fiscal de Trump) y restaura la tasa del impuesto sobre la renta para los superricos al nivel que prevalecía bajo George W. Bush (del 37 por ciento al 39,6 por ciento). Es decir, estamos en presencia de una política muy tímida. Más allá de la retórica, ha tenido cuidado de no incursionar contra los intereses corporativos, lo cual, de todos modos, no implica que la clase capitalista se prive de expresar sus reservas o rechazo a la medida. Tengamos presente que el mundo de los negocios y financiero, empezando por Wall Street, tiene muy presente que, más allá de la alharaca que se haga contra los ricos, el grueso de la ayuda estatal de la Casa Blanca está reservado en favor de las empresas, ya sea en forma directa o encubierta. Por supuesto, que el gasto público incluye el contrato de empresas norteamericanas, que se verán beneficiadas con el plan de infraestructura programado. Pero, más allá de ello, la clave de la ayuda es la que viene realizando la FED con crédito barato a tasa cero y la compra de bonos y activos de las empresas, incluidas aquellas cuya solvencia está cuestionada.
Todo este paquete tiene que pasar por el Congreso, donde lo más probable es que tropiece con la oposición republicana y también de una parte de la bancada demócrata. De modo tal, que va a tener recortes, sobre los que ya Biden abrió el paraguas en su discurso. Pero, aún en sus términos actuales, está lejos de resolver el descalabro y colapso de la economía. Aún en pleno rebote, hay 10 millones de desocupados nuevos que no han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo. La reactivación en el caso hipotético de prosperar, absorberá apenas parcialmente esa enorme masa de parados sin perjuicio del hecho de que el rebote de la economía que se constata irá de la mano de rebajas salariales y de una ampliación del trabajo precario, como ya ocurrió en el pasado. No olvidemos que en la crisis financiera de 2008, bajo Obama, los nuevos trabajadores de la industria automotriz ingresaron con la mitad del sueldo de los más antiguos.
¿Reversión de la crisis?
La tentativa de Biden es un intento extremo de revertir la crisis capitalista, que se arrastra. Los rescates millonarios puestos en marcha desde la crisis financiera de 2008 fracasaron en remontar la bancarrota capitalista. El auxilio estatal no fue destinado a la inversión productiva sino que fue a parar a la especulación, incluida la recompra por parte de las empresas de sus propias acciones. Previo a la pandemia, el mundo ya estaba entrando en recesión, cuyo telón de fondo es una gigantesca crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. La deuda corporativa, en estos últimos años, siguió creciendo (representa el 80% del PBI), mientras se achicaron sensiblemente los márgenes de rentabilidad a cero o pasaron a tener un signo negativo. En la actualidad, el capital ficticio es inmenso y se sostiene a través de una valorización artificial, armando burbujas recurrentes y de mayor amplitud. El proceso económico en marcha no puede sortear una depuración del capital sobrante y que, como tal, en el marco de la anarquía capitalista, está llamado a procesarse en forma convulsiva a través de quiebras, bancarrotas y reorganizaciones violentas que implican cierres, achiques y despidos en masa. El Estado capitalista no es un ente suspendido en el aire, es un engranaje de la organización social capitalista y como tal no puede sustraerse a sus leyes (¡la ley del valor!), y menos aún está en condiciones de sustituirla. El intervencionismo estatal está al servicio del capital y como tal participa de sus límites y contradicciones. Por lo tanto, es afectado y arrastrado por su crisis; más aún, de ser un factor contrarrestante de la crisis, termina siendo un agravante.
Esta circunstancia está presente y vale como nunca en el escenario actual. Basta tener en cuenta que la ayuda estatal se vino sosteniendo en un endeudamiento récord (que supera al PBI norteamericano) pero, sobre todo, por una emisión que no tiene antecedentes. Este fenómeno ahora se va a acentuar. Los planes de estímulo lanzados por Biden involucran un gasto total 6 billones de dólares, un 30% del PBI. Habrá que ver cuántas de estas erogaciones podrán ser cubiertas por una recaudación impositiva, cuyo alcance y resultado son inciertos.
La emisión y el endeudamiento no son recursos ilimitados y menos aún inocuos. Lo que asoma como amenaza es una desvalorización del dólar (que ya viene produciéndose), lo que podría provocar un abandono masivo de la divisa estadounidense y un refugio en el oro o en otros activos que puedan oficiar como reserva de valor. De un modo general, esto también está ocurriendo con las principales monedas, como el euro, que vienen apelando, aunque todavía en forma atenuada, a los mismos métodos que los yanquis para enfrentar la crisis. Por lo pronto, esto ha abierto una cadena de devaluaciones competitivas. La guerra comercial se completa con una guerra monetaria, cuyo desarrollo plantea en perspectiva un dislocamiento de la economía mundial en caso de que las principales divisas dejen de funcionar como medios de pago aceptados internacionalmente.
Guerra comercial y belicismo
Biden aprovechó el discurso para volver a la carga contra China y Rusia, a quienes el Pentágono presentó como enemigos estratégicos. Entre otras cosas, Biden formuló la advertencia de que no está dispuesto a tolerar el robo de las patentes tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual, y que va a defender al país de la competencia desleal, en especial del gigante asiático. La bandera del presidente demócrata en favor de que Estados Unidos reconquiste el liderazgo y gane la competencia en el siglo XXI no se diferencia mucho del “American First” de Trump. El nacionalismo económico de un país imperialista -y con más razón de Estados Unidos- va de la mano con un reforzamiento de la guerra comercial y un expansionismo militarista. Las palabras de Biden anticipan un nuevo salto en la escalada y el intervencionismo yanqui a escala general, apuntando a que Estados Unidos recupere la hegemonía mundial que está en retroceso y su lugar como gendarme internacional. A su turno, la tendencias a un recrudecimiento de la guerra comercial es una confesión que el impasse capitalista, que se concentra en Estados Unidos como principal potencia del planeta, ha llegado a un punto tal que no pueden resolverse por medio “pacíficos” y económicos; que hay que apelar crecientemente a medios extraeconómicos -o sea, salidas de fuerza y belicismo.
La sombra de la rebelión popular
En su discurso Biden volvió a reiterar su apoyo a la sindicalización de los trabajadores, que ya tuvo un anticipo con su respaldo a la organización sindical de los trabajadores de Amazon.
El presidente llamó al Congreso a sancionar la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización -la Ley PRO- que facilitaría los pasos en esa dirección, removiendo las trabas engorrosas vigentes en la actualidad.
Biden es consciente de que no hay posibilidad de avanzar en sus planes si no encauza su frente interno. Y allí aparece en escena nuevamente la sombra de la rebelión popular. El clima de efervescencia y malestar que hizo eclosión en las protestas del año pasado no deja de contagiar a los trabajadores, en especial a la juventud obrera, en particular aquellos que pertenecen a las minorías que vienen sufriendo con más virulencia el impacto de la crisis.
Si bien el movimiento obrero no ha tenido un rol protagónico en las grandes protestas del año pasado, la conflictividad sindical viene en aumento y el panorama descripto encierra un potencial explosivo, que se nutre además de una descomposición y descrédito del sistema político norteamericano, sus instituciones y partidos. Por lo pronto, este malestar podría abrir un escenario de huelgas salvajes, sin interlocutores válidos.
Biden ha optado por adelantarse a ese proceso y alentar una sindicalización controlada, con el concurso de la burocracia sindical, de modo de encuadrar y disciplinar a los trabajadores ante la perspectiva de una curva ascendente de huelgas y conflictos gremiales, con grandes chances que sigan creciendo. Con más razón si tenemos presente que la crisis económica y social está en desarrollo y está lejos de cerrarse.
De conjunto, el discurso de Biden es un indicador de la entrada de Estados Unidos a una nueva etapa convulsiva, cuyos principales capítulos están por escribirse.
Pablo Heller
05/05/2021
Escasos recursos para la vacunación
Entre lunes y domingo, Argentina recibió 1,6 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y de AstraZeneca, estas últimas provenientes en su mayoría del mecanismo Covax y una pequeña porción del acuerdo por 22 millones de dosis que nuestro país mantiene con dicho laboratorio. Hoy, se sumaron otras 650 mil. El gobierno apuesta todo a su única y principal estrategia sanitaria: la vacunación.
