Duhalde, Massa y Pichetto postulan al ex ministro como candidato. El economista, presentado como una especie de “héroe” por su actuación tras la crisis del 2001, cuenta una histórica cercanía con las grandes patronales.
“Ahora gané yo. Hasta ahora, 10 puntos eran tuyos, pero ahora gané yo. Vos no interviniste en algo en lo que Cristina y yo nos jugamos la vida”. Néstor Kirchner era más alto. Al hablar, debió haber mirado de arriba abajo a su interlocutor. En ese instante, Roberto Lavagna dejaba de ser ministro de Economía.
Ese “algo”, en el cual habría estado en juego la existencia, fue la pelea electoral contra Duhalde. El diálogo, recreado por el mismo Lavagna, tuvo lugar en los últimos días de un mes de noviembre. El de 2005.
Desde hace semanas, el economista ocupa un lugar en la primera plana de los diarios. Mencionado como eventual presidenciable, elije el silencio como estrategia electoral. “Usted sabe que no estoy dando notas, ¿no?”, le dice al cronista de Noticias, mientras se acomoda y posa para las fotos.
Duhalde, Pichetto y Massa se chocan los codos para declararle su simpatía. Algunos lo sindican como una suerte de “salvador de la patria” tras la crisis de 2001. Sin embargo, la historia del hombre que está en boca de todos empezó mucho (bastante) antes de aquel agitado año.
Un ajuste llamado Pacto Social
El 20 de junio de 1973, mientras Perón cruzaba el cielo del Atlántico, una masacre se desataba en los bosques de Ezeiza. La derecha peronista, bajo las órdenes del coronel Osinde, lanzaba metralla sobre cientos de miles de personas.
El viejo líder volvía a la Argentina tras 18 años de exilio. Su objetivo central era frenar la creciente movilización revolucionaria que, desde el Cordobazo en adelante, protagonizaban la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares. Roberto Lavanga será parte de ese gobierno y continuará ocupando funciones bajo las órdenes de Isabel y López Rega, ya con la Triple A actuando desorbitadamente.
En 1973 asumirá como Director Nacional de Política de Precios de la secretaría de Comercio, revistiendo bajo las órdenes de José Ber Gelbard, el empresario vinculado al PC, que ocupó la cartera de Economía.
Desde ese lugar, fue un engranaje central en la política que el tercer peronismo ideó para estabilizar la economía: el Acta de Compromiso para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social. O, como pasó a la historia, el Pacto Social.
Esa política intentó contener la inflación por medio del congelamiento de precios y salarios. La mecánica beneficiaba al empresariado, permitiéndole adelantar aumentos, al tiempo que percibía todo tipo de incentivos y beneficios fiscales.
Para la clase trabajadora, el Pacto Social se convirtió en una camisa de fuerza. Los reclamos salariales estaba prohibidos. Cualquier suba en los haberes solo era factible atada a un aumento en la productividad. Es decir, una eventual mejora en los ingresos implicaba mayores niveles de explotación. Lavagna fue un gendarme de esta política, intentando limitar cualquier ruptura en el esquema construido (Rougier y Fiszbein, 2006).
Sin embargo, en pocos meses se tornó evidente el fracaso del plan. A inicios de 1974, en la revista Cuadernos Nacionales -donde también escribía Lavagna- se leería que “tanto los primeros resultados como las perspectivas de largo plazo derivados del Pacto Social, distan en buena medida de satisfacer las amplias expectativas populares”.
El descontento entre los trabajadores irá en ascenso. Las movilizaciones y luchas que desafiaban al Pacto Social, también. Para sostener ese acuerdo anti-obrero, el gobierno apelará a fortalecer las posiciones de la burocracia sindical. Reformará la Ley de Asociaciones Sindicales en beneficio de las cúpulas. Al mismo tiempo endurecerá la represión estatal y para-estatal. La Triple A hará su aparición formal en noviembre de 1973, un mes después de la asunción de Perón.
