El proyecto había logrado ser aprobado en algunas comisiones el año pasado en medio de las masivas manifestaciones en Rosario y Santa Fe capital por los incendios intencionales en el Delta del Paraná, con una clara denuncia: los incendios buscaban avanzar con negocios inmobiliarios, mineros y agrarios en la zona.
Ese avance en los recintos duró un suspiro, así lo señala Julieta Bernabé, una de las integrantes de la Multisectorial Humedales Santa Fe: “el proyecto de ley que fue aprobado el año pasado en la Comisión de Ambiente y pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mes de noviembre, quedó muerto en esa comisión y nunca más tuvo ningún tratamiento ni ningún avance”. (Urgente24, 19/11)
Esta sería la tercera vez que pierde el estado parlamentario el proyecto de ley, que daría un marco normativo nacional sobre un territorio que representa el 20% del suelo argentino, un número nada despreciable. Según estimaciones e informes realizados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “ya lleva más de 600 mil hectáreas arrasadas por el fuego si se tiene en cuenta el saldo del año pasado y lo que va de este año” (Ídem). En otro documento las organizaciones ambientalistas aseguran que solo en 2020 “más de 1.200.000 hectáreas afectadas por el fuego, miles de ejemplares de nuestra fauna muertos y cientos de casas perdidas.”
Bernabé además afirma que en las islas se siguen realizando actividades relacionadas a la minería, al sector inmobiliario, a la siembra y la ganadería, aunque están prohibidas. El lucro capitalista está por encima del sacrosanto Derecho. Así se lo dejaron en claro varios diputados Bernabé y otros representantes cuando en agosto pasado fueron recibidos por un grupo de diputados: “Cuando hicimos la travesía en agosto y llegamos hasta el Congreso Nacional fuimos atendidos por algunos diputados que no pertenecían a las comisiones que estaban trabajando el proyecto de ley. Estos diputados muy atentamente nos dijeron que difícilmente iba a ser aprobado este proyecto y adujeron básicamente intereses productivos e inmobiliarios”. (Ídem)
El proyecto prohíbe la realización de determinadas actividades que puedan resultar en daño a los ecosistemas, como la fumigación aérea. Incluye sanciones económicas y administrativas al tiempo que propone la creación de un inventario de humedales. Entrega a un fondo fiduciario, o sea a capitales privados y públicos, la conservación de los humedales.
Existe un largo entramado entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional con grupos capitalistas internacionales y nacionales para cajonear el proyecto de ley, a pesar de las enormes posibilidades de especulación para los grupos capitalistas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya ha expresado que es “imposible pagar la deuda sin contaminar”. Una declaración de entrega a la soberanía nacional en toda regla.
La destrucción capitalista del ambiente ha sido la responsable de la presente pandemia y de aquellas que se incuban potencialmente por la relación hostil entablada con el ambiente, que afecta a su vez las condiciones de vida de la población humana. Ahora, el gobierno de los Fernández pretende avanzar en la destrucción de los humedales si esto resulta en una garantía de acuerdo con el FMI. Como ya ha señalado Marx, “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano”. Es tarea de los trabajadores defender su vida y la del ambiente que lo alberga. Solo un gobierno de trabajadores podrá imponer una reconstrucción en las relaciones con el ambiente mediante la transformación revolucionaria de la vida social.
Joaquín Antúnez
21/11/2021
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