Entrevista a Audrey Esnault, coordinadora de la campaña Banca Armada
¿Cómo se sustenta el complejo militar-industrial? ¿Quién ofrece soporte económico para que fabriquen misiles, aviones de combate, bombas de dispersión, balas y armas nucleares? La banca mundial ha financiado con 526.159 millones de dólares a la industria del armamento durante el periodo 2011-2017, según la Base de datos Internacional de Banca Armada que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Estados Unidos encabeza entre 2011 y 2017 la ratio de países en que la banca “participa en el negocio armamentístico”, con financiación al sector por valor de 375.032 millones de dólares, seguido de Francia (33.255 millones), Reino Unido (31.812 millones), Japón (21.925), Alemania (12.718 millones) y España (10.244 millones).
La plataforma financiera BlackRock financia, a través de fondos de inversión, acciones o bonos, con un total de 35.912 millones de dólares a empresas de armamento como Boeing, Honeywell International, Airbus Group y Northrop Grumman, entre otras (periodo 2011-2017). La entidad financiera JP Morgan Chase ha firmado operaciones –que incluyen créditos y emisión de bonos y pagarés de las empresas- por valor de 25.086 millones de euros con industrias armamentísticas como Honeywell International, Boeing y Loockheed Martin. Bank of América es otra de las sociedades destacadas en el negocio de las armas; en el citado periodo ha aportado financiación por valor de 4.496 millones de dólares a Loockheed Martin; 2.823 millones a Honeywell International y 2.141 millones a General Dynamic. Además de las financieras estadounidenses, las europeas también engrasan la maquinaria bélica. Por ejemplo Crédit Agricole y BNP Paribas, con sede en Francia, la británica Barclays o las alemanas Commerzbank y Deutsche Bank.
Un capítulo destacado es el de las armas nucleares. El informe “Don’t Bank on the Bomb” (2018) de la ONG holandesa PAX ha publicado un listado de 329 bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de activos financieros de 24 países, que proporcionaron –entre 2014 y 2017- financiación a empresas productoras de armamento nuclear; tres de ellas, las estadounidenses BlackRock, Vanguard y Capital Group, aportaban según el informe más de 110.000 millones de dólares a compañías como Airbus, BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin o Northrop Grumman; entre las instituciones financiadoras están el BBVA, Banco Santander y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En el estado español, la Campaña Banca Armada denuncia públicamente a las entidades financieras vinculadas con la industria de las armas. Forman parte de esta iniciativa el Centre Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització, las ONG Setem y Justícia i Pau; el colectivo RETS, la asociación Fets-Finançament Ètic i Solidari; Alternativa Antimilitarista-MOC y, en el País Valenciano, la fundación Novessendes. Difunden el siguiente listado de bancos que invierten en empresas de armamento (2011-2017): BBVA (3.307 millones de euros); Banco Santander (2.430 millones); Bankia (181 millones); Banc Sabadell (96,9 millones); Caixabank (95,8 millones); Helaba (95,7 millones); Bankinter (49 millones) e Instituto de Crédito Oficial –ICO- (48,2 millones).
“Entre 2014 y 2017 el BBVA ha invertido 2.710 millones de euros en siete empresas que diseñan, mantienen o modernizan armamento nuclear”, afirmó en marzo de 2018 una activista de la Campaña Banca Armada durante la junta de accionistas del banco. En la reunión de los accionistas del Banco Santander, otra activista informó de que esta entidad concedió créditos a Honeywell International por valor de 129,5 millones de euros entre 2013 y 2017; la multinacional estadounidense es “una de las más implicadas en el complejo industrial de armamento nuclear, por ejemplo en el mantenimiento de los misiles Trident II”. Otro miembro de la iniciativa Banca Armada recordó en abril, durante la junta de Bankia, que la entidad financió con créditos por valor de 142 millones de euros entre 2011 y 2015 a la española MAXAM, gigante mundial en la fabricación de explosivos civiles y militares que exporta armas a Arabia Saudí (una coalición internacional liderada por este país inició en marzo de 2015 los bombardeos en Yemen).
Asimismo en una de las intervenciones, ante los accionistas de Caixabank, señalaron que este banco financió con cerca de 8 millones de euros a la empresa Indra, entre 2011 y 2016, a través de fondos de inversión, acciones y bonos; el estado español es, a través del SEPI, el principal accionista de Indra (18,7% de las participaciones); “entre los productos estrella de Indra figuran el caza Eurofighter, las fragatas de guerra F-100 o los helicópteros Tigre”, desplegados por el ejército español en Afganistán, informó la Campaña. Un campo de investigación y denuncia añadido es el de la relación entre las instituciones públicas y la banca armada. En marzo de 2018 el Centre Delàs y Setem publicaron un análisis sobre el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú; la investigación concluye que el 48% de los pagos corrientes del consistorio se realizan con la banca armada. De hecho, el ayuntamiento barcelonés trabaja con Crédit Agricole y Société Générale (Francia), HSBC (Gran Bretaña), BBVA, Banco Santander, Bankia y Caixabank, entre otras entidades.
