El ministerio de Economía salió a festejar los resultados arrojados por la recaudación fiscal de enero de este año. Según la versión oficial, el crecimiento de la recaudación interanual del 46,6% supera en casi 10 puntos la inflación del período, lo cual probaría que Argentina retomó un camino de crecimiento. Sin embargo, si se analizan los números con mayor rigurosidad, lo que se muestra es que está en marcha un fuerte ajuste que afecta directamente a los trabajadores y que quien deben festejar son el FMI y los acreedores internacionales.
La base del crecimiento de la recaudación está en los derechos de exportación, que crecieron un 230%. El salto, que suena espectacular, se explica por una cuestión muy simple: el paro de los trabajadores aceiteros demoró exportaciones durante el mes de diciembre que terminaron de concretarse durante enero. Esto lo reconoce incluso el propio Ministerio de Economía en su comunicado oficial. Se trata de un hecho coyuntural que no se repetirá en los próximos meses.
En el caso del IVA, la recaudación mostró un signo negativo. El crecimiento del 36,4% quedó un 1,1% por debajo de la inflación del mismo período. Mientras el IVA que se cobra sobre las exportaciones aumentó, el “IVA impositivo” vinculado al consumo interno creció solo un 28%, casi 10 puntos por debajo de la inflación. La explicación de esta caída es simple: refleja el retroceso sistemático del salario y de las jubilaciones bajo el gobierno de Alberto Fernández. Retroceso que tiene al gobierno como principal artífice, como lo prueba que los trabajadores que recibieron las peores paritarias son justamente los empleados públicos nacionales, entre ellos los que realizan tareas en el sistema de salud que depende del estado nacional. Otro tanto ocurrió con los jubilados, que perdieron según los casos hasta casi 10 puntos de sus haberes.
El impuesto al cheque, que también se vincula directamente con la actividad interna, mostró un resultado negativo del 2,5%. Otra vez una manifestación directa del parate del consumo y la actividad.
Un impuesto que mostró un signo positivo fue el de Ganancias, pero acá tampoco hay nada que festejar. Sucede que el crecimiento nominal del 55,6% es el resultado directo de que bajo el gobierno de Alberto Fernández se profundizó la confiscación del salario por medio del impuesto a las Ganancias. Dada la falta de adecuación correcta del mínimo no imponible y de las categorías, son cada vez más los trabajadores que lo pagan o que pagan más que en el pasado. Este hecho se agravará en los próximos meses, ya que no hay nueva adecuación hasta enero del 2022. Los 2,5 millones de trabajadores que se ven afectados podrían llegar hasta los 3 millones o más.
Otra base del crecimiento de la recaudación fue el llamado impuesto Pais que se cobra a quienes adquieren el dólar oficial. Por esta vía se impone una devaluación de hecho para los trabajadores y sectores medios que quieren proteger sus escasos ingresos ante el salto inflacionario. Recordemos que se trata de un impuesto que se cobra a quienes pueden comprar solo 200 dólares mensuales. En cambio, los importadores, que muchas veces incrementan falsamente sus compras al exterior para hacerse de divisas, pagan los dólares a un precio mucho más bajo (86 en lugar de 150 pesos).
Pero mientras los impuestos que pagan los trabajadores aumentaron la recaudación, los que pagan las patronales se redujeron significativamente. Las Contribuciones Patronales aumentaron solo un 25,1%, porque un número significativo de empresas se sigue beneficiando con un reducción de aportes patronales dispuesto por el gobierno nacional. En muchos casos esa reducción alcanza hasta el 90% de los montos que deben pagarse.
Así, los datos de la recaudación impositiva de enero dejan expuesto un fuerte ajuste llevado adelante por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que afecta a los trabajadores y beneficia a las patronales. A la vez, la reducción del déficit logrado por medio de la mayor recaudación impositiva es festejada por el FMI, que reclama un rumbo ajustador para mejorar la capacidad de repago de la deuda pública nacional y de las provincias. La continuidad de esta política solo augura un freno a toda reactivación económica, pues el PBI de Argentina depende prioritariamente de su mercado interno.
En oposición a esta orientación ajustadora es necesario aplicar de inmediato una política de recomposición del salario y las jubilaciones, y reorganizar la economía y el país integralmente sobre nuevas bases sociales en función de este objetivo.
Gabriel Solano
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