Durante el conflicto docente no solo se discuten salarios. Abrimos un debate sobre la estructura del régimen educativo para Cambiemos y la herencia recibida, luego de 12 años de gobierno kirchnerista.
Los docentes porteños conocemos muy de cerca el sistema educativo que viene sosteniendo el Macrismo. En líneas generales la hemos llamado “Buenos Aires High School” al ser la Ciudad más rica de América Latina y con mayores recursos, pero con una importante tasa de egresados y escuelas privadas.
Este modelo educativo se basa en centrar el resultado en términos empresariales y no sobre el proceso pedagógico, y con políticas claras como el ajuste al salario docente y ataque sobre sus condiciones de trabajo, cierre y “fusión” de grados y más de 11 mil chicos sin vacante, con un presupuesto en su piso histórico y un nivel de subsidios a la educación privada que crece año a año. Este es el modelo que el Macrismo quiere llevar a nivel nacional.
Hoy los realineamientos del nuevo gobierno macrista, y América Latina, giran hacia nuevas relaciones con el Imperialismo, respetando las recetas de las políticas del Banco Mundial y el FMI. Todo indica para la educación una vuelta al “consenso de Washington”, pero esta ecuación del neoliberalismo tuvo sus versiones concretas en la “década” K.
La pesada “herencia recibida”
La ecuación neoliberal. Fueron 12 años de gobierno K. La educación, entre otros puntos, fue su caballito de batalla contra quienes, según el relato K, querían “volver a los ‘90”. El kirchnerismo enarboló, en su relato, la reversión de las problemáticas estructurales heredadas del neoliberalismo.
El neoliberalismo dio vuelta la ecuación fundamental de la educación. En primer lugar, valoró a la educación según lo que considera “resultados” en términos mercantiles, evaluados según un modelo de eficiencia empresarial antagónica de un criterio social y pedagógico, y puso a los estudiantes como meros consumidores. A su vez, descentralizó las políticas administrativas de manera tal que cada provincia cuenta con un presupuesto propio, e impulsó la inversión en la educación privada. Como parte del mismo proceso, se centralizó lo pedagógico, sin respetar los múltiples elementos sociales, divergencias y heterogeneidad que encontramos los docentes en las escuelas. Las evaluaciones como el plan “aprender 2016” son una muestra importante de estas políticas.
Pero la política del kirchnerismo ha sido la de “dejar la puerta abierta para ir a jugar”. En principio, luego de 12 años de gobierno, se mantuvo la ecuación neoliberal y aquellas políticas que pudieron tener relativo éxito coyuntural, se están volviendo regresivas y usadas “en su contra”.
Un punto importante es el de financiamiento educativo. Uno de los pilares de la educación ligada al mercado, que el kirchnerismo mantuvo intacto, fue la Ley Federal de Educación de los ‘90 con el desfinanciamiento de las provincias. La Ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación (junto a la Ley de Educación Superior) constituyeron el paquete de leyes heredadas del menemismo que están orientadas a atacar la educación pública, y adaptar las políticas educativas a los dictados del FMI y los organismos internacionales. Los cambios propuestos por el kirchnerismo de llevar al 6% del PBI lo destinado a educación, no resolvieron el eje principal de la herencia menemista que se arrastra desde la dictadura.
Para dar un ejemplo, en el último año del gobierno de Cristina Kirchner el Estado nacional aportaba una suma mínima por provincia, lo que genera que el grueso de la inversión deba ser realizado por éstas, profundizando la desigualdad ya que “las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa) albergan apenas al 6 % de los alumnos del país, mientras el grupo de las más pobladas (provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) reúne a casi el 70 % de los alumnos”. Según datos publicados en la edición de febrero-marzo 2015 de Le Monde, los Estados provinciales invierten de conjunto el 31,5 % del gasto público en educación, y Nación el 5,3 % del PIB nacional.
Estas leyes nacionales sostenidas intactas, permiten a quien las quiera continuar, profundizar en el desfinanciamiento y la descentralización administrativa apelando a los escasos recursos de las provincias y centralizando el sujeto en un estudiante de mercado. El intento de poner fin a la paritaria nacional por parte de Cambiemos es una muestra de ello, aunque no el final de la película. Cuando la misma paritaria nacional durante los últimos 12 años marcó un techo y no un piso y dejó aisladas a provincias enteras luchando. Un ejemplo bien claro Carlos Fuentealba.
Construcción de escuelas y subsidios a las privadas
En el Plan Nacional Quinquenal de Educación se planteaba que hasta 2015 se construirían 2.671 nuevas escuelas en todo el país, se señalaba que hasta 2014 se construyeron 1.665 escuelas, y que se concretaron 5.914 obras de refacción, ampliación y reparación. Esto mediante los programas nacionales 700 escuelas, Más Escuelas y Más Escuelas II. Solo por tomar un ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, es obligatorio la sala de cuatro, la de cinco, toda la primaria y toda la secundaria. Según el último censo oficial quedaron por fuera de los jardines (públicos y privados) 163.736 niños de 3 y 4 años.