Hasta ahora, la campaña de inmunizaciones ha sido sumamente ineficiente y, sobre todo, escasa. Es lo que revelan los cada vez más pronunciados reclamos de los trabajadores que continuaron asistiendo a sus puestos durante la pandemia, quienes son considerados “esenciales” pero nunca se los incluyó en el plan de vacunación nacional como prioridad. Algunos incluso fueron obligados a trabajar dentro de los 9 días que el gobierno instaló como aislamiento social, en medio de los picos de 35 mil casos diarios que colapsan el sistema sanitario y promueven el aumento de las muertes. Ni hablar de los trabajadores informales, que prácticamente no tienen posibilidad alguna de resguardarse del virus. O sea que las restricciones a las circulación no solo son por tiempo limitado, sino que encima no se han puesto en marcha medidas acompañantes que permitan a la clase obrera mantener el aislamiento.
En este sentido, el sistema de salud es el que está soportando las consecuencias de no haber tomado medidas más tempranamente. La llegada de más dosis no va a resolver el estrés de los hospitales, los centros de salud y los profesionales, ya que se tarda al menos tres semanas en generar inmunidad, por lo que los resultados se verán recién en un mes. Además, el ritmo de vacunación tendría que acelerarse significativamente, puesto que Argentina vacuna a menos de 130 mil personas por día, lo que significa que al ritmo actual se tardarían más de 15 días en administrar vacunas que acaban de arribar, retrasando la calma que la inmunización le podría traer al sistema sanitario.
El problema central radica en que aumentar la velocidad de las inmunizaciones implica disponer de recursos y designarlos para poner en pie una enorme logística que incluya, por un lado, un aumento de los vacunatorios y de los profesionales capacitados para administrar las dosis y, por el otro, el reforzamiento del sistema de distribución que lleva las vacunas a las provincias, algo que el gobierno no está dispuesto a entregar. Ya lo admitió Alberto Fernández en su discurso de la semana pasada: no habrá reforzamiento del sistema de salud ni partidas extrapresupuestarias para esta etapa de la pandemia a excepción de las ya anunciadas. El gobierno presupuesto un ajuste para salud del 10% en términos reales para 2021 e incluso ha reducido las partidas destinadas a combatir el Covid en un 90%, si se las compara con el dinero destinado el año pasado. No se sale del ajuste ni siquiera en medio del descalabro sanitario, que ya se llevó puesta la vida de más de 75 mil personas.
A esto se suman las denuncias acerca de que varios gobiernos provinciales estarían reteniendo dosis para acelerar el ritmo a medida que se acercan las elecciones, como en Misiones. Allí, a solo dos semanas de las elecciones provinciales, el gobierno de Ahuad comenzó la inoculación de los menores de 40 años sin factores de riesgo, mientras tiene un 25% de vacunas distribuidas sin aplicar equivalentes a 82 mil dosis, lo que significa que se deben haber estado acumulando por varias semanas. Otras provincias también presentan un gran desfasaje entre las vacunas distribuidas y las aplicadas: Jujuy, por ejemplo, tiene retenidas un 23%; Formosa, 20%; Salta, 17%; y Santiago del Estero, 20%. A nivel nacional, aún faltan aplicar 1.333.788 (datos obtenidos del Monitor Público de Vacunación).
En el mientras, hay al menos 10 provincias con el 100% de camas de UTI ocupadas, por lo que se necesita de manera urgente una solución a corto plazo que implique la ampliación de los recursos. El virus se trasladó a las provincias, pero tampoco abandonó la Capital Federal, que hoy llegó nuevamente al 80% de ocupación de camas. Los médicos advierten que prontamente comenzarán a faltar las camas y que muchos pacientes deben ser internados en los pasillos o terminan compartiendo los respiradores por falta de recursos básicos.
A la política de ajuste e improvisación del gobierno hay que contrarrestarla con la defensa de la salud de la población, que requiere el aumento en el presupuesto en salud y la centralización del mismo como primera medida, y la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados.
Lucía Cope
Estados Unidos: se reaviva la lucha de los trabajadores de McDonald’s
En quince ciudades de Estados Unidos, los trabajadores de McDonald’s reavivaron el proceso de lucha que comenzó en 2012 para conquistar aumentos salariales. Lo hicieron a través de una jornada de paros y protestas. Como prevalece la prohibición de conformar sindicatos, se organizan de manera independiente con la agrupación Fight for $15. Hace una década que los trabajadores ganan 7 dólares por hora, equivalentes a 13.920 dólares anuales. Pero en el país se necesitan alrededor de 30.000 dólares anuales para no ser pobre (BBC, 19/2/19). McDonald’s amasa sus fortunas extraordinarias a costa de la miseria salarial y la superexplotación de sus empleados.
El pasado viernes 21, los trabajadores protestaron frente a la sede central ubicada en Chicago. Además, hubo paros y protestas en sucursales de Los Ángeles, Miami, Orlando, Detroit, entre otras. Además, en el caso de Connecticut, una asamblea resolvió replicar la medida de fuerza el próximo fin de semana largo, del sábado 29 al lunes 31 de mayo, feriado nacional que conmemora el Día de los Caídos.
La respuesta de la multinacional fue una tomada de pelo. Anunció que aumentaría los salarios de manera escalonada hasta conseguir los 15 dólares… ¡en 2024! Además, este anuncio no incluye las franquicias, que representan al 95% de los empleados (Identidad Latina, 25/5).
Los bajos salarios, sumado al temor al Covid-19, está llevando a que la compañía tenga dificultades para encontrar personal, según diversos medios. Por eso, en algunos casos la empresa está llegando a pagar las entrevistas laborales.
El presidente Joe Biden prometió llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora para 2025. Pero, en la reciente discusión del paquete de rescate económico en el Congreso, su gobierno enterró una propuesta que consagraba ese aumento, en función de negociaciones políticas con congresistas republicanos y del propio Partido Demócrata.
Algunos referentes del Partido Demócrata, como el senador Bernie Sanders (autor de la iniciativa de elevar el mínimo a 15 dólares) y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, expresaron su adhesión a las protestas de los trabajadores de McDonald’s, pero se trata de sectores que apoyan al gobierno de Biden y lo cubren por izquierda.
En McDonald’s, la patronal intenta sostener la precarización laboral y los bajos salarios, pero los trabajadores se unen para derrotarla. Es necesario que la clase trabajadora se organice de manera independiente para lograr sus reivindicaciones.
Álvaro Chust
Deuda en pesos: de la bola de nieve a la avalancha
La política del gobierno de financiarse con endeudamiento en pesos es un salvavidas de plomo. En oposición a la «sustentabilidad» que tanto pregona Martín Guzmán, se generó un efecto bola de nieve que, tanto por los vencimientos del Tesoro como del Banco Central, prepara las condiciones para un descalabro que amenaza con convertir una corrida cambiaria en una corrida bancaria. Toda la ingeniería depende de que reditúe lo suficiente a la banca y los especuladores financieros.
Luego de la estampida al dólar que tuvo su pico en octubre pasado, el gobierno logró un punto de equilibrio a fuerza de adoptar una política «ortodoxa» basada en la reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria, para evitar que una mayor masa de pesos en circulación se vuelque a la compra de divisas y sume presión al tipo de cambio. Para ello viene ejecutando un fenomenal ajuste del gasto público y recurriendo al endeudamiento en pesos para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado -eludiendo tener que imprimir billetes.
El costo de esta política es usurario. En lo que va del año, el Central lleva pagados a los bancos más de 450.000 millones de pesos en concepto de intereses de Leliq y pases pasivos; prácticamente lo mismo que todo el presupuesto destinado a afrontar la segunda ola de la pandemia (contando desde la compra de vacunas hasta las exenciones a las empresas y la magra asistencia social). Esta deuda remunerada, que busca sacar pesos de circulación para restar incentivos a la inflación y la devaluación, tiende a retroalimentarse porque los bancos reinvierten en estos instrumentos: desde que asumió Alberto Fernández esta bola de nieve se triplicó hasta llegar a los 3,6 billones de pesos (un 40% más que toda la base monetaria).
Ahora -sin dudas bajo la lupa del FMI- entró en vigor una política tendiente a desarmar esta bomba de tiempo, cuando es evidente que el remedio se volvió peor que la enfermedad. Con la mira puesta a su vez en rescatar el operativo de financiarse en pesos, cuyo éxito depende de que coloque más deuda que la que vence (de otra forma tendría que emitir para pagar vencimientos), la apuesta oficial es que parte de lo que los bancos tienen en Leliq se pase a bonos del Tesoro. Para ello habilitó que estos títulos puedan computarse como encajes bancarios (el porcentaje de los depósitos que queda inmovilizado como garantía), con el reaseguro de que en caso de necesitar liquidez el Banco Central les comprará esos bonos.
