“Danos 5 años y te daremos el mejor Uruguay de tu vida”, eso prometió Lacalle Pou durante la campaña electoral de 2019 que lo llevó a la presidencia de la República. Promesas de transparencia, austeridad fiscal, mano dura, inserción internacional y desarrollo.
Tal vez para el capital nacional y transnacional hayan sido los mejores 5 años, gracias a los múltiples beneficios otorgados por el gobierno. Para las grandes mayorías, pobreza y represión, salarios sumergidos, endeudamiento del país y saqueo del Estado. Los abanderados de la transparencia pasaron a la historia como uno de los gobiernos más corruptos de la historia: Marset, Astesiano, Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Intendencia de Artigas, solo por mencionar algunos. Además de los recientes escándalos en el sector privado de estafas piramidales como Conexión Ganadera y otros fondos de inversión de riesgo, con el resultado de multitud de damnificados y una crisis del sector con cierres de frigoríficos incluidos.
La otra gran bandera prometida de la austeridad fiscal, dejó como resultado un déficit casi igual al de 2019, con ajustes solo en detrimento de los jubilados y pensionistas (reforma de la seguridad social) la salud y la educación, y el legado para la próxima administración de múltiples deudas en obras públicas y del Ministerio de Salud Pública, pagos adelantados de las empresas públicas para la administración central (maquillaje del déficit), entre varios ítems. La deuda externa aumentó en 10 puntos porcentuales del PBI con respecto a 2019.
La meta de inflación, con un resultado interanual en 2024 de 5,49% , logrando mantener dentro del rango meta de entre 2% y 6% por segundo año consecutivo, lo hicieron a costa de altas tasas de interés y la intervención sobre el tipo de cambio. Los factores más incidentes en la inflación siguen siendo los alimentos, las tarifas públicas y el transporte, todos elementos que afectan los ingresos de la clase trabajadora.
Los resultados del crecimiento de la economía, tampoco fueron muy dinámicos, estando en un crecimiento del PBI acumulado entre 2020 y 2024 en aproximadamente un 11,86% en los cinco años, con el agregado de claros indicadores que demuestran un aumento de la desigualdad social.
El gobierno de los malla oro
La metáfora del ciclismo se hizo paradigma de su gobierno, para definir a la clase empresarial que va delante de todos en la sociedad, atrás va el pelotón y los rezagados, en donde no hay que “molestar” a los “lideres” que serían los que empujan al resto hacia delante. Pero más que no “molestar”, hicieron todo lo posible para beneficiarlos y gobernar a favor de ellos, quedando los “rezagados” en peor posición que antes.
Los datos que lo confirman son abundantes, por ejemplo durante 2020-2023, los salarios reales cayeron, lo que significó una transferencia de recursos del trabajo hacia el capital de 2.000 millones de dólares, durante ese periodo según un informe del Instituto Cuesta Duarte.
Si bien posteriormente el salario real logró crecer, el resultado final da una variación de crecimiento en la comparación entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 de aproximadamente 2,91%, en el marco de una economía que creció como ya mencionamos en 11, 86%. Otro dato que confirma el avance de la desigualdad es el índice Gini que de acuerdo al último dato publicado en 2023 daba un 0,394 lo cual es peor al 0,383 [1] de 2019.
También los cierres de empresa y despidos como Yazaki, Casa de Galicia y otros, son acontecimientos concretos que reflejan por ejemplo el último dato de la tasa de desempleo que se ubica en 8,1%. A su vez, según el INE, la pobreza multidimensional [2] a 2024 se ubica en 18,9%, la pobreza por ingresos en 9,1%, porcentaje mayor al 8,8% de 2019, la pobreza infantil pasó de 17% (2019) al 20,1% (2024). Según el INE también 4 de cada mil personas están en situación de indigencia (no alcanzan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias básicas), cifra mayor a la situación en 2019 en donde eran 2 de cada mil personas.
A esto hay que agregar la realidad de bajos salarios de una gran porción de trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos, de acuerdo a datos del 2023, el 33% de los trabajadores uruguayos viven bajo esta realidad. Con el agregado, de acuerdo a datos del INE de 2024, que un 22,7% de trabajadores están bajo la informalidad.
La LUC y otras medidas a favor del capital
Al inicio de su mandato, Lacalle impuso con sus mayorías parlamentarias la LUC, una ley ómnibus que introdujo multitud de reformas neoliberales y represivas en varias áreas. Desde el fortalecimiento a las atribuciones represivas de la policía, el ataque al derecho de huelga, beneficios a la especulación financiera, introducción de la contra reforma educativa, ataque a las empresas públicas, entre varios temas reunidos en casi 500 artículos.
El plebiscito posterior que dio el triunfo al mantenimiento de la ley, envalentonó al gobierno de Lacalle Pou, para avanzar en su programa neoliberal. Empezando por las múltiples regalías que otorgó al capital: desde la entrega por 8 décadas del puerto de Montevideo a la transnacional Kaeton Natie, hasta los contratos onerosos contra la empresa pública de telecomunicaciones Antel y a favor de las empresas transnacionales competidoras y los canales privados de televisión abierta (también beneficiados con una nueva ley de medios hecha a medida de esos intereses privados), y el proyecto Neptuno impuesto a última hora y con un contrato millonario que dejará en una grave situación financiera a la empresa estatal de agua potable OSE.