Tras la muerte del viejo líder, Lavagna continuará ocupando un lugar en el seno del Poder Ejecutivo. En 1975 llegará a la Subsecretaría de Coordinación y Política, de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.
El golpe de marzo de 1976 forzó a miles de personas a la clandestinidad y/o al exilio. A Lavagna, por el contrario, lo empujó a trabajar en el sector privado. La consultora Ecolatina, fundada un año antes, fue su refugio en los años de plomo. Las casualidades -que no existen- quisieron que entre los analistas de Ecolatina figure actualmente Lorenzo Sigaut Gravina, cuyo padre fue ministro de Economía durante la dictadura.
Un aliado de hierro del gran empresariado
En 1985, Lavagna volvió a ocupar un lugar en el gabinete nacional. Raúl Alfonsín lo designó, con rango de ministro, en la estratégica Secretaría de Industria y Comercio Exterior.
Los años alfonsinistas, más allá de los relatos, consolidaron el poder del gran empresariado beneficiado bajo el genocidio. Aunque Lavagna ocupó el cargo durante solo dos años, su labor garantizó una mayor concentración del poder de los grandes industriales. Entre 1986 y 1990, Bunge y Born pasó de controlar 87 a 92 empresas; Techint, de 53 a 58; Pérez Companc, de 86 a 92; Arcor, de 20 a 31; Soldatti, de 34 a 51; y el grupo Macri, de 51 a 60 (Ortiz y Schorr, 2006).
Los llamados “capitanes de la industria” usufructuaron los recursos estatales hasta el límite de lo posible. Además de aportar al hundimiento de las empresas estatales que serían privatizadas, el gran empresariado gozó de ingentes beneficios fiscales. Disfrazados bajo el elegante rótulo de “incentivos a la producción”, millones de pesos terminaron volando hacia los paraísos fiscales, vía una descomunal fuga de capitales. En esos incentivos también estuvo presente la mano de Lavagna.
Una caja negra que explica “los milagros”
Tras la devaluación impulsada por Duhalde y Remes Lenicov, el salario promedio de la clase trabajadora cayó un 28 % durante 2002 (Mercatante, 2015).
En esa medida hay que ver uno de los mayores secretos que permitió la enorme rentabilidad del empresariado en los años siguientes y la posterior recuperación económica. En 2007, antes de convertirse en funcionario oficial, Axel Kicillof la definía como la caja negra que explicaba el crecimiento a “tasas chinas”. Como es ampliamente sabido, eso no hubiera sido posible sin un horizonte económico internacional (más que) favorable.
Lavagna llegará al gabinete de Duhalde para heredar y perpetuar ese modelo. Sus “éxitos” como ministro de Economía se hallan estrechamente ligados a la continuidad de ese esquema de salarios bajos.
Al momento de asumir esa cartera, aún era embajador argentino ante la Unión Europea, lugar que ocupaba gracias a la gentileza de Fernando de la Rúa. Mientras decenas de personas eran asesinadas por las fuerzas represivas en todo el país, Lavagna ejercía la representación extranjera del gobierno de la Alianza.
Entre 2003 y 2005, Néstor Kirchner y Lavanga serán actores principales de la renegociación de la deuda pública nacional. En el reparto ocuparán un lugar, menor pero importante, Guillermo Nielsen y Alfonso Prat-Gay.
Al iniciar tratativas con el FMI, el gobierno nacional contaba dos ventajas. La primera, un crecimiento que empezaba a hacerse sostenido desde mediados de 2002. La otra, el gigantesco desprestigio de ese organismo, considerado por la opinión pública -nacional e internacional- corresponsable del descalabro argentino en 2001. Esa constelación de factores daba un hándicap a la parte local.
Los acuerdos firmados con el FMI habilitaron la renegociación con los fondos buitre, aquellos inversores que habían comprado, a precio de regalo, los bonos de la deuda argentina tras el default de 2001.