Esto se combina con ofertas cada vez más jugosas, porque la gran mayoría de estos bonos está indexada a la inflación y además han ido aumentando las tasas de interés. Más aún, licita otros linkeados a la cotización del dólar cuando se aproximan vencimientos de títulos que están en manos de los fondos Pimco y Templeton, dos gigantes de Wall Street que tienen en sus carteras buena parte de toda la deuda en pesos. Los plazos también se fueron acortando, de manera que una porción de lo que se coloca ahora deberá ser refinanciada antes de fin de año. Cuando restan aún casi dos billones de pesos en vencimientos, es claro que estamos ante otra bola de nieve, para peor atada a la variación de los precios y del tipo de cambio.
Iván Hirsch
viernes, mayo 28, 2021
El sistema de salud, agotado y colapsado
Se registró un aumento en la ocupación de camas en todo el país y una suba en la cantidad de pacientes Covid-19 positivos, reflejo parcial de un pico de 41 mil casos diarios. Lo correcto sería estimar que lo peor todavía no pasó y esperar una nueva suba de casos por lo menos por dos semanas más, teniendo en cuenta la evolución de 14 días de la enfermedad. Sin embargo, el gobierno decidió un aislamiento de 9 días, lo que choca con cualquier esquema epidemiológico de prevención de la enfermedad.
Esta misma semana, Argentina superó los 75 mil muertos por Covid, mientras que se conoció que el 65% de las personas que ingresaron a las UTI durante la pandemia fallecieron. El porcentaje aumenta para los mayores de 60 años que recibieron asistencia respiratoria, con un 89% de muertes. El problema evidentemente no solo pasa por que es extremadamente difícil conseguir una cama libre, como lo demuestra la historia de Lara en Santa Fe y de tantas otras personas enfermas, sino también que la atención es deficitaria porque no hay personal de salud.
En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el personal de salud denuncia que se utiliza un sistema de “cama caliente”, en el cual la cama que se libera se ocupa inmediatamente por otro paciente en espera, por lo siempre están al 100%. Sin embargo, los datos distribuidos por el GCBA y los directores de los hospitales hablan de aproximadamente 100 camas libres. Pero estas camas, según los propios trabajadores, no se pueden utilizar porque no hay quienes atiendan a los pacientes. No ha habido grandes contrataciones por parte de Ciudad, por lo que los escasos trabajadores están cubriendo todos los turnos que pueden. Debido a los bajos salarios (algunos llegan a los $40 mil, y la mayoría se ubica muy por debajo de la canasta básica de $60 mil), muchos de ellos tienen que trabajar en el sector privado también. Los gobiernos terminan siendo los principales fomentadores del pluriempleo y la precarización laboral; ni hablar de la promoción del pase de los profesionales a la medicina privada, lo que colabora con el vaciamiento del sector público.
El ahogo presupuestario también ha sido una pata fundamental del vaciamiento de la salud pública. Solo en el presupuesto 2021 se recortó más de un 10% del dinero destinado a salud, que se suma al 20% que se ajustó en el periodo 2015-2019. El hecho de que el presidente haya declarado recientemente en una entrevista que “cuando previeron el presupuesto 2021 pensaron que ya había pasado la primera ola y no esperaban esto” habla de la improvisación con la que se manejaron durante toda la pandemia. De la mano del FMI han diseñado un presupuesto que responde al objetivo de ajuste fiscal, pisando principalmente por encima de la salud y la educa
ción públicas, y condenando a los trabajadores a atravesar la segunda ola sin recursos ni vacunas.
Si la situación es grave en la Capital, con un sistema de salud un poco más fortalecido y mayor asignación de presupuesto, profesionales y recursos, en las provincias es aún peor. Hoy son las principales afectadas. En Chaco, los médicos de algunos hospitales denuncian que ni siquiera tienen un sector asignado para los pacientes Covid, por lo que se expone a todo el personal de salud y al resto de los pacientes. Es un extremo, pero muestra algo que comienza a suceder en el resto también: los pacientes se internan en los pasillos porque no hay lugar. En Neuquén, hace por lo menos una semana que la ocupación es del 100% y dos días atrás había 47 pacientes internados en las guardias. Hace tres semanas que el gobierno de Santa Fe advirtió que el panorama era crítico, pero no se aumentaron los recursos, sino que se apeló a la responsabilidad y solidaridad individual; hoy las UTIs están al 97% y algunas al 100.
Es evidente que los intentos del gobierno por volver a la “normalidad” han fracasado estrepitosamente, llevándonos a una segunda ola totalmente desprotegidos y con sistemas de salud golpeados después de un año de pandemia. Incluso la vacunación, eje central de su campaña sanitaria, ha sido deficitaria y a cuentagotas, y tampoco se le destinó recursos para acelerar el ritmo, de manera que no se llegará al invierno con la población de riesgo vacunada.
La contracara es la organización de los trabajadores de la salud por el aumento de presupuesto y de los recursos y por salario digno, así como los incipientes reclamos de los trabajadores que son obligados a ir a sus puestos laborales por vacunación masiva. Ambos reclamos son el horizonte de la lucha de la clase obrera, junto a la pelea contra el hambre y la desocupación.
Lucía Cope
Uruguay: "¿Cómo se atreve?" o ¿cómo se atreven?
La dirección del sindicato de Aebu (Asociación de Bancarios del Uruguay) acaba de sacar una editorial con el título “¿Cómo se atreve señor presidente?” denunciando a Lacalle Pou sobre el otorgamiento de una escandalosa concesión por 50 años de una de las terminales portuarias del puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie donde el estado uruguayo es un socio menor (20%) de las inmensas ganancias que produce una terminal, que debía ser integralmente controlada por el estado.
La ley de puertos (por la que se permiten este tipo de concesiones) la hizo el anterior presidente Lacalle quien modifico en 1992 la ley que regía a desde 1916, y es una ley rabiosamente derechista, casi un calco de la reforma a la ley portuaria que hizo Menem en Argentina también en junio de 1992. Tabaré Vázquez, no solo no la derogo, sino que bajo su gobierno llamo Fernando Puntigliano, un acérrimo defensor de la ley de Lacalle para que estuviera a cargo de la Administración Nacional de Puertos a comienzos de 2005 Tabaré Vázquez, le ofreció la Presidencia de la Administración Nacional de Puertos -que él aceptó- pidiéndole un "servicio a la patria". (Mundo Marítimo, 21/8/2009)
La concesión a la Katoen Natie viene precedida de una entrega sin precedentes a las empresas extranjeras de las riquezas naturales del Uruguay que se produjo fundamentalmente bajo los gobiernos del Frente Amplio.
En la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce el país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas.
Hasta el 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país.
Dentro de las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser). La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.
“Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global” (Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012).
Muchos de esos capitales son los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.
El fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.
Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública. Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.
Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.
Durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes para la “tribuna” frente a esta brutal penetración extranjera La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas».
El motivo de la ley era: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, con una clara complicidad oficial, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba “prioritaria para el desarrollo productivo del país”.
La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero. Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble. La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía.
Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años hay un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento.
Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras.
Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. En el sector agrícola el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos oficiales.
El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.
Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país.
Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.
La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.
«La tierra es de la nación», es el dicho de José Mujica, Sin embargo, la realidad dice lo contrario,se ha producido una violenta extranjerización de las riquezas naturales.
Aebu en su denuncia al presidente señala lo siguiente: “Para titular esta nota hemos recurrido a la frase de la activista medioambiental Greta Thumberg dirigida a los líderes mundiales: «¡Cómo se atreven!».
“Aebu cambia la conjugación verbal señalando solo a Lacalle Pou como responsable, pero la frase para Uruguay deberia ser la de la activista ambiental. Dirigida al proceso integral de extranjerización bajo los dos gobiernos.
Juan Ferro
28/05/2021
P.D.: muchos de estos valiosos datos fueron extraídos del Semanario Brecha del 10 de diciembre del 2020 de un estudio de los periodistas Nadia Amesti y Luciano Costabel.
Banco Central – Tesoro: la ruleta rusa financiera
Flirteando con la bancarrota y el default.
Clarín tituló la información con los tapones de punta: “El Central habilitó que los bancos financien el Tesoro con depósitos”. Un petardo financiero intencional, que cuenta, sin embargo, la mitad de la historia: la otra mitad es que los depósitos y el sistema bancario y monetario en su conjunto, están amenazados por una deuda financiera del Banco Central, las Leliq, que sólo necesita una mecha para explotar.
El estado nacional, como es sabido, no tiene condiciones de afrontar el pago de la deuda pública, sea en divisas o moneda local, incluidos los intereses. La noticia hizo emerger a quienes vaticinan un nuevo ‘plan Bonex’, en referencia a la sustitución de los depósitos bancarios por títulos públicos bajo el gobierno de Menem, en diciembre de 1989, o, para no ir tan lejos, al llamado ‘corralón’ de 2002. Los ‘alarmistas’ fingen ignorar que eso ocurre ahora mismo, porque los depósitos se encuentran atados a un bono, sólo que es del Banco Central. El Central sólo puede rescatarlo con una emisión monetaria que, por su magnitud, desataría una híper-inflación.
La norma en cuestión autoriza a los bancos a canjear una parte de las Letras del Banco Central que se encuentran en su poder (Leliq) por títulos del Tesoro nacional. La porción permitida cubre unos 700 mil millones de pesos, reservada como encaje por los bancos, sobre una tenencia de 3.7 billones de pesos en sus activos. La tenencia de títulos públicos en calidad de encajes viola las normas internacionales que regulan la solvencia del sistema bancario. Un oficialista citado en los periódicos declaró que “si la apuesta sale bien, le daría mayor profundidad al mercado de capitales local”. La expresión “apuesta” resume muy bien la cornisa por la que quiere zafar el gobierno.
La normativa del Central simplemente muestra el impasse financiero final del gobierno. En primer lugar porque las Leliq estaban creciendo como una bola de nieve: sólo por intereses, pagaron 250 mil millones de pesos a los bancos en los dos primeros meses del año. Una asistencia social entera, equivalente al 7% del PBI. Aumentó un 226% desde diciembre de 2019, cuando era poco más de un billón de pesos. Esos casi cuatro billones de pesos superan con holgura la base monetaria, o sea que no puede ser rescatado por el deudor, el Banco Central, ni siquiera a plazos. De otro lado, por la función que cumplen en el sistema monetario actual, esas Leliqs están forzadas a crecer, ya que se emiten para absorber el dinero que emite el mismo Banco Central. Pagan una tasa de interés anual del 38%, que representa un rendimiento mayor porque se renuevan mes a mes y pueden ser usadas, en parte (un 20%) como encaje. El significado de este desbarajuste, y su impacto, es demoledor, porque implica que la ayuda social que se financia con emisión, cuesta alrededor de un 40% de interés anual. Es lo que ocurre también con la compra de divisas, ahora en auge por la liquidación de las exportaciones de soja: los pesos que se emiten a cambio son absorbidos luego a esa tasa estrafalaria. Por la compra de divisas se emiten 130 mil millones de pesos por mes (sin ningún rendimiento en contraparte). Como el gobierno, por otro lado, está embarcado en no mover el tipo de cambio oficial y en frenar al financiero, ese rendimiento de las Leliqs se mide en dólares. Argentina no solamente está a la cabeza de los contagios por cada cien mil habitantes, también ocupa ese podio en cuanto a tasa de interés dolarizada.
Lo que ha hecho el Banco Central con acuerdo del Tesoro, es llamar a la brigada de explosivos para desarmar, pieza por pieza, esa bomba financiera. Lo que distingue a este desarme del trabajo policial, es que arma en su lugar un explosivo financiero alternativo, incluso de mayor alcance. Ocurre que el Tesoro, por su lado, está abocado a una refinanciación sin horizonte de la deuda local y los intereses. Entre junio y septiembre tiene vencimientos abultados, cuya refinanciación se encuentra en veremos; no pudo completar las licitaciones recientes. El apriete del Tesoro no viene por el lado del gasto público sino de la deuda. Al ofrecer a los bancos la posibilidad de comprar bonos del Tesoro con las Leliq, busca llenar ese bache financiero. El gobierno pasa de una bola de nieve a otra sin tampoco desarmar la primera.
Convertir la deuda de una institución con facultades de emisión, el Banco Central, en una deuda de un Tesoro insolvente pone en riesgo los depósitos de los particulares en los bancos. Tiene, sin embargo, una consecuencia adicional, que es unir una potencial corrida contra el peso, o sea una devaluación, con una corrida bancaria, porque una huida de los bonos del Tesoro, por parte de sus tenedores, produciría una desvalorización de esos activos en poder de los bancos. Que estos bonos del Tesoro para los bancos tengan un plazo mínimo de vencimiento de seis meses, no atenúa la posibilidad de corrida, porque la misma norma autoriza su venta en el mercado secundario, o sea a otros bancos o particulares.
Desde el punto de vista político, este desarme ficticio de las Leliqs por ‘Tbonds’ no podía haber venido en momento más oportuno, o sea después del manifiesto kirchnerista del 25 de mayo. Es que el Banco Central y el Tesoro, muy lejos de postergar pagos y suspender deudas ilegítimas o no, han decidido pedir socorro a los bancos y al mercado financiero. Lo han hecho, seguramente, con la venia de la Vicepresidenta, pues de lo contrario la habrían convertido en un florero. Lo que ocurre es que no hay salida a la bancarrota en el marco del status quo heredado – desde la última quiebra de 2001/2.
En pleno ajetreo por la deuda con el FMI, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de París, la norma dictada por Pesce y Guzmán es parte indudable de una política de acuerdo. El ‘staff’ del Fondo ha dicho más de una vez que hay que ‘desarmar’ las Leliq y ‘armar’ un mercado local de capitales. La gestión anterior de Cristina Kirchner ya se había empeñado en este rumbo, que fue golpeado por la crisis con los fondos buitres. Lo mismo Macri-Sturzenegger, que pasaron de las Lebac, un título del Central que el público podía adquirir, a las Leliqs, un mercado cautivo de los bancos. La norma se adopta luego de haber acordado el arribo de una misión del FMI para supervisar las cuentas públicas (el llamado artículo cuarto). Es la condición que han puesto los gobiernos del Club de Paris para considerar una postergación del vencimiento de 2.500 millones de dólares, el 31 de mayo próximo.
Es clarísimo que este régimen político carece de las condiciones y del propósito de sostener la economía de los trabajadores en la pandemia, ni hablemos de la capacidad de disponer los recursos científicos y tecnológicos acumulados por la humanidad, al servicio de la vida. Por de pronto, ha procedido a la mayor serruchada de salarios y jubilaciones de las últimas dos décadas, con lo que ha logrado reducir el déficit entre gastos y recursos del 4 al 0,6% del PBI, y abultado las ganancias de las patronales. De 16 mil millones de dólares a 2.400 millones – una diferencia que fue a parar al parasitismo financiero.
Jorge Altamira
28/05/2021
jueves, mayo 27, 2021
Lo que está en juego en Italia
El plan de recuperación de la Unión Europea en acción.
El gobierno italiano de Mario Draghi ha presentado el 26 de abril ante la Cámara de Diputados su ambicioso plan de recuperación para pilotear lo que fuera la peor crisis económica del país desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un programa de inversiones y “reformas estructurales” por 6 años cuyo valor asciende a unos 248.000 millones de euros entre fondos procedentes de la Unión Europea (UE), mayoritariamente, y determinadas partidas nacionales. Un articulista del periódico londinense The Economist señaló que la Comisión Europea ha quedado ampliamente satisfecha con las “promesas” que realizó Draghi, por lo que estarían dadas las condiciones para una liberación de los fondos.
El premier italiano dijo al parlamento que el “destino” del país y la “medida de lo que será su papel en la comunidad internacional” dependen enteramente del éxito de este programa. Pues el plan en cuestión -y las contradicciones que trajo consigo- ha estado en la base de lo que fue la crisis política que pavimentó el camino, bajo la forma de un gobierno de unidad nacional, hacia el encumbramiento de Draghi. Europa mantendrá sus miradas puestas en lo que haga el gobierno italiano, ya que el país, a pesar de recibir la mayor parte de las erogaciones del fondo europeo, es reprochado por haber pospuesto durante décadas las grandes reformas que pide Bruselas.
Salvataje al capital
La apuesta del Ejecutivo es revertir el impacto de la bancarrota capitalista mundial en la península, que se ha agudizado con la pandemia. La economía de Italia se encuentra empantanada hace años; la banca se ha venido destacando por su elevada cartera de créditos incobrables y morosos, y la proliferación de las denominadas empresas zombis (que sobreviven a base de deudas o rescate estatal) está a su vez en el epicentro de la crisis actual.