Mientras la construcción de escuelas en todo el país sigue estando librada a las cajas provinciales, a través del subsidio a las escuelas confesionales, el kirchnerismo ha preservado el papel retrógrado de la Iglesia como agente educador y a la religión como parte del currículum pedagógico. Según el relevamiento oficial de 2010,[4] la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires aportaron a 3.500 establecimientos educacionales católicos, la suma de 4.200 millones de pesos. Actualizando esos montos las transferencias para la educación católica rondarían en 2013 entre 5.100 y 6.300 millones de pesos.
El ejemplo de CABA es importante ya que más de 11 mil chicos se quedaron si escuela durante el ciclo lectivo 2016. No hay una política de construcción.
El subsidio a las escuelas privadas, una herencia con mucho uso
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 275/2016, publicado en el Boletín Oficial, suspende "desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N 814 del 20 de junio de 2001".
En el texto, justifican de diferentes maneras esta resolución. Entre otras cosas, describen que “Que la situación descripta colisiona, para este sector, con los objetivos planteados al momento de dictarse el Decreto N° 814/01, de establecer el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo, mediante la reducción de los costos disminuyendo la presión sobre la nómina salarial” y que “conforme la Ley N° 24.049 la administración y supervisión de las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la Ley N° 13.047 fue transferida a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando la mayoría de ellas con el aporte estatal para el financiamiento previsto en la Ley N° 26.206, el cual surge de los respectivos presupuestos provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.”
La suspensión del pago de aportes patronales a los centros educativos de gestión privada fue aplicada durante la mayoría de los años de gobiernos kirchneristas, y desde 2011, de manera ininterrumpida. Como ya analizamos en la revista Ideas de Izquierda, en el artículo “La “mala” educación” en términos estadísticos, aproximadamente más de 300.000 alumnos se fueron de las primarias estatales en la década K. Los datos oficiales confirman “una tendencia que se mantiene firme desde 2003: la escuela primaria estatal perdió 333.274 alumnos en estos diez años, lo que supone una caída del 8,9 %.
En ese mismo período, las privadas ganaron 218.086 estudiantes: aumentaron su matrícula en un 22,5 % (…) En total, el nivel medio incorporó 428.618 alumnos entre 2003 y 2012, aunque el crecimiento fue mayor en las privadas (16,7 %) que en las públicas (11,2 %)”.
El modelo porteño para la “revolución educativa” de Macri
El modelo educativo del PRO puede evaluarse en los resultados alcanzados en los nueve años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el mayor presupuesto general. Su principal “medida” educativa fue aumentar la transferencia millonaria de dinero de la educación pública hacia la educación privada y una suerte de “guerra de desgaste” con implementaciones de políticas de corte neoliberal. El presupuesto educativo da la nota por ser el más bajo de la historia en cuanto a esfuerzo presupuestario. De representar el 27,8 % en el 2011 cayó al 22,2 % en el 2015 y al histórico 18,5 % para el 2017.
Esta transferencia de fondos que favorece a escuelas privadas y confesionales vino de la mano de ataques parciales, como el cierre masivo de más de 100 grados o cursos, con el que buscaron aumentar la cantidad de alumnos por docente, como recomienda Gems para mejorar la eficiencia. Abundan las escuelas en la zona sur de Buenos Aires donde hay entre 30 y 40 alumnos por grado, un verdadero hacinamiento que empeora las condiciones de enseñanza y de aprendizaje.
Esto es fruto también del recorte presupuestario que determina la ausencia de un plan para construir las escuelas y jardines de infantes que faltan en la ciudad. Hay más de 4.800 niños y niñas sin vacantes en el nivel inicial y primario. Entre otras políticas importantes se encuentran la reforma de la escuela secundaria como la NES, que elimina orientaciones y vacía contenidos, la eliminación del carácter democrático de las Juntas de Clasificación y Disciplina y la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa.
La lucha por la educación pública
Como se ve el macrismo se agarra de la herencia recibida y pretende avanzar sobre todas las conquistas y especialmente, sobre la educación pública. Hay que abrir un verdadero debate sobre qué educación queremos y como defenderla. Aquellos que cantan “vamos a volver” en el medio de la importante lucha docente lo hacen sobre la base de estas políticas educativas que por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Scioli, tuvo sus nefastas consecuencias y grandes huelgas docentes.
Basta recordar que todos los gobiernos atacaron a los docentes. Desde Alfonsín hasta Macri. Diciendo que somos vagos y contra el derecho a huelga. Esto es parte de la misma política de ajuste a la educación pública.
Por eso esta lucha que los docentes estamos protagonizando no es solo por salario. Para nosotros la educación pública es una conquista de todo el movimiento obrero y por eso queremos defenderla. Por eso somos parte del Frente de Izquierda que plantea un salario igual a la canasta básica familiar para todos los docentes del país y un mayor presupuesto educativo del 10% del PBI en base al no pago de la deuda externa, con un plan de construcción de escuelas en todo el país bajo un sistema estatal único y nacional.
Federico Puy
Docente, Congresal UTE-CTERA
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