Parte de la historiografía reciente ha querido ver allí un primer matiz de diferencias entre Kirchner y Lavagna, ubicando al presidente en una posición de mayor intransigencia. Sin embargo, a la hora de los resultados y más allá de la retórica, los fondos que entraron al canje de 2005 -reabierto en 2010- consignaron enormes ganancias. La oferta de un cupón atado al crecimiento del PBI sirvió de anzuelo al precio de crear nueva deuda futura, relativizando la quita obtenida.
Pocos años después, en 2013, Cristina Kirchner podría presentarse como orgullosa “pagadora serial”, reconociendo haber entregado U$S 173.000 millones a especuladores y usureros internacionales. Lavagna puede, con seguridad, considerarse coautor de esa “gesta patriótica”.
Don Paolo, un amigo
Lavagna es, desde hace tiempo, un hombre cercano a Techint, el mayor grupo empresario del país. Paolo Rocca, su CEO, tiene una fortuna calculada, según la agencia Bloomberg, en más de U$S 9.000 millones.
En 2004, el entonces ministro de Economía impulsó un régimen de promoción industrial que concedía importantes facilidades impositivas. Entre las beneficiadas estuvieron Aluar, Fate, AGD, Cargill e YPF. Sin embargo, la Ley 25.924 sería conocida como “ley Techint”. No es necesario explicar porqué.
En 2007, Roberto Lavagna eligió competir como candidato a presidente. El mundo de la política dio cuenta de las reuniones entre sus asesores y representantes del grupo empresario más poderoso del país. Consignemos que ese año, su vice fue Gerardo Morales, el hombre que hoy ocupa el centro de las críticas por su escandalosa y reaccionaria intervención en el caso de una niña violada en Jujuy.
Últimos días del náufrago
El 26 de octubre de 2005, el diario La Nación tituló “Fuertes gestos de respaldo a Lavagna”. Faltaban 32 días para la salida del ministro. El día anterior, la cartera de Economía había difundido su plan para enfrentar la creciente inflación: disciplina fiscal y monetaria; acuerdo de precios y salarios; e incentivos impositivos para la inversión en actividades productivas, entre otras cuestiones (Novaro, Bonvecchi, Cherny; 2014).
El combo que venía a proponer Lavagna recuperaba propuestas desplegadas en otras gestiones. Una vez más el sacrificio de los asalariados venía a garantizar la rentabilidad capitalista. Agreguemos que, en aquel entonces, Néstor Kirchner acordaba con el congelamiento salarial.
Las diferencias afloraron en otro terreno. Lavagna propuso restricciones en materia fiscal y monetaria. Kirchner optó por la “maquinita de imprimir” y la bochornosa intervención al Indec para dibujar la realidad. Esas divergencias coronaron aquellas que habían visto la luz durante la campaña electoral.
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A pesar de su silencio hermético, Lavagna ocupa un lugar destacado en la agenda mediática. Ese hermetismo permite que, según las encuestas, goce de imagen positiva, algo que la inmensa mayoría de los candidatos no puede acreditar.
Rememorando lo actuado en 2003, sectores del empresariado lo consideran capaz de pulsean con el FMI y su agenda de ajuste. Con otros actores, esa ilusión también es compartida por amplios sectores del kirchnerismo. Sin embargo, las nuevas condiciones de la economía internacional y del país están muy lejos, demasiado, de aquellos años. Cualquier renegociación tendrá como daño colateral el nivel de vida de las mayorías trabajadoras. Como sostiene el Frente de Izquierda, no hay salida progresiva sin una ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa.
La historia de Lavagna -la que hemos recorrido en estos párrafos- revela que ha sido en lo esencial un aliado del gran empresariado, dispuesto a postular un programa de sacrificios para la clase trabajadora en aras de sostener la ganancia capitalista. Presentarlo entonces como el “salvador” que dejó atrás la crisis del 2001 es el más puro engaño. En todo caso, lo que siempre buscó dejar a salvo son las ganancias de grandes grupos capitalistas como Arcor, Techint o Macri.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
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