En el caso de los alimentos se prevé que trepen en diciembre casi un 4 por ciento. En este mes, el gobierno liberó restricciones a las exportaciones de trigo y maíz, por un lado, y de carne por el otro. Los cortes “cuidados” y los alimentos con precios regulados desaparecen de las góndolas a favor de otros alimentos a valores extorsivos.
El gobierno, por otra parte, ya convocó a audiencia pública para que las empresas concesionarias de gas presenten sus pretensiones de aumento (y los usuarios, las protestas “no vinculantes”). El ente regulador del gas también anunció un “reempadronamiento” de los usuarios, de acuerdo a su condición social. Es una excusa para habilitar a un sensible aumento de tarifas a los que viven de un sueldo – y una “tarifa social” residual. En cualquier caso, los desocupados pagarán el tarifazo cuando deban consumir alimentos y productos industriales que serán “remarcados” de acuerdo al aumento de la energía o de los combustibles. En estos mismos días, los prestadores de servicios de salud –que trabajan para las prepagas y obras sociales, o sea, el 80% del sistema- han amenazado con un copago (plus) sobre todo tipo de atención médica.
Todos ponen
El gobierno acusó a la oposición de “dejarlo sin presupuesto 2022”. Lo cierto es que el gobierno “sin presupuesto” busca salir del paso con una política que agrava la crisis social. La modificación del régimen de bienes personales –que apenas incide en un punto porcentual de los recursos del fisco- ha sido la pantalla para avanzar en un “consenso fiscal con las provincias”. Consiste en aumentar el impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto afecta “en cascada” a toda la cadena productiva y arriba al bolsillo de los consumidores. La suba abarca también a los impuestos inmobiliarios y a los automotores. La guadaña se completa con una elevación de la facturación admitida para ser monotributista de sólo el 26%, cuando la inflación anual resultó el doble. Muchos cuentapropistas corren el riesgo de ingresar en el llamado “régimen general”, que los obliga a inscribirse en el IVA y el impuesto a las ganancias.
Los impuestazos, ni qué decirlo, tienen el completo aval del FMI, entre otras cosas, porque la estructura impositiva del país recae en un 80% sobre tributos que paga directa o indirectamente la clase obrera. De todos modos, tampoco es cierto que el ´equilibrio fiscal´ no implique un ajuste del gasto: el mayor de los impuestazos vendrá de la mano de la inflación, porque sube con los precios, como es el caso del IVA. La inflación viene acompañada con la “desindexación” de salarios, jubilaciones y gastos sociales. Toda la política fiscal del gobierno F F es un acomodamiento al acuerdo con el Fondo. Las patronales industriales o agrarias que levantan la voz en estas horas contra el “agobio de impuestos” sólo reclaman resarcimientos y exenciones para sí mismas. No nos equivocamos cuando, días atrás, en “Política Obrera” web, al referirnos a la votación de “bienes personales”, señalábamos que “el sistema fiscal debe ser caracterizado en su conjunto, no se lo puede cortar como ocurre con un salame. Considerar cada medida fiscal en sí misma es engañoso para las masas populares (https://politicaobrera.com/6160-bienes-personales-reconstruyen-el-proceso-legislativo-para-firmar-con-el-fondo-monetario-internacional).
Qué política
Este arranque caliente del 2022 va a sacudir todavía más la vida de los trabajadores. La burocracia sindical se ha colocado como garante de hierro del acuerdo con el Fondo, con una oferta de “paz social” en un país que, hundido en la miseria social. Los voceros oficiales baten el parce de la recuperación “postpandemia”, que llega al 10% del producto bruto. Pero esa levantada no se ha el traducido en ninguna recuperación del trabajo en blanco. Los capitalistas y el Estado, también por anticipado, se han servido de la pandemia para aplicar en los hechos la reforma laboral.
Es muy claro, a la luz de todo este escenario, que se impone una deliberación en las fábricas, en los hospitales y reparticiones. El reclamo que debe abrirse paso es el del aumento de emergencia para salarios y jubilaciones, la indexación mensual del salario y la reapertura de paritarias con representantes mandatos y electos. El consenso de precios y salarios -la gran coartada de la burocracia para no luchar- no sólo ha fracasado hacia atrás: el gobierno la desmantela mirando hacia adelante, y hacia los acuerdos con el capital internacional. Trabajemos para que 2022 sea el año de la gran respuesta obrera, la huelga general contra la liquidación del salario y las jubilaciones.
Marcelo Ramal
28/12/2021
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