El canje de bonos en pesos del Tesoro, para trasladar los vencimientos del segundo semestre de este año al primero de 2024 hasta mediados de 2025, desató una crítica furiosa de JxC sin distinciones de tendencias internas. Esta reacción produjo un choque de los macristas y los radicales con los bancos, las aseguradoras y las firmas financieras. Sergio Massa había logrado desalojar a la derecha de la condición de interlocutor privilegiado con los grandes capitales. Ya lo había logrado hacer antes en sus insistentes viajes a Nueva York y a Houston, la capital mundial de los pulpos del petróleo. Cuando faltan sólo algunos meses para que concluya el partido electoral, el kirchnerismo renovaba sus posibilidades, al menos de la mano de quienes controlan la economía, financian candidatos y manipulan la opinión pública. El ‘nacionalismo popular’ ha venido mostrando su rostro bifronte desde que volvió al gobierno en 2019, con una política de desvalorización de salarios y jubilaciones; un crecimiento extraordinario de la precariedad laboral y la flexibilización del trabajo; el acuerdo con el FMI para pagar la abultada deuda contraída por el macrismo.
El macrismo recula
El canje, sin embargo, no desactiva “la bomba de tiempo” de la deuda. Esta realidad ha producido un viraje político que aún no fue registrado por la prensa. En un panel de Expoagro que organiza Clarín, el ultramacrista Hernán Lacunza declaró que un gobierno de JxC no levantará el cepo cambiario, que ha sido objeto de tanto vapuleo por parte del macrismo. “No será la primera medida que tome el próximo gobierno”, aseguró. Ni siquiera “antes de un año”, y sólo “si se hacen las cosas bien”. Luego de esta adhesión fulminante al estatismo cambiario, agregó algo incluso más injurioso para los grupos económicos que representa el macrismo: “No hay que esperar una rebaja de las retenciones en los primeros días... No les puedo decir que vamos a bajar impuestos”.
La razón para este giro de 180° la expuso Álvarez Agis, un ex subsecretario de Kicillof y subsiguiente consultor de grandes empresas. “El nivel de gravedad actual es tan grande”, dijo, “que se puede hacer fracasar al próximo gobierno en 40 minutos si no se actúa con responsabilidad”. Dal Poggeto, una economista muy citada en los medios, reforzó: “Hay margen para que no vuele todo por el aire, pero la soga está llegando al cuello”. Señaló, además, “que no se puede andar diciendo por los medios que no se va a pagar”, en clara denuncia a la amenaza que blandió Patricia Bullrich ante los banqueros, para que no acepten el canje de deuda. Dal Poggeto aportó una caracterización fundamental de la crisis: “No es un problema de crédito sino de solvencia”, o sea que el Estado se encuentra en bancarrota. No lo sacaría de esta situación el litio ni Vaca Muerta: el Estado debería ser reestructurado de cabo a rabo con las relaciones sociales en su conjunto. El asunto es quién se hace cargo de la tarea – el capital financiero o los trabajadores. Para salir de la quiebra la economista reclamó “cooperación”, o sea un gobierno de unidad nacional, como lo planteara tempranamente el embajador norteamericano en Buenos Aires.
El libreto de Funes de Rioja y el de La Nación
El otro que hizo declaraciones singulares en Expoagro, fuera del panel, fue el jefe de los industriales de la Alimentación y de la UIA. Para Daniel Funes de Rioja, el canje de bonos ayuda a remediar las dificultades financieras que la sequía ha producido en el sector agrario. Para quien es un gestor relevante de los grandes capitales, el canje “clarifica el panorama de los bancos, actores fundamentales a la hora de aliviar las presiones sobre los productores”. La maniobra de postergar los vencimientos de deuda tendría así un radio más amplio de beneficios a los sectores capitalistas. Además, “la cantidad de pesos que hay en la economía amortigua el impacto (de la sequía)”. Este gerente neoliberal saluda la emisión monetaria del Banco Central, que el macrismo denuncia como inflacionaria, atribuyéndole un papel de rescate del capital agrario. Tenemos, en suma, al ex ministro de Macri defendiendo el cepo y las retenciones y al representante del capital agroindustrial haciendo lo mismo con la emisión de moneda. Sergio Massa y los seguidores entusiastas que ha ganado en las filas kirchneristas empalma con lo más rancio de la ‘contra’, con un programa de transición política que todos coinciden en calificar como recurso emergencial para evitar la quiebra social y política y la rebelión popular.
La ‘grieta’, sin embargo, no se bajó de la pelea. En medio del franeleo nervioso en Expoagro, La Nación caracteriza, por el contrario, que “La situación hacia fines de año no dará tiempo para ser gradual. Si se extiende el cepo y se continúa emitiendo, el mercado hará el ajuste de forma espontánea” –o sea ‘un golpe de mercado’. El editorial del diario plantea como salida “un paquete de decretos de necesidad y urgencia” para producir ajustes ‘estructurales’. Mientras los panelistas de Expoagro pregonan la “cooperación” y la unidad nacional, La Nación, y también Clarín, exigen la implantación de un estado de excepción. A este planteo está vinculado el reclamo de Macri y Bullrich de “militarizar” Rosario, a cuento de “la lucha” contra el narcotráfico.
