El país en medio del Covid-19
La propagación del coronavirus en los países de América Latina vino a exacerbar todas las contradicciones económicas y sociales motivadas por la crisis capitalista mundial. Colombia, que no es ajena a este escenario, debe hacer frente al virus con un sistema de salud fuertemente arancelado. A la vez, las medidas tomadas por el gobierno derechista de Iván Duque son harto insuficientes para atender las necesidades más urgentes de la población. Por el contrario, el presidente colombiano ha avanzado hacia una política de rescate al capital, con subsidios a las patronales y exenciones impositivas. Duque se encuentra gobernando a través de decretos, intentando edificar un régimen de poder personal.
Una crisis que sacude a la clase obrera
La pandemia desató una verdadera catarata de despidos y suspensiones que fue padecida por trabajadores de varios sectores. Algunos ejemplos que demuestran esta arremetida patronal son los cientos de despidos producidos en Avianca (aerolíneas), Logitech Mobile (callcenter) o la empresa Precaribe. También los hubo en varias cadenas hoteleras y en el rubro textil. Dentro de la industria de la construcción se denunciaron miles de suspensiones sin pago de salario. En Suba (noroeste de Bogotá), trabajadores de esta rama se movilizaron contra dichos atropellos.
En la industria petrolera ya se han contabilizado alrededor de 7.000 cesantías. Las compañías que operan en Colombia se valen del desplome de los precios internacionales del petróleo para avanzar en una ofensiva contra los puestos de trabajo. “Las decisiones tomadas por el gobierno para evitar los despidos en las empresas de la industria petrolera han sido insuficientes y equivocadas”, comentó Camilo Acero, director de asuntos jurídicos de la Unión Sindical Obrera (El Tiempo 3/4). Los despidos se produjeron mayoritariamente en las empresas contratistas de la estatal Ecopetrol, con el aval explícito del gobierno.
Otro sector hostigado por la crisis lo constituye el amplio espectro de trabajadores informales, que constituyen el 47% de la fuerza de trabajo, es decir 13 millones de personas que no tendrían sus ingresos garantizados (The New York Times 17/4).
Los trabajadores de la salud denuncian una escasez generalizada de recursos al interior de todas las clínicas y hospitales. El 85% de ellos está contratado bajo la modalidad OPS, un régimen laboral precario que los sentencia a carecer de derechos elementales como las vacaciones, indemnización, reconocimiento de horas extra y una jornada de horas mínima (las horas de trabajo son fijadas arbitrariamente por el empleador).
Gran parte del sistema de salud colombiano está en manos de las llamadas EPS (Entidad Promotora de Salud), empresas que se encargan de regentear los negocios de la salud en el sector público y privado. El presidente admitió que existe “una deuda vieja” con el sistema de salud de 250 millones de dólares (The New York Times 17/4). Una parte cuantiosa de esta deuda corresponde a salarios atrasados de vastos sectores de trabajadores. Por este motivo, un grupo de ellos protagonizó a principios de mes una caravana con las sirenas de las ambulancias encendidas, en señal de protesta.
Duque ha procedido a otorgar una serie de subsidios a la pequeña y mediana empresa, para asegurar por 3 meses el pago de los salarios y así “evitar los despidos” (El Tiempo, 10/4). Otra concesión del gobierno a las patronales es la suspensión del pago de aportes previsionales durante el mismo tiempo.
El gobierno puso en marcha un operativo para flexibilizar la cuarentena, fogoneado por distintas cámaras empresariales, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que observan con preocupación la caída del 90% de las ventas en el sector comercial (RCN Radio, 15/4). Ya se ha dado vía libre para que sectores de la construcción ejerzan sus actividades normalmente. La tentativa del gobierno es extender esto al conjunto de la industria no esencial, colocándose como un defensor acérrimo del lucro capitalista.
Crecen las protestas contra el hambre
En este cuadro, se han desarrollado varias protestas y cacerolazos contra el hambre en distintos barrios de las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y Pereira. En Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha reprimido, disparando contra grupos de vecinos que reclamaban al Estado una mayor cantidad de alimentos para paliar las carencias que sufre gran parte de la población (Página 12, 18/4). En algunas barriadas obreras, el Ejército ha reforzado su presencia bajo el pretexto de colaborar con la distribución de la ayuda alimentaria.
Las protestas marcan, con los límites que impone la cuarentena, un hilo de continuidad con las movilizaciones de masas que estallaron en noviembre.
Injerencia imperialista
El gobierno ha negociado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que consistiría en un préstamo por 11.000 millones de dólares. Actualmente, la deuda externa colombiana asciende a un total de 140.000 millones de dólares, equivalente al 50% del PBI. A esto se le suma la tentativa de que los bancos que intervienen en el país compren títulos de deuda pública para “financiar el estado de emergencia destinado a frenar la expansión del coronavirus” (Reuters, 16/4).
El FMI estaría dispuesto a avanzar hacia un acuerdo "dados los muy sólidos marcos de política y el historial de Colombia”. Esto es un claro guiño a la política antiobrera que caracteriza a Iván Duque, que impuso un paquetazo de reformas ajustadoras tenazmente enfrentado por movilizaciones de masas desenvueltas en noviembre de 2019 y enero de este año. Este pacto expoliador debe inscribirse en el marco de los recientes acuerdos que el gobierno colombiano diseñó con Donald Trump para participar de forma mancomunada en el operativo golpista que motoriza el magnate yanqui en las costas de Venezuela.
La centroizquierda se ha apegado al libreto represivo de Duque. La intendenta de Bogotá, Claudia López, sumó a la Policía Metropolitana a los operativos del Esmad en Ciudad Bolívar.
Que la crisis no la paguen los trabajadores
Es necesario oponer un programa obrero a la política ajustadora de Duque. Las centrales sindicales deben organizar un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo y el pago íntegro de todos los salarios, reclamando la prohibición de despidos y suspensiones así como un subsidio equivalente a la canasta familiar para todos los precarizados y desocupados. La lucha por la nacionalización del sistema de salud y la creación de comités de trabajadores que garanticen insumos y medidas de seguridad esenciales está a la orden del día. Es vital el reclamo por las libertades democráticas, el rechazo a la militarización (que caracteriza al régimen colombiano y sus reiterados asesinatos de militantes sociales), y el repudio a la deuda externa y a la injerencia imperialista.
Nazareno Kotzev
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