La ley habrá de pasar a la historia de la política y de la justicia, sin embargo, por el andamiaje arbitrario que la sostiene. En primer lugar porque los indultados no han cometido ninguna clase de delito, salvo que se caracterice de ese modo a la resistencia a un golpe de estado que ha tenido la intención, más allá del arrebato del poder por vía del aparato militar del estado, de aplastar la beligerancia indígena en el Altiplano. En Europa, los resistentes al fascismo han sido homenajeados con placas en muros y veredas. Más justo habría sido inculpar a los fiscales y jueces que iniciaron esas causas judiciales, e incluso llevar a los tribunales internacionales a los directivos de la OEA y sus secuaces que promovieron el golpe militar. A fuerza de consecuentes, el Tribunal Penal Internacional debería abrir un proceso a Trump y Bolsonaro y a sus respectivos cancilleres.
El indulto a las causas penales en trámite, por parte del gobierno boliviano, tiene, sin embargo, a la luz de esta caracterización, un propósito perverso, que es precisamente la amnistía para los golpistas y hasta para los represores criminales de las masas que combatieron al gobierno anterior, e incluso a quienes cometieron delitos económicos. Para el gobierno actual, la realización de las elecciones y el reconocimiento de la victoria de los candidatos del MAS, constituirían una absolución anticipada de los delitos de represión y golpismo. En definitiva, Luis Arce ha dictado una amnistía general, que deja en la categoría de culpable a los luchadores y anticipa una falta de mérito para los comitentes del golpe y de la represión.
Por casa
¿Alguien está pensando en que lo ocurrido en Bolivia podría replicarse en Argentina, bajo la forma directa de una amnistía general?
Mientras el kirchnerismo y el macrismo se tiran con munición pesada por corrupciones y espionajes, el campeón olímpico de los delitos, sean económicos como políticos, acaba de ser despedido, a los 90 años, en el cementerio islámico, con un sinnúmero de juicios encajonados y unas pocas condenas sin ejecución. Es el caso más prominente pero no el único, pues las estafas económicas perpetradas en la crisis de 2001 caducaron por prescripción. Los delincuentes de los ‘90 zafaron de la cárcel en todas las instancias. El caso Menem demuestra que esta impunidad no la salva ni la declaración de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, porque la muerte no admite esa regla. Lo que está claro, de todos modos, es que la impunidad menemista no hubiera sido posible sin el concurso de la Corte Suprema, tanto la menemista como la kirchnerista de un lado, y el Senado de la Nación, del otro. La Corte se ha omitido en la explosión de Río Tercero; archivó el caso en tiempo récord en el atentado a la embajada de Israel; y sigue mirando desde la tribuna este atentado como el de la AMIA. El Senado protege los fueros, incluso ante delitos penales de la mayor gravedad.
En materia de delitos de corrupción hay para repartir a gusto en ambos lados de la grieta. Los funcionarios de alto escalón deslindan su corrupción en los que están abajo, y así de seguido. La tragedia de Once es responsabilidad de un maquinista; De Vido y Schiavi no sabían nada, a pesar de los accidentes en las barreras del ferrocarril y los negociados de las concesionarias con la secretaría de Transporte. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra se achaca a Favale y Fernández; Pedraza no pudo zafar de la cárcel por la inmensidad de la movilización popular, y el impacto político ulterior de la muerte de Kirchner. Aníbal Fernández zafó, a pesar de que liberó la zona de Barracas donde ocurrió el asesinato. Bodou ya ni pelea por su inocencia; sólo quiere mantener la domiciliaria y obtener una reducción de pena y permiso de salida. Cristóbal López no es victimario sino víctima: no le aceptaron la moratoria para pagar los once mil millones de pesos que arrebató de los bolsillos ajenos. Los funcionarios acusados recurren a la coartada que les da el mismo régimen de gobierno, que exime a los gobernantes de la responsabilidad por el conjunto del sistema que tienen a su cargo. Si hubo sobreprecios en la obra pública, la responsabilidad recae en los Báez, los funcionarios de Vialidad, José López. Por eso, “la patria es el otro”. Cuando se trata de la impunidad todos defienden el principio republicano de la división de poderes: 'yo no tengo nada que ver, arreglen en la justicia'. La frase, en realidad, la inventó, si se puede decir así, Caín, cuando respondió acerca de la desaparición de su hermano: “acaso yo soy su custodio”.
Los delitos económicos y políticos del macrismo son incontables. Correo Argentino, evasión de dinero a cuentas ‘offshore’ (autorizada en el acuerdo YPF-Chevrón, de CFK-Kicillof, que se mantiene secreto en poder de la Corte), soterramiento del Sarmiento, parques eólicos, autopistas del conurbano y, por sobre todo, Vicentín y la complicidad con los fondos Templeton y otros en la fuga de capitales a partir de 2018. El espionaje macrista data de su gobierno en la Ciudad, en compañía con Fino Palacio. En materia de represión es conocida la que aplicó a los trabajadores de los hospitales de Barracas y el trato a personas de la calle. El aparato de espionaje interno de Arribas y Majdalani sólo compite con el de Stiuso, la mano derecha 'informativa' de Néstor Kirchner.
Guerras judiciales ¿En qué consiste entonces la llamada guerra judicial? En aprovechar los delitos efectivamente cometidos por unos y otros para golpear al adversario, abandonando la táctica 'menemista' de la complicidad recíproca. El delito es incluso, más allá de los casos citados, un método de gobierno, dado el entrelazamiento del gran capital con el aparato estatal y la burocracia de turno.
El poder judicial se ha convertido, no ya políticamente, sino jurídicamente, en una forma de asociación ilícita, porque es un sistema de puertas giratorias que ha servido a todas las dictaduras militares, incluso la más horrenda. La Corte actual ha avalado, sin ningún examen, una condena a Milagro Sala por amenazar por teléfono a policías que cometían atropellos contra jóvenes. En un país donde esos atropellos son moneda corriente, incluida la muerte, la condena a una auto-defensa, siquiera verbal, es una violación de los derechos populares decisivos. Lo mismo ha ocurrido con una condena a D’Elia por la intervención en una comisaría asociada con un crimen de represión. La Corte defiende fallos inferiores que no examina, en el entendimiento de que un choque repetido entre instancias judiciales, afectaría su jefatura del poder judicial.
Las condiciones para una amnistía declarada o bajo la mesa, como pretendería arbitrar Alberto Fernández, no se encuentran reunidas en las actuales condiciones de la crisis política. Es otra cosa más que macristas y kirchneristas buscan resolver en las elecciones de octubre. De conjunto, sin embargo, la podredumbre del sistema político y jurídico es descomunal e irreversible.
Nuestro planteo es:
Que vayan todos presos, incluidos los jueces envueltos en encubrimientos y asociaciones;
Rechazo a los negociados capitalistas que buscan el amparo de moratorias y desgravaciones;
Abolición de la Justicia como poder de supervisión de los órganos electos en forma popular, para convertirla en un servicio a cargo de personal calificado electo y revocable;
Por la vigencia de la soberanía popular, mediante un gobierno de trabajadores deliberativo y ejecutivo, electo y revocable.
Jorge Altamira
17/02/2021
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