Otro paradigma de contra reforma a favor del capital fue la reforma de la seguridad social, como continuidad de una política internacional que impulsa el capital en todos los países, bajo la excusa de los cambios demográficos y la necesidad de resolver los problemas de financiación del sistema. El gobierno impulsó una reforma que aumentó 5 años la edad jubilatoria (con supuestos aumentos automáticos posteriores), cambios en los cómputos para los cálculos del salario jubilatorio en detrimento de los trabajadores, avance en la privatización del sistema en favor de las AFAPs, entre otros cambios antipopulares introducidos por la ley. El objetivo de fondo es hacer recaer todavía más sobre la espalda de los trabajadores el sostenimiento del sistema y a su vez expandir el negocio financiero privado que significan las AFAPs.
La pandemia como excusa y la desidia frente al sufrimiento popular
El gobierno sostuvo y mantiene hasta hoy, la excusa de la pandemia del Covid 19, para justificar el desempeño económico mediocre y el empeoramiento en las estadísticas sociales. Si bien el impacto de la pandemia tuvo repercusiones de la economía a nivel mundial, la salida de dicha crisis no fue igual para todos los países, teniendo Uruguay una recuperación lenta y gradual. Más allá de esto, no es excusa posible para el empeoramiento de la situación social, si tal deterioro se dio en las condiciones generales de la gran mayoría de la población, como vimos más arriba, es por las decisiones propias del gobierno de Lacalle Pou. Que fue durante la pandemia uno de los pocos gobiernos en el mundo que tuvo una agenda de austeridad hacia las mayorías populares, y beneficios al capital. El aumento de la desigualdad es producto de las decisiones de la política económica que sostuvo el gobierno y no de la pandemia del Covid 19.
A su vez, la gestión sanitaria de la pandemia también fue deficitaria, llegando a un punto de salida de control en donde en Uruguay hubieron picos de mortalidad entre los más altos que se dieron en el mundo. El ataque al salario de funcionarios públicos y beneficios empresariales, fueron de las primeras medidas que lanzó el gobierno. Mientras se retaceaban en el presupuesto del Estado, las partidas para la salud y la educación.
Como sosteníamos en aquella época en distintas notas, el gobierno enarboló la bandera de la responsabilidad individual, mientras impulsaba la limitación al derecho de reunión. Lavándose las manos en sus responsabilidades de garantizar la realización de test y la obtención de las vacunas necesarias, multitud de medidas que llegaban tarde y mal, mientras los hospitales se veían colapsados durante los picos de contagio.
El extractivismo y las crisis ambientales
Otro de los hechos que mostraron al gobierno en toda su irresponsabilidad y desidia frente a las crisis fueron la gran sequía en el área metropolitana y las inundaciones en el litoral. Evadiendo de nuevo el gobierno la toma de las medidas necesarias. El caso de la sequía es paradigmático, ya que las señales de alerta se dieron con gran anticipación, demorando el gobierno en reconocer la agudeza de la situación.
Como fiel continuador y profundizador de un modelo económico que prioriza la primarización y la explotación despiadada de la naturaleza del modelo agro – forestal, ha sido como los gobiernos anteriores un fiel guardián del acuerdo con las grandes forestales y fábricas de celulosa como UPM, la contaminación del agua y la tierra por parte de los grandes jugadores en la agricultura (soja, arroz, etc.) y la ganadería, entre otros sectores que significan una gran presión sobre los recursos acuíferos y la biodiversidad.
Una despedida entre la descomposición y el escándalo
Mientras el gobierno, junto al régimen político en su conjunto cerraba filas en la defensa del Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino, durante todo el año 2024. A finales de dicho año, empezaron a emerger multitud de crisis de cierres de fábricas y despidos bajo persecución antisindical, que afectan hasta ahora a una buena porción de la clase trabajadora, siendo el cierre de la transnacional Yazaki el caso más representativo de esto.
A esto, sumado la crisis en el sector ganadero, con cierres de frigoríficos incluidos y centenares de trabajadores afectados, a partir de la estafa de la empresa de capital de riesgo llamada Conexión Ganadera, junto a otras empresas de la misma característica. Una crisis que todavía puede tener repercusiones más amplias, por sus vinculaciones con el sistema político y sectores del establishment periodístico.
Los “5 mejores años de tu vida” del gobierno anti obrero de Lacalle Pou, terminan envueltos en escándalos de corrupción, como lo fueron el caso de su jefe de seguridad Alejandro Astesiano, o el otorgamiento de un pasaporte exprés al narcotraficante Sebastián Marset, causas que hasta hoy tienen ramificaciones. Además de múltiples crisis en sectores de la economía y un deterioro de la situación social y la desigualdad alarmante.
Pero este gobierno no ha sido un rayo caído del cielo, es un eslabón más de una serie de gobiernos que comparten la defensa de un modelo económico social, que lleva manteniendo entre grandes miserias y dificultades a los trabajadores y sectores populares del país, desde hace décadas.
El gobierno de Lacalle Pou y su coalición multicolor han culminado, han dejado el lastre de más desigualdad y miseria que antes. La clase trabajadora debe proponerse recuperar los derechos y conquistas pérdidas durante este gobierno anti obrero. Avanzando en una plataforma de demandas propias y de forma independiente, sin ninguna expectativa en el nuevo gobierno de centro izquierda que acaba de comenzar, y es una variante del modelo neoliberal y extractivista que sostiene todo el régimen político desde hace décadas.
La Izquierda Diario Uruguay
Sábado 1ro de marzo | 12:03
[1] Recordemos que Gini es una medida de la desigualdad de ingresos en una sociedad, donde 0 representa la igualdad perfecta y 1 representa la desigualdad máxima.
[2] Se define que están en situación de pobreza bajo este concepto a las personas que están privadas en 4 o más de los 15 indicadores que integran dimensiones como salud, servicios básicos, protección social, etc.
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