El millonario paquete de subvenciones y préstamos ha contado con el beneplácito de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) y de la Asociación Nacional de Constructores de Edificios (Ance, por sus siglas en italiano).
El 40 por ciento de los fondos -68.600 millones de euros- se dedicarán a la llamada transición ecológica del sistema productivo, y el 25 por ciento -49.200 millones- a la “digitalización” del país, cuya aplicación estará a cargo del ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital, Vittorio Colao (ex CEO de Vodafone), lo que ampliará la conexión a internet en diversas regiones y buscará avanzar en la implementación de redes 5G. Una parte considerable de estos fondos -57.400 millones- serían utilizados para reducir las “disparidades” entre el norte y el empobrecido sur.
El Ejecutivo también ha aprobado un decreto para socorrer a empresas, autónomos y familias mediante la repartición de unos 40.000 millones de euros. El grueso de estos está destinado a empresas, en tanto que otra buena porción servirá para financiar al sector turístico y al agrícola. En menor escala se alistan fondos para los comercios cerrados por la pandemia, los ayuntamientos en crisis y para ayudar a las familias con problemas económicos.
Detrás de la presentación progresista del programa se encubre un rescate al capital. En lugar de destinar los préstamos a una reorganización nacional que parta de las necesidades de la población, Draghi apuesta a intentar dinamizar a la estancada burguesía tricolor a costa de los trabajadores, que pagarán esa orientación a través de los despidos y la mayor explotación que acarrea toda “modernización” capitalista. A la vez, la deuda contraída por Italia para afrontar el plan y la parte de los fondos provenientes de la Unión que no sean asumidos de manera conjunta por los Estados constitutivos de esta deberán ser reembolsados, lo que constituirá otra carga sobre las masas.
En el marco de la agudizada guerra comercial entre los grandes jugadores del tablero mundial la tentativa italiana aparece, a pesar de todo, con pronóstico reservado. Para mayor muestra de esa orientación, la educación recibirá solo 31.900 millones; apenas 22.400 millones para “políticas de inclusión”, y el vapuleado presupuesto sanitario, la menor parte (unos 18.500 millones, de los cuales una porción irá a parar a manos de la salud privada).
Es por esto que la clase capitalista transalpina ha festejado el anuncio del gobierno con subas en el mercado de valores; la Ance estima que su sector puede beneficiarse de un total de 113 mil millones de euros –el 51 por ciento de los recursos- y Telecom registró el mejor desempeño accionario de 2021. Todo el sector energético (ENI, Terna, Falck Renewables, entre otros), entretanto, espera altos rendimientos por el paquete de rescate.
La orientación reaccionaria de Draghi tiene su expresión en todos los planos. En el frente externo, está alineándose con Estados Unidos y el capital europeo en medio de las disputas que tienen lugar en el convulsionado panorama internacional.
En esta línea, el gobierno viene de bloquear la adquisición de una empresa italiana de semiconductores por parte de capital chino y ha arrestado a un oficial de la Marina italiana acusado de espiar para el gobierno ruso, al que ya señalaba de violar los derechos humanos debido a la detención del opositor Alexei Navalny. Asimismo, como parte de su agenda internacional, el primer viaje presidencial ha sido a Libia, donde dio su apoyo a la Guardia Costera local contra los migrantes y persigue como fin estratégico preservar el papel del imperialismo italiano en la región.
Ajuste y límites
Los fondos han venido estando condicionados a la puesta en pie de un programa de reformas estructurales que hasta el último instante mantuvo en vilo a Bruselas. La Justicia Civil será un eje vital, en la cual se prevé contratar personal temporal en aras de “agilizar la actuación de los tribunales”, y, asimismo, se la reorganizará para garantizar “el derecho a reclamar” de los inversores extranjeros.
Por otro lado, la reforma fiscal que Draghi tiene en mente deberá “simplificar el proceso del pago de impuestos” y rebajar la presión fiscal, es decir, los impuestos al capital. A diferencia del “New Deal” de Joe Biden, que contiene una modestísima suba de las rentas e impuestos a la burguesía, el plan de estímulos del gobierno italiano no encerraría subidas impositivas, solo se “reforzarán” las normas contra la evasión fiscal.
La espinosa cuestión del bloqueo a los despidos y de las pensiones no fue por el momento del todo esclarecida. La cuota 100, el sistema que permite a los trabajadores “jubilarse antes” –a partir de los 62 años con 38 años de contribuciones- podría reemplazarse por la llamada “cuota 102”, que eleva la edad de retiro a los 64 años, aunque también hay otras opciones de ajuste en danza. La burlada suspensión de los despidos –estos alcanzaron los 2,2 millones durante el gobierno de Giuseppe Conte-, que fue extendida hasta junio, perecería marchando a un esquema de exenciones impositivas y de pago por parte del Estado de un porcentaje de los salarios para aquellas empresas que presenten pérdidas en sus balances.
Con todo, el gobierno nacional aspira a conseguir un déficit fiscal del 3,4 por ciento en 2024, luego de que este trepara en 2020 a un 11,8 por ciento. El ajuste comenzaría a partir del próximo año, donde el déficit fiscal pasará al 5,9 por ciento, mientras que la deuda pública italiana superará los 3 billones de euros en 2024, o sea, el 152,7 por ciento del PBI. Esto es lo que está en juego alrededor del plan recuperación de la UE, a saber, un ajuste contra las masas de características históricas para cumplir con las pretensiones de Bruselas.
Sin embargo, la aplicación de este gran entramado, choca con el hecho de que en el mes de julio comienza el “semestre blanco”, un periodo que precede a la elección del presidente de la República. El principal nombre para suceder a Sergio Mattarella, el actual mandatario, es el mismísimo Draghi, lo que ha provocado una crisis, puesto que en febrero el gobierno deberá emprender las “reformas”. La única manera de sortearla sería prorrogando el mandato de Mattarella, aunque por el momento dicha posibilidad es rechazada por este. Así las cosas, los partidos del establishment han comenzado a tomar posición; mientras que los derechistas de La Lega apoyan la investidura presidencial de Draghi con la condición de avanzar hacia elecciones anticipadas, los centroizquierdistas Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas quieren evitar nuevas elecciones. La burguesía italiana, a su vez, pretende que Draghi sea quien capitanee el ajuste.
Frente a este escenario, la clase obrera debe abrirse paso de manera independiente para intervenir en la crisis. Este viernes 21, mientras en Roma sesionaba el Foro del G20, tuvo lugar un acto impulsado por las organizaciones del Pacto de Acción Anticapitalista, que reúne a sectores del sindicalismo combativo, el cual ya protagonizó anteriormente otras jornadas. El sábado 22, se desarrolló una manifestación nacional impulsada por organizaciones de izquierda y por USB (Unión Sindical de Base), con una delegación que viene de protagonizar el boicot a los barcos con armas que marchaban hacia Medio Oriente para robustecer la masacre sionista.
Es necesario poner en pie un polo de independencia de clase para enfrentar al gobierno ajustador.
Nazareno Kotzev
Fujimori nunca más
Declaración de la Agrupación Vilcapaza de Perú.
Reproducimos a continuación el comunicado de los compañeros de la Agrupación Vilcapaza de Perú sobre el balotaje que tendrá lugar el 6 de junio.
Perú ha ingresado a un escenario político extraordinario. La derecha está con los pelos de punta frente al “terror del comunismo”, que, según ésta, representa la candidatura de Pedro Castillo que sigue adelante en la intención de voto. Pero Castillo se ha deslindado del “comunismo”, se declara alguien que defiende las “instituciones”. Estas instituciones de la corrupción, la superexplotación del pueblo y la entrega.
Aun así la derecha continúa con su campaña. Y es que tiene miedo no tanto a Castillo sino a las masas trabajadoras y campesinas que protagonizaron la rebelión del 2020.
La votación a Pedro Castillo es parte de una expresión –deformada- de la rebelión popular de noviembre contra el golpe parlamentario de [Manuel] Merino. Es en verdad, parte del descontento popular contra el “modelo neoliberal” y el régimen político capitalista, que por más que la derecha trate de “tapar el sol con un dedo”, se expresa en el derrumbe del sistema sanitario, económico y social, detonado por la pandemia.
