Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, salió a cuestionar que por responsabilidad del gobierno nacional se viene “una temporada de mucha gravedad” por la epidemia de dengue… en el norte del país. Pero el panorama es igual de negro para los bonaerenses. Dos ajustadores de la salud se pasan la pelota entre ellos.
Recordemos que venimos de finalizar la última temporada con un récord que llegó a los 587.297 casos (contra 129.907 de la temporada anterior) y 419 muertes (contra 65) en todo el país, gracias a la ausencia de campañas de prevención y de políticas para combatir la epidemia. La OMS, en diciembre de 2023 declaró la emergencia de grado 3 contra el dengue (el nivel más alto), una emergencia que todavía continúa. La próxima temporada, no solo es probable que los casos sigan en aumento, sino también los casos graves, dado que la base de gente susceptible de una segunda infección será mayor después de la última temporada récord.
A su vez, los casos por dengue continuaron proliferando a pesar incluso de estar en temporada baja de mosquitos. En Argentina son 252.566 los casos confirmados y 151 las personas fallecidas por dengue en lo que va de 2024, según el Ministerio de Salud. Si bien Kreplak atribuye la permanencia de la epidemia por la falta de control en las provincias del norte, incluso a pesar de que los mosquitos del dengue no puedan trasladarse más de unos metros, en la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 107.383 casos, todos o casi todos contagiados por mosquitos bonaerenses. De ese total, 101 enfermos murieron, es decir estamos hablando de una tasa de mortalidad alta (1%).
En paralelo, el gobierno nacional aplicó un brutal ajuste fiscal que tuvo como una de sus principales víctimas a la salud pública. De esto se hicieron eco los gobiernos provinciales, que también descargaron el recorte sobre la atención sanitaria de la población. Un retrato fueron las imágenes que circularon de hospitales absolutamente colapsados por casos de dengue, muchos de ellos de La Matanza, por ejemplo, algo de lo que se ve que Kreplak no se acuerda. Esto desnudó un sistema de salud vaciado que no solo no cuenta con los reactivos necesarios, sino tampoco con los insumos ni la capacidad de internación necesaria.
Pero el golpe a la salud pública incluso se profundizó, ahora decenas de profesionales luchan por su reincorporación, como es el caso del Hospital Posadas que ya lleva más de 3 meses dando la batalla contra el ajustazo nacional y provincial.
En paralelo, el ataque del gobierno a las obras sociales y la liberalización del mercado le otorgó vía libre a las prepagas para hacer volar los precios de las cuotas por los aires, y en paralelo recortar servicios. Con este cuadro, la atención sanitaria se encuentra restringida solo para aquellos que puedan pagarla.
Por su parte, el gobierno nacional respondió que se han comprado vacunas contra el dengue para aplicarlas en el norte del país. Son las mismas vacunas que, en su momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en pleno pico de casos, catalogó como “innecesarias”.
Sin embargo, el Ejecutivo compró muy pocas unidades y su aplicación está orientada a un sector minoritario de la población, que es el que tiene entre 15 y 19 años. En tanto, aún no aparece el respectivo calendario vacunatorio. Si tenemos en cuenta que dicha vacuna consta de dos dosis para lograr la inmunidad, con 3 meses entre dosis, cuando llegue el pico de casos ni siquiera la población beneficiaria estará vacunada. La situación se agrava si consideramos a la gente que ya fue víctima de dengue, la cual está aún más expuesta a riesgos graves.
Mientras tanto no se impulsan campañas preventivas acerca de cómo evitar que se reproduzca el mosquito al interior de los hogares y qué hacer ante el contagio. Tampoco se realizan operativos territoriales que tengan esa finalidad ni se destina pauta oficial alguna destinada a difundir esa información, una política que fue anunciada por el gobierno.
A su vez, el gobierno afirmó que se reunirá con las empresas que fabrican repelentes, capitalistas que concentran la producción (como Johnson y Johnson que es dueño de más de la mitad del mercado de repelente) que se aprovechan de la acuciante necesidad de la población, en plena emergencia sanitaria, para venderlos a precios escandalosos. Milei quiere hacernos creer que dicha reunión servirá para que los repelentes sean más accesibles, pero esta usura a los consumidores tiene mayor vía libre gracias a la liberalización del mercado y las políticas de desregulación impulsadas por el oficialismo.
Del plan Milei para la salud solamente se benefician los laboratorios y las empresas de medicina prepaga, que engordan sus ganancias reventando los bolsillos populares y a costa de la acuciante necesidad de atención médica de la población.
La motosierra de Milei nos deja completamente desarmados para transitar esta epidemia. Debemos organizarnos en cada barrio para exigirle a los gobiernos nacional, provincial y municipales la entrega gratuita de repelente, campañas de desmalezamiento y drenaje de acumulación de agua en la vía pública, presupuesto para salud y la puesta en marcha de un plan de vacunación contra el dengue, que sea gratuito y esté financiado con un gravamen extraordinario a los laboratorios farmacológicos que vienen haciendo fortuna con la suba de los medicamentos y a los pulpos que concentran la producción de repelente. Así lo plantea el proyecto de ley presentado por el Partido Obrero en la Legislatura porteña, como un aporte a la lucha en defensa de la salud pública.
Camila García
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