El proyecto de Presupuesto de 2022 fue presentado en septiembre pasado, pero su discusión fue habilitada recién esta semana, para ser votado en forma expeditiva. Olvidando la remanida máxima de Napoleón de que en el apuro conviene proceder con cuidado, el gobierno no consiguió su propósito. Cuando parecía que la falta de votos devolvía el proyecto a la Comisión de Presupuesto, un ´enojo´ fingido o intencionado de Máximo Kirchner forzó la votación, que salió negativa. El objetivo de que el Congreso refrendara lo que debía ser una base para el acuerdo con el FMI se fue al diablo. La prórroga por decreto del presupuesto 2021, no resuelve el fracaso oficial. El impasse ofrece un abanico de salidas, una peor que las otras. El desastre, querido o no, es la antesala de la asunción del PJ bonaerense por el pichón de caudillo del kirchnerismo. La crisis de gabinete está servida.
Como un aperitivo de la explosión, se produjo durante el día el colapso de la Bolsa de Estambul y una fuerte corrida bancaria y cambiaria. El default de Turquía no solamente tendrá consecuencias políticas para Erdogan sino que representa otro golpe para la negociación de Fernández con el FMI. Un verdadero ‘cisne negro’. La continuidad de Martín Guzmán sin un Presupuesto aprobado, está comprometida. No sería tampoco solamente la caída de un ministro.
Presupuesto en negro
El proyecto elaborado por Martín Guzmán era un pequeño monstruo, que busca conciliar las exigencias del FMI con algunas ‘líneas rojas’ del cristinismo. El propósito de aplicar una tasa de inflación del 33% al cálculo de gastos y recursos es, como ocurrió en 2021, obtener un excedente fiscal “en negro”. Con una inflación que oscilará, en la realidad, en torno al 60 por ciento; la recaudación será considerablemente mayor y los gastos sufrirán una desvalorización respecto al proyecto presentado. Frente a una perspectiva de inflación de esa magnitud, los Fernández anuncian un ajuste de salarios y jubilaciones por lo que sería la mitad. Mientras la oposición denuncia que ese dinero suplementario será distribuido arbitrariamente por el Poder Ejecutivo para favorecer a sus acólitos, lo cierto es que podría servir también para reducir el déficit fiscal “primario” del 3,5/4,0 al 1,5%, como reclama el FMI. La manipulación de los datos de inflación serviría a una política de ajuste negativo del gasto social.
El FMI, claro, lo ve de otro modo – exige, en primer lugar, que esa reducción del déficit fiscal sea registrada en forma transparente en el Presupuesto. Por otro lado, exige un ‘ajuste’ de gastos que disminuya la necesidad de financiamiento del estado y la inflación, no que la incremente. El propósito del FMI, de los banqueros y los fondos internacionales es ir a un mercado único de cambios, no a acentuar la brecha entre el mercado oficial y las transacciones paralelas. La autorización a los bancos para que distribuyan las ganancias a los accionistas, adoptada el día de ayer por el Banco Central, agravará esa brecha, en el caso de que el dinero liberado vaya al dólar paralelo en lugar de ser invertido en los bonos del Tesoro de Argentina. No es el único lastre que echa por la borda la política de ‘controles’ del gobierno, quien acaba liberar la exportación de trigo y maíz para los próximos dos meses, en el afán de recoger dólares para sus escasas reservas. Feletti ‘ya fue’.
Tarifas y emisión monetaria
Las contradicciones del proyecto de Presupuesto van más lejos. Aunque proyecta un corte de subsidios a los servicios de electricidad y gas, que los especialistas juzgan ‘modesto’, el aumento de las tarifas de combustibles no lo serían tanto si el gobierno quiere ‘promover’ las inversiones en Vaca Muerta; esto sería suficiente para producir un golpe inflacionario, neutralizar el corte de aquellos subsidios y mejorar el superávit del comercio exterior. Las irregularidades contables del proyecto y las contradicciones insalvables que encierra, hace altamente improbable que vuelva al Congreso luego que lo revise de nuevo la Comisión de Presupuesto. Es una crisis política de gran amplitud y muchos escenarios.