La “izquierda caviar” más “acaviarada” que nunca
Tenemos un contexto de polarización electoral objetiva. No nos referiremos mucho a los planteos reaccionarios, represivos y antiobreros de los Fujimori, porque son harto conocidos. Baste tener en cuenta que poco antes de las elecciones, el bloque de Keiko fue impulsor de una ley que crea “comandos de autodefensa” en las zonas agrarias que pueden recibir “donaciones privadas”… en armas (se trata de la oficialización de grupos paramilitares, financiados por los capitalistas, para enfrentar el creciente descontento de los pueblos, los campesinos y trabajadores agrarios). Teniendo en cuenta su trayectoria, Fujimori, puede darse el lujo de hacer algunos “planteos” ante el establishment para ganar votos del campo popular. Los patrones no se llamarán a engaño sobre su intención de gobierno, los trabajadores tampoco debemos hacerlo.
Pero Castillo… Este ha presentado un programa para acallar los temores -de los monopolios-, comprometiéndose a no cuestionar la base capitalista del Estado peruano.
El acuerdo que Castillo ha firmado con Verónika Mendoza [candidata en primera vuelta por Juntos por el Perú] ha sido el punto de partida de los reclamos para que agüe cualquier planteo que choque contra los intereses de las clases dominantes. Explicita que lejos de un cambio en la base social y económica a favor de los trabajadores, propone un Estado capitalista “fuerte”. El profesor Castillo, habiendo planteado en un primer momento la nacionalización de los monopolios que regentean los recursos naturales, ha ido retrocediendo. Primero dijo que iba a renegociar el pago de mayores cánones. Luego que no piensa estatizar nada, que buscará en todo caso la “nacionalización” incorporando grupos capitalistas nativos del Perú a las gestiones de las patronales imperialistas. ¡Como si la Confiep [cámara patronal] ya no estuviera en estos!
Castillo luego de firmar el acuerdo con Mendoza donde rebajaba aún más su devaluado programa electoral, ahora ha firmado un “acuerdo democrático” con la…propia Keiko. Este acuerdo fue propuesto e impulsado por los sectores más reaccionarios de las iglesias católicas y evangélicas.
Que este acuerdo haya sido firmado por la hija y defensora del ex-dictador pinta de cuerpo entero al mismo. Uno de los puntos más graves es el que plantea “la defensa de la vida”, lo cual tratándose de un acuerdo con la iglesia es la explicitación de la negativa tajante al derecho al aborto. Ese mismo acuerdo da libertad a las fuerzas represivas, que se llevaron la vida de jóvenes durante las protestas de noviembre, cuando afirma que se deberá “respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales”.
No aparecen los reclamos obreros más elementales (derogar las “suspensiones perfectas”, reincorporar despedidos, negociación colectiva por rama, aumento de salarios, etc.). Este acuerdo no es otra cosa que una búsqueda de calmar a la burguesía dándoles a entender que sus intereses no serán tocados. Esta ha sido, hasta el momento, una de las candidaturas menos combativas de la historia de la izquierda peruana. Y el correlato de este “aggiornamiento” de Castillo, es la falta de llamado a las masas trabajadoras a imponer sus reclamos a través de la lucha y la movilización.
La burguesía cierra filas con Keiko
Sin embargo, frente a esta tímida propuesta centroizquierdista, la derecha y la mafia fujimorista han respondido histéricos, señalando que el Estado es un mal administrador y que eso se ha demostrado durante la pandemia con la compra de vacunas. Impusieron así que se apruebe que las clínicas privadas también puedan vender/repartir vacunas.
La doble moral de la derecha es fenomenal. Cuando se trata del salvataje estatista a las patronales del Plan Reactiva Perú que las llena de subsidios por más de 100,000 millones de soles sí están de acuerdo con “papá Estado”, pero cuando se trata de que el Estado regule el exorbitante precio de los medicamentos, camas UCI o el oxígeno, dicen no.
No es Castillo-Mendoza y su programa, sino la posibilidad de una victoria de Castillo que desate ilusiones en las masas, que las impulse a repetir en nuevas luchas la rebelión de noviembre, la que ha puesto con los pelos de punta a la derecha logrando la unificación de todo el espectro político “neoliberal” y fascistoide. El neofascista López Aliaga, Hernando De Soto [candidato en primera vuelta de Avanza País] y César Acuña [Alianza para el Progreso], se han sumado activamente (realizando reuniones y acciones políticas a nivel nacional), a la campaña de Keiko denunciando la “amenaza comunista y chavista”.
Organizarnos independientemente para las peleas de la próxima etapa
En este marco, la estrategia de Perú Libre es continuar con los mítines y la “guerra simbólica” de la “revolución chola” y las provincias contra Lima.
Mientras Perú Libre y Castillo concilian, la derecha en la “marcha por la democracia” del sábado 8 de mayo, salió a la ofensiva con Aliaga arengando por “la muerte del comunismo y de Castillo”, con el fin de hacerse de una base de masas.
En este marco polarizado, una derrota de Keiko en las elecciones peruanas sería un fuerte golpe a la derecha continental, sumándose a las tendencias de lucha que se están manifestando en la rebelión popular en Colombia, en la derrota electoral de la derecha chilena, etc.
No obstante, hay que ser conscientes que el triunfo de Castillo y Mendoza tiene límites insalvables.
Convocamos a los trabajadores a valernos del voto a Castillo para derrotar a la derecha, pero llamamos simultáneamente a organizarnos en forma independiente e impulsar a la hora de emitir el voto y en las luchas que se vienen un programa propio por la defensa del derecho de huelga; por la prohibición de suspensiones y despidos y la supresión del régimen de suspensión perfecta; por un salario y jubilación equivalente a la canasta familiar; por la centralización del sistema de salud y la aplicación del presupuesto de educación y salud; por impuestos directos y progresivos al gran capital; por la nacionalización de la minería y de los recursos naturales y una banca única bajo control obrero, de modo de colocar el ahorro nacional al servicio de la satisfacción de las necesidades más perentorias del pueblo peruano; la puesta en pie de un plan de industrialización y reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, cuya conducción política está reservada a los trabajadores; por el no pago de la deuda externa; por el derecho al aborto y plena vigencia de todos los derechos de la mujer y las diversidades; por el juicio y castigo de todos los responsables políticos ý materiales de las fuerzas de seguridad. Este programa apunta en la dirección opuesta del que sostiene Castillo y Perú Libre de convivencia con los explotadores históricos de Perú, responsables del atraso, la opresión y las penurias ancestrales que viene soportando nuestro pueblo.
Retomar el camino de la rebelión popular que derrocó al golpista Merino
Un programa y organización independiente es crucial para enfrentar la nueva fase de la lucha de clases que se agudizará después de la elección (gane quien gane). Bajo estas premisas, crearemos las mejores condiciones para retomar el camino de la rebelión popular que tiró a Merino y de la huelga de los trabajadores agrarios contra la superexplotación. Con los métodos de la independencia política y no de la conciliación de clases, llamamos a organizarnos en todos los lugares de trabajo y estudio para pelear en las calles –gane quien gane- por nuestros reclamos. Y poniendo en pie un partido obrero revolucionario que agrupe a la vanguardia para encarar estas históricas tareas en la lucha por un gobierno de trabajadores.
22/5/21
miércoles, mayo 26, 2021
Piratería en Bielorrusia – Snowden, Assange y Evo Morales
El 23 de mayo, un avión de Ryanair que conducía a un opositor bielorruso, fue desviado de su vuelo de Atenas a Vilnius (Lituania) hacia Minsk, capital de Bielorrusia. Las autoridades bielorrusas justificaron la piratería con el extraño de pretexto de la denuncia una bomba en el avión Antes de permitirle continuar a su destino, el gobierno de Lukashenko se llevó detenido a Román Protasevich, un periodista de 26 años que participó en las movilizaciones del año pasado contra el régimen bielorruso. Protasevich enfrenta una posible sentencia de muerte como "terrorista" por sus presuntos delitos de seguridad nacional. En noviembre, la KGB bielorrusa lo habían colocado en la lista de “individuos implicados en actividades terroristas” (La Nación, 24/5). La operación terrorista del gobierno copia como calcado las operaciones de secuestro y tentativa de asesinato de Putin contra el opositor Navalny. En un caso como en otro, al margen de que las víctimas profesan una posición favorable a la integración a la Unión Europea y a la OTAN, el propósito de la persecución es aterrorizar a la población, y en el caso de Bielorrusia a los obreros que participaron de la reciente rebelión popular.
