Entre la autoamnistía y el juicio político
Temer se encuentra envuelto en nuevas revelaciones de corrupción, que podrían derivar en su procesamiento. Esto ocurre cuando el abismo de la población con el gobierno se profundiza, como consecuencia de la ofensiva que éste viene llevando adelante contra los trabajadores y su correlato de nuevas movilizaciones y huelgas. A ello se agrega el escándalo de la carne podrida, que ha colocado en la picota a los principales grupos económicos de ese sector.
En este contexto, sin embargo, las marchas anticorrupción realizadas ese fin de semana en Brasil han resultado un fracaso. “La participación fue pobre, sin parangón con las multitudes que salieron a expresar su hartazgo desde 2013 y hasta la caída de Dilma el año pasado” (El País, 27/3). Lo que se suponía iba a ser el acto más grande, el de San Pablo, terminó con apenas unas miles personas en la Avenida Paulista. En Río de Janeiro se juntaron apenas 600, en Brasilia 500 y en Belo Horizonte, otro tanto.
¿A qué se debe este contraste? Cuando las acusaciones de corrupción sirvieron como fermento para alimentar el golpe parlamentario que culminó con la destitución de Dilma, la burguesía le dio un guiño a las movilizaciones y fogoneó la protesta. Hoy, estamos frente a un escenario diferente. La clase capitalista esta haciendo un gran esfuerzo por sostener a Temer y no quiere perturbar todavía más a la transición en curso, acosada por múltiples frentes de crisis. Una caída de Temer, en las actuales circunstancias, representaría no sólo un salto mayúsculo en la crisis de poder en el país vecino sino un factor de desestabilización en América Latina. En definitiva, constituiría un golpe a los relevos derechistas que se vienen ensayando en el continente a partir del agotamiento de las experiencias nacionalistas. En este pelotón de países, se encuentra, en primer lugar, Argentina.
La experiencia de Brasil, de paso, no deja de ser aleccionadora pues vuelve a corroborar que las “cruzadas contra la corrupción”, divorciadas de una lucha contra el Estado capitalista y de un programa de transformación social, son un recurso maleable, que se presta a la manipulación de la burguesía.
Gobierno a prueba
La clase capitalista le viene marcando al Planalto una agenda antiobrera y entreguista. Días previos a la marchas anticorrupción, la Cámara de Diputados, en una escandalosa sesión, convirtió en ley un proyecto de reforma laboral que deja despejado el terreno a todo tipo de tercerización. Este proyecto precariza al empleo y es un viejo anhelo de las patronales. Hasta el momento, en Brasil regía la tercerización para actividades laterales: una fábrica debía hacerse cargo de sus empleados involucrados en las tareas productivas directas, pero podía tercerizar, por ejemplo, servicios de limpieza y vigilancia. Ahora se podrá tercerizar la llamada ‘actividad-fin’ -o sea de los trabajadores de planta- empleando trabajadores “autónomos” y sin necesidad de pagar cargas sociales. La nueva ley aumenta también de 90 a 180 días el período de prueba para que un trabajador sea considerado efectivo en su puesto.
Pero Temer aún debe probar su capacidad para hacer pasar esta agenda. El gobierno acaba de sufrir un revés con la reforma previsional, después de las multitudinarias manifestaciones que lo obligaron a retroceder y darle autonomía a los estados para tratar el asunto. La efervescencia viene creciendo, lo que se expresa en huelgas vigorosas como la de los municipales de Florianópolis que, tras casi cuarenta días de un paro por tiempo indeterminado, lograron torcerle el brazo a las autoridades.
En este clima, la Central Unica de Trabajadores (CUT lanzó un nuevo paro para el 31 de marzo, que luego postergó para el 28 de abril. La central obrera está subordinada a un PT que plantea “desensillar” hasta las elecciones de octubre de 2018. El PT -y en particular Lula- son una pieza clave de la gobernabilidad y, demagogia mediante, está procurando desactivar cualquier posibilidad de que la caída de Temer sobrevenga como consecuencia de la presión popular.
Hay en carpeta un proyecto de autoamnistía, dirigido a blindar a los funcionarios y legisladores involucrados del oficialismo como de la oposición. Entretanto, la Justicia viene operando en cámara lenta, tratando de dilatar una resolución a los múltiples casos planteados.
Estamos atravesando una transición convulsiva. La suerte de Temer y su gobierno dependen de la evolución que tenga la resistencia obrera y popular. Cobra mayor actualidad que nunca la convocatoria de un congreso de trabajadores y de la izquierda que discuta un programa y una salida obrera a la crisis, y apruebe un plan de lucha hacia la huelga general.
Pablo Heller
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