Este esquema marca 7 fases, las cuales pueden modificarse de acuerdo a la “nueva evidencia científica, la situación epidemiológica o la disponibilidad de dosis”. La primera la constituye el personal de salud; le siguen los adultos mayores a 70 años; mayores de 60; personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de servicios penitenciarios; adultos entre 18 y 59 con factores de riesgo; personal docente y no docente de jardines, primarias y secundarias; y otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones.
Los funcionarios públicos que no tengan factores de riesgo ni sean mayores de edad podrían ser vacunados recién en la séptima fase; sin embargo, son varios los casos que se han vacunado en las primeras etapas, como Axel Kicillof, quien recibió la primera dosis el 29 de diciembre, día que arrancó la vacunación en nuestro país. En la Provincia de Buenos Aires hay más de 2 millones de inscriptos para vacunarse, aunque probablemente sean pocos los que verán la vacuna este año.
Esto se enmarca en la crisis más general de la producción de vacunas a nivel mundial, que deja a Argentina en un lugar relegado para recibir dosis. Se ve en el hecho de que de las 5 millones de vacunas Sputnik V que el gobierno anunció para enero, solo llegaron un total de 410 mil dosis completas, menos del 10%.
Pero el problema de la escasa cantidad de dosis no es el único. Hoy en día Argentina ha vacunado solo a 307.326 personas con la primera dosis y 163.069 con la segunda (datos del Ministerio de Salud al 5/2); es decir que a un mes y medio de iniciada la campaña, aún no se han entregado el total de las dosis y el ritmo de vacunación es de los más bajos del continente y del mundo.
El hecho de que el gobierno le dé prioridad a sus funcionarios abre una nueva polémica. Si comparamos la cantidad de dosis que llegaron a Argentina (410 mil completas) con el total de trabajadores de establecimientos de salud públicos y privados (763 mil), se puede ver que apenas llegaría a cubrir el 53%. En el caso del personal docente y no docente, también prioritario en un contexto de puja por la vuelta a clases por parte del gobierno y la oposición, el número es aún más grave: los trabajadores del sector son 1,3 millones, es decir que las dosis alcanzarían a cubrir solo el 31%. Y esto es considerando que se les hubiese entregado el total de las vacunas disponibles, algo que desde el vamos no sucedió.
Las prioridades del gobierno van en contra de los intereses de la población. La intervención y organización de la clase obrera es clave para que haya un ritmo de vacunación mayor, con centros de inoculación y contratación de personal capacitado, y la reorganización de los recursos sobre la base de la deliberación colectiva, con comisiones de control de profesionales y representantes de los trabajadores que decidan las prioridades del plan de vacunación. Va de la mano de la lucha por un aumento presupuestario en salud que salga del no pago de la deuda.
Lucía Cope
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