“Explosión antes de fin de año”
Carlos Pagni, el columnista de La Nación asesorado por el ex ministro Nicolás Dujovne, asegura por su lado que la deuda pública deberá ser indefectiblemente reestructurada –tanto en dólares como en pesos- incluida la del FMI y, suponemos, la deuda extranjera del sector privado. Es una friolera de más de 500 mil millones de dólares. A la pérdida de ingreso de divisas por la sequía, del orden de los 15 mil millones de dólares, le agrega la deuda contraída por el Banco Central para extender el plazo de pago de las importaciones, y la pretensión de los bancos que entraron al canje de recibir, a cambio, dólares para remitir dividendos al exterior. En tono moderado concluye que “la bomba puede explotar antes de fin de año”. Al informar que en Houston preguntaron al presidente de YPF “cómo se desarrollará ese sector en un marco de restricciones económicas asfixiantes”, dejó en claro que la devaluación y la eliminación del cepo cambiario son la condición para explotar minerales y gas y petróleo, y no al revés, que es la exportación de esas materias primas la que aliviará los controles cambiarios. Kirchneristas y macristas no pueden evitar la devaluación; por el contrario, se esfuerzan por darle una forma ‘organizada’. Dado el nivel de endeudamiento público y privado, el capital teme que esa devaluación sea el detonante de una rebelión popular que se encuentra solamente agazapada.
Un estado insolvente
Una corriente de la economía oficial sostiene, sin embargo, que la deuda que acosa a todo el espectro político, es un asunto menor. Señala (Consultora Equilibra) que el 60 % del stock total de esa deuda se encuentra en poder de diversos organismos del Estado y que el 40 % restante lo tienen bancos, que reciben, a cambio, de parte del gobierno, la posibilidad de remitir dólares al exterior, y las empresas que tienen acceso al mercado de cambios a cambio de no comprar dólares en el mercado paralelo (CCL o ahorro). O sea que no rechazarían una refinanciación que proponga el Estado para no perder esas ventajas. Fuera de este esquema de endeudamiento cautivo y acreedores rehenes quedaría solamente un 15 % de deuda en manos de acreedores líberos, en especial extranjeros. En resumen, la deuda pública en pesos -el 85 %- se podría refinanciar en forma indefinida. El argumento es el que esgrimió el kirchnerismo durante años, cuando calificaba a la deuda en la cartera de organismos públicos como un “desendeudamiento” –con el sector privado. Las deudas financieras, sin embargo, no se pagan o se refinancian por sectores sino por títulos emitidos. Cuando se le paga a un 15 % de acreedores hay que pagarles a todos los que tienen el mismo bono; cuando se refinancia el vencimiento, en cambio, una minoría de acreedores privados puede bloquear los acuerdos o iniciar un litigio judicial. El ejemplo de esto lo brinda el último canje, que se negoció con los bancos privados, no con Anses o Banco Nación. Ese canje obliga al Banco Central a comprar los bonos que le ofrezcan los privados al valor de origen, porque de lo contrario cae el valor de toda la deuda pública, incluida la que está en manos de Anses o Banco Nación, con gran perjuicio para jubilados o para los tomadores agrarios de crédito que defiende Funes de Rioja.
No se la puede pagar ni refinanciar
La devaluación de 2002, por ejemplo, redujo el valor del activo del Banco Ciudad, que tenía títulos del Estado nacional, en un 50 %, ocasionándole enormes pérdidas. Alberto Fernández defendió a capa y espada la tenencia de esos títulos por parte del Ciudad, en el debate del Presupuesto 2002 en la Legislatura, alegando que le reportaba tasas elevadas de interés. El desfalco del Ciudad fue denunciado por la representación del Partido Obrero, en ese mismo debate, antes de la devaluación. La indexación de la deuda pública en pesos, sea por inflación o por dólar, no protege el valor de la deuda, porque lo que importa es el valor de mercado, de ella que cae en picada cuando estalla la crisis.
La intervención de Lacunza, el mismo que denunció la “bomba explosiva” que dejaban los Fernández, ha reculado en chancletas, como lo muestra su intervención en Expoagro, por la presión de los bancos y por la presión de sectores poderosos de la burguesía, que reclaman un régimen de unión nacional para pilotear una transición con destino incierto. Hay otra ala que reclama el estado de excepción. En cualquier caso, Argentina no puede pagar la deuda ni tampoco refinanciarla, porque no hay la posibilidad de un alargamiento de plazos viable. O una contrarrevolución económica, en un régimen de excepción, o una rebelión popular que unifique a la clase obrera en una salida política socialista.
Jorge Altamira
09/03/2023
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