La investidura del nuevo jefe de gobierno catalán, el socialista Salvador Illa, quedó opacada ante los medios del mundo por la estelar fuga de su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, quien burló a los Mossos de Esquadra (policía regional) después de dar un discurso relámpago en las inmediaciones del parlamento regional, donde se esperaba que fuera detenido, y logró escapar otra vez a Bélgica, según la versión que circula en estas horas sobre su paradero.
Puigdemont, dirigente de Junts por Cataluña, una de las formaciones que promovió el proceso independentista de 2017, se encontraba hace tiempo en el exilio debido a las condenas judiciales que impuso Madrid como respuesta a aquel desafío. En mayo de este año, el parlamento nacional aprobó una amnistía que Pedro Sánchez (PSOE) impulsó para recabar los votos de Junts y ERC (otra de las fuerzas políticas catalanas con dirigentes condenados) a su propia investidura presidencial. Sin embargo, el Tribunal Supremo, donde talla la derecha, hizo una interpretación restrictiva de la ley de amnistía al considerar que es válida para el delito de “desobediencia”, pero no para el de “malversación de fondos públicos”, que es otro de los cargos que se le endilga a Puigdemont, achacándole la financiación del referéndum de independencia con recursos del Estado. La maniobra judicial mantiene la espada de Damocles sobre el líder de Junts, quien, no obstante la orden de arresto que pesa en su contra, prometió hace unas semanas que volvería a Barcelona para el debate de investidura del nuevo gobierno. Puigdemont fue electo diputado en las últimas elecciones catalanas, en mayo, en las que su partido quedó en segundo lugar, por debajo del Partido Socialista, cuyo dirigente, Salvador Illa, fue coronado este jueves 8 al frente del Govern, gracias a un pacto con ERC y Comunes-Sumar.
La fuga de Puigdemont desató un escándalo político. La derecha (PP y Vox) responsabiliza al gobierno catalán saliente y al gobierno de Sánchez como cómplices. Hay dos agentes de los Mossos detenidos por su presunta ayuda al escape. Pero lo cierto es que, a nivel institucional, los Mossos dispusieron un enorme operativo para sitiar a los manifestantes de Junts y capturar a Puigdemont (tanto antes como después de su fuga), y el operativo les fue delegado por el propio Ministerio del Interior. No es para nada claro que desde Madrid o Barcelona hayan tenido intenciones de favorecer a Puigdemont, o de desobedecer la orden judicial. Vale señalar, también, que Junts no integra el flamante Govern. Sus diputados votaron en contra de la asunción de Illa y el partido se encuentra fuertemente enemistado con ERC, que pactó con los socialistas. Junts busca presentarse ahora como la fuerza más comprometida con la causa soberanista, criticando a sus viejos socios de ERC por el acuerdo que hizo con uno de los partidos que apoyó la intervención de Cataluña en 2017.
¿Cierre del Procés?
El nuevo gobierno catalán es un gobierno endeble. Illa consiguió 68 votos a favor en el parlamento, lo estrictamente necesario para alcanzar el cargo. Además, tanto ERC como Comunes-Sumar se reservaron la potestad de hacer oposición en los puntos en que no tengan coincidencias con el mandatario. Es decir, se trata más de un pacto de investidura que de gobierno. En contra de Illa votaron Junts, la CUP (fuerza catalana de izquierda), el PP, Vox y Alianza Catalana. Fueron 66 votos, sin contar a Puigdemont, que no ingresó al recinto.
El acuerdo no contempla la realización de un nuevo referéndum de independencia sino apenas una mesa de trabajo para discutir una salida pactada al conflicto. A su vez, establece un nuevo modelo de financiación, llamado de “financiación singular”. Consiste en que el Govern pasa a recaudar los impuestos y abona después una cuota a Madrid en concepto de los servicios prestados por diplomacia, defensa y en solidaridad con otras regiones del Estado Español. El País Vasco y Navarra ya cuentan con modelos similares. Por otra parte, hay un compromiso de edificación de viviendas sociales que presumiblemente busca contener a Sumar. La derecha atacó a Sánchez por conceder a Cataluña un régimen fiscal que considera un privilegio, pero también algunos gobernadores socialistas expresaron su preocupación de verse perjudicados por el nuevo reparto -Cataluña es uno de los principales aportistas al fisco.
Sin embargo, bien mirado el asunto, la conformación del nuevo gobierno, sin referéndum a la vista, es un nuevo paso en la clausura del Procés. Ese fue, también, el sentido de los indultos aplicados por Sánchez en 2021. Hace tiempo que la burguesía catalana viene reclamando una normalización. Los hombres de negocios critican duramente la “vía unilateral” de 2017, cuando las movilizaciones masivas llevaron el proceso mucho más lejos de las pretensiones de mayor autonomía fiscal de los grandes empresarios catalanes, y demanda ahora una salida negociada con Madrid. Por eso, las principales cámaras empresarias de la región saludaron el nuevo Govern de consenso entre los socialistas y ERC. En tanto, Antonio Garamendi, dirigente de la CEOE (cámara patronal nacional), si bien criticó el nuevo modelo impositivo para Cataluña, coincide en demandar que se aquieten las olas. Lo considera un requisito indispensable para el retorno de las inversiones perdidas a partir de 2017. “Las empresas quieren armonía política para poder trabajar (…) ninguna empresa va a volver (a Cataluña) con un clima (político) como el que hay ahora”, declaró en mayo (Expansión.com, 9/5).
El principal promotor político de una clausura negociada del Procés es Pedro Sánchez, mientras que la derecha alienta una solución de tipo abiertamente represiva. Junts ha elegido el lugar de oposición al nuevo Govern, pero se enredará en sus propias contradicciones, ya que, después de todo, dio sus votos a la investidura de Sánchez en la Moncloa.
Una nueva situación política
Ante la nueva etapa, sigue vigente el reclamo de anulación de todas las causas judiciales y la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Estos planteos deben combinarse con la organización de la lucha de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado Español por sus reivindicaciones, contra el capital y los gobiernos del ajuste y la guerra imperialista.
Defendemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña y a su independencia, pero no en la perspectiva de un nuevo Estado bajo la tutela de Bruselas y la Unión Europea imperialista, sino de una federación de estados socialistas de Europa.
Gustavo Montenegro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario