Según fuentes cegetistas el congreso reflejó “una unidad casi plena”. Sin embargo, la lista de heridos y disconformes es numerosa.
Incluye, en primer lugar, a los sectores cercanos al kirchnerismo. El bancario Sergio Palazzo pretendía integrar la jefatura, pero quedó al frente de la secretaria administrativa. La judicial Vanesa Siley, impulsada por Cristina Kirchner, no logró siquiera ser admitida como integrante de la central (su sindicato, el Sitraju, carece de personería gremial). Sadop, docentes privados, solo se llevó una vocalía; mientras el curtidor Walter Correa, vocero de Máximo Kirchner, no figuró ni en los créditos.
También fracasó el plan B del kirchnerismo, consistente en apoyar al metalúrgico Antonio Caló para integrar el trío de dirección, o sumar un cuarto asiento, en representación de la Confederación de Gremios Industriales. En la última semana Caló se mostró junto a Axel Kicillof. y logró el apoyo del textil y ahora exbarrionuevista Hugo Benítez, pero solo le alcanzó para quedarse con la secretaría de interior, a cargo de la articulación con las regionales.
Entre los marginados se cuenta la Uatre, dirigida por José Voytenco, uno de los gremios más numerosos que directamente se ausentó con aviso.
El desempeño de Luis Barrionuevo en el tramo final demostró, una vez más, su inmensa capacidad para la rosca. Logró repeler los embates de Caló y mantener a su delfín Carlos Acuña, compensando su debilidad interna (enfrenta listas de oposición en varias seccionales de su gremio gastronómico) y el desgranamiento de sus alianzas con el apoyo de la UTA y La Fraternidad -los derrotados en las recientes elecciones de la Confederación del Trasporte por el pacto de los Moyano con Sergio Sassia (de la Unión Ferroviaria). Se confirmó que los choques en la CATT terminarían alterando los equilibrios construidos hasta ese momento.
El congreso mismo estuvo a punto de naufragar por la tentativa de «Los Gordos» de reducir al máximo los espacios al moyanismo. La participación de Pablo Moyano por teleconferencia (argumentando un estado gripal) es una imagen clara de la cornisa por la que transitó todo el operativo. El conteo final dejó a los Moyano una cosecha de ocho dirigentes de máxima confianza en el nuevo consejo directivo, y un bloque potencial de trece cargos con los espacios que consideran aliados, incluyendo la estratégica secretaría gremial que quedó en manos de Mario Manrique del Smata.
La convivencia del moyanismo con el resto de los gremios es todavía una incógnita. En las negociaciones previas se le exigió una suerte de “pacto ético”, para encauzar las disputas por encuadramiento que mantiene con por lo menos seis sindicatos, entre ellos el de Comercio.
Las palabras del aeronáutico Juan Pablo Brey, una de las espadas del camionero, refiriéndose al triunvirato como “un paso intermedio para alcanzar una conducción con un líder único”, no aportan mucho a disipar la desconfianza.
Por último, pese a que la alianza con los movimientos sociales mostrará su vigencia en la movilización que se anunció para el 17 de noviembre, el Observatorio Social que se imaginó para dar algún grado de formalidad a la integración de Utep quedó para una mejor ocasión.
Desde ya, se confirmó el rechazo a la inclusión de la CTA. Hugo Yasky, mentor en 2019 de la unidad con Los Gordos impulsada por Alberto Fernández, caracterizó al congreso como “una pantomima” y “un guiso recalentado”.
Un capítulo aparte merece la fantochada de la paridad de género y el cambio de los estatutos que relegan a las mujeres a papeles secundarios, en las secretarías, sin presencia alguna en la conducción colegiada.
El retroceso del peronismo apuntala la “unidad, aunque duela”
La atomización, recelos y peleas al interior de la burocracia sindical refleja la división que el retroceso electoral del gobierno, y particularmente del kirchnerismo, se ha agudizado.
El pacto que habían sellado Máximo Kirchner con la mesa chica de la CGT antes del 12 de setiembre quedó cuestionado por la paliza electoral en las Paso; pero la relación se terminó quebrando con el rechazo unánime de la conducción de la central a la renuncia de los funcionarios kirchneristas.
En reserva, la burocracia sindical advierte sobre los riesgos institucionales de una fractura de la coalición oficial, y prepara con Juan Manzur y los gobernadores pejotistas una eventual red para sostener a Alberto Fernández. En esa orientación se inscribe la mencionada movilización del Día de la Militancia, presentada como un apoyo al presidente (no al gobierno).
Aunque los discursos de autonomía de la central se escuchan cada vez más fuertes (“esta CGT no será el apéndice de ningún gobierno”, dijo Pablo Moyano) la burocracia mira con preocupación que Cristina Kirchner avance sobre algunas áreas como el Ministerio de Trabajo o, sobre todo, la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales.
El documento producido por el congreso, plagado de generalidades, destaca el papel que la burocracia pretende ocupar en la actual crisis política y reclama una mesa de negociación con el gobierno y las cámaras empresarias para avanzar en un programa nacional de empleo. Un guiño a la “modernización de las condiciones laborales” que reclama la UIA.
La que se concertó este 11 de noviembre es una “unidad” defensiva de la burocracia sindical, que busca posicionarse como “garante del orden” para imponer el acuerdo con el FMI y las reformas estructurales que exige el organismo; pero “a lo Toyota”.
El movimiento obrero por arriba y por abajo
En una contraposición completa con las roscas de la vieja burocracia reunificada, por debajo de las estructuras anquilosadas se desarrolla un proceso extendido de disputa por los cuerpos de delegados y comisiones internas (y también, aunque en menor medida, de seccionales y órganos nacionales) cuyo rasgo dominante es el surgimiento de nuevas direcciones; en la alimentación, en gráficos, en textiles, en la UTA y muchísimos más.
Se trata de un proceso interno de la clase obrera que recién comienza, que no es lineal ni se expresa siempre con un contenido claro, pero que se caracteriza por el rechazo de sectores crecientes del activismo a la entrega de la burocracia sindical del salario y las condiciones de trabajo.
Impulsar decididamente este movimiento y orientarlo hacia la independencia de clase, en la etapa signada por la reforma laboral y el ajuste, le plantea a la izquierda revolucionaria y el sindicalismo combativo un desafío y una oportunidad históricos.
Daniel Sierra
Miguel Bravetti
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