Catástrofe de Bahía Blanca: la responsabilidad de libertarios, macristas y kirchneristas

La extraordinaria movilización popular en ayuda a los afectados por la inundación de Bahía Blanca contrasta con la indefensión premeditada del Estado, los gobiernos y el gran capital frente al desastre. La ayuda de elementos de abrigo o alimentos es reunida por voluntarios, a través de decenas de miles de pequeñas donaciones. A ningún gobierno se le ha ocurrido imponerles un aporte compulsivo de colchones, artículos de limpieza o alimentos a los monopolios industriales que los producen. Una sola información retrata las condiciones de la ayuda y -a la vez- las causas de fondo del desastre: el tren solidario que salió de Buenos Aires con pertrechos demorará más de un día en llegar a las inmediaciones de Bahía, el doble de tiempo que hubiera tardado… en 1940. La inundación ha desnudado un extraordinario proceso de liquidación de fuerzas productivas y de capital fijo que todos los gobiernos, sin excepción, han perpetrado, para que el presupuesto nacional asegure el pago de la deuda pública. Lo que restó para inversión “pública” ha financiado las obras requeridas por el agronegocio o la gran industria, pero nunca para mejorar la vida de sus obreros. Bahía Blanca es, junto al cordón de San Lorenzo, el enclave industrial y agrario más poderoso del país. Allí se radican las plantas compresoras que procesan el gas de Vaca Muerta, el polo petroquímico y el puerto de Ingeniero White. Pero los barrios donde habitan sus trabajadores fueron arrasados por el agua, carentes de infraestructura y de elementales obras de defensa. La “planificación urbana” de los Estados capitalistas organiza las necesidades de la especulación inmobiliaria, pero deja a los improvisados distritos obreros librados a su suerte. 

 La emergencia ha sacado a la luz la negativa conciente de los gobiernos de turno a prevenir un desastre largamente anunciado por técnicos y especialistas. Un estudio de la UNS y Conicet, del año 2012, advertía sobre el riesgo hídrico planteado por el desborde del canal Maldonado y el Arroyo Napostá, como resultado del crecimiento urbano y de las obras inconclusas. Esas advertencias fueron regularmente desoídas, porque afectaban intereses capitalistas: es que la contaminación de ese último arroyo está relacionada con el manejo inescrupuloso de los desechos de la actividad ganadera, cuyos propietarios jamás pagaron las costas de ese daño ambiental. Ningún gobierno atendió, tampoco, a las advertencias de fuertes desastres en centros urbanos del Atlántico Sur, relacionados con el cambio climático –Porto Alegre, La Plata, y la propia Bahía Blanca en 2023. 

 Motosierra 

La reconstrucción de Bahía Blanca después del desastre ha sido calculada en 400 millones de dólares. Pero el gobierno liberticida, a través de Luis Caputo, apenas anunció el envío de 10 millones, el 2,5% de los fondos necesarios. Solamente la reposición del destruido Hospital Penna representa el doble de la “ayuda” nacional. ¿Se tratará de un primer aporte de fondos? De ninguna manera. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ha sido muy claro al señalar que “la reconstrucción (de Bahía) es un tema del municipio y de la provincia”. De este modo, le puso un candado al Tesoro Nacional en relación al desastre de la ciudad sureña. La declaración de Caputo tuvo lugar el mismo día en que el gobierno publicaba su DNU en relación a un acuerdo con el FMI que aún no consiguió cerrar. Las palabras de Francos fueron dirigidas a los oídos de los acreedores internacionales, con un mensaje claro: no hay catástrofe que aparte al gobierno liberticida de su objetivo primordial –garantizar el pago de la deuda pública usuraria. Milei se ha vanagloriado por la desaparición de la obra pública, a la que denunció como “fuente de corrupción”. Pero la pretensión del “libertario” es reemplazarla por otra corruptela mayor, la participación público-privada, dirigida a hacer de las obras un nuevo factor de endeudamiento y tarifazos. Naturalmente, ningún emprendimiento “público-privado” se ocupará de reponer o renovar la condición de los barrios de trabajadores. 

 Las cifras del daño contemplan la destrucción de la infraestructura de la ciudad. Pero de ninguna manera toman en cuenta las pertenencias arruinadas de miles de hogares. En este punto, Patricia Bullrich ha explicado en qué consistirá la “ayuda” oficial: líneas de financiamiento y “créditos blandos”. A los vecinos hundidos en el agua, la ministra del protocolo antipiquetes les ha propuesto hundirse en un mar de deudas. Antes de que formulara esa “propuesta” cínica, la población bahiense abucheó a Bullrich y al ministro Petri cuando llegaron a Bahía ´para la foto´, el sábado pasado. 

 En estas horas, se han multiplicado las iniciativas de ayuda a los afectados. En Bahía, el descenso de las aguas multiplica los reclamos de la población afectada. La lucha planteada es que el capital y el Estado, responsables del desastre, afronten integralmente las costas de la población afectada. Que el Estado reponga la pérdida sufrida por las familias trabajadoras, sin que ello comporte deuda alguna; que se reintegren los salarios perdidos; urgente plan de reconstrucción bajo control de las organizaciones obreras y vecinales; para ello, desconocimiento de la deuda pública provincial y nacional; impuesto extraordinario al gran capital agropecuario, gasífero y petroquímico radicado en la zona; empadronamiento de los desocupados, con salario y convenio, para participar en el cúmulo de tareas planteadas.

 Las catástrofes sociales en las zonas más ricas del país retratan al polo de riqueza y al polo de miseria que deja a su paso la organización social capitalista. Un gobierno de trabajadores emprendería con toda energía las obras de reparación y prevención, a expensas del capital, y aseguraría el equilibrio entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el medio ambiente. 

 Marcelo Ramal

 11/03/2025