El gobierno barajaría dos alternativas: o un impuesto al juego, o mantener el actual impuesto a los bancos sobre los intereses de las Leliqs. Pero en este caso, en vez de tratarse de un tasa local –como ocurre actualmente- pasaría a ser un impuesto de carácter nacional, para “pagarle a la CABA”. Un régimen de impuestos nacionales para transferirle dinero a un solo distrito no es ‘unitario’ ni ‘federal’; su único propósito es acrecentar la masa de recursos destinada a pagar el préstamo al FMI y la deuda pública externa e interna. Luego, si –como es previsible- el tratamiento de esta “iniciativa” se paraliza en el Congreso, el gobierno de los K acabará pagando con títulos de la deuda pública, como hace con Anses, Pami, el Banco Central y los tesoros provinciales. Estas contorsiones agravarían, sin embargo, la fuga de los bonos en pesos al dólar, algo que para los economistas llevaría al ‘rodrigazo’.
El FMI, por su lado, “pidió sostener el ajuste y el respaldo político al acuerdo” (Clarín, 26.4), o sea que los K cumplirán con el fallo sin chistar y sin piruetas. El efecto de reaccionar para la tribuna terminará en farsa. En el reclamo, el Fondo exige que no se presente al Congreso una nueva moratoria previsional, un proyecto juzgado clave por el kirchnerismo. Habrá que ver el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias para comprobar si, además de tirar la chancleta en el asunto CABA, los Fernández arrugan también con esta iniciativa jubilatoria.
El gobierno nac & pop no llevará el conflicto con la Corte a ningún lado, para no arruinar el plan Massa-FMI, del cual depende que la crisis no se despeñe hacia una corrida cambiaria. Como ya hemos señalado en estas páginas (https://politicaobrera.com/8553-una-rina-de-gallos-en-la-arena-del-fondo-monetario), el ‘choque’ entre el gobierno, la Corte y la CABA no se aparta un milímetro del acuerdo con el FMI. El dinero puede ir a un distrito u otro; pueden o no crearse impuestos. Lo que está fuera de discusión es que el gobierno no alterará los términos del ajuste fiscal acordado con el Fondo y que ya ha dado lugar a reducciones brutales, en la transferencia a las provincias y en el conjunto del gasto social.
El ‘conflicto de poderes’ no pasa de una escenificación para tribunas cautivas. La alharaca de estos días busca disimular el empeño de unos y otros en profundizar la confiscación salarial, social y previsional a los trabajadores.
Marcelo Ramal
26/12/2022
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