La sentencia solo se conoció dos semanas más tarde.
La sentencia confirma lo dictado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, es decir que los cinco prefectos condenados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Además, le ordena al Tribunal Federal que gradúe las penas que en su momento fueron prácticamente una absolución.
Recordemos que a Guillermo Cavia, autor del crimen, se lo condena por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa a 5 años de prisión. Los prefectos Carlos Sosa, Francisco Pintos, Juan Obregón y Sergio García fueron sentenciados a 4 años y medio de prisión por el mismo delito, pero en carácter de partícipes necesarios. Los condenados no fueron a prisión. Ahora la condena queda firme, con la orden de graduar las penas. Los defensores insistieron en su absolución. Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, por su parte, reclamaron prisión perpetua. Quedó demostrado que los prefectos protagonizaron una impresionante balacera contra los tres mapuches que huían. Dispararon más de ciento cincuenta balas. Los peritajes comprobaron que Rafael había sido fusilado por la espalda. Gonzalo Coña y Johana Colhuan fueron gravemente heridos, pero sobrevivieron.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirma el homicidio en exceso de legítima defensa cuando en realidad se trató de un homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de Fuerzas de Seguridad. La diferencia entre las penas aplicables a ambas figuras es enorme. En el primer caso es de entre uno y seis años de prisión. En el segundo es prisión perpetua. Entonces, por un lado, la sentencia confirma la culpabilidad de los prefectos y desmiente a la ministra de Seguridad de ese momento y la actual, Patricia Bullrich, enemiga acérrima de los pueblos originarios y calumniadora serial. Por otro lado, sostiene el exceso de legítima defensa, aún cuando quedó probado el asesinato por la espalda del joven mapuche.
La APDH advierte que “la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.”
Repudiamos la complicidad de la Justicia con este régimen represivo cada vez más acentuado, al servicio de los intereses capitalistas.
Elena Florín
28/06/2025
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