La crisis política y social en Rosario, en torno al narcotráfico, es uno de los epicentros de la situación política nacional. La rebelión de los vecinos del barrio “Los Pumitas”, que tuvo lugar este lunes por la tarde e incluyó enfrentamientos con la policía santafesina y la destrucción de un búnker narco, mostró la envergadura de las contradicciones sociales que se vienen acumulando. El narcotráfico opera sobre una estructura económica determinada, cuya columna vertebral son los puertos privados ubicados a orillas del Paraná, en la Hidrovía, algo que también involucra a otros eslabones como los bancos y el juego para el lavado de dinero.
El puerto de Rosario se convirtió en la puerta de salida de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y otros rincones del planeta. En septiembre del año pasado, se encontraron 1.658 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en US$60 millones, en bolsones con expeller de maíz cuyo destino era Dubai. Asimismo, se detectaron otros 1.434 kilos escondidos en contenedores de maní, valuados en US$40 millones.
Los puertos privados son utilizados por las empresas cerealeras y los grupos narco para realizar maniobras turbias, como el contrabando de drogas y armas. La compañía Vicentin, por ejemplo, ha recibido varias denuncias por tráfico de drogas.
Carlos Menem, expresidente de Argentina, fue el artífice de la privatización de los puertos, una política que ha sido acompañada por el Partido Socialista, que detentó la gestión de la intendencia de Rosario durante los años ’90. Mediante la privatización, los pulpos capitalistas se hicieron del control de un área estratégica del país, como lo es el comercio exterior, con lo que pudieron desarrollar pingües negocios, entre ellos el del narcotráfico.
Según la Universidad Nacional de Rosario, el narcotráfico genera US$9 millones por mes en la provincia, y cada treinta días produce un volumen de ganancias que alcanza los US$5 millones. “Un relevamiento de los expedientes judiciales muestra que financieras, inmobiliarias, constructoras y mutuales controladas por la clase alta rosarina participan en el lavado de los clanes criminales más sangrientos” (La Nación, 2/3).
Los bares, las agencias de turismo, las concesionarias de vehículos, y el sector financiero, en el que participan grandes operadores de la City, son otros nichos mediante los cuales las bandas narco reintroducen sus beneficios en el circuito formal de la economía. En algunos casos, los narcos otorgan préstamos a altas tasas de interés (hasta un 30% mensual). Los sucesivos blanqueos de capitales implementados por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el actual gobierno han servido para legalizar dinero proveniente del narcotráfico, las redes de trata y el tráfico de armas. Estas actividades han salpicado a muchos políticos vinculados a empresarios ligados con el narcotráfico, como el fascista José Luis Espert o el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández.
Estas bandas han estructurado una red compleja, organizada y cohesionada, que ha penetrado por los poros de toda la provincia. Operan con fuerza en los barrios más pobres. Mientras regentean el tráfico de armas y la trata de personas, manejan comedores comunitarios y talleres de oficio, a la vez que brindan servicios de “seguridad”. El Estado y sus fuerzas de seguridad son cómplices de esto. La gendarmería, fuerza que está emplazada en las fronteras de Argentina, deja pasar la droga proveniente de otros países, obteniendo un rédito por ello. Son reconocidos los vínculos que han forjado oficiales de la policía con los clanes criminales. Estos, incluso, operan desde el sistema penitenciario.
Por ejemplo, integrantes de Los Monos, el clan narco de Rosario, abrieron sociedades para lavar dinero desde la cárcel; “inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones” (Ámbito, 6/3).
El enriquecimiento de los narcos y los parásitos capitalistas contrasta con el crecimiento de la indigencia en Rosario. Los jóvenes en las barriadas son sometidos a un régimen de coerción y de opresión brutal, y por lo tanto a una realidad social desesperante. Los capitalistas promueven el narcotráfico porque representa una fuente de beneficios extraordinarios en un contexto de sobreproducción de mercancías y capitales. En la medida en que el capitalismo argentino está estructurado en función de la exportación de soja y otras materias primas, que en su mayoría se despachan por los puertos privados de la Hidrovía del Paraná, los gobiernos estuvieron (y estarán) supeditados a los negocios capitalistas que tienen lugar en él, incluido el tráfico de drogas.
En este marco, Alberto Fernández anunció que enviará a Rosario más fuerzas federales, y a miembros del Ejército, que participarían en la “urbanización de los barrios populares”. Insiste con las fuerzas que son responsables de esta situación. El presidente Fernández sigue el libreto de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que propone una salida represiva contra la clase obrera y deja intactas las bases materiales sobre las cuales se erige el narcotráfico. A su vez, Martín Tetaz, de Juntos, defendió la gestión privada de los puertos, en respuesta a un tweet del legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, quien criticó el carácter privado de los puertos. Al hacerlo, se colocó en defensa de la estructura mafiosa.
Por otro lado, las imágenes de la rebelión en el barrio “Los Pumitas” refutaron categóricamente a Milei. El falso libertario acababa de hacer gala de una salida basada en la mano dura, fundada en que los de “gorra azul” serían “los buenos” y los que protestan y “se tapan la cara son los malos”. Un día después, los trabajadores de esa barriada desarmaron por cuenta propia un búnker narco tras el asesinato de un niño de 11 años, mientras que la policía reprimió a mansalva a los familiares y vecinos de la víctima.
Para terminar con el narcotráfico hay que atacar los intereses económicos y sociales que se esconden detrás de él, o sea, los intereses capitalistas. La nacionalización de los puertos y su colocación en manos de los trabajadores sería un paso fundamental en ese sentido, lo que debe ir de la mano de la nacionalización de la banca. Solo un gobierno de los trabajadores y la izquierda puede hacerlo.
Nazareno Kotzev
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