El planteo del FMI, en el cual coinciden numerosos diarios y boletines, consiste en un déficit fiscal del 1,5%; una suba de la tasa de interés por encima de la inflación; una devaluación de, al menos, un 20%. Con este esquema pretende que la deuda del Banco Central con los bancos (Leliqs y pases), equivalente a u$s 40 mil millones, se transfiera al Tesoro nacional, que la financiaría con una mayor emisión de deuda local. Pero la deuda local del Tesoro, por su lado, ha crecido por el equivalente, también u$s 40 mil millones en dos años, y se encuentra ajustada a dólar o inflación. Este endeudamiento, que podría representar una contra tendencia, a costo usurario, a una fuga de capitales, enfrenta limitaciones crecientes. Una devaluación del peso implicaría un aumento sideral de toda la deuda pública – la que está en dólares y la de pesos ligadas a distintas variables. De acuerdo a varios especialistas, Argentina necesitaría un financiamiento internacional, en 2022, de 12 mil millones de dólares, que no se encuentran a la vista sin acuerdo con el FMI, y que es incierto incluso con él. Las contradicciones que encierran los planteos del gobierno, por un lado, y del FMI, por el otro, son explosivas en términos sociales y políticos, y también financieros.
Los voceros oficiales señalan que el gobierno busca un acuerdo con el Fondo, que “no afecte la recuperación de la economía”. Los beneficiarios de esa recuperación ven el acuerdo de otro modo: reclaman que se dejen de lado las dilaciones y se firme un acuerdo con el FMI, para no perjudicar, precisamente, la mentada recuperación. Lo acaba de señalar, de nuevo, Paolo Rocca, de Techint, quien agregó que Argentina podría gozar de una ventaja “geopolítica”, como sería el traslado de inversiones del sudeste asiático a América Latina. Ello sería la consecuencia del incremento de la guerra económica y política de la OTAN contra Rusia y China, y explicaría los intentos de Biden de forjar un bloque latinoamericano contra los que presenta como los rivales ‘geopolíticos’ de Estados Unidos. Acordar en los términos del FMI sería la condición política para convertir a Argentina en receptora de esas inversiones que vislumbra Rocca.
Congreso ‘bloqueado’
El nuevo Congreso debutó no solamente con un “empate técnico” entre oficialistas y opositores sino con el fraccionamiento de JxC en doce bloques, lo que pone en peligro la continuidad del “interbloque”. Un dato singular para quienes ‘ganaron’ las elecciones recientes. El debate del Presupuesto le puso los trazos gruesos a esta disgregación – desde quienes se oponen a dar quórum, los que llaman a votar en contra y quienes sugieren una abstención. De acuerdo al columnista de La Nación, Carlos Pagni, Sergio Massa sería la eminencia gris que mueve los hilos de lo que sería un teatro de títeres. En esta capacidad, Massa sería el jefe de un bloque oficialista que terciaría, junto a Mazur, con las camarillas de los Fernández. Entre el negocio del litio, la yunta con los dueños mendocinos de Edenor, vínculos con la minería y asuntos propios en el Tigre, Massa sería el fiel de la balanza en el oficialismo. Del gobierno bifronte se pasaría a un tricornio.
La tentativa de un acuerdo inicial que elevara el mínimo no imponible a bienes personales – que fructificó – y prohibiera prórroga de impuestos – que no avanzó, quedó superado por cuestionamientos de conjunto, que tuvieron como protagonistas principales al bloque de Schiaretti, el lavagnista y el de Lousteau. El jujeño Morales y el correntino Valdéz se han juntado al oficialismo. La prórroga por decreto del presupuesto 2021 significa un salto en la crisis política y en la negociación con el FMI.
El Presupuesto nonato no contaba con ninguna previsión de gastos para enfrentar la cuarta ola internacional de coronavirus ni la financiación de confinamientos. Este ajuste presupuestario del rubro pandemia no ha sido denunciado por ningún bloque, que sigue confiado en las vacunas y en el pase sanitario, o sea en las convivencias con el Covid, bautizada como ‘nueva normalidad’. El bono navideño de ocho mil pesos, limitado a la franja de jubilados que cobra el mínimo, muestra la hondura del ataque social que sufren los trabajadores, y la barrera financiera infranqueable que se ha auto impuesto el gobierno cuando se trata de las necesidades del pueblo.
Máximo K pudo haber forzado este desenlace para evitar una larga agonía político-legislativa, pero consiguió anotarse una tercera derrota al hilo – después de la de las PASO y las generales. No alcanzaron los Lula ni los Mujica, ni los convites de Biden. Es de esperar ahora renuncias en serie de ministros o una colectiva. A esto se agrega algo no menor: la Corte Suprema acaba de intervenir el Consejo de la Magistratura: si el legislativo no modifica la ley de 2006, que acaba de ser declarada inconstitucional, y no reduce el número de magistrados de 20 a 12, la Corte lo haría por decreto antes del plazo acordado de seis meses. La prórroga del Presupuesto, por un lado, y el gobierno judicial de la Corte, por el otro, consagran un vaciamiento del Congreso.
Jorge Altamira
17/12/2021
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