El gobierno nacional anunció la intervención administrativa de Edesur por 180 días, después de los cortes de suministro que tuvieron lugar en medio de la ola de calor y la reacción popular que esto produjera. El interventor será Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se trata, sin embargo, de una medida tardía y harto limitada, que no dará salida a los problemas que tiene el servicio eléctrico y que afectan a millones de personas.
El Ejecutivo solo podrá monitorear el estado de la prestación del servicio y si la empresa invierte dinero en mejorarlo. No tendrá ninguna potestad sobre el control operativo de la compañía ni afectará los derechos de los accionistas.
Esto es así a tal punto que sigue en pie el régimen de tarifazos; en abril, el Valor Agregado de la Distribución aumentará un 107%, lo que significará que las subas en las boletas que recibirán los hogares serán de hasta un 30% (El Cronista, 20/3). Es decir que el gobierno mantiene en marcha un esquema que le pasa la factura a las víctimas del vaciamiento y el pésimo servicio.
La intervención llega tarde, el gobierno dejó pasar el verano más caluroso de la historia en el que cientos de miles de hogares estuvieron sin luz ni agua por días y días. Así las cosas, si los cortes se reducen será solo debido a la disminución de la demanda de energía por la merma de las altas temperaturas.
Además, Edesur ya contaba con veedores gubernamentales, y sin embargo continuó primando la desinversión. Por eso esta medida no garantiza que la empresa invierta en mejoras. ¿Un gobierno que recorta el presupuesto de inversiones en obra pública va a supervisar que la privatizada invierta en infraestructura eléctrica? El mismo interventor Ferraresi, como ministro, ha subejecutado el presupuesto de la cartera de vivienda, en medio de la crisis habitacional.
Sergio Massa justificó la no afección de los derechos de los accionistas diciendo que eso despejaría los riesgos de que Enel, el grupo italiano propietario de Edesur, recurra al Ciadi (tribunal del Banco Mundial) para reclamar una indemnización. Esto muestra que los contratos firmados para la privatización de los servicios públicos tienen un carácter leonino, ya que la empresa tendría las de ganar en un juicio a pesar de haber incumplido las prestaciones e inversiones que debía garantizar.
El Frente de Todos busca ocultar que ha sido cómplice del vaciamiento del servicio de distribución eléctrica, dando luz verde a la desinversión, la falta de mantenimiento y la precarización de los trabajadores de Edesur (por ejemplo, en el conflicto de los trabajadores de la tercerizadora EMA, el Ministerio de Trabajo intervino para dejar pasar los despidos).
De hecho, interviene únicamente a Edesur, cuando la huelga de inversiones se expresa en toda la industria energética. Reconociendo los perjuicios que ocasionó durante el verano la falta de mantenimiento de las generadoras eléctricas (lo que dejó sin usar hasta un 40% de la capacidad de generación), el Ejecutivo busca revertir esto mediante la dolarización de una parte del precio que el Estado les paga por la energía.
A su vez, le otorgó un aumento de tarifas a las transportadoras (líneas de media y alta tensión) a pesar de que el Enre había constatado que las empresas del sector invirtieron solo una cuarta parte del monto que se comprometieron a invertir en 2022. En el también interviene en estos eslabones, posee “las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica” (Infobae, 21/3).
Por otro lado, el Enre está evaluando la posibilidad de aplicar sanciones monetarias contra Edesur, debido a los cortes de luz. A la multa de $1.200 millones que ya fue oficializada, se le podría sumar otra de $2.700 que serviría para devolverle el dinero a los millones de usuarios afectados por la interrupción del servicio. Los montos de estas multas son irrisorios, más si se los compara con la deuda de $139.405 millones que el gobierno le condonó (a libro cerrado) a Edesur y Edenor por los pasivos que estas mantenían con Cammesa, la mayorista eléctrica.
La “intervención” del gobierno tiene lugar mientras En el planea vender Edesur. Esto deja planteada la sospecha de que el oficialismo busca incidir en el proceso en el cual la distribuidora eléctrica será adjudicada a otra firma. Con la medida cae el valor de mercado de la empresa (lo que se suma a la condonación del pasivo millonario que tenía con el Estado).
Sectores como Juntos por el Cambio o aquellos que responden al fascista Javier Milei dicen que la solución es dolarizar las tarifas, una política que ya fracasó bajo la gestión Macri. La bancarrota del sistema eléctrico es el resultado de la política privatista del Estado burgués.
Hay que terminar con esta política de tarifazos y vaciamiento. Para eso es necesario abrir los libros de Edesur al control de trabajadores y usuarios, para ver qué hizo con el dinero de los subsidios millonarios, cuáles han sido las inversiones y los movimientos de capital en estos casi 15 años, y determinar qué se necesita para remediar la situación en la que está el servicio. Esto vale para todo el sistema energético. La única salida de fondo es la nacionalización sin pago de las privatizadas vaciadoras bajo control de sus trabajadores.
Nazareno Kotzev
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