Tal como estaba previsto, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un acto en el Senado en “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”, donde se comprometió a reabrir las causas contra Montoneros y otras organizaciones que enfrentaron a la sangrienta dictadura cívico-militar que practicó el terrorismo de Estado contra decenas de miles de activistas y luchadores.
La actividad, que tuvo lugar en el Salón Azul de la cámara alta, tuvo como principal propósito justificar el accionar de los militares genocidas durante la última dictadura militar, y sus antecedentes, tratando de responsabilizar a las organizaciones políticas y militantes de la supuesta ejecución indiscriminada de acciones “terroristas contra la población”.
En esta oportunidad, Villarruel se comprometió a reabrir las causas contra los militantes de las organizaciones guerrilleras, aunque sin especificar los medios siendo que tal acción corresponde a los estrados judiciales.
En medio del escándalo por la visita de diputados oficialistas a los genocidas en el penal de Ezeiza, con fines de allanar el camino para su eventual liberación, Villarruel señaló que “los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”.
Quien también hizo uso de la palabra en la misma sintonía fue la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la cámara alta Claudia Rucci, mientras que entre las presencias del acto se destacó la del actual director de la escuela de inteligencia de la Side, Juan Bautista Yoffre.
En el acto de Villarruel y compañía no se hizo mención alguna ni impugnación al accionar criminal de la dictadura militar, ni al terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de facto y su antecesora la Triple AAA.
Más aún, Villarruel apunta a la reapertura de causas judiciales contra militantes de Montoneros y otros -¿será que también pretende investigar la colaboración de la ministra Patricia Bullrich en al menos dos operativos de la organización Montoneros?-, mientras que la mayor parte de los genocidas de la dictadura goza de impunidad, siendo solo un puñado de militares los que se encuentran con prisión efectiva, aunque con regímenes privilegiados.
Si es como afirmó la vicepresidenta en su acto que “solo con los asesinos en las cárceles podremos (…) poner a la Argentina de pie”, debería comenzarse por llevar a prisión efectiva a todos los represores, torturadores y asesinos que cumplieron funciones durante el terrorismo de Estado, incluyendo aquellos que aún continúan operativos en las fuerzas represivas y servicios de inteligencia.
Esta acción convocada por Villarruel, que se suma a un acto similar realizado en la Legislatura Porteña a instancias de una legisladora de La Libertad Avanza, responde a desenvolver la agenda de impunidad para los genocidas, allanando el terreno para la eventual liberación del puñado de represores y asesinos aún detenidos. A lo que se suman los esfuerzos de medios como La Nación, con un editorial que apunta a la misma línea progenocidas.
Esta orientación progenocidas y de impunidad a los represores y asesinos debe ser derrotada con la movilización popular, como en el pasado se han derrotado intentonas similares como la del 2×1 y otros operativos de impunidad del mismo tenor. El gobierno no cuenta con el aval político de la sociedad para proceder en esta línea, o que implica reforzar la actividad independiente por Memoria, Verdad y Justicia y cárcel común y efectiva para todos los represores y genocidas.
Marcelo Mache
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