Audrey Esnault es economista, coordinadora de la Campaña Banca Armada –en la que participa desde hace tres años- y coautora del estudio “De la banca armada a la banca ética” sobre el consistorio barcelonés. También es autora, con Jordi Calvo, del estudio de caso sobre la Generalitat Valenciana, presentado el 23 de enero en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València (en el País Valenciano gobiernan en coalición el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos). “El 95% de la deuda viva de la Generalitat Valenciana, al cierre de 2017, y el 88,7% de sus cuentas operativas (ingresos y pagos) en 2017 ha estado en manos de la banca armada”, señala el informe. El pasado 23 de marzo Audrey Esnault estuvo presente en la junta de accionistas del Banco Santander, donde recordó que –mediante créditos, emisión de bonos y pagarés- la empresa Leonardo recibió 178 millones de euros de la sociedad que preside Ana Botín; este grupo italiano (hasta 2016 Finmeccanica) es “responsable del desarrollo y el diseño del vehículo de transporte para el misil intercontinental estadounidense Minuteman III”, subrayó.
-P: ¿En qué medida depende de los bancos el complejo militar-industrial?
-AE: Cuando estudiamos la ratio de endeudamiento de las empresas militares españolas, es decir, sus necesidades de financiación, llegamos a la conclusión de que tres de cada cuatro armas no podrían fabricarse sin la financiación de los bancos. Esta proporción es la que publicamos en la introducción del informe “Los bancos que invierten en armas” (Centre Delàs, 2016). El análisis no habrá cambiado mucho. Una de las formas de financiación bancaria es la participación accionarial directa en las empresas militares; asimismo un banco, o consorcio de bancos, puede otorgar préstamos a estas empresas (por ejemplo los créditos del BBVA a Airbus Group, Boeing y Leonardo); otra vía es comprar bonos y pagarés de las industrias militares o bien ofrecérselos a los clientes, a cambio de una comisión. Además los bancos pueden financiar las exportaciones del sector armamentístico; y ofrecer a sus clientes fondos de inversión con participaciones en las empresas de armas.
-¿A qué problemas se enfrentan los investigadores a la hora de revelar la vinculación entre empresas y bancos? Algunos gigantes de la industria bélica fabrican también para el sector civil…
Los grupos multinacionales son enormes y resulta muy complicado. Entre el 20 y el 30% de la producción de Indra es de uso militar. Esta multinacional española desarrolla tecnologías aplicadas al ámbito náutico y la aviación para los ejércitos, a la electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de dirección de misiles. A escala internacional, el grupo Airbus –con sede en Francia- está especializado en la fabricación de aviones civiles y militares, además de helicópteros y misiles; al igual que Boeing, primer productor militar mundial, que también fabrica aviones civiles y militares. El problema es que hay una gran opacidad. Son más sencillas las averiguaciones si, por ejemplo MAXAM, cuyos explosivos militares podrían haber sido destinados a la guerra de Siria, realiza una inversión en su filial EXPAL, dedicada íntegramente al sector militar. El Banco Santander, el BBVA, Caixabank y Bankia conceden créditos a MAXAM. Para obtener la información, trabajamos mucho en red; colaboramos con organizaciones como PAX, también accedemos a la base de datos SABI, las revistas de Defensa o las páginas Web de las empresas y, cuando tenemos recursos, compramos datos primarios.
-Por último, la Ley 53/2007 del Estado español sobre el control del comercio exterior de material de defensa establece, en el artículo 8, que las autorizaciones de venta serán denegadas ante indicios de que las armas puedan emplearse “en acciones que perturben la paz” en un ámbito mundial o regional; y también “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. ¿Hay algún ejemplo reciente en que podrían estar vulnerándose las leyes?
El ejército de Arabia Saudí, que lidera las operaciones militares en Yemen, utiliza armas –como el Eurofighter- con componentes y productos electrónicos fabricados por Indra. Esta empresa tiene, además, un papel importante en la frontera sur, en el empleo de la tecnología contra las personas migrantes; de hecho, es la responsable de la construcción de una tercera valla en la frontera española con Melilla. Por otra parte, en abril de 2018 el Gobierno español firmó la venta a Arabia Saudí de cinco corbetas construidas por la empresa pública Navantia, que también podrían utilizarse en la guerra de Yemen. Entre 2015 y 2017 España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, según cifras oficiales, cuando sabemos que la situación humanitaria en Yemen es brutal. Estas armas no tendrían que llegar allí.
Enric Llopis
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