Con la formación de un gobierno de coalición ultraderechista del fundamentalismo religioso, encabezado por Benjamín Netanyahu, fue puesto a consideración del Congreso un proyecto de ley que no es nuevo. Se trata de otorgar al Parlamento la facultad de anular las resoluciones de inconstitucional que dicte la Corte Suprema. Para los críticos, el Estado enfrenta la posibilidad de convertirse en una dictadura parlamentaria.
Detrás del biombo jurídico, lo que está en juego es la decisión de la derecha de imponer una serie de privilegios para la camarilla gobernante y para el fundamentalismo religioso ultraderechista que no serían aceptados en ningún otro lugar del mundo. La Knesset tendría la facultad de anular una resolución judicial que acabe condenando a prisión al mismo Netanyahu, por la comisión de actos de corrupción harto comprobados en todas las instancias judiciales. Más severamente, sin embargo, los fundamentalistas reclaman un cupo de poder en todas las esferas del estado, con independencia de que reúnan las condiciones para ello. Esto ha levantado la oposición de todos los sectores del capital tecnológico, que no conciben la contratación de personal carente de conocimientos en la materia; en ingeniería o en ciencias biológicas. Se ha formado un lobby de la gran empresa para impedir que se prive a la Corte de declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de semejantes anormalidades, que el sector rabinítico defiende como “una discriminación positiva”.
La abolición de lo que se ha denominado “la división de poderes”, ha llegado al rojo extremo en las Fuerzas Armadas. En este caso, tiene lugar una anormalidad singular, porque los rabinos y los estudiantes para rabinato se encuentran exentos del servicio militar o de cualquier otra actividad productiva. Es realmente una casta que vive del estado. Pero ahora pretende algo más: la prioridad para incorporar a las fuerzas armadas al sector religioso de la población o apadrinado por el rabinato, en tareas no militares, por ejemplo, administrativas. Esto ha provocado acciones de fuerza de parte de la reserva militar, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En Israel, la reserva desarrolla actividad periódica de entrenamiento militar y es personal de reemplazo inmediato. Según informaciones, serían inminentes las protestas del personal conscripto – en definitiva, un cuadro de insubordinación abierto. Biden y las grandes corporaciones internacionales han reclamado a Netanyahu que descarte esas iniciativas. Ayer, sin embargo, el proyecto de ley que convierte a la Corte en figura decorativa, fue aprobado en primera lectura por una diferencia de seis votos.
Los protagonistas en presencia son todos de filiación sionista, o sea defensores de un Estado que se basa en la expulsión, confiscación y hasta limpieza étnica de la población árabe-palestina. La Corte victimizada por Netanyahu ha avalado miles de confiscaciones y hoy mismo prohíbe la construcción de viviendas por parte de palestinos en Jerusalén Este, un territorio ocupado por el estado sionista. Ha admitido el avance de la colonización sionista, fundamentalmente de colonos fundamentalistas y ultraderechistas. Para la derecha, sin embargo, es decisivo abolir el control de constitucionalidad de la Corte, porque ésta actúa condicionada a tratados o resoluciones internacionales que limitan la confiscación de tierras ocupadas por palestinos. Los ministros de Netanyahu se han prodigado en reclamar la extensión del sionismo a toda la Cisjordania y al actual reino de Jordania. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad se verían obligadas a acatar órdenes que van más allá de de sus propios diseños estratégicos, que están concentrados en la lucha contra Hezbollah y las milicias iraníes en Líbano y Siria, y en defender las alianzas con los estados y monarquías árabes. La agenda sionista del estamento militar no coincide con la del fundamentalismo.
El fundamentalismo ha planteado también revisar la condición judía del Estado sionista, en el cual viven árabes israelíes y judíos de matrimonios mixtos. El fundamentalismo reclama que se reconozca la ciudadanía sólo a judíos ‘puros’ o con elevado grado de ‘pureza’. El fundamentalismo recurre para definir la ciudadanía israelí el mismo método que utilizó el nazismo para quitarle la ciudadanía alemana a los judíos, años antes de la masacre directa y las cámaras de gas. Este punto, en apariencia aberrante, es sin embargo sustancial, porque defiende un estado de base racial. En lugar de pueblo portador de un mensaje universal, de acuerdo al relato bíblico, el sionismo convierte al judaísmo en un nacionalismo racista. No solamente esto: el fundamentalismo sionista recibe apoyo del fundamentalismo evangélico norteamericano, de raigambre antisemita, como ocurre también con todo el círculo áulico de Donald Trump.
La crisis ‘constitucional’ en Israel es sobre otra cosa.
Jorge Altamira
24/03/2023
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