El Congreso se presta a tratar en las próximas sesiones un proyecto -ya aprobado en comisión- llamado “ley de envases con inclusión social”. Por un lado, “establece la creación de una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP), para todos los productos cuyos envases estén comprendidos en el proyecto.” (La Nación, 19/11), de “hasta el 3% del precio mayorista” (ídem). La alternativa sería “el “compromiso a reciclar sus propios envases” (Clarín, 19/11). El gobierno no cuenta aún con la mayoría necesaria para elevar el proyecto al Senado, y lo más probable es que no ingrese al recinto.
En Argentina, el tratamiento de las miles de toneladas de basura es altamente contaminante. Simplemente se "deposita" la mitad en basurales a cielo abierto -unos 5 mil- y la otra parte la gestiona el CEAMSE, que ha establecido una cantidad de "complejos" en la provincia de Buenos Aires, rodeados de barrios de trabajadores. Los conflictos entre distintas localidades por la "administración" de la basura han sido acompañados por movimientos de lucha contra estos depósitos infecciosos. En 2006 se produjo el “catanazo”, un levantamiento popular de los vecinos matanceros contra una de las sedes del CEAMSE. El proceso de reciclaje apenas comprende el 10% de la basura producida. Por añadidura, durante 2020 se importaron más de 90 mil toneladas de residuos (Página 12, 20/11). Argentina se ha convertido en el basural de todo un conjunto de países. La industria plástica apoya el proyecto, que prevé el establecimiento de un multimillonario fideicomiso para el reciclaje.
Rechazos
La mayoría de las asociaciones empresariales se ha pronunciado contra el proyecto, al cual denuncia, en cualquiera de sus variantes, como inflacionario. El gravamen se aplica sobre el producto integral: envase y contenido. La Copal (productos alimenticios). Algunas cámaras denuncian que “el efecto cascada añadiría hasta 6 puntos de inflación” anual (La Nación). Para el gobierno, el alcance de la tasa no superaría el 0,8 (ídem). Quienes pagarían esa "inflación" son los consumidores finales de estos productos. La disputa entre si el gravamen es una tasa o un impuesto es ociosa, porque en el primer caso aumentaría el costo de producción y por lo tanto el precio en función de la capacidad de entendimiento entre los monopolios y, en el segundo caso, operaría como cualquier impuesto al consumo.
"Economía circular"
El propósito de hacer frente a la "sobreproducción" de basura, sigue una lógica capitalista: paga el consumidor para impulsar otro negocio, el del reciclaje. En todo el mundo capitalista, las leyes ambientales son financiadas por el pueblo. De un lado, por medio de mayores impuestos; por el otro, por los subsidios que el estado ofrece a la “energía limpia”. El proyecto del gobierno no se aparta un milímetro de la "socialización" de los costos ambientales. Leonardo Grosso, gestor del proyecto, ha declarado que “la experiencia (sic) cartonera vino a aportar una gran solución a la falta de empleo y a la gestión de residuos, este proyecto dignifica a los trabajadores de la economía popular, impulsando la economía circular” (Perfil 20/11). La "economía circular" es el último invento de los economistas profesionales para justificar la reconversión del ambiente mediante la expropiación de los ingresos del trabajo. El funcionarato de los “movimientos sociales” suscribe por completo los lineamientos de grandes bancos y corporaciones que incentivan la llamada "economía circular". Un informe favorable de la ONU sugiere que “la transición a una economía circular podría generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de euros para Europa (sic) en 2030”. Finalmente “desde 2016, se ha multiplicado por diez el número de fondos privados vinculados a inversiones relacionadas con la economía circular, y solo en 2020, los activos se multiplicaron por catorce”.
Macri impulsó, en 2003, la privatización completa de la recolección de residuos. La realización de esta tarea por un ejército de cartoneros tuvo lugar sin ningún derecho laboral y en condiciones extremadamente precarias. Juan Grabois pretende reclutar este ejército para sus Unidades Ejecutoras, que pagan el diez por ciento de una canasta familiar. El proyecto oficialista prevé un monto de recaudación, pero no dice nada sobre las condiciones de trabajo y los salarios. Tampoco se compromete a un esquema de transformación de los depósitos, que naturalmente debería iniciar con el cierre del CEAMSE y de todos los basurales a cielo abierto. La discusión sobre la basura es un eje fundamental del esquema social, en especial bajo la presión de la pandemia actual y las futuras.
En lugar de la "economía circular", mayores impuestos al consumo y la conversión de Argentina en "basurero del mundo", sería positivo que las organizaciones sociales piqueteras discutan su propio proyecto y lo lancen como reivindicación política-social.
Fede Fernández
25/11/2021
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