Si bien en otros momentos se optó por la prórroga del presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que un proyecto de presupuesto fuera votado en contra en el parlamento. En el arco opositor el rechazo fue casi unánime, si bien el lógico protagonismo se lo llevó el peso numérico de Juntos por el Cambio.
La oposición más numerosa jugó al deterioro del gobierno y a preservar su rol como “crítica insobornable” de la actual gestión. También a acatar el lobby de las grandes empresas, reacias a cualquier prórroga de facultades, que pudiera terminar en alguna tentativa de tributos “progresivos”.
Alguna previsión en ese sentido aparecía en el proyecto y el veto empresarial brotó en seguida. Siempre se curan en salud. A veces no precisan ni siquiera amagues de apuntar a sus intereses, les basta que quede abierta esa posibilidad para correr a cerrarla de modo preventivo.
Máximo y la ambigüedad
Queda para la especulación si Máximo Kirchner quiso con su crítico discurso descarrilar el precario acuerdo al que se había arribado para que el proyecto volviera a comisión. Tal vez el presidente del bloque del Frente de Todos fue arrastrado por el impulso del kirchnerismo “puro” de respaldar la política del gobierno, si bien dejando constancia de permanentes salvedades.
Objeciones orientadas a mantener la mirada en alto frente a su público más fiel, el que tiene expectativas progresistas y se tienta con “la verdadera deuda es con el pueblo” o consignas similares.
Asimismo puede haber incidido la convicción de que el debate se extendería unos días más, con un resultado invariable, ya que a la postre Juntos por el Cambio votaría de todos modos en contra.
El efecto financiero más directo es que el gobierno contará con más flexibilidad para asignar gastos e inversiones, por sobre la foto “congelada” de la prórroga del presupuesto 2020. Por otra senda transita el efecto político, al dar una señal de debilidad y de carencia de bases para generar un consenso “bicoalicionista” que apuntale el pacto para el pago de la deuda.
De cualquier modo, la legitimidad de la deuda y su importe impagable no recogen un cuestionamiento de fondo, ni desde el gobierno y menos todavía desde la oposición de derecha que contrajo ese préstamo escandaloso.
Ha quedado malparada la preocupación por proyectar una imagen de “consenso amplio” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desea como telón de fondo del avance en un acuerdo. La no aprobación del proyecto presupuestario desató un gesto algo patético. Pocas horas después del fracaso el presidente se sumó a una reunión con Kristalina Georgieva para renovar su profesión de fe en un acuerdo.
La importancia del NO
Alberto Fernández expresó por twitter su postura: «Hablé con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva».
Como puede apreciarse, la “recuperación económica inclusiva” fue el recurso retórico escogido esta vez para compatibilizar en el plano discursivo lo inconciliable en la realidad: Pago de la deuda y sometimiento a las condiciones del FMI con sostenimiento o mejora del nivel de vida de la población.
Hay indicios de que el escaso alivio que podía producir que el FMI no cobre sobrecargos en la tasa de interés tampoco se hará efectivo. La directora gerente del Fondo prodiga una y otra vez gestos de simpatía y hasta de optimismo acerca del “caso argentino”, sin que por eso aparezca ninguna “concesión” de importancia de parte del organismo financiero.
Ahora queda por adelante la discusión del proyectado programa o plan “plurianual”, en el que el gobierno intentará dejar bien marcada la “buena letra” en el mediano plazo para generar mejores condiciones de pago al Fondo. Aunque sea a costa del deterioro de los ingresos populares, la pobreza y la no creación de empleos.
Entretanto, avanza el cronograma de pagos, sin pausa y por cifras que tienden al ascenso. El próximo miércoles, Argentina deberá pagar 1.850 millones de dólares al FMI. En enerovencen otrosUS$ 1.365 millones, en febrero US$ 594 millones, y en marzo US$ 8.800 millones, que incluyen una porción de deuda con el Club de París. Una sangría que el establishment político y económico aspira a postergar por un tiempo, pacto con el Fondo y políticas de ajuste mediante. Están dispuestos a hacerlo, ya sea con entusiasmo, con forzado optimismo o con visos de reticencia.
La obcecación en mantener la relación con el FMI al costo que sea ya tuvo incidencia en la ruina política de al menos dos presidentes argentinos, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Alberto Fernández debería mirarse en ese espejo. Lo mismo que quienes hacen piruetas para mantener un “relato” crítico con el organismo internacional, sin oponerse con seriedad a la claudicación frente al mismo.
Si la sociedad argentina queda sometida al libre albedrío de su dirigencia económica, política, comunicacional y sindical, el ajuste puede avanzar de manera inexorable. Las diversas elites pueden enfrentarse entre sí con dureza. Lo que no quita que coincidan en la común despreocupación por el destino concreto de las mayorías populares.
El sábado 11 de diciembre la movilización dejó claro que hay sectores dispuestos a manifestarse con un NO al pago de la deuda y a los condicionamientos del FMI. Y que apuntan a la denuncia firme del agravamiento de las ya penosas condiciones que padece buena parte de la población.
Es un camino que recién comienza y requerirá continuidad y amplitud en la convocatoria a la lucha. Se juega el porvenir de Argentina. Nada menos.
Daniel Campione | 22/12/2021
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