La Unión Europea y EEUU repudiaron el hecho. La UE suspendió los vuelos los vuelos en el espacio aéreo de Bielorrusia. En su primera aparición, Román Protasevich aparece con signos de violencia. Se cuentan 400 presos políticos.
Secuestros y secuestros
La acción condenada por EEUU y la UE fue exactamente la misma que la sucedida hace ocho años contra Edward Snowden, Snowden había realizado el inmenso servicio democráticos de dar a conocer los secretos de las operaciones ilegales en el mundo de EEUU y aliados. Develó que EEUU tenía un sistema de terror y represión (y un sistema de vigilancia permanente que viola derechos básicos) contra su propia población y contra la población mundial.
Los abusos y violaciones a los derechos humanos de opositores son moneda corriente. Es el caso del enorme periodista Julián Assange, dedicado a publicar todas las conspiraciones y delitos del imperialismo en WikiLeaks, como también la injerencia de EEUU en los recientes golpes de estado en Bolivia, Brasil, Paraguay, Honduras. Otro periodista del mismo nivel, Greenwald, denunció, entre tantas operaciones ilegales, la conspiración del juez brasileño Sergio Moro contra Lula, en connivencia con el golpe de estado, el segundo, que significó su proscripción electoral.
Hace ocho años, en julio de 2013, cuando Evo Morales viajó a Rusia para una conferencia internacional de países exportadores de gas, Snowden se había reunido en Hong Kong con dos periodistas para darle la información secreta que había recolectado de su paso por la inteligencia norteamericana. EEUU pidió arrestar a Snowden, pero el gobierno de HK lo denegó, Snowden abandonó HK ese mismo día para intentar llegar a Moscú y abordar un vuelo a Cuba, para pedir asilo en Bolivia o Ecuador. Dirigidos por el entonces vicepresidente Joe Biden, los funcionarios estadounidenses advirtieron a todos los países de Europa y América del Sur que estaban considerando albergar a Snowden de las graves consecuencias que sufrirían en el caso de otorgarle a asilo. Moscú, también un secuestrador serial, le dio un asilo temporal que se convirtió en permanente.
El 1 de julio de 2013, Evo dijo que otorgaría asilo a Snowden. Su vuelo de regreso a La Paz incluía sobrevolar varios países de la UE, mientras volaba sobre Austria hacia Francia, el avión fue desviado hacia Viena. Los funcionarios bolivianos anunciaron inmediatamente que, en pleno vuelo, Francia, España e Italia les dijeron que su permiso para sobrevolar el espacio aéreo de esos países había sido revocado, y que el motivo era que “un gobierno extranjero no especificado” había anulado la posibilidad de tránsito aéreo porque se suponía que “Snowden estaba en el avión con Morales y que viajaba porque Bolivia le había otorgado asilo” (https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/69541-focus-as-anger-toward-belarus-mounts-recall-the-2013-forced-landing-of-bolivias-plane-to-find-snowden). Julián Assange fue sacado de la embajada de Ecuador en Londres, en flagrante violación del derecho de asilo. Lukaxhenko debe haber pensado en estos antecedentes cuando ordenó piratear el avión de Rynnair. La única razón por la que Snowden no sufrió el mismo destino ese día que el que sufrió Protasevich el domingo es porque no estaba en el avión objetivo que se vio obligado a realizar un aterrizaje no programado en Viena” (ídem).
Recordemos, por último, que Evo Morales no pudo salir de Bolivia a México, donde López Obrador le había concedido asilo, luego del golpe de estado de octubre de 2019, por la certeza de que estaba previsto su secuestro. Lo hizo, al final, en modo semi-clandestino, desde Buenos Aires, luego de las garantías que aseguraron el presidente de México y Alberto Fernández.
En esta historia siniestra, el lugar máximo lo ocupan, sin embargo, la CIA y el gusano Luis Posada Carriles, autores del atentado terrorista contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación.
Emiliano Monge
26/05/2021
Colombia: las Mamás “Primera Línea”
En el medio de la rebelión popular colombiana, un grupo de madres ha decidido conformar parte de la primera línea en Bogotá, tirando por la borda años de estereotipos.
En palabras de las propias madres: “Llevábamos varias noches viendo con miedo y angustia cómo la policía atacaba a nuestros jóvenes que salían a protestar por sus derechos. Llegamos a la conclusión de que si íbamos a hacer un trabajo social, lo debíamos hacer bien: en la primera línea, poniendo el cuerpo para defender a los manifestantes” (elpais.com, 19/5). Lo que ellas llaman trabajo social no es ni más ni menos que ser parte de la lucha de clases contra el narco-estado represor en el que viven.
Para salir a combatir palmo a palmo con la juventud, las madres tuvieron que organizarse y dejar a sus hijos por las noches al cuidado de sus abuelas. Una vez resuelto eso, buscaron la forma de defenderse de las fuerzas represivas: primero examinaron materiales entre la basura para hacer escudos, pero como no consiguieron nada útil gastaron sus ahorros para pagar escudos negros a los que les pintaron en blanco la inscripción “MAMÁS 1 LÍNEA”. Su voluntad de lucha despertó la solidaridad de estudiantes universitarios que les regalaron anteojos de protección contra los gases policiales.
Se trata de un grupo de madres “jefas de hogar”, actualmente desocupadas. Son parte de los 21 millones de colombianos bajo la línea de pobreza. Sus reclamos son claros, según lo cuenta Johana, una mamá de 36 años: “Exigimos cosas mínimas: derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, una renta básica para darle de comer a nuestra familia” (elpais.com, 19/5). No solo son claros, también son incompatibles con el capitalismo decadente en el que vivimos.
Su presencia en las calles juega un doble rol: por un lado, en el enfrentamiento directo, por otro en la búsqueda del quiebre de la voluntad represiva de los uniformados. Así lo cuenta un joven jugador de futbol que lidera otro grupo de Primera Línea de Bogotá: “Para nosotras ellas son un gran apoyo”. Se refiere a que la policía, al verlas, duda ante de continuar reprimiendo. Del otro lado de la trinchera se escuchó a agentes decir “Al final, todos tenemos una mamá” (ídem).
Son conscientes de que cada noche enfrentan la posibilidad de morir en los choques con la policía. Lo ven a su alrededor, muy de cerca, desde el comienzo de la rebelión, en la televisión y en las calles de su barrio. Han tenido miedo, y lo han superado. No se trata solo de solidaridad de clase, que tienen, sino de una idea fundamental: “Yo creo que la quemada de un bus, los vidrios rotos de una tienda, o las paredes pintadas no tienen comparación con la vida de un ser humano, sea policía o manifestante. La vida no tiene precio” dicen las madres. Entienden correctamente, saben, que para luchar por la vida tienen que luchar contra Duque y el Estado.
Su lucha es conmovedora y atraviesa fronteras. Las madres de 1° línea colombianas expresan la fuerza de la lucha de clases del pueblo rebelde. De ahora en más en Colombia es correcto escribir Mamá así, con mayúsculas, con la letra grande como el coraje de estas mujeres que se organizan y van al frente.
Ariel Barreiro
26/05/2021
Palestina: el alto al fuego no pone fin a la represión
Luego de declarado el cese al fuego, acordado entre el gobierno israelí, Hamas y la Hiyab islámica, la fuerza policial de Israel anunció un programa de arrestos, denominado “Operación ley y orden". Apunta contra los palestinos que viven en Israel y hayan participado de manifestaciones en solidaridad con la causa palestina.
Días antes, el primer ministro Netanyahu había catalogado como “terroritas” a los ciudadanos palestinos de Israel que protestaban contra la discriminación impuesta por el estado sionista. Las fuerzas armadas israelíes informaron que miles de agentes de todas las unidades -incluidos guardias fronterizos y brigadas de reserva- serán movilizados para llevar a cabo operativos en localidades con gran población palestina. Anunciaron que allanarán domicilios y realizarán “investigaciones” con el fin de presentar cargos e imponer penas de prisión. Se conjetura que en los próximos días se allanarán más de 500 viviendas de palestinos.
Asimismo, el ministro de policía, Amir Ohana, convocó a los colonos judíos a actuar como un "multiplicador de fuerza", en apoyo a la policía. Ohana se había manifestado “indignado” por los arrestos a judíos sospechosos de asesinar a un palestino en la ciudad de Lod e hizo lobby para a liberarlos.
