Por otra parte, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el informe final presentado por la fiscal general, Patricia Benavides, en el cual recomienda acusar al ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) por organización criminal y otros delitos.
Mientras tanto, grupos narco asesinaron a siete policías en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem, conocido como”el valle de la droga”). Desde el gobierno, atribuyeron el hecho a un grupo liderado por los hermanos Palomino-Quispe (remanente del grupo guerrillero Sendero Luminoso), al cual también atribuyen la organización de las protestas y movilizaciones. El pasado 2 de febrero, la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, admitió en una entrevista con The New York Times que el gobierno no tiene evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, pero insistió en que hallarán las pruebas. Las fuerzas fujimoristas de Renovación Popular y Avanza País, por su parte, presentaron proyectos de ley que califican a los actos de violencia en protestas como delitos por “terrorismo”.
El congresista de la bancada fujimorista de Fuerza Popular (FP), Alejandro Aguinaga Recuenco, reclamó al gobierno a través de su cuenta de Twitter que “hay que gobernar y pacificarnos, no correr para atrás”. Por su parte, las Organizaciones Sociales y Populares Unidas de la Región del Cusco emitieron un comunicado denunciando que “gobierno tras gobierno, estos actos frecuentes en la zona del Vraem no son atendidos con la fuerza policial y militar que ahora se usa frente al pueblo y sus luchas justas”.
La administración de Joe Biden fue una de las primeras en reconocer y brindar su apoyo al gobierno usurpador de Boluarte. Pablo Ruiz, periodista del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, recordó en Rebelion.org que en 2021 “el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano” con el objetivo de “recibir 'entrenamiento', en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú”. Agregó que en 2022 el Congreso aprobó en otra resolución (2732) dos Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET) de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú para agosto y octubre de 2022”. El periodista explicó que “en los últimos años, Perú también ha estado entre los primeros lugares de los países que siguen recibiendo entrenamiento en la continuadora de la Escuela de las Américas”. El sitio web infodefensa.com informó que “Perú envía por primera vez un contingente de su policía a una misión de paz de la ONU” en la República Centroafricana.
El empresario Jorge Lazarte Molina, que encabeza la Asociación Integridad por el Perú, se encuentra investigado por una serie de donaciones de equipos a la Policía Nacional del Perú.
Mientras tanto, las movilizaciones en Lima se suceden casi a diario. Las delegaciones del interior han organizado sistemas de relevos para mantener una presencia permanente en Lima. Cada nueva movilización arroja una nueva cantidad de muertos por la represión policial, que ya suman más de 60 desde el inicio de las protestas.
La CGTP realizó un paro el pasado jueves, junto con una gran movilización en Lima. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se plegaron a la huelga.
Las protestas del 9 dejaron como saldo un nuevo tendal de muertos y heridos. En Apurímac un manifestante asesinado por la represión, tres heridos de gravedad y al menos 38 detenidos. El joven asesinado, Denilson Huaraca Vílchez, tenía 23 años. En la región de Juliaca, la población salió a las calles a conmemorar a sus compañeros asesinados por la represión policial (al menos 18 de las 60 víctimas fatales que se contabilizan en todo el territorio peurano), y volvieron a encontrarse con un despliegue represivo que dejó 30 heridos.
Cada represión tiene su respuesta en nuevas manifestaciones. Una de las manifestantes detenidas, Aida Aroni, se convirtió en símbolo de la rebelión peruana y gana notoriedad en las redes sociales. La detención de esta mujer indígena de 52 años, que suele estar al frente de las manifestaciones con vestimenta tradicional y hace oír sus reclamos en lengua quechua, despertó una ola de indignación que pronto se viralizó en las redes. Su hermana declaró a los medios que el padre de ambas fue asesinado por efectivos militares durante un toque de queda decretado por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori y agregó que “nosotras hemos visto cómo mataban inocentes, violaban embarazadas, torturaban a cualquiera. Esa injusticia es lo que mi hermana no quiere que se vuelva a repetir”.
El Be
13/02/2023
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