Cuando han transcurrido 41 años del nefasto golpe militar, Argentina se encuentra más que nunca carente de derechos- de derechos sociales, políticos y humanos.
Desde el poder político se vuelve a cuestionar el carácter genocida de la dictadura. Durante tres décadas y media, desde Alfonsín en adelante, esa operación ha estado signada por el objetivo de poner un fin al juicio y castigo de los culpables y, más allá, de eso a rehabilitar una función política a las fuerzas armadas. “Punto final y obediencia debida”; “indulto”; consagración de Milani, un jefe de Inteligencia, como comandante general del Ejército. Se cuestiona, con la objeción al genocidio, la existencia de un plan criminal, ignorando incluso su alcance continental –el Plan Cóndor y la intervención de servicios de espionaje extranjeros.
La urgencia para consumar este operativo está relacionada con la presión del Pentágono norteamericano para asignar a las fuerzas armadas de América Latina la supuesta función de ‘combatir al narcotráfico’, con todo lo que ello implica en materia de militarización de la vida civil. Gendarmería e incluso FFAA han sido involucradas en la ocupación de los barrios – en lugar de urbanizarlos y convertirlos en comunas con representantes electos, y la satisfacción del derecho al trabajo de su población. Esta ‘estrategia’ ha llevado, en México, a masacres inauditas y a reforzar la emigración; ahora, a enfrentar un Muro de mayor extensión. Mientras se cacarea contra el comercio de drogas, los gobiernos locales hacen la vista gorda al tráfico en los festivales – como ocurrió en Costa Salguero y en Olavarría, incluso se los autoriza si se adoptan recaudos como el abastecimiento de agua y la presencia de servicios médicos. La autorización a la libre salida y entrada de capitales y el anonimato de las operaciones financieras favorecen el lavado del dinero ilegal.
El “gatillo fácil” no ha cesado; es, según los informes mejor documentados, mayor que en el pasado. Quiere decir que la ‘limpieza’ que la gobernadora Vidal dice haber emprendido en la policía es un engaño. Los servicios de seguridad deben ser desmantelados y la libertad de la ciudadanía y los conflictos cotidianos debe quedar bajo la protección de fuerzas bajo control de los organismos de derechos humanos y de la población, y los fiscales y jueces deben ser electos y revocables por el pueblo.
La movilización de la mujer ha puesto de manifiesto la progresión de la violencia de género – no solamente en Argentina. Las políticas de ajuste, como salida a la bancarrota capitalista, han hundido irrevocablemente a las familias y promovido la violencia contra mujeres y niños e incluso el suicidio de los criminales. Esto no lo va solucionar el agravamiento de las penas en el código penal. El movimiento de la mujer ha presentado un conjunto de reclamos que el Estado se niega a atender. Debemos celebrar, entonces, el desarrollo militante de las mujeres y su organización independiente. La emancipación de la mujer de la opresión doméstica, de la descalificación en el trabajo, del abuso de género, o sea su completa realización humana pasa por tomar el poder. Es lo que va a ocurrir con un gobierno de trabajadores.
Los derechos sociales son derechos humanos. Los dos principales: al trabajo, a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por ocho horas diarias de labor y al 82% para los jubilados. La ‘democracia’ ha seguido atacando estos derechos sin pausa. Los gobiernos del capital son violadores seriales de los derechos humanos. Argentina tiene hoy un millón y medio ¡de indigentes! Para remediar esta situación es necesario que gobiernen los trabajadores.
Por último y muy importante: la movilización de este 24 de Marzo tiene lugar en una Argentina que se moviliza. Docentes, obreros, mujeres, trabajadores precarios. Esta movilización no cuenta con el apoyo del sistema político, que – por el contrario – ha votado cien leyes enviadas por un gobierno que defiende y subvenciona al capital financiero y ataca el patrimonio público y el ingreso de los trabajadores. Tampoco por parte de la burocracia sindical, que ahora lanza un paro aislado para que la clase obrera “se desahogue” – según las públicas palabras del triunviro moyanista de la CGT. Sería un gran salto para Argentina que este cuadro político se clarifique, creando un polo político que agrupe al mundo del trabajo, forzando a los partidos tradicionales a representar sin engaños el polo del capital.
Esta es, en forma resumida, la estrategia del Partido Obrero, que vuelve a marchar este año con las banderas del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia.
Jorge Altamira
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