Días de furia
En los días posteriores al cese de los bombardeos, se produjeron ataques contra los árabes por parte de Israel. El sábado, las tropas israelíes atacaron una protesta conjunta de palestinos y judíos contra los desalojos en el barrio de Sheikh Jarrah. El domingo decenas de colonos, flanqueados por fuerzas especiales israelíes, entraron en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa.
En Cisjordania y en Jerusalén, las fuerzas militares de Israel detuvieron a 41 palestinos en redadas entre el domingo y lunes por la mañana. La Sociedad Palestina de Prisioneros denuncia que alrededor de 500 palestinos han sido arrestados en Cisjordania desde mediados de abril. Los organismos de derechos humanos denuncian que las fuerzas israelíes han matado al menos a 31 palestinos, incluidos cuatro menores de 18 años, en Cisjordania desde el 10 de mayo.
Mauri Colón
26/05/2021
Cristina Kirchner no saca los pies del plato
La proclama del kirchnerismo sobre la deuda.
Hace justo diez años atrás, un gobierno kirchnerista celebraba con fastos el bicentenario de la Revolución de Mayo. Entre exposiciones, recitales y desfiles artísticos, los ´nacionales y populares´ proclamaban la autonomía nacional. Algún izquierdista encandilado peroraba en esos días sobre “La Argentina Kirchnerista”. Diez años después, muy lejos de aquellas fanfarrias del colectivo Fuerza Bruta,, los militantes del kirchnerismo, desde sus poltronas ministeriales, parlamentarias y judiciales, sin excluir a gobernadores y directores de bancos y empresa, han parido un documento mendicante. La gran prensa opositora no dudó en caracterizar el pronunciamiento como un complot contra el ministro Guzmán e incluso el Presidente, que horas después tenía prevista la presentación de un ´perdón´ financiero a la primera ministra de Alemania, Ángela Merkel.
Kirchnerismo, macrismo y deuda
La proclama del llamado ´kirchnerismo duro´ advierte que una renegociación de la deuda con el FMI a ´sólo diez años´ resultaría ´impagable´. No era lo que pensaba de una deuda aun más cuantiosa, con los fondos internacionales, de u$s80 mil millones, que fue renegociada a plazos promedio de diez años, sin la menor quita en el capital. Ni de otra de valor similar, la deuda local del Tesoro, que es premiada con nueva deuda ajustable por inflación. El monto de una y otra es cuatro veces mayor que la deuda con el FMI. Sin embargo, no dudaron en publicitar el “éxito” de la reestructuración de esa deuda, al punto de calificarla como un rescate nacional de los desmanes del gobierno macrista. La “postergación” de los pagos al FMI es, precisamente, lo que está negociando Guzmán, en nombre de todo el gobierno nacional. No solamente esto – ha comprometido el apoyo del Congreso nacional, en conjunto con el resto de los bloques parlamentarios, con la exclusión, claro, de los dos diputados de izquierda.
El texto rechaza que el FMI se convierta en un ´auditor permanente´ de la política económica. Pero la contrapropuesta que acercan, de llevar el acuerdo de pago de diez a veinte años, significaría precisamente eso. Bien mirado, los kirchneristas de paladar negro toman un libreto conocido, el del ´Toto´ Caputo, que emitió un bono a cien años, mucho más que las dos décadas que reclama Leopoldo Moreau. En estos bonos ´centenarios´, el acreedor recupera el total de la inversión en un período breve, que va de diez a quince años, mediante el solo cobro de los intereses. El ´Toto´ consumó el sueño kirchnerista de no amortizar el capital hasta que gobiernen los nietos de Máximo, pero no por eso dejó de perpetrar un gigantesco negociado a costa de las finanzas nacionales. Rebobinar los plazos de la deuda acentúa la tutela del país por parte del FMI, y convierte en asidua la auditoria de las cuentas nacionales. Las eminencias K creen haber encontrado la cuadratura del círculo, como es no pagar una deuda que sin embargo reconocen en su integridad.
La ´proclama del 25´ también le pide al FMI una quita de la deuda, que no le pidió a los acreedores privados. Gran incoherencia, porque los privados no tienen vedadas las quitas, pero el FMI sí. El FMI ya puso en marcha, a pesar de todo, esa quita, al recibir la autorización de emitir u$s600 mil millones en las cuentas de los países miembros. A Argentina le corresponden 4300 millones, sin tener que dar nada a cambio. Los ilustres firmantes reclaman que ese dinero vaya a solventar la pandemia o “la emergencia sanitaria, y no en pagar la deuda al Fondo. El planteo abre, sin embargo, una caja de pandora. Ocurre que para usar los dólares en gastos internos hay que pasarlos a pesos, mediante la emisión equivalente de moneda. El gasto de esa emisión en ayuda social es enseguida absorbido por el Banco Central, con el argumento de que ese mayor circulante crearía inflación. Para esa operación paga casi 40% de interés anual. De modo que el financiamiento con esos dólares del gasto social, lo encarece en casi la mitad. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con las Leliq, que ya superan los tres billones de pesos, y paga intereses por 1.2 billones al año. El negociado para los banqueros supera cómodo el monto del gasto social. Los firmantes del 25 son un grupo de monetaristas reprimidos, que confunden la riqueza social con el papel moneda.
El documento presume de audaz cuando caracteriza a la Argentina en “insolvencia estructural”. Esta caracterización es, por supuesto falsa, pero típica del arsenal nacionalista, que mete a todas las clases en el cajón de la Nación. El gran capital que opera en Argentina, industrial, agrario, exportador, comercial, minero, nuevas tecnologías, no es de ningún modo insolvente. Todo lo contrario. Y no lo es porque ha logrado esquilmar al estado de diversas maneras – por ejemplo con operaciones financieras, acompañadas de fuga de capitales y la devaluación del peso. La insolvencia estructural se manifiesta en los niveles de pobreza y en el retroceso del nivel de vida de los trabajadores en su conjunto. Con relación a la única insolvencia real, el manifiesto ´mayo´ no abre el pico. El documento que asegura que la deuda es impagable, se ufanó de haber ´desendeudado´ a Argentina por u$s170 mil millones, es decir por medio de una vaciamiento financiero ´nacional y popular´. Este vaciamiento ha dejado al Banco Central con patrimonio negativo; ha producido pérdidas descomunales al Fondo de Anses; ha empobrecido en masa a los trabajadores; y nos ha dejado con una deuda superior a la del comienzo de ese ´desendeudamiento´.
Dentro de la ley, todo
No hace falta demasiada perspicacia para ver en la proclama una movida de piso a Martín Guzmán, con pronóstico reservado. Más allá de la firma del inefable Gildo Insfrán, y del vicepresidente saliente de la UIA, la solicitada no juntó a otros integrantes de los ´factores de poder´. Los K se encuentran objetiva y subjetivamente aislados. Lo saben desde que perdieron Buenos Aires en 2017 y cuando tuvieron que ´elegir´ la vicepresidencia para recuperar aire. La gran burguesía nacional y los gobernadores tienen colocadas sus fichas en el acuerdo con el FMI. Incluso las vacunas dependen del Fondo y de ´Juan Domingo´ Biden. La movida del 25 está animada por un cálculo de aparato: copar más resortes del estado, para pelear más candidaturas para noviembre.
Proclamas y crisis política
Los ultra K han decidido celebrar el 25 con un fuego de artificio. Pero esto no le da de comer a ninguna familia que se encuentra debajo del nivel de pobreza. Lo/as Vallejo, Español y Lozano no mentan en el texto la cuestión de la inflación ni la necesidad de un aumento general de salarios. Toda su propuesta apunta a evitarlos y contenerlos. El manifiesto es una declaración política contra las luchas obreras y contra la independencia de clase; lo firma la burocracia. Tampoco abren el pico sobre el retraso del dólar – el “ancla anti-inflacionaria” de Guznán y Pesce, el dúo de la política económica, al que no oponen una alternativa que no tienen. Los firmantes temen una Colombia. El sector ´vaticano´ del kirchnerismo ha comprendido que, ante su propia incapacidad para conducir una lucha de masas, debe pintarse de ´colores críticos´ para reservarse un derecho a contenerlas. Argentina no se encuentra encima de “una insolvencia estructural” sino ante un volcán social y político. Los tiempos del acuerdo entre el pejotismo no kirchnerista, de un lado (AF y Massa) y el ´juntismo´ no macrista, del otro (Larreta y compañía), se van agotando, pero ese acuerdo es todavía la viga inestable del régimen político. Lo saben los Fernández y los Macri.
Marcelo Ramal
26/05/2021
Suscribirse a:
Entradas (Atom)