En la tarde del viernes (25 de enero), fuimos otra vez impactados por la ruptura de una represa en Minas Gerais. Esta vez la ciudad afectada fue la de Brumadinho, en la región Metropolitana de Belo Horizonte.
Primeramente, queremos sumarnos al dolor de todos los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida. En este momento todavía no sabemos el número de muertes y el impacto medioambiental y sobre la población. Pero con certeza estamos delante de una tragedia anunciada, de enormes proporciones.
La compañía Vale, una de las mayores empresas mineras del mundo, ya informó que 413 de sus funcionarios están desaparecidos, la mayoría de ellos probablemente se encuentran enterrados por la lama del residuo de mineral de hierro. En el momento del accidente muchos trabajadores de la empresa almorzaban en el comedor, situado cerca de la represa destruida.
A la Vale no le importa la vida humana
Cuando la noticia apareció en la prensa mundial, el presidente de la Vale (ndt: Fabio Schvartsman, presidente-director) salió públicamente a lamentar lo ocurrido, tratándolo como un “accidente”.
Discrepamos con el presidente de la Vale. Brumadinho no fue un accidente. La tragedia de Mariana tampoco lo fue (ndt: ocurrida el 5 de noviembre de 2015). Fueron crímenes contra la vida humana y el medio ambiente. Hicieron parte del deshumano cálculo de riesgo de las grandes empresas capitalistas. Es más barato cargar con juicios e indemnizaciones, que en la mayoría de las veces no son pagas (como ocurrió con los moradores de Mariana, que prevenir.
Todos los ambientalistas son unánimes en decir que hay formas de evitar daños y controlar esos embalses. La Universidad de Minas Gerais (UFMG) desarrolló una tecnología que reaprovecha los residuos de mineral de fierro, transformándolo en ticholos. Esta tecnología le fue ofrecida a la Vale, que la rechazó, porque tenía que gastar más dinero. Y tener menos lucro es inadmisible para cualquier empresa cuya prioridad es remunerar a los accionistas de la Bolsa de Nova York. Para ellos las vidas humanas no importan
Bienes y dinero en cuentas bancarias de la Vale deben ser confiscados, para atender a las víctimas y aliviar los daños ambientales.
La Valer registró solamente en el tercer trimestre de 2018, una lucro de 5,7 billones de reales. Se trata de una empresa que ostenta ganancias astronómicas en beneficio de los grandes accionistas nacionales y extranjeros.
Ante los daños humanos y ambientales incalculables, causados por la empresa, es preciso que el gobierno federal confisque, inmediatamente, los bienes y el dinero de la Vale para colocarlos a disposición de la atención de las víctimas y la recuperación ambiental.
Defendemos, también, que todas las operaciones en las demás minas de la Vale sean suspendidas por tiempo tempo indeterminado (con la garantía de los empleos y salarios), de modo de inspeccionar las condiciones de seguridad para los trabajadores y comunidades próximas.
Es necesario, además de eso, una inmediata y amplia investigación de los responsables por la tragedia en Brumadinho, y comenzar por la averiguación de las responsabilidades de la alta cúpula de la empresa, que precisa ser castigada ejemplarmente si su culpabilidad fuera probada.
Dos de los mayores crímenes de la historia del país son responsabilidad directa de la Vale, una empresa estratégica que fue privatizada a precio de banana por FHC (Fernando Henrique Cardoso) en la década del noventa.
La segunda tragedia en tres años demuestra de modo cabal, cuanto nocivo fue para el país la privatización de la minera. Extraen la riqueza de nuestro subsuelo, utilizan nuestras aguas para lavar el mineral y exportan el mineral bruto sin agregar valor en territorio nacional. Destinan billones y billones a los grandes accionistas, mientras envenenan, destruyen y matan seres humanos y el medio ambiente. Por una cuestión de seguridad nacional, en respeto a la vida de los trabajadores y la naturaleza, la Vale precisa ser estatizada, bajo contro, social, sin indemnización, para servir al desarrollo sustentable del país.
El gobierno Bolsonaro va a aumentar riesgos como los de Brumadinho
En Brasil existen cerca de 24 mil represas en funcionamiento. La mayoría de ellas suministra agua para la agricultura. De estas, % son clandestinas. El otro 40% no tienen condiciones de ser fiscalizadas por los órganos competentes, porque no hay interés. Y así lo hubiere, no sería posible por falta de funcionarios.
Según André Trigueiro, periodista de la Globonews especializado en medio ambiente, si el gobierno federal resolviese hacer una fiscalización rigurosa de las represas existente en Brasil, ¡precisaría 33 años para concluir la inspección!
El gobierno Bolsonaro, ya dejó bien claro cuál es su estrategia para lidiar con el medio ambiente y la minería en Brasil: su gobierno va a favorecer todavía más los intereses de las empresas, es decir, sus lucros. Por eso, designó un ministro que es procesado por crimen ambiental. Y pretende debilitar todavía más la legislación y los órganos de control ambiental, así como acabar con la demarcación de tierras indígenas.
No confiamos en que el gobierno Bolsonaro va a resolver este o cualquier otro problema, pues eso lo obligaría a enfrentarse con las grandes empresas, exigiéndoles la revisión de las normas de seguridad y el uso de tecnologías que prevean o eliminen riesgos a la vida humana y al medio ambiente.
¡Toda nuestra solidaridad con la víctimas de Brumadinho!
Editorial de 'Esquerda Online'
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa (https://correspondenciadeprensa.com)
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