Cooptación e intentos de estatización.
El recorrido de la lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar atraviesa tres décadas de gobiernos constitucionales.
A las sombras de la dictadura, el primer intento por borrar los atroces crímenes cometidos fue la llamada “ley de pacificación nacional”, promulgada el 22 de septiembre de 1983, con los militares todavía en el poder.
Se trataba de una ley de autoamnistía, ya que proclamaba la extinción de las acciones penales emergentes de los delitos comprendidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, cometidos “en ocasión o motivo de prevenir, conjurar o poner fin a actividades terroristas o subversivas”.
Es significativo que incluya el período anterior a 1976, una confesión de que la represión comenzó antes del golpe –con la Triple A y el Operativo Independencia, por caso.
Raúl Alfonsín pretendió garantizar la “transición democrática” impulsando que los genocidas fueran “juzgados” por tribunales militares, pero los milicos se negaron a hacerlo. Presionado por movilizaciones masivas que reclamaban juicio y castigo, en 1985, el gobierno alfonsinista procedió al juzgamiento de los popes de la dictadura, en lo que se llamó el Juicio a las Juntas, limitado a los integrantes de las juntas militares, y dejando libre de persecución penal a los demás partícipes y cómplices de la dictadura.
La mezquindad de las condenas fueron un duro golpe a las expectativas de familiares y sobrevivientes: apenas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua; Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibieron penas de 17, 8 y 4 años respectivamente. Por último, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.
También fueron juzgados Firmenich y otros integrantes de la cúpula montonera, acorde a la “teoría de los dos demonios” que acuñaron Alfonsín y la Conadep.
El levantamiento carapintada, comandado por Aldo Rico, derivó en la firma del Acta Democrática del 19 de abril de 1987 –que solamente el Partido Obrero rechazó de entrada– y que significaría la completa capitulación de Alfonsín y todo el arco político patronal y finalmente derivaría en las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de la impunidad. El agravio final fueron los indultos de Carlos Menem.
Las movilizaciones continuaron bajo el gobierno de la Alianza, que rechazó los pedidos de extradición de los genocidas para ser juzgados en Europa.
Bajo una presión creciente de los tribunales internacionales y el acoso de manifestaciones locales cada vez mayores, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó a que su bloque votara el proyecto presentado por Patricia Walsh de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, bajo la condición de que se excluyera la anulación de los indultos.
Los gobiernos K dieron muestras soberbias de demagogia, pero guardaron silencio frente a la lentitud de los juicios, la desaparición de Julio López y finalmente promoverían al genocida César Milani a la jefatura del Ejército.
Con Macri en el poder, se intensificó la presión por la impunidad, la negación del genocidio por parte de los funcionarios y el gobierno resolvió dejar de apelar el beneficio de las prisiones domiciliarias a los represores. Apenas un puñado de genocidas cumple prisión efectiva. Los juicios todavía se desarrollan a cuentagotas.
Hoy, a 41 años de la dictadura genocida que acabó con una generación de luchadores, la lucha contra la impunidad sigue vigente.
Liliana Alaniz (APeL)
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